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Inicio de Sesión:10:27:00

Término de Sesión:17:18:00

Versión de impresión.

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA.

ÍNDICE

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
DE SENADORAS Y SENADORES

De la Senadora Sasil de León Villard, con la que remite informe de su participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 21 al 25 de enero de 2019

PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Oficio con el que remite el Protocolo Modificatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 8 de octubre de 1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 2018

Oficio con el que remite la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2019", que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas

DICTÁMEN A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

FUNDAMENTACIÓN
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera
Senador Cristóbal Arias Solís.

POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

INTERVENCIONES
Senador Emilio Álvarez Icaza.
Senadora Nancy De la Sierra Arámburo
Senador Noé Fernando Castañón Ramírez
Senador Salomón Jara Cruz

VOTACIÓN

INICIATIVAS

Del Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas

De la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 301, se adiciona un artículo 307 Bis y se reforma el artículo 421 Bis de la Ley General de Salud; y se reforma la fracción III del artículo 219; se adiciona la fracción X al artículo 223; y se adiciona el artículo 246 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Del Senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los artículos 28 y 55 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la fracción II del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción III del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la denominación del Título Tercero y de su Capítulo III, así como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Del Senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 109 Bis de la Ley General de Salud

Del Senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Del Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, del Código de Comercio

De la Senadora Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres

Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

De la Senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática

De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

De la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Del Senador Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del Mercado de Valores

Del Senador Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 242 y la fracción VI del artículo 252, recorriéndose su contenido a la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales

Del Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud

Del Senador Gerardo Novelo Osuna, del grupo parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo, por el que se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal, gire instrucciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la región de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California

De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la Sedatu pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, durante el sexenio pasado, señaladas y conocidas como “estafa maestra”

Del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades referentes a la transportación de abejas reina

Del Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados en hospitales especializados, nacionales y extranjeros

De la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar las concesiones carreteras

Del Senador Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía informar los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de política energética nacional

Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a que coordine, junto con las fiscalías de los estados, la activación de la Alerta Amber

De la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación para instalar una mesa de trabajo que revise los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas

De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no ejercidos en partidas presupuestales, así como ahorros devueltos por el Senado de la República a favor del Programa de Estancias Infantiles

Del Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o sustancias químicas, atención médica de manera prioritaria, además de garantizar que los tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos y psicológicos que se requieran se proporcionen de manera gratuita

Del Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente

De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación, a que proporcione la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas

De la Senadora Eva Galaz Caletti, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en el sistema de educación básica

TURNOS DIRECTOS

CITA


SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (10:27 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores y señoras Senadoras.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, Presidente.

Buenos días.

Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 69 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del miércoles 27 de marzo de 2019, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.

Vamos a pasar al siguiente asunto.

Senadora Lupita Saldaña, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Para manifestar una inquietud, una preocupación.

El día de ayer esta Presidencia del Senado ha sentado un precedente a nivel negativo sobre el proceso legislativo.

Un dictamen que tenía ya seis meses en estudio y que había, una iniciativa que se había mandado a Comisión de Medio Ambiente.

Hoy, precisamente por la tarde se dictamina en comisión y este dictamen viene con dictaminarían a favor.

A unas horas de que sesione esta Comisión y el día de ayer, de manera sorpresiva se amplía el turno de este dictamen.

Estoy preocupada porque no suele suceder, soy parte de la Mesa Directiva y las ampliaciones de turno se llevan ahí, y de hecho es complicado ampliar a tantas comisiones y se han negado con algunos argumentos en varias ocasiones.

Sin embargo, ayer esta iniciativa se amplió teniendo en trabajo seis meses ya en la Comisión de Medio Ambiente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Lupita Saldaña, quiero comentar con usted que la homologación de turno autorizada el día de ayer a dos proyectos de decreto que reforman, entre otros ordenamientos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley Minera, justifica la ampliación que se dio, en primer lugar se atendió al criterio de especialización pues autorizó la participación en el proceso de la Comisión de Minería en virtud de que las modificaciones propuestas tienen vinculación con la materia de minería.

En segundo lugar, también se tomó en cuenta la solicitud que hicieron varios coordinadores de grupos parlamentarios sobre dicho tema en la parte final de la sesión.

No obstante, tomo en cuenta su punto de vista que me parece bastante atendible, sobre todo por los tiempos de procesamiento de los temas.

Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Toda vez que el Reglamento permite la ampliación de turno y toda vez que efectivamente es materia también de Minería, de la Comisión de Minería, estoy de acuerdo como actora de las reformas a la Ley de Medio Ambiente, a la Ley Minera, que desde el mes de septiembre yo presenté, hice la proposición a este Senado.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Lucía Trasviña.

Estaremos atentos al desarrollo del trabajo de las Comisiones sobre este tema, tomando en cuenta además que es un tema importante, sobre el mismo se ha pronunciado el propio Presidente de la República y es un tema de interés en el Senado.

Gracias por sus observaciones, Senadoras.

Senadora Lupita Saldaña.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Efectivamente el Presidente de la República se ha pronunciado, pero es nuestro deber como legisladores poder buscar la forma en que quede en ley estos pronunciamientos que finalmente eso son.

Eso busca la iniciadora de este proyecto, que quede sentado en ley y, por supuesto, que hay sustento en haber ampliado, pudiera haber sustento en ampliar el turno, pero mi observación, lo vuelvo a mencionar aquí, seis meses llevaba la iniciativa en trabajo, en Comisión de Medio Ambiente, unas horas antes de que se dictaminara, por cierto, en positivo, pide la Comisión de Minería que se le amplíe el turno.

La forma es fondo, creo yo y hay que cuidarla.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias por las observaciones, Senadora Lupita Saldaña.

Lo que ha expresado usted y la Senadora Lucía Trasviña, lo transmitiré directamente a los Senadores Ricardo Monreal y la Senadora Geovanna Bañuelos, quienes nos solicitaron el día de ayer esta ampliación de turno.

Muchas gracias.

Vamos a continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones recibidas.

La Secretaría Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, Presidente.

Se recibió una comunicación de la Senadora Sasil De León Villard, con la que remite informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 21 al 25 de enero del 2019.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Publíquese en la Gaceta del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remite el protocolo modificatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 8 de octubre de 1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre del 2018.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Asimismo se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remite la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2019”, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

El siguiente asunto del Orden del Día es la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.

Dicho dictamen recae a una iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, recibida en esta soberanía el 4 de diciembre del 2018.

Debido a que el dictamen está publicado en la Gaceta del Senado de este día y se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Informo a la Asamblea que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 199 del Reglamento se concederá el uso de la palabra a los Senadores Presidentes de las comisiones dictaminadoras para que presenten el dictamen ante el Pleno.

Esas intervenciones serán hasta por 15 minutos como lo establece la fracción II del numeral 1 del artículo 76 del Reglamento.

El dictamen se acompaña de un voto particular presentado por Senadores integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el cual cumple con los requisitos formales y materiales a que se refieren los artículos 207, 208 y 209 del Reglamento del Senado y con la temporalidad prevista en el artículo 193 del mismo ordenamiento.

En consecuencia, al término de las intervenciones anteriores, como lo dispone el artículo 199 del Reglamento del Senado, se concederá el uso de la palabra a uno de los autores del voto particular para que exponga los motivos y el contenido del mismo.

Al concluir la intervención anterior se abrirá una ronda de participaciones para que los grupos parlamentarios expresen sus posiciones como lo establece la fracción II del artículo 199 del Reglamento, cuyas intervenciones serán en orden creciente y hasta por diez minutos de conformidad con la fracción IV del numeral 1 del artículo 76 del Reglamento.

Concluido el posicionamiento de los grupos parlamentarios se dará curso a la discusión en lo general del dictamen en términos de lo establecido por las fracciones de la III a la IX del numeral 1 del artículo 199 del Reglamento.

De esta forma, agotada la lista de oradores en términos reglamentarios, se declarará concluido el debate en lo general, se abrirá el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, se informará al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones propuestas e inmediatamente se ordenará someter a votación el dictamen en lo general y los artículos no reservados.

Finalmente, desahogaremos los artículos reservados tal como lo dispone el artículo 224 del Reglamento, es decir, su discusión y votación por separado.

Como lo estable los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 224 del Reglamento para la aprobación del dictamen que nos ocupa, se requiere la mayoría calificada de dos terceras partes de Senadoras y de Senadores presentes en el Pleno para dicha aprobación.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 196 del Reglamento del Senado, los presidentes de las comisiones harán la presentación del dictamen.

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 15 minutos.

Adelante, Senador.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Gracias, Presidente.

Con el permiso de la Mesa Directiva.

El dictamen que el día de hoy presentamos, la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene como finalidad principal replantear los casos en que el Presidente de la República puede ser imputado y llevado a juicio.

Debemos recordar que la Constitución vigente establece que sólo procederá acusar al Presidente de la República por traición a la patria y por delitos graves del orden común.

En concordancia con el nuevo Sistema de Justicia Penal esta figura ha quedado prácticamente sin proceder y hacemos una reforma y un planteamiento para que el sujeto al proceso de juicio político no solamente quede por traición a la patria, sino también se incorporen dos delitos más, que son los delitos de hecho de corrupción y de delitos electorales.

En este sentido, claramente el titular del Ejecutivo Federal plantea que también se incorporen los señalados en el artículo 19 constitucional.

La reforma planteada refiere su trascendencia como un mecanismo que pretende inhibir fundamentalmente la corrupción en las esferas de gobierno.

No debemos de soslayar que la corrupción es la causa principal de la desigualdad que padecemos.

La deshonestidad de algunos gobernantes deteriora la vida pública de México, por ello consideramos necesario que se deje claro que nadie puede estar por encima de la ley y que en caso de que participe en la comisión de hechos de corrupción pueda ser sancionado conforme a la ley.

Ahora bien, sobre la base de precisar la condición de igualdad de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión con la ampliación del régimen de responsabilidad penal, del titular del Ejecutivo Federal, planteamos señalar expresamente la posibilidad de la imputación y el enjuiciamiento correspondiente si incurren en la comisión de delitos de traición a la patria, por hechos de corrupción, delitos electorales y los que se encuentren señalados como susceptibles de prisión preventiva oficiosa.

Acorde a la naturaleza de los regímenes de responsabilidades del Gobierno de la República y de quienes integramos el Poder Legislativo de la Unión, en el caso de una eventual comisión, cualquiera de esos ilícitos penales se seguirá los procedimientos previstos en el artículo 111 de la Constitución.

En este sentido, es imperante dejar claro que no se exime a los Senadores, a las Senadoras, a los Diputados y a las Diputadas de la responsabilidad de ser imputados y llevados a juicio por la comisión de delitos contemplados en la legislación penal vigente.

Es decir, nadie tiene un solo privilegio, no se exceptúa a los Senadores, ni a los Diputados federales, decidimos acompañar al Presidente en esta iniciativa para que fuéramos todos los que estuviéramos inmersos en esta nueva figura delictiva.

Por eso quiero hacer un reconocimiento muy en claro a la Comisión de Estudios Legislativos, a la Comisión de Gobernación, a los grupos parlamentarios que integran este Senado de la República, porque gracias al intercambio de opiniones, del debate de las ideas, de la forma en como concebimos la impartición de justicia, de cómo alimentamos esta reforma importante que sienta un precedente en la vida presidencial y en la vida de las Cámaras de la Unión.

Gracias a cada uno de ustedes, por eso nosotros ponemos a consideración a votar a favor del presente dictamen, que contribuya a cumplir una de las demandas ciudadanas más profundas y, sobre todo, terminar con el régimen de excepción y de inmunidad procesal que frenan y que frenen a la corrupción política.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Eduardo Ramírez.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Cristóbal Arias Solís, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por 15 minutos.

¿Ya no participas?

El Senador Cristóbal Arias declina su participación.

Tiene la palabra, entonces, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 15 minutos.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con permiso de la Mesa Directiva.

Estimadas Senadoras, Senadores.

Pueblo de México.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación de supuestos para la procedencia penal en contra del Presidente de la República.

Con el dictamen que se pone a consideración de esta Honorable Asamblea se aprueba con modificaciones la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con el objetivo de ampliar el catálogo de supuestos para que el Presidente de la República pueda ser juzgado penalmente ante la Cámara de Senadores.

En este sentido, se agregan como causales de procedencia los delitos electorales, los hechos de corrupción o cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, con esto se garantiza que el primer mandatario no quede exento de responder por los grandes males nacionales que ocasionan al Estado de derecho.

Asimismo, se armonizan normativamente el artículo 108 de nuestra Carta Magna con las recientes reformas constitucionales en materia de delitos graves.

Las comisiones dictaminadoras aprobamos en el sentido el dictamen positivo, pues coincidimos plenamente que con el Presidente de la República en cuanto a que la inmunidad presidencial es un privilegio que se ha convertido en una verdadera excepción jurídica al principio de igualdad ante la ley, constituyéndose en un elemento de injusticia del que se ha abusado a lo largo de los años.

De tal forma que se ha permitido que la alta dignidad de la representación pública que el ilustre Conde de Mirebeu, se refirió como en un sacerdocio político inviolable se desvirtúe y degrade en un manto de impunidad para el amparo de aquellos que traicionan la confianza del pueblo mediante la comisión de actividades delictivas.

Por estas razones, invito respetuosamente a los presentes a aprobar el dictamen que se somete a su consideración, toda vez que indudablemente representa un notario avance en el combate a la impunidad de las élites políticas que por décadas han burlado la justicia a costa de la sociedad mexicana que en su conjunto es la verdadera ofendida de cualquier acto delictivo cometido por un servidor público.

Agradezco a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su participación, su voluntad y su disposición.

Es cuanto, Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Que siempre sí sube el Senador Cristóbal Arias a la tribuna.

Adelante, por favor.

Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos para presentar el dictamen.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente, por concederme el uso de la palabra sobre este mismo tema.

Como Presidente de la Comisión de Gobernación me vengo a sumar al trabajo que conjuntamente hicimos en Comisiones Unidas.

Compañeras y compañeros Senadores.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, ponen a consideración del Pleno de esta Cámara un dictamen de reforma constitucional que termina con un régimen de excepción y de impunidad que ha venido o venía protegiendo al Presidente de la República.

Este dictamen tiene como materia la iniciativa que el propio Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó cuyo objeto es reformar los artículos 108 y 111 de nuestra Constitución Política.

Después de un proceso de discusión responsable y democrático en el seno de las comisiones dictaminadoras entre los diversos grupos parlamentarios representados en este Senado, el dictamen final propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 a fin de que durante el tiempo de su encargo el Presidente de la República, quien de acuerdo al texto vigente constitucional, sólo puede ser acusado, como aquí ya mismo se ha señalado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Hoy con esta reforma podrá ser imputado y juzgado también por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

Es importante señalar que dichas reformas comprende también a los integrantes de la Cámara del Congreso de la Unión.

Cabe referir que en el párrafo segundo de dicho precepto se prevé la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la persona y de la salud.

También se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional para establecer que para proceder penalmente contra el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Sin duda alguna estas propuestas de modificación constitucional forman parte importante para sentar las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar el principal cáncer que tiene enfermo al país desde hace ya varias décadas que es la corrupción y es la impunidad.

La cuarta transformación pasa necesariamente por este tipo de reformas a nuestra ley fundamental en las que debe quedar plasmadas las decisiones políticas fundamentales para que consigan alcanzar este derrotero. Y qué mejor que empezar desde arriba estructurando el andamiaje jurídico para castigar y perseguir las corruptelas que se han perpetrado desde las más altas esferas públicas.

La sociedad y el pueblo mexicano día a día lo reclama y el Senado no puede ni debe seguir postergando estos cambios que le hacen un bien al sentir interés superior de la República. Efectivamente la corrupción se combate desde arriba hacia abajo y hoy se establecen dichas bases constitucionales.

En virtud de que estas comisiones unidas estiman procedente plantear una reforma al texto constitucional para establecer un mecanismo jurídico para que el Presidente de la República y los legisladores del Congreso de la Unión puedan ser imputados y juzgados, previa a la declaración de procedencia a través del procedimiento determinado en el artículo 110 constitucional y estar sujeto al proceso pernal en los términos que dispone el artículo 19 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, pedimos su respaldo a esta reforma constitucional para ser aprobada por esta Alta Cámara.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador, Cristóbal Arias.

Seguiría, en el orden de las intervenciones, la presentación del voto particular que presentaron varios Senadores; sin embargo, ninguno de los Senadores que presentaron el voto particular se encuentran presentes.

Quiero proceder de manera formal, porque ya en otra ocasión le hemos negado la presentación de un voto particular a otro Senador por no cumplir con el procedimiento; sin embargo, quiero dejar constancia de la presentación de un voto particular que está publicado en la Gaceta del Senado y está firmado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Samuel García Sepúlveda, Noé Castañón Ramírez y Clemente Castañeda Hoeflich, dicho voto particular estará presente en la discusión, en el debate del día de hoy.

Bien, vamos a continuar y pasamos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Comenzamos con la Senadora Sasil De León Villard, del Partido Encuentro Social, que tiene hasta cinco minutos para desarrollar su intervención, perdón, hasta 10 minutos para desarrollar su intervención.

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, Presidente.

Compañeras y Compañeros Senadores:

El licenciado Andrés Manuel López Obrador envió a este Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar privilegios a los funcionarios públicos.

Lo prometido en campaña por el Presidente López Obrador y quienes lo acompañamos a recorrer las calles, está siendo una realidad.

Hoy, de aprobarse el presente dictamen, el Presidente podrá ser sometido a un proceso penal si es acusado de cometer algunos delitos contemplados, por lo que reformar en materia de inmunidad procesal garantizará que el Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores puedan ser juzgados penalmente una vez realizada la declaración de procedencia por parte del juzgado correspondiente, sin que esto implique que sean perseguidos injustamente por el ejercicio de sus funciones y que no sean inmunes a cualquier tipo de delito.

En el caso del presente dictamen, las comisiones coincidieron en dictaminar que el Presidente de la República, así como los integrantes de este Congreso de la Unión puedan ser enjuiciados por traición a la patria, delitos graves del orden común, por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, los cuales son considerados graves.

Así también se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional, para establecer que solo se podrá acusar al Presidente de la República, a través de un procedimiento que se llevará aquí ante esta soberanía para proceder penalmente en su contra.

Por lo anterior, hoy esta soberanía tiene una oportunidad histórica para que con congruencia con el escenario político actual construyamos un país más democrático y más fortalecido de las instituciones.

Queremos reconocer el trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda, al Senador Cristóbal Arias, al Senador Eduardo Ramírez y a la Senadora Ana Lilia Rivera.

Queremos reconocer, también, que se ha llevado a cabo este trabajo en estas Comisiones Unidas con total transparencia. En ese sentido, el grupo parlamentario de Encuentro Social votará en favor del presente dictamen, “no más impunidad, no más actos al margen de la ley”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sasil De León.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El análisis de este dictamen que es resultado precisamente de un debate que sostuvimos en las Comisiones Unidas, que por cierto quiero felicitar a quienes las presiden, porque realizaron un trabajo de integración, un trabajo de participación plural en donde se pudo construir además, en donde se pudo llevar a cabo un ejercicio que al final de cuentas entendió la esencia del planteamiento jurídico en la iniciativa, en el análisis de lo que se propone.

Miren, era importante, era importante porque lo que decía el artículo 108 en el párrafo correspondiente, el que está siendo reformado, es que el Presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Este concepto de delitos graves del orden común quedó superado en el momento en que se hizo la reforma al artículo 19 constitucional, porque los delitos graves los marca el artículo 19 constitucional al establecer el concepto de la prisión preventiva oficiosa. Entonces no es que tengamos delitos graves dispersos por todos lados, sino que habría que hacer un análisis jurídico de dónde estaba esta concentración jurídica.

Y es precisamente lo que ahora se maneja en esta redacción, en la redacción que estamos ahora comentando.

¿Por qué?

Primero, porque tenemos que referirnos al 19 constitucional, no a los delitos graves del fuero común. Ese era un primer tema.

Y segundo, como lo dijimos en las Comisiones, no se trata de que solamente vaya el Presidente de la República por delante y que se dijera: “El Presidente de la República podrá ser acusado por traición a la patria y por los delitos del artículo 19”.

No, vamos parejos, vámonos todas y todos.

Y entonces, de ahí que la redacción, compañeras, compañeros, dice: durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión. O sea, todos nosotros y nuestros compañeros de la Cámara de Diputados y Diputadas, todos.

Podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, que discutimos también sobre este concepto, pero este concepto está ya en el sistema anticorrupción, en el Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso había que incorporarlo, porque incluso se han cambiado ya capítulos del Código Penal Federal para hablar de hechos de corrupción. Ahora ya está aquí.

Delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, y en todos los casos se procederá conforme al 111, con una precisión también importante, hay que decirlo, la precisión que se está haciendo en el 111, que nada más decía: “por lo que toca al Presidente”.

No, no, no, por lo que toca al Presidente, no, porque incluso la iniciativa así lo marca, que no le quede duda a la ciudadanía para proceder penalmente contra el Presidente, así viene ahora la redacción, no por lo que toca, sino en específico, parece que se está ganando en precisión.

Y, además, damos un mensaje a la ciudadanía muy importante, no estamos en dos raceros distintos, estamos igual, está bien. El Presidente señala que puede ser juzgado por más delitos, por estos del 19 constitucional, también nosotros, igual, para que no haya esas distinciones y que después la gente diga: oye, ¿y los Senadores? ¿Y las Senadoras? ¿Y los diputados? ¿Y las diputadas? Ellos se cuidaron y nada más dejaron que se fuera el Presidente solo.

No, vamos también en este paquete, compañeras, compañeros; vamos también en esta redacción legislativa. Así se recordará cuando se incluyó en el mismo párrafo la posibilidad de imputación penal para todos los integrantes del Congreso de la Unión, igual que al Presidente de la República, con la precisión que sí era importante, porque cuando dices: los delitos graves del fuero común, pues es común no decir nada.

La precisión es la que se logró ahora, los delitos graves están en este párrafo del artículo 19 constitucional, que es precisamente lo que señala, segundo párrafo, artículo 19 constitucional. Por lo que de manera integral ahora lo que tenemos es: durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados.

Hablamos también de imputación porque se decía que podría ser otro concepto, pero en la discusión misma llegamos al consenso, que esto es lo que marca la Constitución, habla de los derechos de los imputados, de la persona imputada, artículo 20, en el apartado B, ahí está, lo estamos precisando también nosotros.

Podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19, en todos los casos se procederá conforme a lo dispuesto al 111 de esta Constitución, y el 111 señala: para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo entre la Cámara de Senadores en los términos del 110.

En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá, con base a la legislación penal aplicable.

Es una reforma integral, es una reforma que hoy da precisión.

Y lo más importante, lo quiero reiterar, a fuerza de parecer necio, no nos distinguimos, no dejamos que el Presidente se vaya solo, sino vamos en ese mismo paquete, todas y todos nos incluimos. Y eso me parece que ha sido una decisión muy importante de las comisiones unidas, de no dejar solo al Presidente, sino que todos y todas los que integramos las Cámaras del Congreso de la Unión también podamos ser acusados en los mismos términos que aquí se plantea con esta reforma.

Así que nosotros estaremos con el voto a favor de este dictamen que se está presentando por las comisiones unidas que han trabajado y que, reitero, se ha hecho de manera con una participación plural, como debe de ser.

Así que esta práctica parlamentaria me parece que llega a un punto muy importante que le va a servir al país para dejar despejadas esas dudas que existían.

Hoy quiero reiterar que tenemos el compromiso en el grupo parlamentario del PRD con este tipo de acciones, y aquí dejamos constancia.

Vamos en el voto a favor.

Muchísimas gracias.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Partido Verde Ecologista de México.

Adelante, Senador.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

En los últimos años hemos realizado una renovación estructural del gobierno, con temas como la transparencia, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadana.

Reformas constitucionales todas que han permitido la renovación y, sobre todo, el fortalecimiento de nuestras instituciones.

No podemos negar que hemos avanzado, sin embargo, falta mucho por realizar. Es evidente que hoy debemos impulsar mayor protección a los ciudadanos a través de una mayor rendición de cuentas de todos los servidores públicos.

La inseguridad, la pobreza, la desigualdad que aquejan a nuestro país y la rendición de cuentas, la falta de la rendición de cuentas son los principales problemas que enfrenta nuestro país y, sobre todo, la falta de rendición de cuentas.

Desafortunadamente, México sigue inmerso en este grave cáncer social cuyos costos económicos son altos, al ser una de las barreras que impide el desarrollo y el crecimiento armónico de la sociedad mexicana.

Es momento de transitar a un esquema de apertura con elementos que permitan una mayor participación ciudadana durante el ejercicio público y sobre el actuar de las personas por quienes votamos.

Todos los representantes de la República debemos conducirnos de forma ejemplar para asegurar a todos y cada uno de los mexicanos que el cargo público resultado de la elección popular se debe utilizar conforme a derecho y para el bien común. Si no, esto no tiene sentido.

Por ello, este dictamen es el inicio para establecer lo que por tantos años ha exigido la ciudadanía: determinar cuáles son los delitos por los que se puede juzgar al Titular del Ejecutivo Federal. Se añaden, como lo dice el dictamen, actos de corrupción y delitos electorales.

Debemos reconocer que la ampliación de los delitos para proceder penalmente en contra del Presidente permitirá reclamar una declaración de procedencia ante este cuerpo colegiado.

Recordamos que países como Brasil, Argentina, Perú y Guatemala, entre otros, juzgaron y sancionaron a quienes eran representantes del Estado, en su mayoría por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad durante el ejercicio de su encargo.

Con la aprobación de esta reforma constitucional se podrá distinguir y sancionar los actos ilícitos que un Jefe de Estado o integrante del Congreso de la Unión puede cometer en el servicio de sus funciones.

Compañeras y compañeros Senadores, coincidimos con las voces que exigen la eliminación total del fuero constitucional para poder juzgar a los legisladores del Congreso de la Unión y, sobre todo, de la figura presidencial.

Estaremos atentos para dar un debate que permita llegar a los consensos necesarios y atender este reclamo social.

En el Partido Verde Ecologista de México seguiremos trabajando arduamente para crear los mecanismos necesarios que sancionen de manera ejemplar cualquier acto de abuso de autoridad, impunidad y mal ejercicio de cualquier cargo público.

Es por ello, compañeros Senadores y compañeras Senadoras, que trabajaremos en las leyes reglamentarias para la eficaz aplicación de esta reforma.

Estamos convencidos que la buena política es la que se basa en principios éticos y la que busca en todo momento el bien común. Repito, si no, esto no tiene sentido.

Hagamos buena política y trabajemos por el desarrollo y bienestar de las y los mexicanos.

Y como alguna vez lo refirió el Presidente norteamericano Theodore Roosevelt: “ningún hombre debe estar por encima de la ley y nadie debe estar por debajo de ella”.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Enrique Murat.

Bien, sigue el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos.

Adelante, Senador.

Después del Senador Samuel García hará uso de la palabra la Senadora Alejandra León Gastélum.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Buenos días, aunque no tienen nada de buenos con el atropello que nos están haciendo.

No es posible que un tema de tal relevancia y que había un acuerdo que se iba a votar el día de mañana, jueves, junto con los Magistrados, aprovechando una manifestación y una mentira, porque habían dicho que hoy solamente iban a ser puntos de acuerdo, nos lo quieran meter ahorita “a cajón” y engañarnos a todos los mexicanos.

Eso no se vale y no se va a respetar.

