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Intervención de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez



Sen. Martha Angélica
Tagle Martínez


Sin Grupo
Ciudad de México
Senadora Electa por el Principio de Mayoría Relativa
Senador(a) Suplente del Senador(a): María Alejandra Barrales Magdaleno

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 Oficina 19, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53453129 Ext. 5390

E-mail: martha.tagle@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Miércoles 25 de abril de 2018


Presentar Reservas

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

Alguno de mis compañeros que pasaron a fundamentar a favor del dictamen se sintieron aludidos cuando dije que pasaríamos a la historia, o los que aprueben esta ley por lo menos, como los más grandes chayoteros del país, que no reconocíamos el esfuerzo que implicaba el legislar en materia de propaganda gubernamental.

Pues si ese es el caso échenle ganitas y esfuércense un poco más, porque todavía estamos a tiempo de arreglar o por lo menos dejar decente la “Ley Chayote”.

Y eso se puede lograr si aceptan algunas de las reservas que estamos presentando, reservas que además vienen justamente de las observaciones que presentaron las organizaciones de la sociedad civil, y que, insisto, si de verdad quieren hacer un esfuerzo por cumplir con lo de la Corte, no solamente en tiempo, sino en forma, sería prudente que aceptaran algunas de las reservas.

Debo decir y reconocer, además, que este proyecto de dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados recoge exclusivamente la iniciativa del PRI y Verde, por eso es la “Ley Chayote”, pero aquí en el Senado de la República había al menos siete iniciativas más, y es difícil hacer un nuevo dictamen sobre este; sin embargo, estas reservas van a intentar mejorarlas de acuerdo a los criterios puestos por las organizaciones de la sociedad civil y, particularmente, por lo que les leí hace un momento que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En primer lugar, en el artículo 2, estoy proponiendo hacer una modificación para que la presente ley, la Ley General de Comunicación Social, no se dedique a establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia establece que esta ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 debe de ser para garantizar el derecho a la información, y en ese sentido la modificación consiste en poner: “la presente ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de los artículos 6 y 7 constitucional”.

En el artículo 3°. En el proyecto se establece que son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la ley solamente los poderes públicos, y estamos cometiendo un error, porque no solamente serán los obligados quienes estén poniendo los recursos públicos, sino también quienes los reciben, y por eso estamos proponiendo en esta modificación agregar que son también sujetos obligados para el cumplimiento de esta ley todas aquellas personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos en materia de la presente ley.

Es algo a lo que no deberían de oponerse, eso significa transparencia en los recursos públicos, en el origen y en el destino.

En cuanto al respecto al artículo 4 de la ley, donde vienen todas las definiciones, es ahí donde requerimos hacer mayores modificaciones, porque por una parte se establece en el primer inciso lo que se consideran cuáles son las campañas de comunicación social y establece que aquellas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno, o estimulan acciones de la ciudadanía.

Las organizaciones de la sociedad civil y la Corte han dicho que no podemos hacer leyes tan dispersas, tan abiertas sin especificar exactamente lo