No es posible que nos estén diciendo que con esto se elimina el fuero, están poniendo un doble fuero, señores. Con lo que hoy están haciendo, yo y todos ustedes, lejos de quitarle al Presidente el fuero vamos a tener doble fuero, doble juicio de procedencia. Aquí está el artículo muy claro.

Durante el tiempo de su encargo el Presidente de la República y los integrantes de esta Cámara serán imputados conforme al artículo 111, es decir, ahora si Samuel García comete un delito no solo ocupa el juicio de procedencia de Diputados, ahora ocupo, aparte, un juicio de procedencia de Senadores, doble régimen, doble privilegio y afuera lo están vendiendo como la eliminación del fuero que prometió Andrés Manuel.

Eso no es cierto, es mentira.

Pero lo que más coraje me da es que ahorita quisieron “agandallarnos” y un punto, un voto particular de nuestra bancada lo dejaron desapercibido y no va a ser puesto a votación, porque saben que es una trampa, que es un engaño y que aquí hay doble dolo.

Fíjense, lo que el Presidente prometió cuando envió la iniciativa, fue lo siguiente: “hoy envío la primera iniciativa al Senado para suspender el fuero del Presidente de la República. El Presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito”.

Esto no está en el dictamen, señores.

Hoy lo que se quiere votar en este dictamen es que si el Presidente llegase a cometer un delito ocupa 87 votos de esta Cámara.

Renuncio, señores, renuncio el día que esta Cámara le dé 87 votos al Fiscal para perseguir al Presidente.

No engañemos a México, que tal fuero es que no haya ningún régimen, que no haya ningún juicio de procedencia y mucho menos que aprovechando la coyuntura y que hoy Morena tiene mayoría, pidan mayoría absoluta para perseguir al Presidente de la República.

Disculpen el enojo, pero no es posible que hoy se quiera engañar a México diciendo que se está eliminando el fuero, están creando un doble fuero, se está creando un doble fuero, porque ahora los Senadores y Diputados, que de por sí estamos muy desprestigiados, si nos quieren perseguir primero juicio de procedencia en Cámara de Diputados y después juicio de procedencia en el Senado.

Eso no va a pasar nunca.

Entonces, no engañemos, porque el dictamen es muy claro: “para proceder penalmente contra el Presidente de la República habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores”. Esto no es eliminar el fuero y lo que el Presidente prometió, que iba a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, es mentira, no está saliendo en este dictamen.

Por eso, voy a aprovechar para decirles que desde el 19 de abril ya existe en esta Cámara la posibilidad eliminar el fuero de a de veras y eliminarlo a todos.

¿Por qué no estamos votando este dictamen que llegó en abril?

Si ya la Cámara de Diputados eliminó el fuero a todos, incluido el Presidente y ya está en la Cámara de Senadores, ¿por qué no estamos votando realmente la eliminación del fuero? ¿Por qué?

O sea, yo invito a cualquier abogado a que lea este párrafo, es lo más confuso que existe. ¿No que el nuevo gobierno iba a hacer leyes claras, sencillas para el pueblo?

Lean el párrafo, no se le entiende.

Están metiendo a los integrantes de Diputados y Senadores a otro régimen de excepción de otro fuero.

Lo que nosotros prometimos era muy, muy sencillo, era eliminar el 108 para que el Presidente no tenga ningún tipo de privilegio y agregar al 111 una palabrita y poner que el Presidente, los Senadores, los Diputados, los gobernadores, los magistrados, todos, hasta los regidores eran sujetos como cualquier otro ciudadano a ser juzgados y ponemos un candado, no privación a la libertad hasta que no haya sentencia firme en colegiado, para que no haya cacería, pero eso es muy distinto a la farsa que hoy estamos votando, donde supuestamente estamos eliminando el fuero.

Yo voy a insistir y veré qué medidas se pueden tomar desde aquí, porque no es posible si desde la Comisión hace una semana nuestro grupo pidió un voto particular y queríamos someter a votación un voto particular para que así como en Jalisco, en Nuevo León y en quince estados más ya se eliminó el fuero, aquí en el Senado también pudiéramos eliminarlo, pero con esta tropelía y se hacen como que no escuchan, pero saben, porque traen la cola entre las patas, hoy no se iba a votar este dictamen, menos era el primero en el Orden del Día, díganlo, tengo diez minutos, no sé ahora lo que están haciendo, había un acuerdo que eso se votaba mañana.

¿Por qué la prisa? ¿Por qué ahorita a las diez?

¿Qué esconden?

No es posible, en serio, cierro con esto, yo no puedo votar en contra, de agregarle delitos al Presidente, nadie lo haría, pero no engañemos, esto no es eliminar el fuero y el Presidente si la llega a ser, ojalá que no y que se me haga la boca chicharrón, pero si se llega a hacer algo no le va a pasar absolutamente nada, porque va a ocupar la mayoría absoluta de este Senado y hoy en día el grupo mayoritario del mismo partido la controla.

Renuncio, renuncio el día que este poder se atreva a darle facultades al fiscal de revisar al Presidente o a un Senador de un partido mayoritario de este Senado, esto no es eliminar el fuero, esto es una farsa.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Samuel García.

Evidentemente respetamos la opinión de cada quien sobre el contenido de lo expresado, sobre el tema de las formas, simplemente diría que ayer el Presidente de la Junta de Coordinación Política nos comentó que habló con los coordinadores, con el objetivo de trata de una vez el día de hoy el tema de este dictamen.

Por eso es que la Mesa Directiva lo incorporó al Orden del Día de hoy.

Bien.

Sigue en el uso de la palabra la Senadora Alejandra León Gastélum.

Adelante, por favor.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Ampliación del catálogo de delitos.

Ni impunidad, ni inmunidad, ni complicidad.

Para lograr la cuarta transformación a la que aspiramos, nos urge desarmar la corrupción.

La eliminación del fuero a los servidores públicos ha sido uno de los reclamos sociales más escuchados en nuestro país.

Los escandalosos casos de corrupción de la clase política que viven hoy en día libres, con la certeza de no ser procesados, por la idea de que fuero es sinónimo de impunidad. Ha lastimado a la población creando un clima de desconfianza generalizada en el gobierno.

Esa reacción de la sociedad es comprensible, ya que la gente está harta de los políticos y funcionarios que abusan de sus cargos y utilizan los recursos públicos con sentido patrimonialista.

El día de hoy vamos a romper con esa herencia.

Nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a eliminar la inmunidad del Titular del Ejecutivo Federal, para que pueda ser juzgado más allá del delito de traición a la patria.

El dictamen de hoy se presenta para su votación ante esta soberanía nacional, responde a esa demanda social y al compromiso de hacer un gobierno diferente.

A partir de ahora, el Presidente de la República, las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, durante el tiempo de su encargo, podrán ser imputados y juzgados por hechos de corrupción.

Delitos electorales o cualquiera de ellos que ameriten prisión preventiva, oficiosa, contemplada en el artículo 19 constitucional.

Con esta iniciativa se pretende que todos los funcionarios públicos que estén involucrados en actos ilícitos desde el Presidente de la República hasta los integrantes de los órganos constitucionales, locales puedan ser procesados penalmente durante el tiempo que estén en sus funciones.

Por todo lo anterior, los legisladores que impulsamos la cuarta transformación del país, votaremos a favor del presente dictamen, ya que permite recuperar la confianza de la gente, en sus instituciones de procuración e impartición de justicia para evitar que queden sin castigo todos aquellos servidores públicos que cometan delitos.

Por el bien de la patria, por un Estado de derecho, fortalecido nuestro voto será a favor.

Muchísimas, gracias.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

Sigue en el uso de la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Muy buenos días, todavía, Senadoras y Senadores.

Con su permiso, Presidente.

El grupo parlamentario del PRI va de la mano con sus principios y con sus ideas, para que no exista ningún otro privilegio en nuestro país más que el de ser mexicanos.

El día de hoy se nos presenta un dictamen que propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 constitucional, para ampliar la responsabilidad del Presidente de la República, a fin de que pueda ser imputado y juzgado, además de traición a la patria por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19.

También se realiza una precisión en el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional, al establecer que: “para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional”.

El dictamen también contempla ampliar de forma expresa la ampliación del régimen de responsabilidad penal de los miembros del Congreso de la Unión, a los titulares del Ejecutivo Federal, es decir, a ser susceptibles de ser imputados y enjuiciados si incurren en delitos de traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales y los demás del artículo 19 constitucional ya referidos, sin perjuicio de los demás delitos en que puedan incurrir y de los cuales ya pueden ser acusados actualmente en términos de la propia Constitución.

Se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados.

Al Presidente de México solamente se le podrá juzgar por traición a la patria, que es un concepto muy amplio, y ya fuera por delitos del fuero común, de naturaleza grave, ya no será así solamente.

Hoy todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley sin ser vinculados a procesos si faltamos a ello, también por ser encarcelados, si fuera el caso.

El grupo parlamentario del PRI está a favor del presente dictamen en tanto que significa robustecer el régimen de responsabilidades y con ello de rendición de cuentas del titular del Ejecutivo Federal, así como de los Diputados federales y Senadores, acorde a las recientes reformas al artículo 19 constitucional.

Pero, sin embargo, es muy importante reconocer que falta mucho para cumplirle al pueblo de México a fin de eliminar cualquier forma de impunidad por parte de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que se encuentran con las más altas responsabilidades de nuestro país.

Por ello, hay que decirlo fuerte y claro, la reforma que hoy se presenta no se refiere eliminar el fuero de manera alguna, sino de ampliar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente del Presidente de la República y sus legisladores.

El grupo parlamentario del PRI estamos a favor de un debate serio, responsable, que, por una parte, garantice a todos los funcionarios públicos seamos sujetos de la ley sin trabas, ni simulaciones, pero también asegurándonos de la estabilidad de nuestra Constitución y de nuestras instituciones.

La libertad de expresión de los legisladores, y en general del sano ejercicio de la función de nuestro país depende de todos.

Muchas gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Nuvia Mayorga.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Indira Rosales San Román, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muy buenos días.

Con el permiso de la Mesa.

En el caso del Partido Acción Nacional nosotros hemos, estamos manifestando nuestro voto a favor de este dictamen, y permítanme hacer una breve explicación de por qué lo haremos así.

Efectivamente, esto no es la eliminación del fuero, nosotros lo sabemos porque nunca hemos hablado del fuero durante la discusión de este dictamen, y yo quiero agradecer en este tema la disposición que tuvo el Presidente de Puntos Constitucionales, el Presidente de Gobernación y la Presidenta de Estudios Legislativos, Segunda, desde la primera reunión de análisis para poder concretar esto.

¿Por qué esto no es el fuero?

Porque, efectivamente, sigue existiendo un juicio de procedencia en el Senado de la República, y este dictamen básicamente atiende a la iniciativa presentada el 4 de diciembre del año 2018, que la Secretaría de Gobernación remitió a este Senado de la República, presentada por el Presidente de la República.

¿Qué es lo que pide el Ejecutivo Federal?

Ampliar el catálogo de delitos para que se inicie el juicio de procedencia en este Senado de la República, y agrega los delitos de hechos de corrupción y delitos electorales.

Y estamos a favor de ello, efectivamente, nadie puede estar encima de la ley, y todo aquello que abone, todo aquello que beneficie a la transparencia, al combate a la corrupción y a que todos tengamos piso parejo en materia legal, Acción Nacional va a estar a favor.

Estamos nosotros totalmente de acuerdo en que hay muchísimo que platicar, lo hablamos en las propias comisiones, son nueve iniciativas que existen de todos los grupos parlamentarios aquí presentes para la verdadera eliminación del fuero, y creo que este es el primer paso y estamos dispuestos, y estamos a favor de iniciar una discusión seria en el tema; sin embargo, este es un acercamiento a ello que nosotros aplaudimos y respetamos.

Con esto Acción Nacional refrenda su compromiso con el país, no estamos aquí para decir no a todo, estamos aquí para construir todo aquello que beneficie a los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira Rosales.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario de Morena, hasta por diez minutos.

Adelante, por favor.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: Buenos días.

Muchas gracias, señor Presidente.

Con su venia.

Buenos días Senadoras y Senadores.

El combate a la corrupción ha sido un compromiso por parte de nuestro grupo parlamentario, compromiso adquirido ante una circunstancia de deshonestidad en los manejos de las administraciones pasadas, acciones que prometimos cambiar y que este dictamen permite la construcción de una mejor procuración de justicia y, al mismo tiempo, logra salvaguardar el libre ejercicio de la acción de los funcionarios públicos.

Es por ello que hoy presento ante esta Honorable Asamblea el posicionamiento sobre el dictamen que reforma los artículo 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es modificar las disposiciones constitucionales para ampliar la capacidad de la exigencia de la ciudadanía mexicana al Presidente de la República para que responda por sus acciones y conductas.

En uso de los recursos públicos para beneficio personal o de un grupo específico no puede ser más que un modo de operación de las y los servidores públicos, las circunstancias del país exigen una reconstrucción, una regeneración de la cultura política del país.

Ya no es necesario mencionar una vez más los diversos casos de corrupción que nos inundaron en las administraciones pasadas, pero sí es necesario recalcar que esa forma de actuar ya no será válida, ni existente, en esta nueva etapa de la vida pública mexicana.

Nuestro Presidente, al igual que nosotros, busca la erradicación de la corrupción en todas las esferas del gobierno.

No podemos permitirnos seguir con esta política de saqueo y abuso hacia el pueblo mexicano. Ya no más.

El recurso del fuero ha sido utilizado como escudo para la ejecución de atropellos, plenos saqueos que logran quedar impunes, que logran excepciones jurídicas inadmisibles en esta transformación.

La distorsión de las herramientas legales de protección y salvaguarda de las cualidades que permiten el libre ejercicio de la función pública ha logrado un régimen de desigualdad ante la respuesta a la justicia.

No podemos permitir que estas herramientas sean empleadas por funcionarios públicos deshonestos, sin amor a la patria y que carecen de empatía y solidaridad con el pueblo mexicano.

Estas herramientas han sido desvirtuadas por los propios servidores públicos, han sido el elemento idóneo para lograr impunidad.

La ejecución de actos de corrupción o de delitos electorales es un atropello a la dignidad de todo el pueblo de México, un ataque directo a la democracia que no permite el desarrollo pleno del ejercicio del voto y el respeto al derecho de la libre elección de la representación del pueblo mexicano.

No vamos a ejercer estas cualidades ni permitiremos que otros las ejerzan. Debemos entender que la época del abuso está por culminar, debemos abrir nuestro horizonte a las nuevas formas de hacer política en esta nación.

El ejercicio de la democracia nos ha traído a esta alta tribuna y con ello tenemos la obligación de legislar siempre a favor de la honestidad y la justicia. Es tiempo de tomar responsabilidad por nuestros actos, nadie puede estar fuera de la ley, todas y todos debemos comportarnos a la altura de nuestros puestos y tener claro que nuestro deber es servir a la patria.

¡La patria es primero!

El principio de igualdad ante la ley no debe hacer distinción o quedar sujeto a un criterio discrecional.

El fuero no debe ser un impedimento para sustanciar procesos penales contra funcionarios públicos. Al mismo tiempo el fuero permite la garantía de la no persecución indebida por el libre ejercicio de las facultades de un funcionario público.

Es por ello que la declaración de procedencia debe mantenerse.

El descontento popular y la exigencia, además del derecho de todas y todos los mexicanos para la aplicación de justicia, son fuertes pilares para la exigencia de la ampliación de los delitos por los cuales pueda ser imputado y, en su caso, juzgado el Presidente de la República y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Algunos delitos contemplados por los cuales podrá ser acusado el Presidente de la República incluyen: hechos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, homicidio doloso.

Les pido, por favor, su atención. Yo cuando los escucho les pongo atención total, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ruego atención a la oradora, Senadoras y Senadores.

Pido a los asesores que nos ayuden a despejar los pasillos.

Y a las Senadoras y Senadores les ruego atención para la oradora.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: A mí me enseñaron que parte de la educación es poner atención al que está hablando.

(Aplausos)

Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, además de traición a la patria.

Este dictamen propicia nuevas conductas, conductas que todos los servidores públicos debemos seguir, promueve el ejercicio de la justicia y la aplicación de penas para las acciones que ameriten castigos, sin el riesgo de que ello impacte en la estabilidad de la función que desempeña el Presidente de la República o las y los funcionarios públicos.

Este dictamen asegura que el Presidente de la República y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión no serán perseguidos injustamente por el ejercicio de sus funciones; sin embargo, podrán ser procesados penalmente una vez realizada la declaración de procedencia, como lo marca el artículo 110 constitucional bajo los delitos señalados en el artículo 108.

Eliminemos la corrupción, cambiemos nuestro pensamiento y nuestras acciones.

Recuperaremos la confianza de las y los ciudadanos en la democracia.

Logremos instituciones públicas libres de abuso, autoritarismo, corrupción y crímenes contra el pueblo de México.

Respondamos al trabajo arduo de millones de mexicanas y mexicanos que sustentan diariamente este gran país.

Seamos solidarios, inundemos la política mexicana de buenas prácticas y grandes capacidades.

Muchas gracias, Senadoras y Senadores.

Agradecería que se sumen al sentido de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Guadalupe Covarrubias.

Muchas gracias por su intervención.

Una vez que han terminado los posicionamientos de los grupos parlamentarios, vamos a pasar a la discusión en lo general.

Para lo cual tiene el uso de la palabra, en primer lugar, el Senador Emilio Álvarez Icaza para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Muchas gracias, buenos días.

Colegas, querida Asamblea, vengo a hablar a esta tribuna, hablar en contra del dictamen porque francamente nos queda mucho a deber, francamente hay una enorme distancia de lo que se ofrece a lo que la redacción del dictamen dice.

Y me parece que no corresponde que avancemos en blindar el proceso, que incluso en el dictamen se desaparece la palabra fuero, sino que lo complejiza, lo complejiza y me parece que no corresponde teniendo la oportunidad para poder allanar el camino.

Yo no puedo acompañar los términos de este dictamen, con mucha atención a la Senadora que expuso y mucho respeto y además a mis colegas, y lo quiero hacer esencialmente y lo voy a centrar en dos órdenes de ideas.

La primera, fíjense lo que dice el texto propuesto: “Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

La verdad de las cosas es que eso no es lo que queremos. Yo me pregunto por qué tenemos que hacer un procedimiento especial, si justo lo que queremos es eliminar eso.

Ahora, más aún, con el añadido que estamos haciendo para los integrantes del Congreso de la Unión, vamos a establecer un doble proceso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, perdón, colegas, pero eso es un blindaje, ese es un blindaje, un procedimiento que si bien ahora establece algunas características legales bajo las cuales se puede imputar al Presidente, que antes no, por la vía de los hechos el procedimiento otorgado lo que hace es un blindaje del fuero aunque el dictamen no hable del fuero.

Y ese procedimiento me parece que queda a deber, no es lo que el pueblo de México está pidiendo, no es lo que nos hemos comprometido en campaña, no es lo que nos hemos comprometido en tribuna a venir aquí a resolver.

Hay otro tema que me parece muy importante, y es un tema de congruencia en materia de derechos humanos. Yo he venido a esta tribuna a hablar de manera sistemática, a la reforma del artículo 19 en materia de la prisión preventiva oficiosa y decíamos el peligro que eso consiste.

Ahora este dictamen fundamenta la ampliación de delitos en contra del Presidente o un integrante de la Cámara, justamente argumentando el artículo 19 en la relación a la prisión preventiva oficiosa.

El voto particular que presentó Movimiento Ciudadano tiene una redacción mucho más afortunada, permítanme leerlo: “Durante el tiempo en su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier ilícito penal que se impute". ”Cual quiere ilícito penal que se impute es lo que vive cualquier ciudadano, es lo que cualquier persona debería estar enfrentando y cualquier legislador o presidente debería estar sometido en los términos de cualquier proceso penal.

Me hago cargo, pero lo que queremos y el compromiso del propio Presidente López Obrador ha sido quitar todo tipo de privilegios.

La redacción que se está dejando en el dictamen, lo que está haciendo es justo todo lo contrario, la redacción que proponen es que el Presidente podrá ser imputado por delitos electorales, cualquier señalado en el párrafo segundo del artículo 19, en el artículo segundo del párrafo 19 está lo que hicimos aquí como una especie de “congal punitivo”, acá venimos a ampliar el artículo 19 y generar una serie de preceptos, que ni son todos los delitos y generar un avasallamiento, un atropellamiento de la presunción de inocencia.

El artículo, la modificación que hizo el artículo 19 arrasa todos los principios de una lógica garantista de derechos que está en nuestra constitución. Fundar este dictamen en ese artículo, comete el mismo error, estamos eliminando la presunción de inocencia, también al Presidente y a los integrantes del Congreso de la Unión.

Las reglas del debido proceso suponen justo eso, la preservación de la presunción de inocencia, citarlo como se está citando es un error no solo procesal, sino es un error conceptual.

Yo estoy absolutamente a favor de que los servidores públicos, cualquiera pueden ser señalados por los delitos que cometen; el Presidente, gobernadores o legisladores federales o locales, pero este dictamen no contribuye a ese fin.

Por supuesto que acompaño, en su caso, lo que pueda ser la imputación de delitos. Por supuesto que acompaño la eliminación del fuero, pero este dictamen no logra ese fin. Por esa razón voy a votar en contra.

Muchísimas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, para hablar a favor.

La Senador Nancy De la Sierra Arámburo: Con tu permiso, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, esta tribuna no solamente nos motiva a hablar con la verdad, esta tribuna nos obliga, frente a nuestra bandera a hablar con la verdad.

La discusión que hoy estamos teniendo no es la discusión sobre la eliminación del fuero, no estamos discutiendo esta tarde este tema, por eso quiero ser muy precisa.

Se propone reformar el párrafo segundo del artículo 128 constitucional, a fin de que el Presidente pueda ser sometido a juicio por otros delitos, por eso se amplían delitos como traición a la patria, corrupción, delitos electorales o graves en términos del artículo 19 constitucional. Por eso tenemos que votar a favor de este dictamen, que no es la discusión del fuero y lo reitero.

Quiero ser solo muy específica sobre lo que el dictamen proponer, reformar el artículo 108, como bien lo comentaba, con el fin de ampliar las responsabilidades del Presidente de la República, a fin de que pueda ser juzgado, además de por traición a la patria, por los delitos que ya comenté.

Y dos, reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional para que se establezca, como procedente, penalmente contra el Presidente de México, solo habrá lugar acusarlo ante esta Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 que contempla el procedimiento de juicio político.

Por eso quiero invitarlos a que acompañemos este dictamen a favor, no solamente porque estuvieron en la discusión, involucradas tres Comisiones, sino porque estamos iniciando un camino para acabar con la opacidad y la corrupción, por eso los invito a que lo votemos a favor.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Nancy De la Sierra.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

Previamente es pertinente hacer la precisión que el acuerdo del día de ayer fue que se vería después de las iniciativas el presente dictamen, no en el primer lugar de la sesión.

Y si bien el artículo 76 del Reglamento precisa que la presentación de los votos particulares, esa precisión no es en orden o prelación, sino simplemente para hacer notar el tiempo en la intervención de cada una de ellas.

Ahora sí en materia. El dictamen que estamos en discusión hoy se origina a partir de la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo el día 4 de diciembre de 2018, en donde se argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante del país para que dé respuesta de su actuación y de su conducta, y que la figura del fuero no debe concebirse como un privilegio para los servidores públicos.

No obstante, la iniciativa presentada por el Presidente de la República no elimina la figura del fuero, ni modifica el régimen de excepción jurídica del que gozan él y el resto de los servidores públicos, ni cambia la forma en que el Titular del Ejecutivo puede ser sancionado a saber sólo mediante la aprobación del Senado de la República.

Así pues, la iniciativa que estamos discutiendo mantiene el estatus quo. En este sentido, el dictamen aprobado por las comisiones unidas no constituye una transformación del régimen de excepción del que gozan los servidores públicos, y tampoco sirve para cumplir con los compromisos asumidos por el propio Titular del Poder Ejecutivo Federal y las distintas fuerzas políticas del país en relación a eliminar el fuero y la inmunidad procesal.

Las modificaciones planteadas mantienen el esquema mediante el cual sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110.

Movimiento Ciudadano ha insistido en la necesidad de eliminar el fuero para todos los servidores públicos, de tal manera que puedan ser procesados y juzgados como cualquier ciudadano, tal como se ha impulsado y logrado en las legislaciones de Jalisco y Nuevo León.

Manteniendo el firme compromiso que nos guía en el sentido de combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, es que se presentó un voto particular para que efectivamente se elimine el fuero y no seguir en una simulación.

Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de la iniciativa que se va a votar, pero hay que hacer la precisión que no se elimina ningún fuero, sino que se modifica un régimen de excepción para el Presidente de la República.

El voto particular que no se permitió presentar aquí en esta tribuna modificaba radicalmente el régimen d responsabilidades de nuestro país, terminando con el régimen de excepción y la inmunidad procesal. Es decir, eliminaba el fuero y los privilegios en materia de inmunidad de los servidores públicos.

Aun así, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de este dictamen y lo votaremos en congruencia.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra ahora, el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario de Morena, para hablar a favor.

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

La reforma que hoy discutimos representa un paso muy importante en el proceso de transformación y desmantelamiento de un sistema político, sustentado en el predominio del Poder Ejecutivo. Así como la imposibilidad de sujetar a responsabilidad del Presidente de la República, quien hasta el día de hoy, durante el tiempo de su encargo sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Con la reforma que hoy discutimos, pues, daremos paso más en la dirección correcta, un paso hacia la construcción de un nuevo modelo y un régimen político en el que el Titular del Poder Ejecutivo podrá ser imputado y procesado penalmente por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquier otro de los delitos señalados en el párrafo segundo, del artículo 19 constitucional, como lo han comentado diversos compañeros y compañeras Senadoras.

Siendo acusado previamente ante la Cámara de Senadores en el artículo 110 de la Constitución, lo que permitirá que personalmente pueda ser juzgado igual que cualquier otra persona.

Las consideraciones del dictamen no presentan un detallado análisis histórico y doctrinario, así como un amplio recorrido por el derecho constitucional comparado, permitiéndonos tener una visión amplia e integral sobre el significado del fuero y las implicaciones de una reforma como la que hoy discutimos.

Con la reforma habremos de impulsar el fuero, que el fuero se diluya como fórmula jurídica de inmunidad que aseguraba la complicidad y la impunidad política del Presidente, esta posibilidad de sí misma constituye ya un cambio radical en el paradigma de protección constitucional del titular del Poder Ejecutivo, y abre la ventana a un nuevo modelo de control y contrapeso en el ejercicio del poder púbico.

Para poder procesar penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, quien resolverá con base en la legislación penal aplicable.

En este contexto, la redefinición constitucional del fuero y del sistema de inmunidad procesal para el titular del Poder Ejecutivo representa en los hechos la oportunidad para desmontar un diseño institucional y normativo ineficiente y sin ningún tipo de legitimidad social.

Todas y todos los aquí presentes sabemos que pocas figuras son tan cuestionadas como el fuero y los privilegios asociados a la clase política, en un país en el que el acceso a la justicia es una quimera, la creación de nuevas reglas, reglas más claras, justas y acordes a la evolución de nuestro sistema jurídico, conlleva un mensaje claro de renovación y vocación democrática, atrás quedan las etapas de opacidad, impunidad y complicidad.

De esta forma, tal como lo ofreció el Presidente de la República en la iniciativa que da lugar al dictamen de hoy, discutimos la Constitución. Dejará de ser un obstáculo que impida exigir al primer gobernante del país que rinda cuentas sobre su actuación y su conducta, y el mismo criterio aplicará para legisladores y legisladoras.

Por eso, no nos sorprendamos, esto fue discutido en Comisiones Unidas, no es sorprender a cualquiera, no es sorprender a nadie. No se vale venir a engañar diciendo que esto fue lo que no se discutió y además decir que es pura mentira este proceso.

Quiero explicar e informar que al iniciar la sesión sobre este tema el Presidente de la Mesa Directiva dio a conocer que había efectivamente un voto particular y no estaban presentes los que tenían este voto particular, pero sobre todo con responsabilidad el Presidente estableció que se iba a incluir en el debate esta minuta.

Por eso no se vale venir a engañar y a decir que es pura mentira lo que se está haciendo, y que se está engañando al pueblo de México.

Quiero también comentar que en este proceso lo que nosotros esperamos es que el fuero va a seguir cumpliendo con su función protectora de instituciones, pero lo que nos da gusto es que hoy ya no solamente es el proceso con el Presidente de la República y no solamente es con el tema que tenía que ver con traición a la patria, ahora ya son varios temas: el catálogo de delitos se ha ampliado y eso es importante para un país donde la inmunidad y donde también la opacidad eran un tema que nunca se tocaba.

Muchas gracias a todas y a todos ustedes.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Salomón Jara.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Una vez agotada la lista de oradores y declarado que está suficientemente discutido en lo general, con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o presentar adiciones.

Consulto si alguien desea realizar alguna reserva.

No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

Y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado.

Ábrase el tablero electrónico, hasta por cinco minutos.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto?

Sigue abierto el tablero.

Pregunto nuevamente, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su votación?

Sigue abierto el tablero.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 111 votos a favor; uno en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos.

Senadora Lucía Meza.

Senadora Lucía Meza, ya se cantó votación, por parte de la Secretaría, y ya estamos en la declaración, si no soy riguroso con usted, no lo puedo ser con los demás tampoco, registraremos la intención de su voto en el Diario de los Debates, pero ya no puedo contar.

Sonido en el escaño de la Senadora.

La Senadora Lucia Virginia Meza Guzmán: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Efectivamente, únicamente nada más para manifestar mi apoyo, aunque ya no cuente, mi apoyo a favor de la iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se hará en ese sentido.

Gracias, Senadora.

Senadoras y Senadores:

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación de los supuestos por los cuales se puede imputar y juzgar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los legisladores federales.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.

(Aplausos)

Vamos a pasar al siguiente apartado del Orden del Día, que es la presentación de iniciativas legislativas.

Comenzaremos la primera ronda, para lo cual tiene la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en relación con la atención a víctimas.

Adelante, Senador.

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Presidente.

 Con el permiso.

Compañeras y compañeros legisladores:

La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013.

Después de un complejo proceso político y jurisdiccional, y como resultado de uno de los movimientos sociales más trascendentes de los últimos tiempos, el cual se conformó con miles de víctimas y familiares de víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos que se organizaron en torno a una demanda y exigencia fundamental.

Después de su entrada en vigor y transcurrido un período razonable de tiempo fue posible acreditar la existencia de deficiencias legales e institucionales que impidieron un correcto funcionamiento del sistema diseñado para dar atención a las necesidades de las víctimas.

Estas deficiencias derivaron de un par de reformas estructurales en el 2013 y el 2017, las cuales tuvieron como objetivo simplificar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas como instancias encargadas de garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas en los tres niveles de gobierno.

Como consecuencia de estas reformas estructurales, la Comisión Ejecutiva dejó de ser un órgano colegiado y se transformó en una instancia unipersonal y se incorporaron una junta de gobierno y una asamblea consultiva de naturaleza ciudadana con facultades de fiscalización y participación en el proceso de toma de decisiones.

También se flexibilizaron las reglas para la operación de fondos de ayuda, asistencia y reparación integral y se incorporaron nuevos criterios para facilitar el ejercicio de los recursos a favor de las víctimas y sus familiares.

Desafortunadamente a más de seis años de su entrada en vigor, la Ley General de Víctimas sigue presentando graves problemas en su implementación y ha fracasado en su misión frente a los miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos que existe en el país.

De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derecho de la Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos, discrecionales y revictimizantes que impiden la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, y obstaculizan su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, razón por la cual consideran que el Estado mexicano sigue sin asumir su responsabilidad frente a las víctimas y miles de ellas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Como muestra de ello, los estudios realizados por las propias organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de que la CEAV reportaba el año pasado un total de 15 mil 525 víctimas inscritas en el Renavi; 14 mil 808 del fuero federal; y 717 del fuero común, cifra que resulta increíble y muy baja en el país que contabiliza oficialmente más de 210 mil víctimas de homicidio doloso, más de 40 mil personas desaparecidas, y en el que se estima que más de 300 mil personas han sido desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia.

En relación con la asesoría jurídica, ha sido señalada la forma reiterada que el personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no le permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo del 2018 la CEAV contaba con solo 83 asesores jurídicos, 37 en la sede y 46 en las delegaciones de las entidades federativas; y se calcula que en el promedio un asesor jurídico gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y trato digno a las víctimas.

Además, es bien sabido que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha asesoría no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función.

Frente a este panorama, el objeto de la presente iniciativa es el de facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, así como visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas del desplazamiento forzado o interno, garantizando su conocimiento y facilitando el ejercicio de sus derechos.

También el de fortalecer a la asesoría jurídica federal, especificar que no podrán argumentarse razones de competencia, ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio a los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente ley.

Estipular también el mismo para efectos de la inscripción de las víctimas en el registro. No será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrán exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncias o cualquier otro tipo de documento o trámite presentado ante las instancias de procuración de justicia.

Propongo también modificar el procedimiento de designación a la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como forma de democratizar el proceso y garantizar que la persona designada cuente con el perfil adecuado y tenga la legitimidad social necesaria para desempeñar las funciones que le encomienda la Ley General de Víctimas, sustituyendo el esquema de ternas vigentes e incorporando un mecanismo de designación presidencial directo e individualizado, el cual deberá ser fruto de un profundo análisis y de un proceso previo de consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para después ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente.

Finalmente, planteo modificar la fórmula de asignación de los recursos que integran el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, a efecto de establecer que dichos recursos serán previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados al año inmediato anterior.

Con esta propuesta de reforma, los cuales retoma las exigencias de las víctimas y colectivos que sufren y padecen por la ineficiencia de la CEAV, esperamos contribuir a hacer realidad el objeto para el cual fue creada la Ley General de Víctimas y disminuir con ello el saldo y la deuda histórica del Estado mexicano, quienes han visto vulnerados sus derechos.

Hago votos para que en las comisiones se tome esta iniciativa sólo como un punto de partida y se abra formalmente un amplio proceso de consulta y participación con víctimas y organizaciones especiales.

Por su atención, muchas gracias.

Es todo cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Álvarez Icaza.

¿Para adherirse?

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si el Senador Salomón está de acuerdo, me gustaría adherirme a la iniciativa, si él lo acompaña.

Senador, yo me sumaría si usted está de acuerdo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí está de acuerdo.

También se quiere adherir la Senadora Martha Guerrero.

Américo Villareal.

Ana Lilia Rivera.

Ricardo Velásquez.

Arturo Bours.

Ovidio Peralta.

Gutiérrez Castorena.

Cristóbal Arias.

Primo Dothé.

Senador Osuna.

Gricelda Valencia.

Vasconcelos.

Soledad Luévano.

Claudia Balderas.

Miguel Ángel Navarro.

También Cecilia Sánchez y la Senadora Caraveo.

Se turna a las comisiones, que ya mencionamos, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora la palabra la Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

Estimadas Senadoras y Senadores.

Presento iniciativa que adiciona una fracción al artículo 71 de la Constitución para otorgar a la Suprema Corte de Justicia el derecho de iniciar leyes en cuanto a su función y organización.

Al analizar la división de poderes que está consagrada en el artículo 49 de la Constitución, la Suprema Corte ha señalado que si bien el supremo poder se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto no es un principio absoluto, pues al fijar las atribuciones de los tres poderes se le confieren también atribuciones que corresponden a un diverso poder.

Esto es, el Poder Legislativo tiene facultades legislativas como es la posibilidad de iniciar leyes, ejercer el derecho de veto, publicar leyes y además la facultad reglamentaria.

Por su parte el Poder Legislativo tiene facultades jurisdiccionales en el juicio político y en el juicio de procedencia, además de facultades administrativas como son el nombramiento de servidores públicos que la Constitución le confiere, así como la facultad de fiscalización a través de la Auditoria Superior de la Federación.

Sin embargo, la Corte no tiene ninguna facultad para participar en el proceso legislativo por lo que la presente iniciativa plantea facultarla para que pueda presentar iniciativas de ley respecto a su funcionamiento interno y organización.

Cabe recalcar que los otros poderes ya cuentan con la facultad de participar y definir su organización interna, por lo que esta propuesta en ningún caso representa un exceso de atribuciones y busca dotar al Poder Judicial de un marco legal adecuado.

Así la Suprema Corte podrá presentar iniciativas de ley para mejorar la labor de los órganos mediante los cuales opere el Poder Judicial, como son la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal.

Igualmente podrá hacerlo sobre los tribunales de los estados y de la Ciudad de México en los casos previstos en la Constitución en tratándose de amparos por violaciones a las garantías en materia penal y en los demás casos en que por disposición de ley los tribunales de los estados actúen en auxilio a la justicia federal.

También podrá proponer mejoras a los centros de justicia penal, a la carrera judicial, a la facultad de atraer controversias ordinarias respecto de su división territorial y en general respecto de los órganos administrativos del Poder Judicial de la Federación.

Al facultar a la Suprema Corte para iniciar leyes en cuanto a su función y organización interna, se estaría dando la oportunidad de contar con una mejor legislación en materia judicial con un Poder Judicial fuerte, autónomo, cuya elaboración recogería la experiencia de jueces, así como una sólida base teórica y el reflejo de la experiencia jurisdiccional.

Senadoras, Senadores:

Estos son algunos de los elementos más importantes que contiene esta iniciativa de Reforma Constitucional que espero cuente con la valoración positiva por parte de ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de publicidad de alimentos y bebidas.

Adelante Senador Zamora.

El Senador Mario Zamora Gastélum: Gracias, Presidente. Con su permiso.

Muy buenas tardes.

El día de hoy vengo a plantear un tema que creo es de muchísima profundidad, lo vemos todos los días en la calle, lo vemos incluso en la casa de uno, pero pocas veces le ponemos atención.

La intención es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de publicidad de alimentos y bebidas.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Resulta que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el mundo después del tabaquismo.

De acuerdo a la OMS, la obesidad es una enfermedad –vuelvo a repetir– es una enfermedad que ocasiona que el exceso de tejido graso cause una alteración hormonal y del metabolismo siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer incluso.

Esta enfermedad, según dicha organización, es causada por un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas, sumado al fenómeno mundial del aumento de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico y que son ricos en grasa.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, mejor conocida como la FAO, en América Latina y el Caribe estima que en la región 151 millones tienen sobrepeso y 105 millones obesidad. Y hablo con total conocimiento de causa.

En México se calcula que más del 70 % de la población padece sobrepeso y aproximadamente una tercera parte sufre de obesidad, ocasionando la agudización de enfermedades –vuelvo a decir– como la diabetes.

Un dato alarmante es que de acuerdo con la FAO y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México es la región donde hay más jóvenes obesos en el mundo, afectando a tres de cada diez niños y a cuatro de cada diez adolescentes. Nuestro país es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en edad adulta, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.

El 32.4 de los mexicanos padece de obesidad, cifra que podría alcanzar el 39 % casi el 40 en el 2030.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en el problema más grave y costoso de salud pública en México, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, Imco, se calcula que el costo total de la diabetes asociada a la obesidad, en 2013, ascendió a 85 mil millones de pesos.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, entre el 2014 y el 2017, el costo total del sobrepeso y la obesidad pasó, de 223 mil 563 millones, a 241 mil millones de pesos, prácticamente; es decir, la cifra se incrementó de manera impresionante.

Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno mexicano, del Estado mexicano que desde hace años ha realizado para reducir los índices de obesidad y sobrepeso mediante la ejecución de políticas y recomendaciones sobre el tema, como medidas fiscales, prohibiciones de la publicidad de comida chatarra en horarios infantiles, en centros escolares, acceso gratuito al agua potable en la escuela, pero creo que estas medidas no han sido suficientes.

El mayor obstáculo para la implementación de dichas medidas, es que se está utilizando la misma estrategia implementad por la industria del tabaco, donde se le deja la responsabilidad y la elección a cada individuo.

La OMC coincide que la información nutrimental, en la mayoría de los etiquetados de alimentos y bebidas no es entendible para la población, por lo que ha recomendado sea más claro el mensaje.

¿Qué es lo que estamos buscando realmente? Que el consumidor conozca, a ciencia cierta y con mucha claridad qué es lo que está ingiriendo, qué es lo que está comiendo y el daño que le puede hacer.

Ustedes ahora pueden ver una cajetilla de tabaco donde vienen ahí unas fotos, unas ilustraciones que la verdad están hasta de dar miedo, yo creo que algo así tendríamos que aspirar en el tema de los alimentos.

En Chile, por ejemplo, llama la atención que quitaron por ejemplo a los súper héroes o a estos personajes. Cuando un niño, cuando el niño acompaña al papá o a la mamá al súper, pues él quiere el cereal que tiene el súper héroe, por el súper héroe no por lo que está ingiriendo.

Entonces, yo creo que debemos de pensar en poder hacer algunas adecuaciones, se los dice alguien que puedo dar cuenta que le entramos duro a la comida chatarra, el cuerpo no miente y bueno, justo por eso y pensando en las nuevas generaciones poder intentar modificar el tema de la publicidad, el tema de la información y que el consumidor puede decidir en base a mayor información de los riesgos que tiene el consumir algo.

La presente propuesta no busca afectar al sector productivo de alimentos y bebidas de bajo contenido nutricional o de alto contenido energético. De la interpretación más amplia de protección a los derechos humanos contenida en los artículos 1 y 133 constitucional, lo que buscamos es que se proteja el derecho humano a la salud, sin que ello resulte contrario a la libertad comercial de las empresas, toda vez que o se prohíbe su comercialización, sino que se dé mayor información al consumidor y sea este quien con esta información elija si lo consume o no lo consume en base a ello.

Por último, Presidente, solicito, con toda humildad, se integre de manera completa el texto y agradezco la atención.

Ojalá, compañeras y compañeros por el bien del presente y futuro de México vamos a hacer esta ley en favor de esta juventud que, como a muchos y yo me incluyo, la obesidad nos está matando.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Martha Guerrero Sánchez, se adhiere.

El Senador Américo Villarreal Anaya.

Freyda Marybel.

El Senador Bours.

El Senador Guadiana.

El Senador Novelo.

La Senadora Gricelda Valencia.

El Senador Encinas.

Cora Cecilia.

El Senador Lucero.

La Senadora Abreu.

El Senador Gómez Urrutia.

Gutiérrez Castorena.

Ovidio Peralta.

Cristóbal Arias.

También Miguel Ángel Navarro.

Susana Harp.

Casimiro Méndez.

Alejandro Peña

La Senadora Kenia López Rabadán.

El Senador Joel Molina.

Muchas gracias.

El Senador Rubén Rocha.

El Senador Primo Dothé.

Ricardo Velázquez.

La Senadora Imelda Castro.

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

A continuación tiene la palabra el Senador Juan Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Adelante, Senador.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores.

Las pequeñas y medianas empresas son agentes económicos con capacidad productiva o de servicios, recursos financieros y personal reducido en comparación con corporaciones transnacionales y nacionales de gran trascendencia.

Las llamas PYMES cuentan con objetivos, intereses, lógicas trazadas y se clasifican de acuerdo a la cantidad de personal y a sus ingresos anuales.

Según datos de la Encuesta Nacional Sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 2015, el 97 % son microempresas y concentran el 75 % del personal ocupado; le siguen las empresas pequeñas con un 2 % y tienen el 13 % del personal ocupado.

Las medianas empresas representan el .3 de las unidades económicas y tienen poco más del 11 % de los ocupados.

El ecosistema empresarial ha resaltado las necesidades y dificultades a las que se enfrentan las PYMES mexicanas, cuya supervivencia es cada vez más endeble, debido principalmente a la competitividad entre ellas y con las grandes corporaciones, adicional a todas las dificultades que se enfrentan y que inciden para que en su tiempo se reduzca en el mejor de los casos a cinco años.

En ese sentido, es importante destacar que las pequeñas y medianas empresas son parte fundamental del motor económico de México, estas unidades económicas, según datos de la Condusef, aportan el 52 % del Producto Interno Bruto del país.

Tiene relevancia mencionar que los mexicanos han mostrado un carácter emprendedor y de perseverancia. Ante eso, es fundamental mantener y mejorar los programas existentes, con el objetivo de incentivar el desarrollo y crecimiento de las PYMES.

El contar con recursos en forma limitada, es determinante para que las pequeñas y medianas empresas sigan o no funcionando.

En ese contexto la falta de acceso a financiamiento de parte de la banca privada responde a una desconfianza, así como a su difícil acceso por las altas tasas de interés, desinformación y, desde luego, mala administración.

Respecto a los apoyos disponibles de parte del gobierno prevalece un desconocimiento sobre su existencia, sobre los mecanismos de obtención, administración y pago de estos.

A pesar de ello, los programas focalizados de los PYMES han representado un nicho de oportunidad con el que algunas logran mantenerse, pero sobre todo crecer.

El eliminar los programas federales diseñados para apoyar a las pequeñas y medianas empresas contribuye aún más a acrecentar la incertidumbre para estas unidades económicas.

Algunos de los problemas más comunes que enfrentan los PYMES son ya de sobra conocidos, estamos convencidos de que el Estado debe de propiciar las condiciones para que los PYMES puedan seguir cumpliendo con la parte fundamental en los diferentes aspectos ya referidos.

La propuesta de hoy que se presenta tiene como objetivo que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 58 se especifique que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas, al fomento y desarrollo a la pequeña y mediana empresa.

Compañeras y compañeros Senadores.

Es necesario crear los mecanismos conducentes a favor de los PYMES, lo que implica instaurar las políticas necesarias para que se fomente su desarrollo. Estamos conscientes que esto representa sólo la punta de la pirámide, por lo que resulta fundamental adecuar el marco jurídico, fortalecer los acuerdos comerciales y crear un esquema efectivo de competitividad, con lo que estamos seguros de que se logrará consolidar un verdadero tejido empresarial en el país y, sobre todo, fortalecer a los más pequeños y a las medianas.

Yo creo que las cargas fiscales, aparte desde luego, de la seguridad social que tienen que implementar a sus trabajadores, tienen que ser una base sustantiva de estas pequeñas empresas.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

El Senador Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor Senador Juan Quiñones Ruiz.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

Escucharemos, a continuación, en el uso de la palabra a la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Ella presentará una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolar.

Tiene usted la palabra, Senadora.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, Senador Presidente.

Con la venia de la Presidencia.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Honorable Asamblea:

Lo que vengo a plantear con esta iniciativa es la necesidad de que se atienda un problema que en diversos momentos ha ocupado la atención de la opinión pública, derivado de hechos que por su impacto mediático genera reacciones en diversos actores de la sociedad, pero que con el paso del tiempo deja de ocupar la atención, lo que no significa que éste se haya superado.

Es una realidad que la mayoría de las escuelas y planteles educativos son para el alumnado, espacios de exclusión y mal trato, constituyéndose en uno de los fenómenos más preocupantes para nuestro sistema educativo.

El acoso escolar y el ciberacoso representan formas de violencia que se dan tanto en las escuelas, como en el ámbito de las redes sociales, y se manifiesta de manera cotidiana en la vida escolar. Además de otras formas de violencia, como la represión, la discriminación, la homofobia, al violencia sexual o el castigo corporal.

En el mundo se estima que 246 millones de niñas y niños adolescentes, son víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, así como aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes.

A pesar de diversos esfuerzos y amplios debates en la opinión pública, el denominado acoso sexual, bullying continúa siendo uno de los problemas más graves en las instituciones de educación en sus diversos niveles.

Las acciones para combatirlo se han promovido en diversos momentos como resultados limitados con experiencias internacionales, unas de las de mayor éxito es la que se implementó en Finlandia, desde el año 2006, me refiero al Método Kiva. Como resultado de la implementación de dicho programa, el acoso escolar en Finlandia se redujo en más del 40 %, y en el 98 % de los colegios se percibió satisfacción con respecto a la metodología empleada y a los resultados obtenidos.

La clave de este método consiste en enfocarse en la reacción de quienes presencien el acoso escolar, promoviendo que no participen en él, que no lo apoyen para que los acosadores no obtengan el reconocimiento por sus acciones.

En México, en el año 2017 la Secretaría de Educación Pública presentó el Programa Nacional de Convivencia Escolar como una propuesta de intervención informativa, preventiva y evidenciar para el alumnado, personal docente y las familias, mismo que fomentaban el desarrollo integral del alumnado.

Como parte de este programa, en el 2018 implementó el curso titulado “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en las escuelas de educación básica”, con el objeto de apoyar el desarrollo de las competencias docentes, y aportar estrategias para detectar, prevenir y actuar en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato escolar e ingreso de armas a las escuelas de educación básica.

Sin embargo, este programa y las disposiciones contenidas en él no constituye un documento obligatorio ni normativo, lo ha restado efectividad al quedar como meras recomendaciones.

El objetivo de esta iniciativa es implementar medias orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia, y el acoso escolar en las instituciones educativas proporcionando los elementos necesarios para cambiar el enfoque de atención, retomando la experiencia del Programa Kiva haciendo visible el problema y generando en el alumnado conciencia sobre la importancia de no aprobar los actos de acoso como una medida para su erradicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolar.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

Se informa que a petición del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se dio turno directo a su iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 132 de la Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de seguridad social.

El turno es a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

Por lo tanto, a continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En su turno presentará iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 28 y 55 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la fracción II del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fracción III del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la denominación del título tercero y de su capítulo III, así como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de armonizar el concepto de hechos de corrupción.

Tiene la palabra el Senador Mancera Espinosa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, es muy sencillo lo que vamos a presentar, realmente solamente quiero distraerlos unos minutos, porque lo que está buscando esta iniciativa es armonizar, nada más es poner en sintonía todas estas leyes con lo que ya se ha venido platicando, este cambio de “actos de corrupción” por “hechos de corrupción”.

Estamos pasando, pues, a un concepto mucho más amplio, un concepto genérico, dentro del cual obviamente puede haber hechos o actos en el análisis jurídico, pero para armonizar con la Constitución, para armonizar con la reforma que acabamos de votar, que habla de “hechos de corrupción”; para armonizar con la reforma que tomó vigencia de extinción de dominio también en la Constitución y para armonizar con el propio Código Penal.

En el Código Penal Federal antes estaba el título décimo, que se denominaba: “delitos cometidos por servidores públicos” y ahora ese mismo título se llama: “delitos por hechos de corrupción”.

Entonces, en cada una de estas disposiciones normativas, en cada una de estas leyes, en la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica de la Fiscalía General de la República, la de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas a las que se ha hecho ya referencia, lo único que estamos haciendo es armonizar, para que estemos en la misma sintonía, y es lo que vamos a someter a consideración y análisis, pero me parece que esta nueva visión de la distinción entre el hecho y el acto jurídico, para partir de un concepto genérico de hecho de corrupción, es importante que lo tengamos en todas las disposiciones normativas, a fin de evitar después confusiones.

Es cuanto, Presidente.

Así de sencilla la iniciativa, pero me parece que es indispensable para que logremos la armonización de nuestro sistema jurídico.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senador.

El título se veía amenazante, pero efectivamente fue una exposición corta y sencilla.

Se turna a la Comisión de Gobernación y también a la de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora el uso de la palabra…

Adelante, Senador.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, también le solicitamos que se turne a la Comisión de Anticorrupción, de favor, ya que es un tema…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senador Quiñonez.

¿Cuál es la opinión del proponente en cuanto a que se turne también a la Comisión de Anticorrupción?

No tiene inconveniente.

Queda turnado también a la Comisión Anticorrupción.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, Senador Ávila.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle de favor consultar al proponente la posibilidad de sumarnos como grupo parlamentario a esta iniciativa que ha presentado.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Si no tiene inconveniente el proponente, queda adherido el grupo parlamentario del PRI en su totalidad a la iniciativa presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el Senador Américo Villareal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3º, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de instituciones de fomento a los valores, de formación cívica y de cultura de la legalidad.

Adelante, Senador.

El Senador Américo Villareal Anaya: Con su venia, señor Presidente.

Estimados compañeros:

En el pasado reciente el Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, convocó a todos los mexicanos a construir juntos una Constitución moral que estableciera las bases sobre las que se puede promover la igualdad de todas las personas, desde su más temprana edad hasta su más difícil ancianidad y término natural de su vida, pero sobre todo que refundara la necesidad igualitaria del respeto entre todos.

La persona humana es la fuente, principio y fundamento de todos los derechos humanos.

Por ello, las leyes y las decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben tener en el centro de su consideración a la persona, promoviendo su desarrollo integral y haciendo a un lado todo lo que pueda atentar contra su dignidad, fundamentalmente respetando el ente humano.

La convivencia social que mira al bien común, se caracteriza por la promoción de los valores humanos dentro de la familia apoyado por la escuela, la familia es la célula base del tejido social, si ella está sana toda la sociedad estará sana y la escuela es un instrumento muy valioso en apoyo a los padres y tutores.

En la escuela se aprenden los conocimientos científicos y cívicos que las convivencias diarias implican al ser social y democrático.

Es pues, el bien común dentro del marco de la ley el que debe prevalecer por encima de los intereses particulares.

En nuestro contexto actual reconocemos la existencia de todo tipo de violencia, extrema y ligera, en la información, en la pareja, en las redes sociales, en la vida cotidiana y entre otras muchas cosas, tal vez ante en la música.

Ante estos incontables hechos de extrema violencia que sobrevivimos a diario es urgente, hoy más que nunca que prevalezca el Estado de Derecho donde la ley y las instituciones sean respetadas por todos.

Con el propósito de restaurar la paz social y evitar su descomposición donde solamente prevalece la voluntad del más fuerte en perjuicio de la gran mayoría de los habitantes de nuestro país.

Para lograr esos nobles propósitos para la defensa de nuestros derechos, debemos empezar por inculcar en nosotros mismos los cambios de actitud más básicos sobre el respeto a la ley y a los derechos de los demás, actitud que también debemos enseñar a nuestros hijos, es decir, debemos implementar en nuestras mentes y en nuestro actuar la cultura de la legalidad, procurando inducirla a nuestros semejantes al menos con el ejemplo.

Todas estas virtudes bien señaladas en la cartilla moral de Alfonso Reyes, son el ingrediente necesario de la convivencia pacífica y constructiva que hace grande a una nación. No es el rescatar los valores familiares, sino más bien el retomar su práctica para estrechar los lazos que unen a todas nuestras familias mexicanas recordando que el reflejo de la unión de sus familias hace la fuerza de una nación.

Los valores fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza ante la sociedad y esta iniciativa pretende el objeto de atender las voces de los ciudadanos preocupados por el acontecer diario, en una nación en progreso que se ve influenciada por el contexto globalizador y abrumador y desea establecer y defender su interés en el fortalecimiento de la familia, los valores, la paz y la defensa de la vida, que viendo que esto se traduzca en leyes y acciones normativas que formen prácticas sociales saludables, que reconstruyan el tejido social de las comunidades.

Por ello proponemos que el Poder Ejecutivo cuente con un Consejo Federal para el fomento de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, este Consejo Federal, promoverá, entre la población, la cartilla moral, comenzando por los destinatarios de los programas sociales del gobierno, este será el primer paso para comenzar una reflexión nacional sobre los principios y valores que contribuyan a la unidad entre los mexicanos y a una convivencia pacífica, respetuosa de la pluralidad y la diversidad.

Tendrá este Consejo, que establecer la colaboración y participación de la sociedad civil y el gobierno en esta gran tarea de fomento y promoción, para proponer las acciones más viables y eficaces para combatir los efectos dañinos del detrimento de los valores institucionales y comunitarios que se están presentando.

La iniciativa de ley que presento, busca, en primer lugar, establecer un consejo que proponga y regule reglas éticas, morales y cívicas de convivencia con el principio básico de obligar a reflexionar a todos sobre las circunstancias, algunas de ellas muy delicadas sobre la que atraviesa nuestro país.

Estimados compañeros, estamos frente a un gran compromiso con la actual generación, pero sobre todo en la gran oportunidad de contribuir con las futuras generaciones para tener una mejor patria.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Américo Villarreal.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

La Senadora Reynoso seguramente desea adherirse a su iniciativa si el proponente no tiene inconveniente queda registrada a adhesión de la Senadora Reynoso.

Del Senador Eruviel Ávila, con el mismo propósito.

Y ahora se concede el uso de la palabra a la Senadora Minerva Hernández Ramos, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso k) al artículo 72 y la fracción II Bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de control preventivo de la constitucionalidad.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Senadoras y Senadores:

En consideración de Acción Nacional, algunas propuestas legislativas que han venido del gobierno de México o del partido mayoritario en el Congreso, representan un retroceso en el desarrollo democrático nacional.

Tal como sucede con la revocación del mandato, que no es otra cosa que contender en las elecciones de 2021 con pleno apoyo presidencial para obtener un control aún mayor en la Cámara de Diputados y en este Senado.

Con las reformas a las materias que podrán ser abordadas por consulta popular y a los mecanismos para desarrollarlas.

Ante la actual coyuntura política para quienes integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, hoy más que nunca tiene plena relevancia la limitación del poder y la defensa de nuestra Constitución, como lo ha señalado el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Héctor Fix Zamudio, jurista mexicano, la defensa de la Constitución tiene como objetivos lo de conservar la normativa constitucional, prevenir la violación a sus disposiciones de carácter fundamental, reprimir su desconocimiento y lo más importante, lograr el desarrollo y evolución de las propias disposiciones constitucionales.

Este desarrollo y evolución Senadores, debemos entenderlo desde un doble aspecto, tanto para lograr la paulatina adaptación de nuestra Constitución a los cambios de la realidad política y social, así como para asegurar que la transformación de esta norma fundamental se haga de acuerdo con sus propias disposiciones programáticas.

Solamente con estas medidas podemos evitar que la carta fundamental pactada en Querétaro y de la que hace apenas dos años celebrábamos su Centenario, se convierte en una simple manifestación declamatoria.

En este contexto es para mí un honor acudir ante esta tribuna en representación de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional en este Senado, para presentar esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se fortalecen los mecanismos de defensa de la Carta Magna a través del establecimiento de la acción de control preventivo de la constitucionalidad.

Estamos proponiendo que los proyectos de ley, aprobados por alguna de las Cámaras del Congreso y que pasen a la Colegisladora para su revisión, puedan ser objeto de esta acción de control preventivo de constitucionalidad, lo que permitirá un control de constitucionalidad previo al inicio de su vigencia en aras de preservar la constitucionalidad del ordenamiento jurídico mexicano y reafirmar la supremacía de la Carta Magna.

Así, estamos proponiendo que cuando a consideración del 33 % de los legisladores que integran la Cámara de Diputados o este Senado de la República pudieran existir vicios de inconstitucionalidad en los proyectos de ley enviados por la Colegisladora para su análisis y discusión se podrá ejercer esta acción de control preventivo, de la cual conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendiendo el procedimiento legislativo en curso y debiendo resolver dentro de un breve término.

En caso de que nuestro máximo tribunal resolviera que, efectivamente, existieron esos vicios de inconstitucionalidad, el proyecto de ley será devuelto a la Cámara de origen para su modificación, sin que pueda continuarse el procedimiento legislativo si no se da cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte.

Con esta propuesta las y los Senadores del PAN queremos hacer eco de una máxima jurista que sintetiza el espíritu del Estado de derecho y la importancia de las normas jurídicas como el principal instrumento de organización y control del poder, “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Cuando el Presidente López Obrador hace propias las palabras del Benemérito de las Américas diciendo que: “nada ni nadie está por encima de las Constitución” es innegable que esta LXIV Legislatura tiene la responsabilidad de reafirmar el papel de nuestra Suprema Corte de Justicia como el defensor pleno de la Constitución, aún antes de que las propuestas legislativas de modificación sean integradas al orden jurídico nacional.

La defensa de la Constitución debe plantearse desde el Poder Judicial, no abundemos en un debate ocioso sobre la supuesta judicialización de la política, por el contrario seríamos imprudentes si no aprendemos de la historia, de la Alemania, del Tercer Imperio, donde se creyó que el control constitucional debería ser político y recaer en Hitler con la sombrías consecuencia que ese régimen autoritario y hegemónico tuvo.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Hernández.

Tiene usted ya la adhesión a su iniciativa de la Senadora Guadalupe Murguía.

El Senador Eruviel Ávila.

La Senadora Verónica Martínez, se adhieren, si no tiene usted inconveniente, a su iniciativa.

Que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene ahora la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para adicionar dos fracciones al artículo 109 Bis de la Ley General de Salud, en materia de expediente clínico electrónico.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, Presidente.

Con su permiso.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Esta iniciativa tiene especial relevancia porque trata de incidir, en prevenir cuestiones que en ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana nos encuentran de repente en la vida.

En algunas ocasiones nos encontramos con que estamos en la Ciudad de México, sufrimos un accidente y nuestro expediente clínico médico está en Zacatecas.

Sufrimos un accidente tan grave que aquí los médicos no saben qué hacer con nosotros porque el expediente clínico médico es el que lleva todo el registro de nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, si tenemos alguna alergia, las medicinas con las que nos están tratando, etcétera.

Esto ya lo tiene la Ley General de Salud, pero lo que queremos hacer con esta modificación es hablar de la portabilidad y de un registro muy importante que se debe de realizar justamente en el expediente clínico médico.

La portabilidad significa que independientemente de que tu expediente clínico médico te lo haya aperturado en el IMSS, en el ISSSTE o en cualquier hospital privado o público pueda tener esa posibilidad de ser compartido. Hoy día las tecnologías así lo permiten.

Entonces bajo esta obligatoriedad que le estaríamos dando al sistema de salud no importaría dónde te aperturen tu expediente clínico médico.

Si tú están en Yucatán, en Chiapas, en San Luis Potosí o en Baja California Sur y sufres algún accidente, vas a una institución que no sea la que te corresponde, si a ti te lo aperturaron en el IMSS, pero por cuestiones de traslado rápido o urgencia llegas a una del ISSSTE, a un privado o a un público, puedan ahí aperturar, esta es la portabilidad de tus datos, del expediente clínico médico.

Y que ahí se aperture y se vea cuáles son los padecimientos que ya traía Claudia Anaya, cuáles son los tratamientos a los que habías tenido acceso, cuáles son sus alergias, cuáles son los medicamentos que ella estaba tratando.

Pero no solamente se trata de ampliar la portabilidad del dato de los expedientes clínicos médicos, se trata de también tener asentado en el expediente clínico médico la voluntad de un paciente, la voluntad de una persona para ser donante de órganos.

Este es un tema bien importante que le hemos dejado a organizaciones de la sociedad civil.

Hoy organizaciones de la sociedad civil, que la verdad merecen todo nuestro respeto porque inician campañas de concientización, inician campañas de sensibilización, se ponen a repartir tarjetitas de “yo soy donante”, pero eso no tiene ninguna vinculación jurídica.

Eso, pues también muchas veces tú llegas al hospital sin tu cartera o sin la tarjetita, sin nada que especifique que tú eres o que es tu voluntad ser donante de un órgano.

Entonces lo más importante que podemos hacer es dejar bien esclarecido en estos expedientes clínico-electrónicos nuestra voluntad expresa de ser donante de órganos.

Hay miles de personas en este país que están en espera de un órgano.

Hay miles de personas que mueren en este país porque ese órgano no llega, y también porque no dejamos suficientemente asentado de que es nuestra voluntad ser donante de órganos.

Creo que esta reforma que el día de hoy estamos presentando va ayudar mucho, no solamente en una atención rápida y oportuna de las afectaciones de salud en el hospital en el que te encuentres, sea el IMSS, sea del ISSSTE, sea de los servicios de salud o sea un privado, tus datos siempre estarán disponibles para que los médicos puedan atenderte de la mejor manera.

Y la otra cuestión, ahí quedará debidamente asentado, y es la obligación de los médicos preguntarte si es tu voluntad ser donante de órganos.

Así en donde quedes, donde sea tu destino que quedes, los médicos tendrán a la mano tu voluntad para poder hacer un uso correcto de tus decisiones y para que se puedan salvar muchas vidas.

Pues esa es la reforma que el día de hoy les presento, la iniciativa de la Ley General de Salud, ojalá que la respaldemos.

Es una iniciativa que piensa en el futuro a partir de las tecnologías que ya tenemos, de las tecnologías que se están construyendo y es una iniciativa que piensa en atender de manera más rápida y más eficiente a las afectaciones de salud o a los accidentes que en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia podemos vivir.

Muchas gracias, compañero Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, compañero Senadora.

Permítame usted adherirme a su iniciativa para el registro en el Diario de los Debates.

El doctor Navarro, Senador de la República, se adhiere.

El Senador Eruviel Ávila.

La Senadora Verónica Martínez.

La Senadora Patricia Mercado.

La Senadora Nancy De la Sierra.

La Senadora Ana Lilia.

El Senador Félix Salgado.

El Senador Américo Villarreal.

Todos quedamos adheridos a esta noble iniciativa que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y justamente tiene el uso de la palabra el Senador Félix Salgad Macedonio, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abrogación de horario estacional.

Señor Senador, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Félix Salgado Macedonio: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores.

¿Quién está de acuerdo con el horario de verano?

¿Quién está de acuerdo?

Es pregunta.

¿Quién está de acuerdo con ese horario que ha causado más molestias que beneficios?

Pero en 1996, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por decreto lo aprueba para ponerlo en concordancia con el horario de Estados Unidos.

A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio este país se fue sometiendo a estándares internacionales, pero sobre todo más a husos de Estados Unidos, país vecino.

Considero, al igual que muchos mexicanos, que ha llegado el momento de quitar este nefasto horario de verano.

Nos dijeron que con reducir una hora, recorrer una hora antes, íbamos a tener ahorro de energía, iba a haber mayor seguridad, lindezas, y al final de cuentas no vemos el ahorro de energía, vemos la inseguridad y aparte cada día más cara la luz.

Por lo tanto, no le estamos viendo ningún beneficio a este horario de verano.

Que por cierto ya va a entrar en vigor el 7 de abril. Ya en unos días más ya entra en vigor el horario de verano.

Se tiene que quitar, es una verdadera molestia, una verdadera calamidad.

Imagínense ustedes nuestros niños todo el daño físico, moral, que se les ocasiona a nuestros niños cuando les quitas una hora sueño. Ahora les dices que en lugar de habitualmente levantarse a las siete para ir a la escuela, les recorres una hora antes y ahora se tendrán que levantar a las seis de la mañana.

Esta Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, estipula que: “el sistema normal de medición de tiempo en la República que se establece con la aplicación de los husos horarios y su correspondiente hora, en los artículos que anteceden, podrá ser modificado mediante decreto del Honorable Congreso de la Unión que establezca horarios estacionales”.

Por lo que el que suscribe fundamenta la competencia del Pleno de esta Cámara de Senadores para analizar, previo trámite correspondiente, la presente iniciativa.

El huso horario puede entenderse como el sistema creado para organizar los horarios del planeta tierra de manera sucesiva y permanente. La esfera terrestre comprende 360 grados, luego entonces se divide entre las 24 horas que gira ésta en su propio eje, son 24 espacios de 15 grados que definen el horario de cada región del planeta.

Esta tesis dio origen a nuestra convención horaria actual, como se señala en la Ley del Sistema de Horario en México, publicado el 29 de diciembre del 2001.

El establecimiento de este horario estacional en México, denominado horario de verano, fue propuesto y aprobado argumentando supuestos beneficios, como decía hace rato, como el ahorro de energía, pero no es así, no ha habido tales beneficio, la población tiene diversas quejas respecto a esta medida.

Una de las principales que recoge la prensa diaria se encuentra en las afectaciones a la salud, a la organización de las actividades personales, a las alteraciones del reloj biológico, incluso obliga desde la primera infancia a soportar el estrés que genera la adaptación a dicho cambio, lo cual afecta el desarrollo intelectual del menor, el rendimiento escolar de los niños, generando trastornos de sueño, incrementa la inseguridad pública y se considera que el consumo de energía va en aumento.

Por eso, en síntesis, compañeras y compañeros Senadores, presento ante ustedes esta iniciativa con decreto de decreto por el que se abroga y se establece el horario estacional que se aplicará a los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1.- Se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, Senador.

El Senador Félix Salgado Macedonio: Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo del 2002.

Transitorios.

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1° de enero del año 2020, ya que hay una legislación que dice que para cambiar el horario de verano tiene que ser con un año de anterioridad para hacer las promociones y avisar a la población.

Segundo.- Las dependencias de los ejecutivos federal y estatal y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas necesarias a efecto de difundir con anticipación debida el presente decreto para el conocimiento de la población.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor Senador Salgado Macedonio.

El Senador Lucero, se adhiere.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo, se adhiere.

El Senador Bours, se adhiere…

La Senadora Mónica Fernández, se adhiere.

El Senador Encinas, se adhiere.

El Senador Alejandro Peña.

La Senadora Sánchez.

La Senadora Guerrero.

La Senadora Luévano.

La Senadora Jesusa Rodríguez.

La Senadora Malu Micher.

La Senadora Nestora Salgado.

Y el Senador Ostos, se adhiere.

Ovidio Peralta.

Daniel Gutiérrez Castorena.

Verónica Camino.

Se adhiere también a esta propuesta Rocío Abreu.

Quedan adherido a la iniciativa del Senador Salgado Macedonio, para derogar el Horario de Verano Estacional, que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos.

Su propuesta se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que pretende reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extracción de piedra caliza.

Adelante, señor Senador.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muchísimas gracias.

Con su permiso, señor Presidente.

Le solicito de una manera atenta y respetuosa que se integre el texto íntegro de la presente iniciativa al Diario de los Debates.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se instruye.

Adelante.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Gracias, Presidente.

Antes que nada quiero agradecer por haber apoyado la presente iniciativa, al Senador Eduardo Murat, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y al Senador Miguel Ángel Navarro, Presidente de la Comisión de Salud, que junto con otros muchos compañeros con quienes he comentado este tema, se han sumado a esta iniciativa que es muy importante debido a los grandes problemas de contaminación que tenemos en nuestro país y los más grandes problemas de contaminación que lamentablemente tenemos en el estado de Nuevo León, que hoy en día es catalogado por la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud como la ciudad más contaminada de todo el país y una de las más contaminadas de toda Latinoamérica.

La contaminación tiene muchos orígenes, son muchas las fuentes de contaminación y una muy importante a la que hay que ponerle atención para poder cumplir con la disposición constitucional que el artículo cuarto establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano, próspero que nos permita nuestra desarrollo y nuestro bienestar, así como tenemos derecho de protección a la salud.

El tema de las pedreras es uno que debe preocuparnos y ocuparnos a todos, porque es uno de los más importantes aportantes a la contaminación, contaminar el medio ambiente, que trae consigo graves e importantes problemas de salud, principalmente de las vías respiratorias de los grupos más vulnerables, de las personas de la tercera edad y de nuestros niños.

Porque de acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, más de dos millones de muertes prematuras al año, precisamente son atribuidas a los efectos de contaminación en el aire. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona daños a la salud de las personas, a la productividad sostenible de ecosistemas y a la economía de los países.

Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros actores de riesgo de salud en México, es precisamente la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire.

Otras investigaciones concluyen que la exposición prolongada a las concentraciones de partículas finas incrementa, significativamente, la mortalidad prematura. Así es que de manera permanente, con esta generación de contaminantes hemos estado dañando los pulmones de los mexicanos y los pulmones y las vías respiratorias de los habitantes del estado de Nuevo León.

En resumidas cuentas, se está destruyendo no solamente con este tema de la pedreras, de las extractoras de calizas nuestras montañas, sino también se está destruyendo a nuestro medio ambiente y a nuestra salud, sin poder contar con un recurso suficiente legal que permita resarcir, de alguna manera, los daños que se están generando al medio ambiente y que se están generando a la salud.

La Constitución Mexicana, nuestra Constitución en el artículo 27 es clara: “Todo lo que se encuentra en el subsuelo es propiedad de la nación”. Y hay una excepción lamentable, que para el tema de la extracción de calizas no hay ninguna regulación federal que permita mitigar el daño que hacen y tampoco existe una Legislación Federal que permita recularlas, sobre dónde tienen que estar ubicadas, sobre qué procesos tienen que llevar a cabo y de qué manera tienen que ser transportados los materiales.

La depredación, el daño a las montañas ha sido verdaderamente dramático, y les voy a mostrar una imágenes de algunos de los cerros más bonitos, de la Ciudad de las Montañas, que es la Ciudad de Monterrey, en donde prácticamente han sido destruidos algunos de ellos, como el Cerro del Topo Chico, como el Cerro de las Mitras y como el Cerro del Fraile.

Aquí podemos ver algunas imágenes donde prácticamente quedan destruidas las montañas, donde ha habido una clara omisión por parte del Gobierno del estado de Nuevo León y por parte de algunos alcaldes al permitir estos daños que son hoy en día irreversibles.

Esta iniciativa va con la intención firme de realizar las modificaciones legales necesarias para darle al gobierno federal jurisdicción en el tema de la regulación de la extracción de calizas, abre la puerta para que se puedan imponer tributos, se puedan imponer impuestos, para que una vez terminada la explotación de la concesión que sea dada de manera mucho más inteligente y mucho más estratégica sea remedido el predio para que tenga un servicio ambiental suficiente y no quede a la deriva y no quede como estas imágenes que hemos visto, que les he mostrado, que son una muestra de lo que se puede hacer con el medio ambiente ante la omisión de la autoridad.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor Fuentes, muchas gracias.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Con todo gusto, doctor Navarro.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Modificar mi adhesión a esta iniciativa. Creo que tenemos una gran deuda con el medio ambiente, es por demás mencionar que parecería un acto de magia que un cerro un día, y a los meses desapareció el cerro y además la multiplicación de problemas respiratorios que hay en los niños y en los adultos.

Es un ecocidio realmente, en el que yo me adhiero con toda conciencia y ojalá en un momento dado también estemos tocando las grandes fábricas contaminantes en los centros de las zonas urbanas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.

Si el Senador Fuentes no tiene inconveniente, queda usted adherida a su iniciativa.

Senadora Harp, se adhiere a la iniciativa del Senador Fuentes.

El Senador Novelo, queda adherido a la iniciativa.

Nestora Salgado.

Ana Lilia Rivera.

El Senador Dothé.

El Senador Salgado Macedonio.

La Senadora Jesusa Rodríguez.

El Senador Gutiérrez Castorena.

El Senador Peña.

La Senadora Sánchez.

Américo Villarreal.

Se adhiere la Senadora Martha Camino.

La Senadora Martha Guerrero.

La Senadora Minerva Hernández.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso.

Y la Senadora Guadalupe Saldaña.

Así como el Senador Julen Rementería.

Verónica Camino.

Queda adherido, el Senador Salgado Macedonio.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muchísimas gracias, les agradezco mucho los compañeros, que amables.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el Senador Fuentes las adhesiones.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Claro que sí, es un gusto.

Muchísimas gracias.

El Senador Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encargarán de recoger las firmas respectivas en unos momentos más.

Muchas gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Malú Micher Camarena, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de legislación única en materia penal.

Senadora Micher, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Muchas gracias, señor Presidente.

Queridas compañeras y compañeros Senadores.

Cuando se discutía en el Congreso de la Unión la Reforma del Sistema de Justicia Penal, en 2008, se analizó la necesidad de implementar un modelo de fortalecimiento institucional para todo el sistema de procuración de justicia con la finalidad de etiquetar recursos humanos y materiales, específicamente para capacitar a agentes del Ministerio Público, auxiliares, todo este personal, etcétera.

Paralelamente a esta discusión sobre la capacitación técnica se dio un debate muy amplio sobre la confianza y a debilidad de las instituciones, como las procuradurías, las fiscalías. A nivel nacional es un amplio problema el que tenemos de la falta de confianza y credibilidad en estas entidades encargadas de procurar justicia.

Esto se debe a dos factores.

Uno, a la impunidad. Y otro a la corrupción en el Sistema de Procuración de Justicia, y la diversidad de tipos penales, sanciones y modalidades de la comisión de los mismos delitos en cada entidad federativa.

Se comete un agravio contra nosotras, lo que hemos llamado el agravio comparado, que por el mismo delito se castiga de manera distinta a los agresores. Por ejemplo, una violación no se castiga igual en el sureste que en el norte de este país, es un agravio en contra de nuestros derechos.

Por ello, el 8 d octubre de 2018 se publicó la reforma al artículo 73 constitucional, con el objetivo de facultar al Congreso para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Sin embargo, la reforma del 2008, como la del 2013 han quedado inconclusas ante la ausencia de un Código Penal Nacional, o de una legislación penal unificada para todo el país.

Con la elaboración del Código Penal Único estaremos cerrando el círculo de reformas penales que dieron origen al sentido, al sistema de justicia oral, adversarial en México.

Nuestro país tiene 34 códigos penales, uno por cada entidad, el Código Penal Federal, el Código de Justicia Militar. Además, hay leyes especiales de delitos federales, la Ley General de Salud, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, la Ley General para Combatir la Trata de Personas, la Ley General en Materia de Desaparición, leyes, leyes y leyes.

Esta multiplicidad de regulaciones penales se ha traducido en un aumento de desconfianza de las personas en las instituciones y en nichos de impunidad derivados de la falta de certeza jurídica.

Pero es urgente contar con un Código Penal Nacional que homologue el Sistema de Justicia Penal y tenga aplicación en todo el territorio.

Además de lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en 2018 estableció que le preocupaba la ausencia de un Código Penal unificado, y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra las mujeres, pues esto ha redundado en índices bajísimos de enjuiciamiento en los casos de discriminación por motivos de sexo.

Por eso, ¿qué recomienda el Comité para la eliminación de la discriminación? Refórmese el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar un Código Penal Nacional que regule todos los asuntos penales con inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal vigente.

Entonces, lo que está pugnando este Comité contra la Discriminación es que exista una legislación penal sustantiva aplicable en todo el país que permita garantizar tipos penales adecuados, y con ello contribuir a la eliminación de la impunidad que sufrimos más del 52 % de esta población en este país.

Por ello, compañeras y compañeros, los derechos, las libertades y los bienes de las personas no pueden tener tasas de medición o de cuantificación diferenciadas, pues todos ellos constituyen derechos humanos. Además, como tales deben ser garantizados, protegidos y respetados por la autoridad, asegurando con una tipificación unificada que lesionar un bien, un derecho o una libertad en cualquier parte del país, tenga el mismo reproche y la misma sanción en todo el territorio nacional.

Y esto tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. El abuso sexual, el feminicidio, la violencia contra las mujeres son castigadas de manera distinta dependiendo del estado al que perteneces o donde se comete el delito.

Esta es una absoluta arbitrariedad, y por ello solicitamos la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que dice de esta manera.

Se reforma.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue, artículo 73, fracción XXI, párrafo c): La legislación única en materia penal, procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Y se refiere también a transitorios que ponemos a sus consideraciones.

Uno es las legislaciones penales de las entidades, continuarán en vigor hasta en tanto entre en vigor esta legislación única, así como la vigencia y la expedición de legislación, materia única para cumplir con lo dispuesto.

Estoy a sus órdenes, compañeras, compañeros.

Avancemos en la vigencia, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres que no están en las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos en 2011 en este país.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Senador Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Micher.

Se adhiere a su iniciativa la Senadora Abreu.

La Senadora Citlalli Hernández.

La Senadora Guerrero.

La Senadora Mónica Fernández.

El Senador De la Peña.

La Senadora Gloria Sánchez.

La Senadora Marybel Villegas.

Se adhieren a su iniciativa el Senador Novelo.

La Senadora Patricia Mercado.

La Senadora Nestora Salgado.

La Senadora Nancy De la Sierra.

La Senadora Claudia Edith Anaya.

El Senador Gutiérrez Castorena.

La Senadora Rocío Abreu, queda adherida a su iniciativa.

La Senadora Lucía Meza.

Gracias.

Por supuesto, a petición de la Senadora Micher, me sumo a su iniciativa con mucho gusto.

Y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

La Senadora Micher, que es la proponente, pide se turne a la Comisión de Igualdad y se procede en lo consiguiente para opinión a la Comisión de Igualdad de Género.

Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo y se deroga el párrafo quinto del artículo 1070, y reforma el artículo 1070-Bis del Código de Comercio, en materia de garantía de audiencia y justicia pronta.

La Senadora Rivera Rivera, como ustedes saben, es del grupo parlamentario de Morena.

Adelante, Senadora.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Muchas gracias.

Con permiso de la Mesa.

Honorable Asamblea;

Mexicanas y mexicanos:

El proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070, y se reforma el artículo 1070-Bis del Código de Comercio, es la iniciativa que presento el día de hoy.

El artículo 14 de nuestra ley fundamental establece la garantía de toda persona al debido proceso, el cual se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Al respecto, el artículo 1070, párrafo quinto del Código de Comercio, contiene una disposición que contraviene el debido proceso y que consecuentemente resulta inconstitucional. En efecto, esta disposición establece que el juicio mercantil, en caso que el documento base de la acción se haya pactado en un domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edicto, sin necesidad de acreditar el desconocimiento del paradero del demandado.

Esta disposición incide negativamente en la garantía de audiencia del demandado, ya que el emplazamiento se constituye como la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, pues permite que la parte afectada sea llamada a comparecer ante el órgano jurisdiccional, a fin que pueda defenderse correctamente de un posible acto privativo, teniendo a su disponibilidad información completa, tanto de los hechos que se le imputan como del material probatorio existente.

Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 1070 de la misma Ley Mercantil señala que para la procedencia del emplazamiento por publicación de edictos bastará el informe de una sola autoridad o institución.

Esta disposición es igualmente contraria al debido proceso, pues la notificación por publicación de edictos es una vía excepcional o de último recurso y el Juez, como director del proceso y responsable de la garantía de los derechos humanos de las partes, no debe limitarse a pedir información a una sola institución respecto del o los domicilios que tuvieran registrados, sino que debe procurar la debida integración jurídico-procesal en el juicio y realizar cabalmente el llamado a las posibles partes interesadas, agotando los medios a su alcance para localizarlas.

Finalmente, si bien es cierto que la garantía del debido proceso es un elemento indispensable para la impartición de justicia, también lo es que dicho elemento debe coexistir armónicamente con otros derechos fundamentales, como el de acceso a una justicia pronta.

Al respecto, es generalmente sabido que la sustanciación del trámite de emplazamiento por publicación de edictos es sumamente burocrático y tardado, en parte debido a que el Código de Comercio, en su artículo 1070-Bis, le concede a las autoridades o instituciones que cuenten con registro oficial de personas, un plazo hasta de 20 días naturales para proporcionar la información solicitada; dicho plazo es excesivo y, por lo tanto, contrario al derecho humano de acceso a una justicia pronta, reconocido en el artículo 17 constitucional federal, pues gracias a los sistemas informáticos de base de datos actualmente existentes con los que operan instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y empresas proveedoras de señales de internet y televisión, dicha información puede encontrarse en cuestión de minutos.

Por lo tanto, tomando en consideración que las disputas judiciales en materia de comercio en México tienen una duración promedio a nivel nacional de siete años y medio, es importante que el Poder Legislativo procure la adecuación de los plazos y términos legales previstos en las leyes, a fin que el derecho de acceso a una justicia pronta sea una realidad para el justiciable, pero siempre en armonía con las formalidades esenciales del procedimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el fin que por una parte se garanticen las formalidades esenciales del procedimiento al imponer al Juez el deber de agotar todos los recursos que estén a su disposición para verificar el desconocimiento del domicilio del demandado y solo entonces se proceda a emplazarlos por vía de publicación de edictos.

Por otra parte, se garantice la impartición de una justicia pronta mediante la reducción del plazo para la sustanciación del trámite de acreditación de conocimiento de un domicilio, pasando de 20 días naturales a tres días hábiles.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, muchas gracias por la presentación de su iniciativa.

Se turna a las Comisiones Unidas. Se adhiere la Senadora Guerrero, antes que la turnemos, operó rápido.

Muchas gracias.

La Senadora Luévano.

La Senadora Jesusa Rodríguez.

La Senadora Marybel Villegas.

La Senadora Claudia Edith Anaya.

La Senadora Lupita Covarrubias.

El Senador Dothé.

La Senadora Gloria Sánchez.

La Senadora Lucía Meza.

El Senador Gerardo Novelo.

Se adhieren a la iniciativa de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, que se turna a las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora la palabra la Senadora Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres, en materia de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual.

Tiene la palabra la señora Senadora.

Adelante.

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muchas gracias, Presidente.

Con la venia.

Compañeras y compañeros Senadores;

A las mujeres de México:

La iniciativa que hoy les presento es la primera propuesta del paquete de reforma que, en conjunto con mis compañeras de lucha, expusimos en las audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión de Igualdad de Género en este Senado de la República, encabezada por nuestra amiga Malú Micher.

Ya entrando en el tema, como todos sabemos, el acoso y el hostigamiento sexual son actos que violentan los derechos humanos, son expresiones de violencia e inequidad de género, que atentan contra la integridad física, psicológica, económica de las personas.

Esos tienen diversas formas de expresión, desde chistes inadecuados o misóginos, palabras ofensivas, comentarios inapropiados, desplazamiento en áreas laborales, hasta intimidar y obligar a mantener relaciones sexuales en contra de los deseos del individuo.

Como se manifestó en la audiencia pública, las estadísticas respecto a esta problemática social son alarmantes y lamentables. Al respecto, la encuesta sobre victimización, percepción sobre la seguridad pública, mostró que en el 2018 la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres fue de dos mil 733 abusos por cada 100 mil mujeres, cifra significativamente mayor a los mil 764 que se cometieron en el 2017…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Senadora, permítame un segundo.

Voy a cometer la grosería de interrumpirle, pero no quisiera ser grosero con quienes han patrocinado, auspiciado y estado presentes en este recinto, ofreciéndonos una extraordinaria exposición de la Secretaría de Marina, Armada de México, y por eso, con el permiso de usted, señora Senadora, quiero saludar la presencia de los integrantes de la Secretaría de Marina, invitados a esta sesión por el Senador Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión.

Han estado con nosotros observando el desarrollo de trabajos legislativos y a todos les externamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Continúe usted, señora Senadora, muy amable.

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Al contrario, al contrario.

Siguiendo con los números, esos números que estamos dando es sin contar muchas de las denuncias que conocemos, porque las mujeres sentimos vergüenza o a final de cuentas vemos qué acciones no se toman y sobre todo que no está contemplado este tipo de conductas.

Ese escenario impide el desarrollo y vulnera el derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral e incluso, puede atentar contra la libertad y la seguridad personal.

El problema se ahonda cuando estas conductas se presentan en el ámbito laboral, toda vez que suelen ejercerse desde una posición de poder en donde el sujeto pasivo se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad respecto al superior.

Estimaciones se enfocan en el fenómeno advierte cerca del 40 % de las profesionistas mexicanas, han experimentado acoso laboral.

Asimismo cinco de cada diez personas considera que en su lugar de trabajo no cuentan con los canales de comunicación necesarios para denunciar y detener estos comportamientos.

Cada persona es objeto de estas prácticas ilícitas, en la mayoría de los casos se sienten acorraladas y prefieren quedarse calladas por temor a perder su empleo, lo cual empeora su situación haciéndolas víctimas de mayores violaciones en sus derechos.

Si bien, tanto hombres como mujeres estamos expuestos a esta situación, somos nosotras las mujeres las que con mayor número somos afectadas.

Somos nosotras las que tenemos que sobrellevar estas actitudes, somos nosotras las que sufrimos por la opacidad de nuestro entorno, lo digo fuerte y lo digo claro, las mujeres reprobamos el acoso y el hostigamiento sexual en cualquier ámbito social, pues entendemos que se enmarca en un contexto de violencia permanente.

Consideramos necesario fortalecer la norma en aras de consolidar la cultura de la prevención, atención y denuncia.

Por lo tanto, la iniciativa que propongo a su consideración, busca reformar la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para que las autoridades correspondientes en el marco de la política nacional de igualdad entre hombres y mujeres, promuevan acciones que mejoren las condiciones de trabajo, así como evitar y atender el hostigamiento sexual, toda vez que aún no se contempla esta problemática en la ley en comento.

Pues para cualquier persona es una tortura tener que soportar de manera cotidiana actitudes ofensivas que ponen en riesgo su integridad emocional y física.

Por una cultura libre de violencia, agradezco la presentación de dicha iniciativa a todas las mujeres que se han sumado y a todos los hombres que han colaborado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Abreu Artiñano.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

Con la adhesión de la Senadora Guerrero.

De la Senadora Gloria Sánchez.

De la Senadora Luévano.

De la Senadora Marybel Villegas.

Del Senador Encinas.

De la Senadora Cecilia Sánchez.

De la Senadora Lucía Trasviña.

De la Senadora Nestora Salgado.

De la Senadora Patricia Mercado.

De la Senadora Jesusa Rodríguez.

El Senador Gutiérrez Castorena.

El Senador Bours, lejos de su lugar, pero ya lo conocemos.

Y reitero el turno, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Damos ahora paso a la intervención del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario de Acción Nacional, que presenta una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley del Infonavit, en materia de crédito a la vivienda.

Adelante, señor Senador.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias, Presidente.

Con tu permiso.

Hoy presento esta iniciativa que reforma los artículos 37, 41, 43 Bis y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores de Infonavit.

Desde 1972 el Infonavit se concibió como institución tripartita integrada por representantes del gobierno federal, los trabajadores y los patrones, para administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda.

Hoy a 47 años de existencia, hay varios aspectos que requieren adecuarse para cumplir con su propósito primordial de otorgar créditos para vivienda bajo condiciones óptimas para los trabajadores y que señalo a continuación.

Primero, gran parte de las familias trabajadoras de nuestro país, ante la posibilidad de contar con un patrimonio propio, acceden a los créditos que otorga el Infonavit como un medio para contar con un financiamiento accesible y en teoría bajo mejores condiciones de las instituciones bancarias.

En la realidad, los créditos de Infonavit se otorgan a tasas de interés superior a los bancos, ya que estos últimos ofrecen créditos de tasas alrededor del 8 %, mientras que en los créditos del Infonavit alcanzan tasas hasta el 12 % y, sobre todo, a plazos interminables.

Segundo.- Las grandes constructoras financiadas por el Consejo Nacional de la Vivienda, Conavi, han construido fraccionamientos mal planeados y alejados de las fuentes de empleo, lo que han permitido la existencia de grandes ciudades dormitorio con excesivos costos en el transporte para las familias que las habitan.

La importancia que tiene para los mexicanos contar con un hogar propio, ha hecho que exista una alta demanda de vivienda y que los derechohabientes acepten condiciones urbanas no óptimas para vivir.

De acuerdo con el dato del mismo Infonavit, cada año se abandonan alrededor de 80 mil viviendas por no contar con agua suficiente por la lejanía de sus centros de trabajo, por una deficiente calidad de construcción en las dimensiones mínimas de la vivienda y por lo incosteable de los créditos por el actual esquema de financiamiento.

Hoy casi 5 millones de personas tienen un crédito de Infonavit, calculado en veces salario mínimo, lo que implica que su crédito se ha incrementado año con año en vez de disminuir.

El gobierno federal anunció la transición de los créditos calculados en salarios mínimos a pesos y una tasa fija, lo que significa un gran apoyo para esos 5 millones de familias, quienes podrán empezar a amortizar sus créditos y así evitar que su adeudo crezca.

Por ello, para que no sea sólo promesas, hoy presento esta iniciativa que propone las siguientes adecuaciones:

Homologar los plazos máximos de los créditos que otorga el instituto con las instituciones bancarias para que quede como máximo a 20 años.

Disminuir en diez años el plazo para que los trabajadores sean liberados del saldo pendiente de su crédito.

El plazo actual es de 30 años, a partir de la fecha de la contratación del crédito.

Y se propone que sea como máximo a 20 años.

Que los nuevos créditos que otorga el Instituto sean en pesos, a tasas y mensualidades fijas, sin excepciones y no a petición del trabajador como se encuentra actualmente.

Que en los ahorros de los trabajadores de su subcuenta de vivienda, porque ese es su ahorro y de nadie más, y esto sí lo quiero recalcar, en que a la fecha sólo pueden utilizar para garantía ante una situación de desempleo, que ahora al momento que el Infonavit les otorgue un crédito, lo puedan utilizar como parte de su pago inicial para disminuir el total de su adeudo.

Las aportaciones que con posterioridad hagan los patrones a esa subcuenta de vivienda, entonces sí sean una garantía en caso de desempleo y que lo mismo aplique para los casos en que se contrate un cofinanciamiento con una institución bancaria.

Finalmente, quiero destacar que desde el 2012 el Infonavit quedó habilitado para otorgar créditos en pesos, pero convenientemente han propuesto esta medida ya que en el 2015 el Instituto sólo implementó un programa piloto que se desconoce, precisamente, los resultados del mismo.

A finales del pasado 2018, el nuevo titular del Infonavit anunció la reestructuración inicial de 160 mil créditos ante las crecientes deudas de los contratantes, lo que es una clara muestra de un deficiente diseño institucional que tiene pendiente reestructurar casi cinco millones de derechohabientes buscando el beneficio de los trabajadores y no sólo del Instituto, así como fortalecer el mecanismo de protección para su ahorro y evitar el incremento desmedido de su deuda.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Cabeza de Vaca.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

Con una disculpa por haber saltado el turno, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario de Morena, presentará iniciativa que pretende reformar y adicionar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria.

Adelante, Senador García Conejo.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Si el Senador acepta adherirme a su iniciativa.

El Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: El Senador García Conejo quiere adherirse a la propuesta del Senador García Cabeza de Vaca.

La Senadora Salgado, también se adhiere.

Por lo tanto, quedan registradas estas adhesiones, como la de la Senadora Guerrero.

Adelante.

Sonido en el escaño de la Senadora Guerrero.

La Senadora Martha Guerrero Sánchez: (Desde su escaño) Si me permite adherirme a la iniciativa del Senador, en el ánimo de un comentario muy breve.

Me parece de mucha importancia esta iniciativa porque yo creo que el problema va más allá, es muy grave todavía.

Infonavit está entrando en un ambiente de irregularidades porque, efectivamente, por ejemplo, en el Estado de México se han creado unidades en zonas de asentamientos poco confiables y eso ha generado un problema de mucha inestabilidad a muchas familias.

Hay unidades en Infonavit que están ubicadas en cerros donde no hay condiciones de agua, de luz.

Entonces eso es muy delicado y, en verdad, es importante considerar.

Ojalá y lo considere en su iniciativa el poder normar.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Espero que en la comisión queden registrados los comentario de usted.

Se adhiere la Senadora Saldaña, también a la iniciativa del Senador García Cabeza de Vaca.

Gracias, Senadora.

Muchas gracias.

Quedan registradas en el Diario de los Debates sus expresiones.

El Senador Madero.

La Senadora Márquez.

Nadia, por favor.

Muchas gracias.

Minerva Hernández.

Alejandra Noemí Reynoso.

Quedan registradas estas adhesiones.

Gracias a la Senadora Covarrubias, también.

Y ahora sí le concedemos el uso de la palabra a la Senadora Nestora Salgado, agradeciéndole su paciente espera.

La Senadora Nestora Salgado García: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros:

Quiero decirles a ustedes que el tema agrario, sin duda, constituye uno de los flagelos más sentidos para nuestro país, por eso existe una preocupación constante por la protección de los grupos sociales más vulnerables, especialmente cuando se trata de la clase campesina e indígena.

Hoy vemos que el desarrollo productivo del campo ha sido insuficiente para incorporar a millones de mexicanos y mexicanas al desarrollo del país.

El crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza.

Creemos que es hora de revertir ese proceso en beneficio de nuestras mujeres y hombres del campo y de todas y de todos los mexicanos.

Por ello, debemos trabaja para dar solución a los conflictos agrarios y fortalecer el campo.

Queremos un país con certeza jurídica sobre la tenencia, posesión y propiedad de la tierra, donde las y los ciudadanos que habitan en el sector rural gocen de la tierra en forma tal que se genere impulso y estímulos de desarrollo y desaparezcan las condiciones que genera conflictividad agraria y amenazas a la gobernabilidad democrática por el tema de las tierras.

Por esas razones, el señor Senador José Narro y yo, presentamos a esta Asamblea una iniciativa de reforma a la Constitución para que ese incorporen los Tribunales Agrarios al Poder Judicial de la Federación con el objetivo de fortalecer la función jurisdiccional de los Tribunales Agrarios, a fin de continuar con el avance en la especialización de la justicia agraria y hacer efectivo el desarrollo y bienestar del campo mexicano.

Adicionalmente debo mencionar que la integración de los Tribunales Agrarios en el Poder Judicial no afectaría el cumplimiento de sus funciones constitucionales y, en cambio, mejoraría el apego a sus principios rectores, ya que permitirá una mejor administración de la justicia agraria.

La consolidación de esta reforma permitirá dar inicio a las acciones referentes a la implementación, optimización y fortalecimiento de la carrera jurisdiccional, ya que un servicio de justicia de calidad guarda siempre relación directa con la capacidad de satisfacer las necesidades del justiciable, teniendo como sustento principal el respeto a los derechos y el compromiso con una justicia expedita, pronta, con inmediatez, oralidad y accesibilidad que permite materializar los ideales de justicia, seguridad y paz.

Muchísimas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senadora Nestora Salgado García.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, presentará iniciativa con proyecto de decreto que busca adicionar un inciso al artículo 2º, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para desincentivar el uso de popotes de plástico.

Adelante, Senador.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, Presidente.

Hay mucho que hacer respeto al tema del medio ambiente, y un gran debate que tiene que ver con si prohibimos o cobramos impuestos para desincentivar el uso, por ejemplo, del desechable, del hielo seco, de las bolsas de plástico, de los botes de plástico, de las bolsitas de aluminio de las papitas, de la emisión de gas CO2 por la industria, etcétera.

Muchos productos que hoy nos contaminan, que están en los parques, en los ríos, que no se reciclan y que hacen graves daño a la fauna y flora.

Y nos ha tocado algunos estados aventurarnos en prohibir estas malas conductas, y en tribunales nos hemos topado con que a veces las prohibiciones son inconstitucionales por algunos motivos, entre ellos por la libertad de empresa, artículo 5 constitucional, o por la violación a la confianza legítima o seguridad jurídica del empresario.

Por eso en Europa y en Estados Unidos, cuando se prohíbe un desechable, un popote, un plástico, se da un tiempo de gradualidad, comúnmente de tres a cinco años para que, por un lado, las empresas tengan seguridad jurídica de que en tres años esa profesión, esa actividad ya es ilícita; y por otra, para que los ciudadanos empiecen a tener una conducta que desincentive el uso de los desechables.

Por eso, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de prohibir a nivel nacional, como ya lo hicieron en Francia, en Estados Unidos y en cinco estados de la República, como Veracruz, como Baja California, Querétaro y Nuevo León, prohibir el uso de desechables, prohibir el uso de los botes de plástico, prohibir el uso de los popotes, pero sabemos que no puede ser de manera abrupta, por eso estamos proponiendo más de 50 iniciativas en materia de medio ambiente.

Y en este caso me quiero referir al tema de los popotes. El uso de popotes, se estima que cada mexicano utiliza de dos a tres por semana. La mayoría de éstos no son reciclables, terminan en los océanos.

Hay una estimativa de la Conferencia sobre Océanos 2017 que ya un millón de aves y cien mil mamíferos, entre ellas las tortugas marinas, están muriendo por los popotes. Por eso creemos que vale la pena eliminar el popote, que ya no pueda ser fabricado, importado, producido en el país, pero no hacerlo de manera abrupta.

Y en este plazo de tres años, porque queremos eliminar el uso en 2022, sí mandar una señal muy firme al mercado de que usar popote no reciclable les va a costar, le va a costar, y eso es lo que se llama un impuesto inteligente, un impuesto verde, para que aquella empresa que se dedica a fabricar, producir, importar y hacer popotes le va a salir muy caro tener utilidad, porque estamos proponiendo en el artículo 2° de la Ley del IEPS que para todo tipo de enajenación de popote, ya sea recto, espiral, agitador, flexible, tendrá que trasladarse en el precio del valor de diez centavos por popote.

Y ahora sí va a salir igual de caro que el restaurante compre un popote de aguacate que es biodegradable a uno de plástico de PET que tarde cientos de años en biodegradarse o en desintegrarse.

Esto hay que hacerlo con muchos productos.

A mí me da vergüenza que en Monterrey, que somos la ciudad más contaminada de América Latina, la industria está contaminando mucho más de lo que las NOM les permiten y no podemos prohibirles por libre empresa, pero sí podemos cobrarles por cada tonelada de C02 que emiten un impuesto para que les sea más caro contaminar que matar, porque ya son 5 mil muertes al año por esta contaminación.

Hay que hacer lo mismo con el desechable, con la bolsa de plástico, con los botes de plástico, con el PET, polietileno, las bolsas desechables.

Hay mucho que hacer por el medio ambiente en México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senador Samuel García Sepúlveda.

Su iniciativa se turna a la Cámara de Diputados, tratándose de una iniciativa relacionada con el IEPS.

Tiene la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que pretender reformar el artículo 12, fracciones I y III, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en materia de ratificación de magistrados.

Adelante Senadora.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Gracias, Senador Presidente.

Buenas tardeas a todas, a todos ustedes.

Nuestra obligación como Senadores es crear leyes que sean acordes a los tiempos que vivimos y nuestra competencia abarca diversas esferas del ámbito público sin la intromisión a la autonomía de otros poderes como se ha cuestionado o interpretado erróneamente en los últimos tiempos.

Que las normas jurídicas que legislemos atiendan las demandas sociales, sirvan para una administración pública más efectiva, y en este caso que voy a plantearles, para una mejor impartición de justicia.

La iniciativa que pongo a consideración de todos ustedes contempla algunas modificaciones sobre la designación y ratificación de los magistrados de los Tribunales Agrarios.

Hagamos de este país la máxima de Emiliano Zapata: “libertad, justicia y ley”.

Los tribunales agrarios surgen de las demandas y luchas campesinas que dieron lugar a la Revolución Mexicana de 1910, lo que derivó a la Reforma Agraria en años subsecuentes.

Sería precisamente el caudillo Emiliano Zapata quien propuso la instauración de una jurisdicción agraria especial para la impartición de justicia en la materia.

Posteriormente el Presidente Venustiano Carranza emite decreto de ley, el cual contenía disposiciones relativas a la restitución de tierras, montes y aguas a sus propietarios originarios, según lo había previsto el Plan de Ayala.

Sería para 1917 cuando la Constitución Mexicana establece en el artículo 27 constitucional el ámbito de competencia de los tribunales agrarios dotándolos de autonomía, donde además se señala que son de jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a límites y tenencias de terrenos ejidales y comunales.

En 1922 se promulga la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Un año después, para 1993, fueron recibidos más de 16 mil 500 asuntos de su competencia para abatir el rezago agrario de tierras, aguas y bosques.

¿Por qué es importante hacer este recuento histórico?

El pasado 27 de febrero se cumplieron 27 años de la vigencia de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. De tal manera consideramos que es tiempo necesario para revisar los requisitos y duración del encargo de los magistrados agrarios en todo el territorio nacional.

En la actualidad hay 56 tribunales unitarios agrarios, bajo este marco histórico es necesario quitar componendas que lastiman al México agraviado por los excesos del poder.

De acuerdo a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los magistrados del Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios durarán en su encargo seis años, pero al concluir dicho período si fueran ratificados serán inamovibles, lo que en la praxis constituye un mandato vitalicio.

El retiro de los magistrados se produce al cumplir los 75 años o por incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, además la remuneración económica durante su cargo no podrá ser reducida.

En tal sentido, nuestra iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios proponer modificar la duración en el cargo de magistrados de Tribunales Agrarios, entre otras transformaciones relevantes que si me permiten desgloso a continuación.

Para ser magistrados se deben de tener 35 años al día de su designación, como sucede entre los requisitos en otras magistraturas. Con este cambio se homologa la ley respecto a magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.

Otra de las modificaciones consiste en comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria.

La actual legislación, como ustedes saben, es ambigua en ese sentido al no especificar de manera clara ya que actualmente la ley reza: “comprobar una práctica profesional mínima de cinco años” y no específica de manera clara cuál debe de ser la formación académica o el perfil del aspirante.

Otro de los aspectos torales de esta iniciativa consiste en que al concluir el primer período de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario, podrán ser ratificados previa evaluación sí, por el Senado de la República, pero por otro período de seis años; es decir, no serán improrrogables.

Mismo caso será para Magistrados de tribunales agrarios unitarios y de los Magistrados supernumerarios, pero incluso podrán ser propuestos como Magistrados del Tribunal Superior Agrario por seis años. Dicho de otra manera más coloquial, los juzgadores podrán aspirar a otro eslabón jerárquico.

Este 10 de abril se cumplirán 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, a un siglo de su partida aún hay luchas agrarias por reivindicar, aún vigente la frase del héroe de la revolución; “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”.

Hagamos justicia, compañeras y compañeros Senadores, comenzando justamente por los impartidores de justicia.

Muchísimas gracias a todos por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.

Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera.

Y aprovechamos este espacio para brindarle un caluroso aplauso a ciudadanos de Chiapas que nos visitan en este Senado de la República, invitado por el Senador Eduardo Ramírez y nos hicieron la generosidad de presentar, en este Senado, la exposición: “Grandeza de Chiapas”. Coincidimos, Chiapas es grande.

Felicidades y muchas gracias por acompañarnos en el Senado de la República.

(Aplausos)

Tiene la palabra la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario Morena, presenta una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y expide la Ley de Seguridad Informática.

Adelante, Senadora.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Con permiso de la Presidencia.

Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores, hoy tengo el gusto y la satisfacción de estar en esta tribuna frente a ustedes, con la firme convicción de seguir trabajando en pro de las y los mexicanos.

Por ello, hoy quiero hablarles acerca de una propuesta legislativa que tiene como finalidad contrarrestar los delitos cometidos en la red, lo que coloquialmente conocemos como ciberdelitos.

Sin embargo es necesario precisar que si bien en nuestro Código Penal vigente existen nueve artículos referentes a delitos cometidos a través de sistemas informáticos, hoy en día la forma de operar de los delincuentes supera los lineamientos, y es normal, pues la evolución constante de la sociedad y su forma de interactuar a través de las tecnologías de la información y comunicación han llevado a constituir delitos que no han podido ser perseguidos y castigados oportunamente.

Lamentablemente el uso indebido de internet ha propiciado nuevas conductas ilícitas, como es el espionaje en el ciberespacio, el uso indebido o alteración de datos personales en el internet, las últimamente conocidas como pornovenganzas, el chantaje a través de las redes sociales, el fraude cibernético, la venta de fotografías íntimas de mujeres, la trata, la piratería, el acoso sexual o el ciberacoso sin el consentimiento de nadie y para nada, que ante la nula legislación en la materia se ha vuelto compleja la persecución delictiva, que en ocasiones trasciende las barreras territoriales de los estados y hoy se puede cometer delito, estos ilícitos desde diferente localizaciones geográficas, incluso desde otros continentes.

De ahí que la tarea es larga y que se han hecho esfuerzos en la materia, pero no se ha podido avanzar, ya que en el caso mexicano no nos hemos adherido al convenio de Budapest, tratado que busca contrarrestar los ciberdelitos.

Peor aún, hoy en día tenemos huecos legales que vuelven compleja la materia y no es para menos, ya que los modos operandi de bandas dedicadas a estos ciberataques se mofan de autoridades al no existir una legislación que los pueda confrontar cabalmente, lo que incluso deja en vulnerabilidad al Estado mismo frente a nuevas amenazas.

Si bien hoy en día existe un compromiso de impulsar la formación de cibernautas que hagan el buen uso de la tecnología en la que se promueva un civismo digital que ayude a prevenir conductas delincuenciales, como parte de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es necesario que nosotros, como legisladores, también tomemos cartas sobre el asunto y qué mejor que impulsar esta legislación.

En este sentido, aunado a lo anterior, con esta legislación podrían aplicarse, a profundidad estas experiencias, tanto a nivel estatal y en otras dependencias, clave para asegurar que las entidades disponen de capacitación adecuada y puedan colaborar efectivamente entre ellas. Y mejor aún, se podría celebrar convenio de intercambio de experiencias y colaboraciones con otras agencias internacionales en la materia.

Sin duda alguna, las medidas de fomento de la confianza a esta iniciativa, constituyen un reto para todos los estados que han intentado regular el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Para ello, hoy vengo a presentarles la siguiente legislación, no como un mecanismo de control social, sino como la necesidad de regular las conductas antijurídicas que tienen lugar dentro del ciberespacio, a fin de erradicar los que conocemos coloquialmente como ciberdelitos, que hoy nos perjudican más y más a las personas.

Compañeros, dejo en manos de ustedes esta iniciativa de ley, para que en su momento logremos abordarlas con gran responsabilidad.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senadora Trasviña.

Su propuesta se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Adelante, Senadora, un comentario complementario a su iniciativa.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Gracias.

Quiero solicitar, a la Presidencia, que en términos de las disposiciones establecidas en el artículo 181, numeral 2 del Reglamento del Senado, se sirva turnarla también a la Comisión de Seguridad Pública.

Gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, Senadora Trasviña.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; Estudios Legislativa, Primera; y de Seguridad Pública.

Tiene ahora la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Adelante, Senadora.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias.

Con el permiso, Presidente.

Honorable Asamblea, la falta de certeza en los procesos de consulta pública en materia de impacto ambiental, lleva a la conclusión de que hay una evidente afectación a los derechos humanos de los ciudadanos de que participen y sean informados.

La participación ciudadana en esta materia en los actos de decisión de autoridades, que pudieran afectar a los derechos de las personas en lo individual de los pueblos y comunidades indígenas y de la población en general es un principio fundamental elevado a derecho humano por nuestra Constitución Política y por los tratados internacionales suscritos por México.

Por ello, me permito presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que la autoridad lleve a cabo dicha consulta en todos los casos a fin de garantizar un derecho humano.

Si bien la Declaración de Río, pionera en el Concierto Mundial sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así lo señala, otros tratados internacionales ya reconocían el derecho de la participación de las personas y los grupos sociales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos postulados fueron incorporados en 1996 en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer diversos mecanismos e instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios de la Semarnat.

En dichas reformas se incluyó en el artículo 34 de la ley, llevar a cabo procesos de consulta pública en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental para que cualquier persona tuviera la oportunidad de informarse de los proyectos que se pretendieran realizar en sus comunidades y pudieran provocar afectaciones a su entorno, así como garantizar las condiciones para contar con un espacio de expresión en sus preocupaciones y rechazo a dichos proyectos, cundo pudieran generar daños a la salud y a los ecosistemas.

Sin embargo, en dicho artículo se estableció que la Secretaría, a solicitud de personas de la comunidad de que se trate, podría, podría nada más llevar a cabo una consulta pública, y que esta en coordinación con las autoridades locales podría organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicara los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

Es decir, se estableció un proceso de consulta pública de carácter opcional o potestativo en el que dicha dependencia federal tiene la posibilidad de llevar cabo la consulta, pero también tiene la posibilidad de negarse a realizarla. Esta decisión resulta ser discrecional que ni la ley, ni el reglamento establecen los criterios a los que la autoridad deberá sujetarse para autorizar o negar dichas consultas.

Actualmente, aunque cualquier persona cumpla con los requisitos para hacer esta solicitud de consulta, que es un derecho ciudadano hacia la Semarnat, está en libertad dicha dependencia de decidir si la hace o no la hace.

Asimismo, y de acuerdo con la ley, la Semarnat podrá autorizar la consulta pública, pero negar la celebración de la reunión pública de información a la comunidad, lo que es inadmisible tratándose de grandes proyectos que pueden poner en riesgo la salud pública y nuestro medio ambiente. No es raro que se niegue el derecho a la consulta pública porque ya pasó y ya ha pasado.

Habitantes del municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, solicitaron en meses pasados que se realizara esta consulta sobre diversos proyectos turísticos en la comunidad de Cabo Pulmo, para manifestar sus observaciones y preocupaciones en materia de impacto ambiental, pero la delegación federal de la Semarnat determinó que no era procedente.

Aquí se refleja la palabra que les resalté hace rato, que dice: podría. Y entonces en esto se ampara la dependencia.

Emitió autorizaciones, por cierto, de impacto ambiental sin admitir lo que el pueblo quería, que se hicieran las consultas y que se le informara sobre dichos proyectos. Esta discrecionalidad que está en ley nos muestra que la consulta pública en materia de impacto ambiental requiere una reforma con urgencia para que deje de ser una simulación y que se ponga claramente en ley, y que sí, sí se convierta en un derecho ciudadano, como lo marca la Constitución.

Por ello, propongo que en la ley se exprese que la Semarnat, a solicitud de cualquier persona de la comunidad deberá llevar a cabo el proceso de consulta pública, y que en coordinación con las autoridades locales organizará una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra y la actividad de que se trate.

Necesitamos un proceso de consulta pública en materia ambiental que no sea discrecional, sino que sea obligatorio al igual que la reunión pública de información correspondiente.

Vamos a seguir trabajando por nuestro medio ambiente, no tenemos otro planeta a dónde ir, seamos solidarios con estas causas y dejemos en ley lo que en derecho pertenece a los mexicanos, que sean informados y que se les permita opinar.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Senador Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Saldaña.

La intervención, su iniciativa completa se turna a las Comisiones Unidas de Minería; de Desarrollo Regional; y a la Comisión de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción V, del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de fomento a la innovación.

Adelante, Senadora.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Con su venia, señor Presidente.

Buenas tardes, compañeros Senadores.

El día de hoy pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar el artículo 3 constitucional, ello con el objetivo de subsanar una grave omisión, que institucionaliza en nuestro país. El desamparo al desarrollo tecnológico y la innovación.

Compañeros Senadores, este es un tema que no puede ser ajeno a ninguno de nosotros, ya que en México la baja inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico y perspectiva de innovación es una de las características que frenan el desarrollo y la productividad de este país.

Está comprobado que muchos de los problemas económicos y sociales en países latinoamericanos, como la pobreza, el desempleo, la baja calidad en la fuerza laboral y la mala distribución del ingreso tienen su raíz en estructuras económicas de baja intensidad tecnológica.

Este es el momento de conformar una política científica, integral y estable dirigida al máximo aprovechamiento de nuestros recursos naturales y humanos. De una vez por todas legislemos para que en México se utilicen métodos y formas de administración que ocupan las economías modernas.

En este sentido, enfaticemos que una política científica abarca toda la cadena de la investigación, el desarrollo y la invención, esta debe orientarse en primer lugar al desarrollo a largo plazo de un potencial nacional, científico tecnológico.

Y en segunda instancia al empleo más efectivo de dicho potencial para satisfacer las necesidades de desarrollo e innovación.

Desgraciadamente en México existe una política científica deficiente que impide que se den las condiciones necesarias para que la ciencia, la tecnología y, sobre todo, la innovación sean fructíferas para el desarrollo nacional.

Dicho rezago se refleja en la inversión que nuestro país tiene en la materia, pues anualmente se designa al rubro científico y tecnológico un porcentaje que no logra superar desde hace tiempo, el 0.5 % del Producto Interno Bruto, lo cual contrasta tajantemente con la inversión de naciones como República de Corea, que de acuerdo al índice del Banco Mundial en materia de gasto de investigación y desarrollo actualizado, en el 2016 solo se canaliza el 4.24 % de su PIB a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, o como Japón, que invierte el 3.5 %, siguiendo Suecia con el 3.25 %, Austria con el 3.09 %, Alemania con el 2.94 % y Estados Unidos de América, que tiene una inversión del 2.74 % en los rubros mencionados.

Como es de esperarse, las naciones antes mencionadas, cuya inversión en la materia es considerable, además de ser potencias en materia científica y en el desarrollo tecnológico, tienen también la característica de ser naciones que dominan la política económica global.

Por ello, el gobierno mexicano debe considerar en todo momento para su planeación la relación tan estrecha que existe entre la generación de conocimiento científico, desarrollo de tecnología y fomento a la innovación, con su empoderamiento como nación.

Si bien el aumento porcentual que nuestro país debe tener en la inversión en la materia debe ser paulatino, mediante un principio de progresividad que ya han sugerido en esta tribuna mis compañeros de bancada, es también cierto que antes de la inserción de cualquier principio debe quedar muy clara la obligación del Estado de incentivar, fomentar y desarrollar una política científica adecuada que se traduzca en una garantía constitucional para todos los mexicanos.

Debido a lo anterior nos dimos a la tarea de revisar el texto constitucional que, de acuerdo a su jerarquía, en el sistema jurídico mexicano debería contener la obligación del Estado con el respectivo derecho correlativo con el ciudadano en materia científica y tecnológica, sin embargo, observamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos omite, en el artículo 3º, fracción V, el proceso complementario de la investigación, que es la ciencia aplicada, el desarrollo de proyectos tecnológicos con la posibilidad de innovación y solo enuncia su obligación de apoyar la actividad investigativa.

Lo anterior es, sin duda, una falta grave que afecta al sector que pretendemos fortalecer, ya que la política científica es mucho más que una política de investigación y no puede ser examinada aisladamente sin prever el desarrollo de procesos, procedimientos y generación de herramientas, que además de permitir la aplicación del conocimiento genere en determinado caso una mejora en los procesos de aprovechamiento de los recursos disponibles.

(Aplausos)

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, Senadora.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Ya casi termino.

Por lo antes expuesto sugerimos, a través de la presente iniciativa, se subsanen de inmediato las omisiones que contienen el texto de nuestra Carta Magna. Proponemos que se reforme la leyenda del artículo 3º, fracción V, que actualmente señala, textualmente: “el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica para integrar un nuevo precepto que señale que el Estado incentivará una investigación científica, desarrollo tecnológico y fomentará la innovación, para con ello generar mayor precisión conceptual…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, Senadora.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Y dar garantía a los mexicanos que tendrá acceso a una información científica integral, que traduzca en desarrollo nacional y por supuesto en protección a los investigadores y a los tecnólogos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora. Le agradecemos su intervención.

Su iniciativa se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda.

Eso ocurrirá con la iniciativa de la Senadora Balderas Espinoza, del grupo parlamentario de Morena y la iniciativa que escuchamos de la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros recibió el turno a las Comisiones Unidas de Minería, Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos.

Se corrige este turno. La iniciativa presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, que busca reformar el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda. En otras palabras, escuchamos otra cosa.

Ahora tiene la palabra el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de exención de comisiones.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Senador Bermúdez, tiene usted la palabra.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a presentar de nueva cuenta un tema que es de suma importancia para todos los trabajadores mexicanos, pero que resulta un riesgo, lo voy a decir con sus letras, para todas aquellas instituciones financieras y bancarias, ya que uno de los requisitos necesarios de algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, en relación a la contratación de nuevo personal, es abrir una cuenta de nómina en la cual ha de percibir su salario.

Quiero hacer referencia con lo que dicen tres artículos de la Ley Federal del Trabajo y uno de ellos, el 84, nos habla que los pagos deberán hacerse en efectivo al trabajador. El artículo 98 dice también que el trabajador dispondrá libremente del salario que se le haya pagado y el 108 dice que el pago se efectuará en el lugar donde el trabajador preste el servicio.

Eso es lo que dice hoy la Ley Federal de Trabajo.

¿Pero qué está pasando hoy?

Por seguridad, lo entendemos, muchas empresas contratan a instituciones bancarias para poder dispersar la nómina y eso lo vemos muy bien, ¿dónde está el problema? El problema está en que el trabajador cuando quiere hacer disposición, consulta o retiro de su dinero, los bancos le cobran una comisión, lo cual es indebido, porque ese dinero es del trabajador, no de la institución financiera y lo que está sucediendo con los bancos es que se están aprovechando de un contrato que hicieron dos personas: el empleador y el banco, jamás lo hizo el trabajador.

El trabajador lo tiene que hacer y si se ampara a lo que dice la Ley Federal del Trabajo en estos tres artículos, el salario primero tendría que ser pagado en el lugar de trabajo; segundo, tendría que ser en efectivo y tercero, él disponer libremente de ese salario, lo cual no sucede.

Esto le preocupa mucho a las instituciones financieras, sí, claro que sí, imagínense cuántos centavos, si quieren hablarlo así, descuentan por más de cinco consultas en un cajero, de la misma institución, ya les descontaron una lanita y eso, hay que decirlo con sus letras, al final del día es un robo hormiga, porque el trabajador jamás estuvo consciente de eso, el empleador sí le dice al trabajador: “te voy a pagar a través de la institución financiera”.

¿Qué quiero decirles, compañeros?

Que hagamos justicia con el trabajador, con el que menos tiene. Es muy distinto cuando cualquier ciudadano contrata de motu proprio con la institución financiera un crédito hipotecario, uno automotriz, una tarjeta de crédito. Ahí sí el trabajador está haciendo un contrato ya con una institución financiera, en el caso de la nómina no.

Y entonces, ¿hoy qué estamos pidiendo nosotros? Que tendremos que darles certeza a todos aquellos trabajadores.

Déjenme decirles algo muy importante, esta iniciativa, tuve la oportunidad de presentarla a la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, no saben el grado, desgraciadamente la Comisión de Hacienda nunca la dictaminó y es por eso que la vuelvo a presentar aquí en el Senado, porque los compañeros que estuvieron presentes en esa legislatura, aquí está el Senador Madero y algunos que otros, el Senador Ramírez Marín y varios, cuando presenté esta iniciativa, el grado de “lobbying” de las instituciones financieras con los Senadores para que no se dictaminara era impresionante, claro, porque van a perder algo, sí pero que no es de ellos, esa es la gran diferencia, este dinero no es de ellos.

Por eso yo quiero exhortar a todas y a todos ustedes a que en esta presentación también dictaminemos en el sentido en que crean los técnicos especialistas, de cada comisión lo que tienen que hacer, pero hoy tenemos que hacerle justicia a nuestros trabajadores, porque es muy claro lo que dice la Ley Federal del Trabajo en estos tres artículos.

Y segundo, el trabajador jamás pidió que sea una institución financiera quien le pague, es el empleador el que hace el convenio con la institución financiera para pagar, entiendo y así lo dije en un inicio, lo hizo por un tema de seguridad también económica y de seguridad para la empresa y para el trabajador, lo que no es posible es que el banco le siga cobrando por disposición, por consulta y por retiro, ojo, en los cajeros o en las instituciones del mismo banco, entiendo que si hace uso del cajero o retiro en otro banco, pues tendrá que cobrar una comisión, porque su dinero no está en esa cuenta o en ese banco.

Pero en ese sentido, yo sí les pido a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, que reflexionemos bien y que hagamos justicia por los trabajadores, por ellos, que día a día trabajan y que no tienen por qué ellos ser quien pague esas comisiones, que dicho sea de paso, el empleador, llega el momento de convenir con la institución financiera y hay una serie de productos que ya está ofreciendo al empleador y no tiene que ser el trabajador el que pague por todas estas comisiones que no le corresponden a él.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

Compañeras y compañeros, muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIERREZ.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Senador Erandi Bermúdez, se suma a su iniciativa el doctor Navarro.

El Senador Ramírez Marín.

El Senador Cristóbal Arias.

También se suma a su iniciativa, el Senador Menchaca.

El Senador Encinas.

La Senadora Ana Lilia Rivera.

La Senadora Nestora Salgado, se suma a su iniciativa,

La Senadora Marybel Villegas, también.

Lucía Meza.

Américo Villarreal.

La Senadora Martha Guerrero.

La Senadora Rocío Abreu.

El Senador Rubén Rocha.

El Senador Gutiérrez Castorena.

El Senador Obed Maceda.

El Senador Madero.

El Senador Kuri.

La Senadora Lupita Covarrubias.

La Senadora Gloria Sánchez.

Yo también, la de la voz.

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene la palabra el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del Mercado de Valores, en materia de la observancia del procedimiento de oferta pública.

El Senador Jesús Encinas Meneses: Con su permiso, señora Presidenta.

Señoras Senadoras, señores Senadores:

El mercado de valores impulsa aspectos tan relevantes como la democratización del capital, la ampliación de la gama de instrumentos de inversión y la capitalización adecuada de las empresas, por lo que su importancia para la dinámica económica del país es innegable.

Al ser exitoso un mercado de valores pregona en la eficiente movilización del capital, lo cual, sin duda incide de manera positiva del crecimiento económico de las empresas y a su vez de la economía nacional, para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del mercado de valores mexicano y erradicar la volatilidad de los inversionistas es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para los pequeños accionistas.

Es necesario incorporar a la legislación un mecanismo que permita a los accionistas minoritarios ejercer los derechos sustantivos de los cuales son titulares, poniéndolos en igualdad de circunstancias frente a los agentes que se encuentran en posibilidad de cometer abusos en perjuicio de su patrimonio.

La acción colectiva es un instrumento jurídico cuyo principal objeto es brindar protección a los derechos difusos, ya sea individuales o colectivos, colocando a las partes en un plano de igualdad de posiciones ante procedimientos jurisdiccionales.

Una de las virtudes de las acciones colectiva es brindar economía procesal y garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, estas acciones protegen los intereses y derechos que corresponden a una colectividad.

En la actualidad nuestra legislación consagra el ejercicio de las accione colectivas, sólo para dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente.

La acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar a los inversionistas minoritarios en el mercado de valores, toda vez que éstos se encuentran en una clara posición de desventaja, tanto a las emisoras de valores como a sus accionistas de control.

La importancia de garantizar la observancia del procedimiento a la oferta pública no es menor, pues ésta, constituye un fenómeno jurídico-económico que corresponde a la idea de adquirir el control de una sociedad.

Por ello, es indispensable proteger de la manera más amplia posible la transparencia y correcta ejecución del procedimiento, de manera relevante a todos los accionistas dando a conocer las características de la oferta y permitiendo así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar en ella cabalmente en observancia a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Mexicana de Valores.

No obstante ante el incumplimiento de esta obligación, es trascendental que los accionistas minoritarios cuenten con la posibilidad de hacer uso de la acción colectiva para la defensa y protección de sus intereses, como se propone en la presente iniciativa.

Se considera pertinente incorporar la acción colectiva en el ámbito del mercado de valores con la finalidad de proteger los derechos difusos de los accionistas minoritarios representados en la colectividad conformada.

Este instrumento legal de protección a accionistas minoritarios se ha establecido en diversas legislaciones de países como Estado Unidos de América, el Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, Colombia.

Es necesario crear nuevos mecanismos que permitan a los trabajadores mexicanos invertir sus ahorros de manera segura y protegida a fin de prevenir y evitar abusos.

La iniciativa pretende establecer que los accionistas minoritarios que sufran algún daño o perjuicio a causa de una violación a la ley, cometida por accionistas mayoritarios de una emisora de valores, puedan acceder a la justicia para hacer efectivos sus derechos a través de la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con esta adición no sólo se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del mercado de valores, sino que también se permitirá a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores ejercer derechos que, de otra forma, sería quimérico exigir ante los órganos jurisdiccionales.

Por otro lado, es preciso mencionar que la exención del uso de las acciones colectivas al ámbito del mercado de valores provocará un claro beneficio al propio aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal.

Señoras y señores Senadores:

El grupo parlamentario de Morena presenta una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El artículo 578, 581, 585, 587, 588, 591 y 605, así como de la Ley del Mercado de Valores el artículo 103.

Espera el grupo parlamentario de Morena el apoyo de ustedes para todos los ahorradores mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidente María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Jesús Encinas Meneses.

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene la palabra el Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 242, fracción VI del artículo 252, recorriéndose su contenido a la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de aseguramiento de bienes relacionados con operaciones financieras.

El Senador Rubén Rocha Moya: Muchas gracias.

Con su permiso, Senadora Presidenta.

Estimadas Senadoras.

Estimados Senadores:

El nuevo sistema penal acusatorio o adversarial generó muchas, muchas buenas expectativas, primero, porque se trataba de sustituir a un sistema que se abrogaba y que tenía como base de investigación la tortura, la represión, y que, por lo tanto, optar por un sistema garantista, como es el caso de nuestro sistema penal acusatorio, traía, por supuesto, buenas cosas en materia de la persecución del delito.

Sin embargo, a dos años y meses de haberse puesto en vigencia, en operación este nuevo sistema penal, pues recibe muchas críticas, hay quienes, los actores directos, abogados, litigantes, etcétera, demandan reformas, incluso hay quienes demandan la abolición y regresar al viejo sistema.

Y, claro, ningún sistema es perfecto, todos son perfectibles, éste, particularmente que tenemos ahora, requiere de ir viendo al amparo del ejercicio y de la práctica qué cosas tienen que mejorarse.

Entre otras muchas, nosotros hemos localizado en la parte procesal una serie de eficiencias que importa corregir, y lo hicimos en octubre los mismos que ahora presentamos esta iniciativa de reformas al 142, perdón, 242 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los Senadores Mónica Fernández, Imelda Castro, Julio Menchaca, Daniel Gutiérrez, Aníbal Ostoa, Ovidio Peralta.

En aquel entonces planteamos la necesidad de reformar artículos como el 62, el 113, el 131, el 468, etcétera. Hoy seguimos en la misma idea de que hay que perfeccionar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y la reforma que hoy proponemos surge de una consideración muy importante de la Corte.

Primero, digo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos promovieron una acción de inconstitucionalidad sobre varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre ellos la Corte resolvió, esta promoción se hizo en 2014 y el englose de la Corte se publicó apenas el 8 de marzo, resolvió que, en efecto, hay inconstitucionalidad en el 242, el 249, el 303 y el 355.

Sin embargo, el 249, que les leo rápidamente, dice: “en caso de que el producto, los instrumentos u objeto del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público decretará o solicitará”, la expresión “decretará” o, la Suprema Corte la declara inconstitucional, y con la sola ejecutoria se quita, desaparece, no hay necesidad de acción legislativa en este caso porque, ¿esta situación por qué se plantea?

Primero, porque el monto de un delito, el objeto, los instrumentos, se entiende que el Ministerio Público pueda ordenar inmediato su decomiso, pero cuando el 249 dice: “cuando desaparecieron”, entonces te remites a una figura, que se llama valor equivalente en derecho, y ordena al Ministerio Público que le incauten derechos, recursos, así sea el mismo imputado. Y cuando eso ocurre ya no están actuando sobre el monto que puede ser una bolsa de dinero, que puede ser una bicicleta, sino están actuando contra una propiedad que igual puede ser una bolsa de dinero y una bicicleta, pero cuando se actúa contra la propiedad se limita un derecho humano que se llama el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad jurídica personal.

Por eso esto remitió a que todo aquello que tenga que ver con un decomiso o con un embargo precautorio sólo deba autorizarlo una autoridad jurisdiccional: el juez, porque debe fundarlo, debe reflexionarlo y debe ver las circunstancias, y no como estaba aquí que lo haría el Ministerio Público, incluso la policía, pues en eso consiste la reforma.

La Reforma al 242, por qué ya no el 249, porque dijimos que la ejecutoria de la inconstitucionalidad quitó el “decretará o”, es decir, no puede decretarlo, puede el Ministerio Público solicitarlo al juez, no decretarlo.

Y en el artículo 142, que entra su inconstitucionalidad por el caso…

Ya voy a terminar.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias.

El Senador Rubén Rocha Moya: Por el caso de la inconstitucionalidad anterior dice el 242: “aseguramiento de bienes o derechos relaciones con operaciones financieras. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá”. Y ahora dice: “el Ministerio Público o la policía podrá”. Entonces, la reforma es eso, estrictamente eso.

¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a rehabilitar un artículo que es muy importante para perseguir los delitos en operaciones financieras.

Esa es en sí la reforma.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Rubén Rocha.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene la palabra el Senador Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y emocional.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Muy buenas tardes.

Con la venia de la Presidencia, de los vicepresidentes y Secretaria.

Señoras Senadoras y Senadores.

Este es un tema difícil, yo realmente dudaba en presentarlo porque no me siento con la capacidad para ello, pero afortunadamente dentro del pleno del Senado existen muy buenas y buenos médicos que le entienden a esta situación, pero que realmente para nosotros, sobre todo no solamente para México, sino en Coahuila el problema se ha tornado bastante grave, me refiero a los jóvenes primordialmente. O sea, las causas principales en México de la muerte de jóvenes son accidentes automovilísticos y suicidio, ese es el tema fundamental que nos ocupa.

En Coahuila cada semana cuatro coahuilenses se quitan la vida de cada diez personas y de cada diez personas que se suicidan ocho son hombres y todos ellos menores de 44 años. O sea, gente joven que rondan los 20 y tantos años de edad. Esa situación, digo, nada más para darles un ejemplo.

Anteayer, en la Ciudad de Saltillo, se suicidó un joven.

Unos dos tres días antes en Torreón otro.

En Torreón una desgracia todavía mayor de un niño pequeño, un niño de ocho, nueve años se suicida también por problemas de bullying.

O sea, el problema está bastante grave en todo el país.

La vida de un joven comprende un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad puesto que representa el presente y futuro del país.

El cuidado de la vida de cada uno de los jóvenes mexicanos debe ser un elemento prioritario para todos los órganos institucionales y en especial para todos los relacionados con la salud.

El problema del suicidio es uno de los más complejos y difíciles de atender por falta de información que existe en torno al tema.

La conducta suicida, según el Manual MSD, incluye el suicidio y el intento de suicidio. Las ideas de suicidio hacen referencia a la existencia de pensamientos y planes de suicidio.

El suicidio suele ser el resultado de la interacción de muchos factores entre los que se incluye, por supuesto, la más importante la depresión.

Dese 1990 a 2018, en México se suicidaron aproximadamente 104 mil personas; 83 % de ellas fueron hombres; 17 % mujeres. Ahí sí no hay equidad de género, verdad, afortunadamente.

Del porcentaje de hombres el 72 % tenían menos de 44 años.

Y de 62 mil hombres fueron jóvenes de 26 años que se quitaron la vida, o menos.

Les decía que en Coahuila cuatro coahuilenses se quitan la vida prácticamente cada semana.

Estas cifras son alarmantes, ya aumentan cada año, por lo que debemos atender a la reflexión del suicidio atendiendo a sus múltiples factores.

Si se entiende por salud un estado de completo bienestar físico y social, y no sólo la ausencia de afecciones y enfermedades, terminar con una vida deriva de la ausencia de este bienestar mental y social, por lo que la prevención debe realizarse a partir de la reflexión de ambos términos, especialmente el ámbito de la salud mental donde la salud emocional constituye uno de los factores para la prevención y atención de las conductas suicidas.

No voy a leer todo porque está muy largo.

Ya llevo tres minutos y medio.

En los últimos años se ha generado la preocupación por la inteligencia emocional en los seres humanos, la cual…

¿Qué pasó, ya se acabó el tiempo?

¡Qué bárbaro!...

Permite que se desarrolle el conocimiento sobre la importancia del sentir y controlar las emociones, como la alegría, la tristeza, el miedo o el enojo para enfrentar asertivamente los problemas y conflictos que día a día se nos presentan.

La Ley General de Salud maneja, en términos de salud mental, como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera efectiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la sociedad.

Por su parte, la salud emocional es el manejo responsable de los pensamientos, sentimientos y comportamientos, reconociéndoselos, dándonos un nombre, aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan para estar al servicio de los valores.

Si bien la salud emocional se vincula estrechamente con la salud mental, es importante reconocer que la atención y promoción de esta primera, será como resultado de la segunda. Es por ello que esta propuesta pretende la atención y rehabilitación integral de personas que cuentan con algún padecimiento emocional, así como personas con conductas suicidas.

Ya resumiendo, la propuesta es una modificación, es un proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona un numeral 3 al artículo 74 de la Ley General de Salud y el artículo único se modifica la fracción I y se adiciona la fracción II, recorriéndose al siguiente del artículo 74 de la Ley General de Salud.

Para quedar de la siguiente manera: artículo 74. La atención de enfermedades mentales comprende la atención de personas con padecimientos mentales y salud emocional, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

La atención y rehabilitación integral de personas con padecimientos emocionales y personas con conductas suicidas, es lo que se le va a agregar, y organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación integral de enfermos mentales.

Eso es, aquí para los médicos, como el doctor, mi Senador América Villarreal, yo creo que él sí le debe entender más al tema, yo lo que sí veo es que es un problema mucho muy fuerte y en el estado de Coahuila se ha acrecentado cada vez más a tal grado, que les decimos que estamos hablando de cuántos hicimos por semana, cuatro coahuilenses por semana son muchos y la mayor parte de esos cuatro, por no decir que la mitad, suceden en Saltillo.

Allí, aparte del problema emocional, platicando con algunos médicos, dicen que es probable también que a veces los problemas emocionales vienen por la falta de litio en el cerebro y, según esto el agua de ahí de Saltillo, la capital, carece del contenido de litio adecuado y es probable que eso influya también desde el punto de vista físico en el suicidio de muchas personas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Armando Guadiana.

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.

Con esta iniciativa se concluye la segunda ronda de iniciativas y, pasamos a la primera ronda de puntos de acuerdo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Novelo Osuna, del grupo parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo, por el que se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal, gire instrucciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la región de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California.

El Senador Gerardo Novelo Osuna: Con su permiso, señora Presidenta.

Muy buenas tardes a todos, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Es un hecho que, y muy conocido, que el Valle de San Quintín ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, desde hace más de 35 años se han asentado núcleos de migrantes originarios de diversas entidades del sur del país, principalmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Desde entonces, los diversos grupos de connacionales migrantes establecidos en el Valle de San Quintín, en el ejercicio de sus derechos constitucionales a la libre asociación, decidieron conformar la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, A. C., para defender sus derechos económicos, sociales y culturales, así como proteger su patrimonio y el de sus familias.

Al paso de los años, gracias a la mano de obra y al trabajo de los jornaleros, han surgido diversas empresas agroindustriales, tanto nacionales, como internacionales que han detonado un gran desarrollo económico en la región. Desafortunadamente de forma simultánea han venido ocurriendo sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los trabajadores del campo, sin que la autoridad, así como ningún sindicato hiciera algo al respecto.

Actualmente, la región sur del municipio de Ensenada, concentra la mayor, el mayor número de personas en situación de pobreza extrema y marginación del estado de Baja California.

Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que durante más de tres décadas, el Ejecutivo del estado de Baja California y la propia autoridad laboral han sido totalmente omisos ante las violaciones, denuncias, reclamos e incluso recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, sobre la situación y derechos de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

Por lo anterior, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social ha presentado, por medio de mi conducto, una demanda ante esta soberanía con el fin de que atendamos, investiguemos y solucionemos los temas relativos a los problemas sociales que siguen pareciendo los jornaleros agrícolas, obreros, y la población indígena en el estado de Baja California.

Las demandas de los trabajadores agremiados a la alianza consisten en lo siguiente:

Revocación del contrato colectivo firmado por la Confederación de Trabajadores de México, CTM, con la asociación agrícola de Baja California.

2.- Respeto a los derechos de antigüedad.

3.- Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, de todos los jornaleros y sus descendientes desde el primer día de su ingreso a una empresa.

4.- Pago de todas las prestaciones de ley que les corresponda a los trabajadores del campo.

5.- Pago de las horas extras dobles después de las ocho horas de trabajo, y triple después de 10 horas de trabajo.

6.- Cumplimiento y respeto a los derechos de maternidad de las mujeres jornaleras.

7.- Cumplimiento y respeto al derecho de licencia de cinco días de paternidad para los hombres jornaleros.

8.- Cese y castigo al acoso sexual en contra de las mujeres jornaleras, cometidos por los mayordomos, o superiores en las fuentes de trabajo.

9.- Cese y sanción contra las represalias a los trabajadores del campo involucrados en los trabajos organizativos, directa o indirectamente para la defensa de los derechos laborales.

10.- Pago de todas las prestaciones de ley para los trabajadores en los casos del séptimo día y días festivos.

11.- Que el salario mínimo estatal que sea de 300 pesos por día para los jornaleros.

12.- Que se pague 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el 2001 se está pagando a 12 pesos por caja, y que los días domingos y descansos obligatorios se paguen al doble.

13.- Que las cubetas de tomate se paguen a ocho pesos cada una, ya que se pagan a cuatro pesos.

14.- Rechazo y no más al salario compactado.

15.- Servicio de guardería para las mujeres jornaleras, el cual se sigue planteando como máxima prioridad garantizar el bienestar de los menores.

16.- Para el caso de las mujeres jornaleras, reducir de las jornadas de ocho horas a seis horas con salarios igual, en virtud del extremo esfuerzo y desgaste físico en sus labores desatendiendo las labores referentes al cuidado de sus menores de edad.

Como Senador de Baja California me declaro comprometido a seguir promoviendo, como lo hago ahora, el intercambio de alternativas para solucionar los problemas en materia salarial, educación, vivienda, salud, y en general del desarrollo sustentable del sector agrícola del país.

Asimismo, considero indispensable garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los jornaleros agrícolas a nivel nacional, con el fin de consolidar el proceso de rescate del campo mexicano a la luz de la cuarta transformación, lo que implica forzosamente dignificar la vida de miles de familias que radican en la región del Valle de San Quintín, y poner fin a la injusticia social contemporánea.

La Senadora Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, Senador Novelo.

El Senador Gerardo Novelo Osuna: Claro que sí.

Es por eso que el día de hoy ante el Pleno de esta soberanía les pido su apoyo, compañeras y compañeros Senadores, para que en el ejercicio de nuestras funciones exhortemos de la manera más respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la aprobación del presente punto de acuerdo de urgente resolución con el fin de atender las demandas de las y los jornaleros que habitan y laboran en la región de San Quintín, en el Municipio de Ensenada, Baja California.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidente.

(Aplausos)

La Senadora Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Novelo.

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Senadora Trasviña, se adhiere a la propuesta.

También el doctor Navarro.

La Senadora Patricia Mercado.

El Senador Bours, también.

Tome nota la Secretaría, de estas adhesiones, por favor.

¿Quiere hacer uso de la palabra el Senador Novelo? ¿Para qué asunto, Senador?

El Senador Gerardo Novelo Osuna: (Desde su escaño) Es que el tema que presenté ahorita es de urgente resolución.

La Senadora Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Senador, el acuerdo de la mesa es que los temas de urgente resolución no iban a ser tratados en esta sesión, todos se turnan a comisiones.

Gracias, Senador Novelo.

Se les recuerda que los puntos de acuerdo tienen una duración máxima de cinco minutos, y se les invita a los oradores, a los Senadores ajustarse al tiempo máximo previsto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la Sedatu pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, durante el sexenio pasado, señaladas y conocidas como “estafa maestra”.

Tiene el uso de la palabra, Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación advirtió desvíos de cientos de millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Éstos se realizaron mediante convenios para prestación de diversos servicios contratados con universidades públicas estatales, y subcontratados con empresas fantasmas.

Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación mostraron evidencia de malversación de recursos públicos que debían ser investigados por las instancias correspondientes.

Esto fue lo que se conoció como “la estafa maestra”, recursos que estaban destinados originalmente para ampliar la cobertura de programas sociales y servicios en las zonas más rezagadas, esto es, dinero para los pobres de los pobres, que en su mayoría son indígenas; presupuesto para apoyar familias en pobreza alimentaria, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa estelar del sexenio anterior convertido en un fraude mayúsculo.

Las primeras investigaciones de la entonces PGR han apuntado hacia funcionarios de la Sedatu, que supuestamente habían firmado las transferencias y a pesar que dos de ellos denunciaron la falsificación de sus firmas, la PGR los procesó por falsedad y han sido señalados como responsables del delito de uso indebido de funciones, y están vinculados a proceso.

Todas las pistas de la falsificación y elaboración de documentos apócrifos conducen a la Oficialía Mayor de la Sedatu, quien también ocupó el mismo cargo en la Sedesol, sin embargo, sigue impune.

El día de hoy nos enteramos por la prensa nacional –aquí está- que uno de los principales operadores de “la estafa maestra” ha sido exonerado por un Juez, en el caso de la única denuncia por 185 millones de pesos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, que por cierto soy originaria de ese municipio.

Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, se aboquen a esclarecer la ruta del dinero, quién pagó y cómo se pagó.

No es posible que el principal operador financiero no tenga responsabilidades sobre el ejercicio de estos recursos, es escandaloso ensañarse contra dos servidores públicos que no tenían en sus respectivas oficinas recursos para pagar a las universidades tecnológicas los dineros que salieron de la Sedatu.

Es evidente que se está creando, junto con “la estafa maestra”, otra estafa legal y jurídica, para hacernos creer a todos con una cortina de humo que los responsables de esta película de terror son los funcionarios que se atrevieron a denunciar la falsificación de sus firmas.

Para que haya congruencia en el combate a la corrupción es necesario investigar el origen y destino de los recursos malversados por los servidores públicos verdaderamente responsables del daño patrimonial ocasionado por “la estafa maestra”, más de siete mil millones de pesos etiquetados para combatir la pobreza, desviados para otros fines.

Esto es lo que se tiene que investigar, un saqueo millonario iniciado apenas hace un lustro.

Hay que buscar y sancionar a los responsables y que paguen por el fraude cometido. Esto es lo que deben reclamar, porque era dinero para los más pobres de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, y se sabe que el 75 % de la población indígena vive en condiciones de pobreza.

Yo retomo que esto es indispensable para restaurar la percepción que la presente administración realmente pretende combatir la corrupción, porque pareciera que el primer mandatario es benévolo con quienes nos saquearon en los últimos años, pero exigente con los que lo hicieron hace 500 años.

Hoy en la mañana el Presidente dijo lo siguiente: “consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer una disculpa a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos”.

Yo retomo sus palabras y, sin ánimo de confrontación, en el Partido Acción Nacional consideramos que lo procedente es investigar y sancionar a los responsables del desvío de los recursos destinados a reducir el hambre en la población indígena.

Les aseguro que con ello los pueblos indígenas se sentirán menos agraviados.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

Túrnese a la Comisión de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades referentes a la transportación de abejas reina.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Estimados amigos y amigas, Senadores y Senadoras:

¿Qué harían ustedes si conocieran a un inventor que fuera capaz de hacer que la información se transmitiera ya no solo inalámbricamente, sino que se pudiera transmitir en lo que comemos?

Si a través de comer supiéramos, aprendiéramos, nos informáramos, ¿qué clase de inventor sería éste y qué clase de tratamiento le daría la humanidad? Una humanidad que descubrió la comunicación celular en 1973 y fue capaz de comercializarla hasta 1990, y somos una humanidad presuntuosa, soberbia de nuestros logros tecnológicos.

¡Pobres de nosotros!

Las abejas hacen todo esto hace miles de años y lo más importante, hace miles de años trabajan para la humanidad sin que jamás hayan obtenido el menor reconocimiento.

Bueno, nosotros somos el quinto productor de miel en el mundo y somos un país que apenas consume 200 gramos al año per cápita de miel, mientras los europeos consumen más de un kilo. El 80 % de nuestra producción se destina a satisfacer a los exigentes, cada vez más exigentes, mercados europeos. Y eso sí, ellos crecen fuertes, bien alimentados, mientras nosotros, nuestra población de apicultores, que son más de 40 mil familias, el 80 % son pobres.

Hoy, además, afectados por un problema muy serio, la falsificación de la miel, lo cual está causando, además de las plagas y los problemas de clima, el desplome del precio que hoy llega a 25 pesos por kilogramo, lo cual hace inviable la subsistencia de los apicultores.

Hoy ustedes tienen, espero que ya lo tengan, en sus respectivas oficinas, dadas las nuevas disposiciones de la Mesa no pudimos hacerlo aquí en el Pleno, pero espero que todos tengan un poco de miel de Yucatán en sus oficinas y quiero que cuando la prueben se acuerden que estos impresionantes insectos son capaces de producir este alimento que se ha encontrado incluso intacto en sitios arqueológicos, de cientos o miles de años.

Qué animal tan sorprendente, qué insecto tan voluntarioso y hoy lo que les vine a pedir son dos cosas: primero, que en nuestros estados estemos atentos a los problemas de los apicultores, son más importantes que otra clase de productores y sin embargo no reciben la atención suficiente.

Hoy tengo que agradecer aquí que el gobierno federal por fin los haya puesto como recipiendarios de apoyo a los que tengan menos de 200 cajas dentro de los programas de fomento que ha establecido este gobierno.

Pero ahora tenemos que asegurarnos que las reglas se puedan cumplir y que no sean lo apicultores pobres los que se queden con el problema de que ya no alcanzó el presupuesto, porque importantes productores agroindustriales, agro-ganaderos o exitosos empresarios del campo han absorbido la mayoría de esos apoyos.

Asegurémonos de que esos apoyo van a llegar a la población de apicultores de México, y este que les traigo es un pequeño problema, pero muy significativo para todos.

Las abejas reinas son la parte medular del trabajo de la colmenas, los apicultores tienen que trasladar estas abejas para renovar sus reinas en sus colmenas.

De manera muy especial, estos insectos necesitan un abeja reina cada tres años cuando tienen que renovarla por caducidad, por edad, pero es preferible hacerlo lo antes posible. Hoy no lo pueden hacer, el traslado de estos insectos, de estos ejemplares de abejas reinas no está siendo aceptado por las empresas de mensajería.

Por eso la solicitud de apoyo a la Secretaría de Economía y específicamente a la Profeco, no hay ninguna razón técnica, válida para que se le prohíba a los apicultores hacer este tipo de traslados a través de las empresas de mensajería, lo han venido haciendo por años, simplemente hoy parece ser un tema menos rentable.

Amigas y amigos, este es un insecto que merece todo nuestro reconocimiento y los que lo crían, todo nuestro apoyo, nuestro afectuoso apoyo, ya que estamos en la temporada de los perdones, escuchaba yo hace unos momentos, amigas y amigos, inscribamos a las abejas, les debemos muchísimo más desde hace miles de años.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Se turna a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, hasta por cinco minutos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados en hospitales especializados, nacionales y extranjeros.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

Asisto a esta alta tribuna para presentar un punto de acuerdo relativo a un tema de suma importancia, pues en aras de lograr garantizar un mejor futuro, para los niños, niñas y adolescentes que sufren terribles daños mediante quemaduras.

En México, las quemaduras son las causas más frecuentes de atención médicas en las salas de urgencia.

El 18 % de los lesionados hospitalizados no sobrevive, esto debido a la falta de unidades médicas para la atención de quemaduras, la delimitación impuesta por deficiencias en calidad y cantidad de las vías terrestres de comunicación.

Así como la distancia existente entre los centros poblacionales, pero sobre todo por las pocas unidades especializadas en atención.

Las quemaduras son una de las principales causas que generan más muertes en niños en nuestro país.

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF determinó que aproximadamente al año mueren 96 mil niños por quemaduras a causa de fuego, lo que constituye un problema de salud pública.

En el año 2017, se reportaron en el país alrededor de 16 mil 133 casos de quemaduras en menores, 623 casos en menores de un año y 5 mil 336 en menores de entre 1 y 4 años de edad.

Es pertinente precisar que los gastos médicos de un paciente que sufrió quemaduras son muy altos, pues se estima que un paciente quemado necesita para gastos prehospitalarios y hospitalarios alrededor de 30 mil y 500 mil pesos, y esto en caso de severidad leve, pero en caso de severidad mayor, entre 500 mil y hasta 5 millones de pesos.

El resultado de un costo tan elevado en el tratamiento por quemaduras y el hecho de que en la mayoría de los casos, los pacientes sean de ingresos bajos y medianos, conduce a que los gastos sean solventados por el gobierno, asociaciones no gubernamentales y por último, las familias.

En ese sentido, resulta evidente que en muchos de los estados del país no cuentan con un área especializada en el tratamiento de menores con quemaduras, no obstante de que la Secretaría de Salud lanzó el modelo para la prevención de quemaduras en grupos vulnerables en México, no se puede dejar de ocupar atención en dicho problema de salud pública.

Por otro lado, existen fundaciones con capacidades técnicas y humanas en la materia, siendo significativa la Fundación Michou y Mau, para niños quemados, una institución no lucrativa que asiste a niños con quemaduras, canalizándolos por ser el único conducto autorizado en el Hospital Shriners en Galveston, Texas, para que reciban el mejor tratamiento posible, apoyando así a la comunidad médica con capacitación para el manejo del menor, impulsando el desarrollo de unidades avanzadas y servicios actualizados para el tratamiento de niñas y niños que deben tener este control en sus secuelas.

La presente proposición con punto de acuerdo pretende por un lado prever afectaciones a la salud de la población, primordialmente a menores, niñas, niños y adolescentes, y por el otro, que existan las herramientas y los recursos necesarios en el sector para el tratamiento del problema de salud pública expuesto.

Por lo anterior, solicito a esta soberanía que someta a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas, que conforman los Estados Unidos Mexicanos, la creación de un fideicomiso anual para el traslado en caso necesario al hospital Shriners, en Galveston, Texas, así como el fomento de una campaña preventiva en coordinación con la Fundación Michou y Mau, por ser ésta la de mayor especialización y conocimiento en la materia, pues no es poco decir que el tratamiento a este tipo de pacientes, el tiempo de respuesta y atención es la diferencia, la diferencia entre la vida y la muerte de los niños.

Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Castañón Ramírez.

Se turna a la Comisión de Salud.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar las concesiones carreteras.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Muchas gracias, Presidenta.

Con su permiso.

Nuevamente los saludo y me da mucho gusto, compañeros Senadores y Senadoras.

Porque hay que hablar sobre uno de los grandes retos que tiene México, la decadente infraestructura en nuestras vías de comunicación terrestre y la urgencia de corregir esta situación.

Este punto de acuerdo, y todos lo sabemos porque andamos en las carreteras de nuestro país, es un punto de acuerdo que no va relacionado específicamente a la inversión en las carreteras porque nuestra infraestructura en carreteras es ineficiente, anacrónica y, por si fuera poco, parece estar totalmente desatendida.

En la actualidad nuestro sistema de carreteras limita nuestro crecimiento económico y, también hay que decirlo, son inaceptables las altas tarifas que se pagan por el servicio que obtenemos.

Las y los mexicanos estamos pagando caro mientras nuestros caminos y puentes se desgastan, nuestra competitividad como país se desgasta junto con ellos.

Lo que necesitamos es un sistema de infraestructura que promueva, en menor tiempo de viaje, y genere aumento en la movilidad; que evite los congestionamientos y aumente la productividad, no que genere obstáculos a cada par de kilómetros.

No es posible que en Puebla, y quiero referirme a mi estado, se haya incrementado a partir del 1º de febrero un 10 % en las tarifas de las casetas, cuando el estado de las mismas es incorrecto.

Que existen rutas como las que nos llevan al hermosísimo puerto de Acapulco, como la Autopista del Sol, donde el ciudadano tiene que pagar 8 pesos con 50 centavos por kilómetro sin recibir un servicio adecuado.

No pedimos algo imposible, lo que estoy solicitando es que se revisen los contratos de concesiones, en donde los hay, porque no están cumpliendo con los convenios, y si sí lo están haciendo exhortémoslos a que lo hagan mejor.

Por eso quiero decirles que este punto, este exhorto es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise, evalúe y, en su caso, cancele las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano, a fin de garantizar la preservación del interés público.

No hay razón para no hacerlo, no hay razón para negarnos a esta solicitud de verificación y el correcto cumplimiento del servicio de conectividad al cual se comprometieron, cuando se les otorgaron las concesiones.

Es muy fácil, nos toca decidir, en esta soberanía, por la productividad y el bienestar o por la continuidad de los mismos casos que reportamos en todo nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Nancy De la Sierra.

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Tiene la palabra el Senador Enrique Murta Hinojosa, por cinco minutos.

Vamos a continuar con los turnos.

Tiene la palabra el Senador Enrique Murat Hinojosa, por cinco minutos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía informar los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de política energética nacional.

Gracias, Senador Murat.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

México ha sido pionero en relación al cambio climático.

Nosotros firmamos y logramos al Ley de Cambio Climático en el año 2012, tres años antes de que se lograra el gran Acuerdo de París, y creo que debemos de continuar en esa ruta. También la Ley de Transición Energética ha sido muy importante para nuestro país.

El presente punto de acuerdo ese de suma importancia porque el medio ambiente y la política energética están vinculados de manera estrecha, son transversales.

No podemos gozar de un derecho al medio ambiente sano si no contamos con una política energética basada en energías limpias, es así de simple y de sencillo.

Durante las últimas semanas los ciudadanos que están comprometidos con el medio ambiente me han expresado su preocupación ante el aparente cambio de la política energética que se está desarrollando en la presente administración.

Hay mucha incertidumbre, y aun cuando le damos el beneficio de la duda a la nueva Secretaría y ex compañera, la Senadora Rocío Nahle, no podemos y no vamos a dejar de expresarnos.

Estamos preocupados por varias razones, principalmente porque en diciembre de 2018 el Centro Nacional de Control de Energía; Cenace, por sus siglas, informó la suspensión de la siguiente subasta de energía eléctrica de largo plazo, y posteriormente anunció la cancelación de la subastas señaladas, que éstas se reactivarían hasta 2021, señalando que éstas se reactivarían hasta 2021.

Segundo, la Cumbre de la Alianza Energética 2019, organizada entre el gobierno de México y el gobierno alemán para este pasado 19 de marzo, fue cancelada con pocos días de antelación.

Con ello se pierde una valiosa oportunidad de cooperación internacional y diálogo de alto nivel en materia de transición energética para ambos países.

Estamos de acuerdo en lo que dijo la Secretaría el otro día a los medios de comunicación, “que es importante incluir expositores mexicanos en los paneles”; sin embargo, no creemos que esto sea motivo para no transitar de manera coordinada con el gobierno alemán.

Tercero. Sabemos que México tiene que dejar de consumir combustibles fósiles de manera gradual e invertir más en electricidad renovable para poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. A pesar de esto se han mandado señales confusas en torno al carbón, todo esto que sucedió la semana pasada.

La suma de estos tres sucesos ha generado una incertidumbre innecesaria en torno a la política energética actual, pareciera que se está yendo en sentido contrario hacia una política de desarrollo sustentable, pareciera que va en contra del cumplimiento de la ley de transición energética, de la Ley General del Cambio Climático, y sobre todo, del gran Acuerdo de París.

Tenemos que estar listos para la transición energética, no es posible que muchos países nos lleven la delantera, por ejemplo.

Un país como Chile se ha convertido en líder mundial en el uso e inversión de energías renovables, sobre todo en la energía solar, ha implementado políticas públicas para dejar de lado al carbón y han incrementado la inversión en energías limpias.

En Chile se están generando muchos empleos verdes mediante la inversión de energías limpias, hacia allá debemos de aspirar, no podemos quedarnos atrás. México tiene un enorme potencial de energías renovables, nuestro país ha sido bendecido con una ubicación geográfica con la cual recibimos irradiación solar todo el año. Aprovechemos esto, sigamos invirtiendo en energías renovables.

Y qué decir de la ventosa, punto de encuentro de los vientos más atractivos del mundo. De verdad que fuimos bendecidos.

Los más recientes informes económicos muestran la supremacía económica de las energías limpias, los precios de la energía solar y de la energía eólica siguen descendiendo y esto no va a parar, esta tendencia va a continuar, hay estudios que así lo demuestran.

Esta información debemos utilizarla para tomar decisiones de política pública que nos lleven hacia la decisión correcta, no podemos seguir invirtiendo en combustibles fósiles.

No existe un planeta B, no tenemos más que este hogar, esa esfera, el llamado planeta azul.

Este gobierno tiene un mandato de 30 millones de votos y lo respetamos, lo aplaudimos, estamos conscientes de ello, y estamos conscientes de que hay muchas cosas que tienen que cambiar y que el país no puede transitar de la misma manera; sin embargo, ese cambio también consiste en generar una política que vaya dirigida hacia la transición energética.

Debemos de buscar empleos limpios, empleos que generen bienestar, pero al mismo tiempo que también protejan al medio ambiente.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, Senador.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Concluyo, señora Presidenta.

Les pregunto.

¿De qué va a servir tanto progreso si no cuidamos nuestros recursos?

¿Qué va a pasar con nuestros ecosistemas?

¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?

Recuerden que somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Si continuamos invirtiendo en combustibles fósiles pagaremos las consecuencias y gastaremos miles de millones de pesos en este fenómeno para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático; no sólo eso, sino que los más vulnerables son y serán los que más lo padezcan.

Por ello, hago un llamado enérgico a nuestra ex compañera, ahora Secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque sé que sabe escuchar para que se esclarezca esta incertidumbre, para que corrijamos el mundo, se dirija nuestro país hacia las energías limpias y de esta manera estemos a la altura y el reto del siglo XXI.

Sabemos que la Secretaria tiene gran interés en el tema de las energías renovables, pero como todos sabemos a las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que hablan y hablan fuerte.

Y con hechos debemos de demostrar a la población mexicana que el gobierno federal va a cumplir con los compromisos nacionales e internacionales que México ha asumido en materia ambiental, de cambio climático y de energías limpias.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Murat.

Se turna a la Comisión de Energía.

Se recuerda a los señores Senadores que de acuerdo…

¿Sí, Senadora Reynoso?

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

Nada más para manifestar a nuestro compañero Senador en el punto de acuerdo que ha presentado, unirme, apoyarlo y felicitarlo porque sí me parece que es importante y urgente que México tome cartas sobre el asunto y que podamos transitar a una mayor velocidad a energías renovables, a energías limpias y que me permita adherirme a este punto muy importante y que debiera ser de urgente para todos los mexicanos.

Gracias.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Está de acuerdo Senador Murat?

Tome nota la Secretaría de esta adhesión.

La Senadora Cecilia Sánchez.

Lucía Meza.

La Senadora Merced González.

La maestra Ifigenia.

Susana Harp.

Lucía Trasviña.

El Senador García Conejo.

La Senadora Soledad Luévano.

La Senadora Bertha Caraveo.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia.

Sasil De León.

La Senadora Citlalli.

El Senador Eruviel Ávila.

El Senador Víctor Fuentes.

La Senadora Lupita Covarrubias.

Tome nota, por favor, la Secretaría de estas adhesiones.

Se turna a la Comisión de Energía.

Recordamos a los señores Senadores que de acuerdo al Reglamento del Senado, las intervenciones para puntos de acuerdo son de cinco minutos, todo el tiempo que nos excedamos cada uno de los oradores va en detrimento de los compañeros y compañeras Senadores que quieren hacer uso de la palabra, les ruego ajustarnos al tiempo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Muchas gracias.

Buenas tardes.

Creo que faltan unos poquitos de nuestros compañeros, ojalá cada uno de nosotros podamos extender este comentario de este punto de acuerdo que como refiere nuestra compañera en Mesa Directiva es con motivo del secuestro de lo que se presume son migrantes en el estado de Tamaulipas.

Nuestro país, por su situación geográfica, desde luego es un lugar de tránsito internacional de muchas nacionalidades, incluso de países europeos o del continente africano y asiático, es un país maravilloso, pero no debe convertirse en la tumba de miles de migrantes.

A través de los medios de comunicación, nos enteramos, de nueva cuenta, que en el estado de Tamaulipas habían ocurrido el día 7 de marzo, hechos lamentables, hechos que ocurrieron a plena luz del día, donde un comando, un grupo armando interceptó a un autobús de transporte público de pasajeros y al menos se habló de 19 migrantes.

Aunque han pasado casi 10 años desde la tragedia de los 72 migrantes hombres y mujeres en San Fernando, Tamaulipas, de los que hasta el año pasado no se tenía una sentencia condenatoria y solo 11 detenidos, estos hechos parecen no detenerse.

No ha habido una sola sesión donde haya un punto de acuerdo, en el sentido de pedir seguridad; en uso de la voz me presidió la Senadora Xóchitl Gálvez, hablaba de una conducta que tiene que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, pero eso no es menos, porque aquí más allá de una conducta, de una situación o un delito financiero se está hablando de vidas que no se pueden recuperar de ninguna manera.

Lo que es más grave y más trágico, es que la Fiscalía General de la República, hasta donde tenemos conocimiento y otra vez es por los medios, es que declina hacer uso de su facultad de atracción para conocer de estos hechos.

Y lo más grave y terrible es que el gobierno de Tamaulipas no ha definido a pesar de estos años que han rebasado las administraciones, una estrategia clara en materia de seguridad pública o ciudadana o procuración de justicia.

Es por eso que estamos pidiendo este punto de acuerdo, para solicitar a la Fiscalía General de la República remita un informe de estos hechos lamentables o, en su caso, los motivos por los cuales declinó hacer uso de su facultad de atracción.

Asimismo, al gobierno del estado de Tamaulipas para que nos informe sobre las acciones de seguridad y protección que se han implementado a los migrantes en tránsito por ese estado.

Y un tercer punto, donde exhortamos o se solicita que se exhorte al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración para que articulen acciones en favor y protección de las personas migrantes.

Esto afecta no solo a los mexicanos sino, repito, a quienes buscan tal vez una vida mejor y solo encuentran el olvido y una tumba en nuestro país.

Gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Omar Obed Maceda y, sobre todo por el respeto al tiempo.

Se suma el Senador Américo Villarreal.

¿Quiere el uso de la palabra? Sonido por favor en el escaño del Senador Américo Villarreal.

El Senador Américo Villarreal Anaya: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senadora Presidenta.

Nada más para decirle a nuestro compañero Senador Omar Obed Maceda, que este punto ya lo habíamos tratado anteriormente, que me sumo a su solicitud y que el que se había tratado en este mismo sentido se turnó a la Junta de Coordinación Política, en el sentido de crear una Comisión especial legislativa para darle puntual seguimiento a los acontecimientos que lamentablemente están pasando en nuestro estado, pero nos sumamos a su iniciativa.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Américo Villarreal.

No está realmente a discusión este punto de acuerdo.

Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Muchas gracias y se toma nota de lo que usted comenta, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a que coordine, junto con las fiscalías de los estados, la activación de la Alerta Amber.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venía de la Presidencia.

Senadoras y Senadores, mexicanas y mexicanos y colimenses.

La Alerta Amber es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos, quienes se encuentran en riesgo de sufrir daños por motivo de su desaparición.

La Alerta Amber funciona a través de la difusión masiva inmediata, de un formato único de datos con fotografía en todos los medios de comunicación disponibles.

El Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional o, en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, social, civil, medios de comunicación y empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización.

La Alerta Amber motiva a todos los miembros de la sociedad a estar atentos para encontrar al niño o niña desaparecida y, en su caso, al sospechoso del secuestro.

Lamentablemente existen casos en que la Alerta Amber se tarda y dicha demora cobra la vida de las víctimas.

El 28 de enero de 2019, el cuerpo de una menor de 11 años fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Ixtapaluca, tras ocho días de búsqueda por parte de sus familiares, desapareció el sábado 19 de enero cuando salió a buscar a su papá en el Barrio de San Lorenzo Chimalco, desde ese día familiares y amigos iniciaron una búsqueda frenética en la localidad para tratar de localizarla y denunciar los hechos vía redes sociales.

Pese a que los protocolos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense establecen que la Alerta Amber debe emitirse de inmediato, esta se generó 24 horas después.

El 8 de junio de 2017, alrededor de las 17 horas, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando comenzó a llover, el papá de una menor le hizo la parada a una combi para que su hija no se mojara, la menor nunca llegó a casa.

Debido a ello, a las 19 horas del jueves 8 de junio se conformó una célula de búsqueda, fue hasta el viernes 9 de junio, a las 12:20 horas que la Fiscalía estatal emitió la Alerta Amber para localizar a la menor, una hora más tarde el C-4 reportó que se había hallado el cuerpo de la menor.

Esos dos casos son solo una muestra que hace visible la falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber y los efectos que ello pueda tener sobre la integridad de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber ha producido casos en que el retraso en su emisión resulta la pérdida de vida de las víctimas. Esto es algo que no podemos permitirnos como sociedad.

Por ello proponemos el siguiente punto de acuerdo a esta Asamblea.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente de manera más atenta al titular de la Fiscalía General de la República, para que en coordinación con los titulares de las fiscalías de las entidades federativas estandaricen los protocolos de actuación para la emisión inmediata de la Alerta Amber en todo el país.

Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Fiscalía General de la República y a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas, a capacitar a los ministerios públicos y policías en la materia de desaparición de menores con el objetivo de evitar los casos en que dicho mecanismo es activado de forma tardía.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

La Senadora Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Joel Padilla Peña.

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Tiene la palabra la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación para instalar una mesa de trabajo que revise los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas.

La Senadora Nestora Salgado García: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros:

El uso indebido del derecho penal para criminalizar a las personas, atenta contra el papel protagónico que juegan en la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.

El criminalizar por actividades legítimas produce temor, y puede resultar el silenciar sus reclamos y reivindicaciones.

Las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y son muy frecuentemente, el punto de partida de graves y persistentes violaciones a los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos.

Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de acuerdo con las observaciones preliminares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo, México revela que un problema grave es la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura.

No podemos dejar pasar que en nuestro país el uso de la prisión preventiva ha sido excesivo, se han logrado documentar que se pasó del uso de la detención arbitraria como un mecanismo fundamental de la estrategia de control social, aplicada en todo el país.

El uso de este mecanismo como la herramienta fundamental de la estrategia de represión política, por ello la detención arbitraria es utilizado como un mecanismo inmediato para impedir el ejercicio del derecho humano a la protesta.

Dispersas ejecuciones de denuncia política, entre otros.

Por eso, compañeras y compañeros debemos refrendar el ideal de que toda persona que haya sido víctima de una detención ilegal, tiene el derecho a obtener una reparación adecuada incluyendo la liberación en caso de que la privación de la libertad persista.

Por estas razones resulta fundamental adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garanticen los derechos y las libertades, de ahí la importancia de que el Estado mexicano tome medidas para atender y resolver las detenciones arbitrarias, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.

Por tanto, frente a la preocupación expuesta anteriormente, considero que existe una evidente responsabilidad que le asiste al Estado mexicano por casos de injusta privación de la libertad, motivo por el cual vengo a presentarle un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación para que instalen a la brevedad una mesa de trabajo con el objetivo de revisar los expedientes de personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas, así como de aquellas que hayan cometido ciertos tipos de delitos no considerados graves, y que pudieran ser sujetas de un proceso de amnistía o liberación como parte de la política de pacificación y reconciliación nacional.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

La Senadora Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Nestora Salgado.

Se turna a la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no ejercidos en partidas presupuestales, así como ahorros devueltos por el Senado de la República a favor del Programa de Estancias Infantiles.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, Senadora Presidenta.

La conciliación de la vida laboral y familiar es una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres y los hombres en México.

Un problema recurrente es que muchas familias mexicanas en las que ambos cónyuges trabajan fuera de casa y tienen hijos pequeños a su cargo, encontraban una oportunidad en el Programa de Estancias Infantiles.

Y quiero hacer una reflexión el día de hoy.

En la 63 Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer, que se llevó a cabo en la ONU, con ONU Mujeres, hubo una reunión también parlamentaria, organizada por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres.

En dicha sesión se abordaron algunos temas, y quiero mencionar solamente tres de ellos.

¿Cómo reconocer las políticas públicas de protección social sensibles al género? ¿Cómo los parlamentos velan para que la protección social, los servicios públicos y la infraestructura beneficien a las mujeres y las niñas?

¿Cómo pueden los parlamentos influir en la inversión pública en servicios de cuidado infantil en la atención médica y el transporte?

¿Qué responder México ante la ONU a esta reflexión?

¿Decirle que lejos de avanzar, vamos en reversa?

¿Decirle que los programas de cuidado infantil, lejos de fortalecerse, los desaparecen?

¿Qué responderle a la comunidad internacional ante esto?

El rol de las mujeres en el devenir histórico ha cambiado, hoy en día las mujeres no solamente son un pilar importante en las familias, sino en muchos casos se han convertido en el principal sostén de la familia, e incluso en las proveedoras de los hogares, para lo cual tienen que salir a trabajar todos los días, y estar al pendiente de los hijos, con lo cual se vive una transición en el cuidado infantil.

De acuerdo con la UNICEF, en esta transición los niños están pasando de ser cuidados en casa, y con ello pasaban más tiempo en el hogar, a ser cuidados y educados fuera de ella bajo el encargo de un familiar, aunque en muchos de los casos es imposible, o por medio de algún servicio prestado por el Estado, en México que prestaba, pasado, el Estado.

Y en este sentido, el Programa Social de Estancias Infantiles ha significado una gran ayuda para las madres y padres trabajadores, o incluso en aquellas familias donde ambos trabajan, y que no cuentan con seguridad social y hacen uso de este programa.

En el 2012 la ONU entregó al programa, el Segundo Lugar Mundial del Premio en las Naciones Unidas al Servicio Público, cuyo objetivo es promover y galardonar la innovación y la excelencia en el servicio público en apoyo de la realización de los objetivos de desarrollo sustentable en la Agenda 2030.

Y el programa no solamente atendía una necesidad social del cuidado de los hijos, sino que también ofrecía una fuente de empleo para muchas mujeres y hombres.

Y que aquí viene otra reflexión.

¿Cómo queremos fortalecer el empoderamiento de las mujeres si lejos de fortalecer los programas o los eliminamos y los eliminan en el gobierno federal o simplemente reducen su presupuesto?

¿Cómo podemos ir a hablar a otras naciones que en México ya se logró la paridad? Si esto no se ve reflejado en los resultados y en las decisiones.

¿Qué mensaje le mandamos a la comunidad internacional de liderazgo de México en el empoderamiento de las mujeres cuando retrocedemos en las decisiones?

Y el recorte presupuestal de más de dos mil millones de pesos a un programa, como el de Estancias Infantiles, pone en una situación complicada el sostenimiento de muchas familias y el riesgo de la permanencia de sus empleos.

Pudiera ser que del 34% de las mujeres algunas ya hayan iniciado considerar el dejar su empleo para poder hacerse cargo del cuidado de sus hijos.

Repito las preguntas de reflexión con las que inicie:

¿Cómo reconocer las políticas públicas de protección social sensibles al género?

¿Cómo los Parlamentos velan porque la protección social, los servicios públicos y las infraestructuras beneficien a las mujeres y a las niñas?

¿Cómo pueden los Parlamentos influir en la inversión pública en servicios de cuidado infantil en la atención médica o de transporte?

Pues bien, yo les puedo decir cómo podemos influir en este Parlamento:

Primero, como lo he mencionado y que ahora lo presento formalmente en este punto de acuerdo, en este Senado hubo medidas de austeridad cuando inició la Legislatura, tan solo de septiembre a diciembre se tuvo un ahorro de más de 280 millones de pesos, mismos que se devolvieron a la Tesorería de la Federación en enero de este año y los cuales no están etiquetados.

¿Qué tal si este Parlamento les pone una etiqueta?

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, Senadora.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Concluyo, Presidenta.

También, ¿qué tal si consideramos que hubo un incremento del 16 % al presupuesto de la Sedena y que así venía en el proyecto del presupuesto para las tareas que le fueran asignadas por la Guardia Nacional? Y este incremento corresponde a 12 mil 500 millones, nada más que las funciones que se supone tendrían no quedaron legalmente aprobadas, porque estas responsabilidades no le fueron conferidas por el mandato legal.

¿Qué tal si este Parlamento le pide a la Secretaría de Hacienda que pueda transferir, no los 12 mil 500 millones, solamente dos mil millones, para que pueda restituir el presupuesto de las estancias infantiles?

O, por último, doy una última alternativa de lo que sí puede hacer este Parlamento: ¿Qué tal que le pedimos a Hacienda que del impuesto especial -que para eso es especial- de productos y servicios, llámese IEPS, de cualquiera de los rubros, si quieren el de juegos con apuestas y sorteos, que es de dos mil 900 millones o vayamos al IEPS recaudado solo en un mes en el 2019, durante el mes de enero, en el que este IEPS distinto a gasolinas corresponde a 15 mil millones; qué tal que este Parlamento le pide solo el 10%?

Senadora, ¿qué le parece si usted vota y le pide a Hacienda para que las estancias puedan también funcionar en Baja California Sur?

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, Senadora.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Qué les parece si podemos tomar la decisión en este Parlamento? ¿Y qué le parece a este Parlamento si a la Comisión de Hacienda del Senado de la República le asignan un presidente para que pueda sesionar y para que la Comisión de Hacienda pueda dictaminar lo antes posible?

Es cuanto, Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Reynoso.

Sonido en el espacio de la Senadora Lucía Trasviña.

¿Para qué asunto?

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Hizo alusión a mí e insisto en que se conduzcan con verdad en cuanto a estancias infantiles. Que en esta tribuna reconozcan que había cientos de estancias fantasmas y con niños fantasmas.

Únicamente se está haciendo una revaloración para efectivamente evitar la corrupción y que Josefina Vázquez Mota…

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Senadora, el tema no está a debate.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Demuestre los mil millones de pesos que le están cuestionando públicamente de Sedesol.

Gracias.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El tema va a ser turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su debate.

Solicito a la Senadora que me permita adherirme a su punto de acuerdo.

Igualmente el Senador Eruviel Ávila.

Damián Zepeda.

Lupita y Martha Márquez.

Que tome nota por favor la Secretaría de estas adhesiones.

Tiene la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o sustancias químicas, atención médica de manera prioritaria, además de garantizar que los tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos y psicológicos que se requieran se proporcionen de manera gratuita.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, Senadoras, Senadores.

Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva.

Quiero compartirles, compañeras, compañeros, que el día de ayer una comisión plural de Senadoras, de Senadores de los partidos PAN, MC, del Verde, del PRI, recibimos en este Senado de la República, a iniciativa del Senador Raúl Bolaños, a cuatro mujeres valientes, muy valientes, quienes nos compartieron sus historias de lucha y de supervivencia, y me refiero a Esmeralda Millán, a Nirvana Hermosillo, a Carmen Sánchez, a Ana Helena Saldaña, conocida en las redes sociales como “Annie”, a quienes desde esta tribuna les expresamos nuestro cariño y nuestra solidaridad.

Todas ellas tienen algo en común: fueron víctimas de ataques con ácido y han decidido alzar la voz para denunciar esta forma de violencia de género.

Escuchamos por parte de las jóvenes y mujeres ya referidas los relatos de la violencia que han sufrido, así como las secuelas físicas, psicológicas y sociales a las que se han tenido que enfrentar.

Por otra parte, quiero participarles que la semana pasada su servidor, a nombre del grupo parlamentario que represento, el PRI, presenté una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y endurecer las penas en contra de quienes cometan este atroz ilícito.

También es justo reconocer que una Diputada del Partido Verde en el Congreso Local presentó una iniciativa similar, por lo que se refiere a la Ciudad de México, y reconocer también que la sesión pasada el PAN y el Verde presentaron una iniciativa en el mismo sentido y ojalá se puedan sumar más y más iniciativas o se puedan sumar las condiciones a donde se turne este punto de acuerdo y pueda ser apoyado y pueda ser desde luego y formalmente exhortar a la Secretaría de Salud.

Hicimos un compromiso con estas cuatro valientes mujeres de compartirlo con ustedes y de proponer este punto de acuerdo.

Sin duda alguna, una de las manifestaciones más terribles de la violencia de género son los ataques con ácido, es una verdadera cobardía.

Quiero compartirles algunos datos, algunas cifras.

La Asociación Británica, conocida como ASTIC, por sus siglas, ha señalado que anualmente en todo el mundo se registran mil 500 ataques en este sentido, con ácido y lamentablemente de cada diez víctimas, ocho son mujeres, sin embargo, se estima que esta cifra únicamente representa aproximadamente un 40 % de la totalidad de todos los casos, ya que la mayoría no se denuncia por miedo, por temor.

Por ello hicimos el compromiso con nuestras cuatro mujeres valientes a someter a su consideración lo siguiente.

Esta propuesta considera exhortar con respeto, desde luego siempre, al Titular de la Secretaría de Salud a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o químicas, atención médica, de manera prioritaria y urgente.

También solicitamos que se garantice que los tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos, psicológicos que se requieran se proporcionen de manera gratuita en el Centro de Salud u hospital más cercano de las víctimas.

Finalmente, la propuesta contempla que el Titular de la Secretaría de Salud, en coordinación con el IMSS, con el ISSSTE, con las autoridades locales, genere un registro para llevar a cabo un adecuado seguimiento en cada uno de estos casos, el objetivo es atender a estas cuatro víctimas que tenemos muy bien ubicadas y desde luego también el objetivo es apoyar a las que aún no han dado a conocer su caso, pero que sabemos que existen muchos, pero muchos más lamentablemente.

Se trata de un ataque que busca dejar huella indeleble en la dignidad del ser humano, y eso no lo podemos permitir, compañeras, compañeros, frente al dolor que los agresores buscan causar, hoy nos unimos sin colores, lo subrayo, ni partido para dar voz a quienes han sufrido en silencio esta atrocidad.

Yo invito a los diferentes grupos parlamentarios para que en su momento, en el turno a las comisiones, se puedan sumar y podamos castigar más severamente a estos delincuentes y también se pueda concretar este exhorto a la Secretaría de Salud para apoyar a las víctimas.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Eruviel Ávila, le pido que me permita sumarme a su punto de acuerdo.

Gracias.

Se turna a la Comisión de Salud.

Tiene el uso de la palabra el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Con su venia, Senadora Presidenta.

Desde el 2013, se han realizado procesos de compras consolidadas de medicamentos, vacunas y materiales de curación, liderados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con dicho instituto, estos procesos de compra han permitido incrementar y mantener altos niveles de surtimiento de recetas a los derechohabientes.

Asimismo, se señala que esta compra aunada a la optimización de la cadena de suministro, ha favorecido el abasto de medicamentos y demás insumos para la salud de calidad, así como la reducción de costo a través de las nuevas condiciones de abastecimiento.

Se estima que la compra consolidada para atender las necesidades del 2019, será por casi 58 mil millones de pesos para la adquisición de 834 claves de medicamentos, 26 correspondientes a vacunas y 521 de material de curación.

A través del mecanismo de las compras consolidadas se han logrado generar grande ahorros de recursos destinados para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud.

Desde el 2013, año en que inicio el proceso de la compra, se han logrado ahorros del sector salud por casi 17 mil 500 millones de pesos.

La Comisión Coordinadora para la negociación de precios y medicamentos e insumos para la salud, conformadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, economía y salud, y por los organismos descentralizados del Seguro Social e ISSSTE es la instancia del gobierno federal que pueden negociar los precios de medicamentos y demás insumos para la salud contenidos en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, emitido por el Consejo de Salubridad General.

El universo de medicamentos de insumos a negociar, se determinan en función de los requerimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con base a la información otorgadora por el Instituto Mexicano de la propiedad industrial y la protección federal para la protección contra riesgos sanitarios, referente a vigencia de patentes y registros sanitarios, respectivamente.

Derivado de los resultados de las negociaciones se obtiene la contención de precios de medicamentos e insumos para la salud.

Lo anterior a fin de optimizar los recursos invertidos en salud, adquirir productos de calidad con oportunidad a través de acciones transparentes con honradez que satisfagan las necesidades de las diferentes instancias que otorgan el servicio de atención médica a la población mexicana.

Es por todo lo anterior expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo.

El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas competentes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que en conjunto definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de medicamentos y de más insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente y a tiempo, dentro del marco de la ley, garantizando las mejores condiciones para el Estado a que hace referencia el artículo 134 constitucional a fin de evitar el desabasto de estos insumos y medicamentos esenciales en la prestación de los servicios de salud.

Es cuanto, señora Presidenta.

Y si me permite le pediría que este punto de acuerdo se pudiera turnar a la Junta de Coordinación Política, a fin de que se le pudiera dar la atención que merece para que no exista este desabasto de insumos y medicinas en el sector salud.

(Aplausos)

La Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Américo Villarreal.

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación, a que proporcione la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Con su permiso, Presidenta.

El pasado 4 de enero el país comenzó a vivir un desabasto de gasolina que trajo grandes pérdidas económicas, sobre todo en el sector empresarial, lo anterior debido al anuncio que realizó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en fecha 27 de diciembre de 2018.

Las primeras entidades afectas fueron Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, extendiéndose posteriormente la afectación hasta Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México, todo ello a consecuencia del plan contra el robo de hidrocarburos que consistió en el cierre de ductos y un cambio en la forma de distribución de la gasolina.

El 24 de enero, el Presidente de la República anunció, a través de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, que realizó la compra de 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares en una adjudicación directa.

Ahora bien, la norma general que regula todas las compras que el gobierno federal realiza es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta ley contempla tres opciones enunciadas en su artículo 26, mismas que por regla general deben hacerse prioritariamente mediante una licitación pública y en excepción de condiciones específicas y justificadas, por invitación a cuando menos tres personas y, en efecto de los anteriores, por adjudicación directa.

Por lo que al haberse realizado una adjudicación directa de las pipas sólo se puede justificar por alguna de las fracciones de su artículo 41.

Tomando en cuenta las declaraciones hechas por la Oficial Raquel Buenrostro, el 24 de enero del presente, en la audiencia matutina del Presidente de la República, la decisión por adjudicación directa en el caso de compra de pipas se da por caso de fuerza mayor, que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo define como sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que siendo extraños al obligado lo afectan en su esfera jurídica impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación sin que tales hechos les sean imputables directa o indirectamente por culpa y cuya afectación no pueda evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve.

Por lo anterior, es evidente que no es posible alegar un caso fortuito o una fuerza mayor toda vez que el propio Ejecutivo Federal pudo haber prevenido el desabasto en el país a través de una estrategia concreta, con una metodología clara, previa al cierre de los ductos y en la forma de distribución de la gasolina.

Lo anterior pone en evidencia que fue el propio gobierno federal el que a causa del plan contra el robo de combustible y a la falta de previsión de la estrategia de abasto ocasionó daño económico y la emergencia que se alega, lo que excluye como justificación de sus acciones de adjudicación directa, de caso fortuito o fuerza mayor, ya que tales hechos le son imputables directa o indirectamente por culpa, por lo que pudo evitar con los instrumentos que normalmente dispone para evitar el acontecimiento, oponerse a él, resistirlo y evitar, así, la transgresión a la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente punto de:

Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione a esta soberanía copia del informe relativo a los contratos formalizados durante el mes de enero pasado, con copia adjunta del escrito firmado por el titular del área que realizó la adjudicación directa de 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares, así como el dictamen en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones de la adjudicación, mismo que debió presentarse ante el órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de conocer los fundamentos, motivos y criterios que justificaron dicha adquisición.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez, en su carácter de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía la razón por la que consideró el desabasto de gasolina en el país como una urgencia, tomando en cuenta que fue provocado el desabasto a consecuencia de las acciones del Poder Ejecutivo Federal al cerrar el suministro de ductos de Pemex, pudiendo haber previsto esta situación.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobierno Federal informe a esta soberanía la razón por la cual no se realizó la compra mediante licitación de 671 pipas por un costo aproximado de 92 millones de dólares antes de iniciar la estrategia en contra del robo de hidrocarburos.

Cuarta.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que examine la justificación de la adjudicación directa de 671 pipas, a fin de determinar e iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables de la inobservancia del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es cuanto.

Muchas gracias.

La Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Martha Márquez Alvarado.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Eva Galaz Caletti, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en el sistema de educación básica.

La Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti: Con su venia, Presidenta.

Vengo a esta tribuna a presentar una proposición con punto de acuerdo para tratar un tema de gran importancia para la sociedad mexicana, la educación alimentaria.

Ésta forma parte del derecho fundamental a la salud y el Estado debe esforzarse en procurar su incorporación en los planes y programas de estudio del sistema educativo en aras de erradicar la epidemia de obesidad y sus terribles consecuencias, sobre todo en los niños.

La Ley General de Educación señala expresamente, en su artículo 7º, la obligación que tiene el Estado de fomentar la educación en materia de salud alimentaria.

El derecho a la alimentación saludable no sólo tiene que ver con acceso a comida sana y nutritiva, sino con que se nos proporcione información suficiente acerca de los alimentos que consumimos.

Esta educación debe de brindarse desde la más tierna infancia, cuando somos capaces de registrar hábitos que se mantendrán durante el resto de nuestras vidas.

Actualmente, México sufre una epidemia de obesidad, siendo el segundo país con más obesidad en el mundo, de acuerdo a la OCDE.

La principal causa son los malos hábitos en la alimentación. A largo plazo la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

Hoy la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad, y es ahí donde entra la educación alimentaria.

La educación alimentaria y nutricional no es suficiente para lograr la plenitud de conocimientos en nutrición, se logra cuando las personas, grupos y/o comunidades mejoran sus prácticas y comportamientos alimentarios de manera sostenible. Debe tener un enfoque basado en la inclusión de múltiples actividades como sesiones de grupo, campañas, huertos escolares pedagógicos, juegos, entre otros.

Tomando en cuenta los aportes que la implementación de la educación nutricional tendría en el corto y mediano plazo, consideramos necesario realizar una recomendación respetuosa a la Secretaría de Educación Pública para que con base en lo establecido en la fracción IX del artículo 7° de la Ley General de Educación, diseñe planes de estudio enfocados únicamente a la educación nutricional.

En el mismo tenor consideramos necesario recomendar a la misma Secretaría que realice campañas de información que difundan los efectos nocivos de enfermedades como la obesidad o la diabetes, y al mismo tiempo señalen los beneficios de una alimentación saludable.

Estas campañas, dirigidas principalmente a los padres de familia, son el primer paso para generar una mayor conciencia en el tema de la alimentación infantil.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Eugenia Galaz.

Se turna a la Comisión de Educación.

Hay solicitudes para adherirse a la iniciativa.

Todo el grupo parlamentario de Morena.

¿Es correcto?

Tome nota, por favor, la Secretaría de esta adhesión.

Geovanna del Carmen Bañuelos se suma.

Sasil De León.

El grupo parlamentario del PT.

La Senadora Patricia Mercado.

Katia Elizabeth Ávila.

Y el grupo parlamentario del PES.

Muy bien.

Túrnese, por favor, a la Comisión de Educación.

A continuación, la Secretaría dará cuenta de los turnos directos solicitados.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy cuenta.

A petición de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se turna el punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice diversos estudios técnicos para la sub-cuenta de Cobos-Parga-San Francisco; así como trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes.

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se informa que a petición de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

El turno es a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.

Igualmente se informa que a petición del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

El turno es a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

También se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se construya un plan fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos.

El turno es a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, se informa que a petición del Senador Mauricio Kuri González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice diversas acciones ante el elevado índice de accidentes en la autopista México-Querétaro.

El turno es a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Del mismo modo se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe para que informe sobre la posición de México ante la crisis política económica social y humanitaria de la República Bolivariana de Venezuela.

El turno es a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

También se informa que a petición de los Senadores y Senadoras del Partido Acción Nacional se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para expulsar previa audiencia al ciudadano de nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez.

El turno es a la Comisión de Gobernación.

Igualmente se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Energía; de Hacienda y Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, en relación con el incremento en los precios de gasolinas.

El turno es a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De igual forma se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado mexicano respetando a todos los poderes de la unión federales y locales cuidando las formas en sus eventos.

Agradecería su silencio, por favor.

El turno es a la Comisión de Gobernación.

Asimismo, se informa que a petición de la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a comparecer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

El turno es a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

También se informa que a petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Vivienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen a esta soberanía sobre la existencia del Programa “Tu casa” en el estado de San Luis Potosí a través de la financiera Impulsos para el Desarrollo de México, S. A. de C. V. como entidad ejecutora.

El turno es la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Urbano.

Se informa que a petición del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos correspondientes al Programa de Ampliación de Cobertura en todas las entidades federativas en donde se aplica dicho programa.

El turno es a la Comisión de Seguridad Social.

Asimismo, a petición del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se dio turno directo a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Salud a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal.

El turno es a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Esta Presidencia ratifica los turnos de los que ha dado cuenta la Secretaría y se informa que se obsequia la ampliación de turnos solicitada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, respecto al punto de acuerdo, por el que solicita información respecto a la adjudicación de las 671 pipas, que será turnada, sí a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero también a la Comisión Anticorrupción.

Continúe, la Secretaría, con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 28 de marzo, a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión, y muy buenas tardes.

Se levantó la sesión a las 17:18 horas.

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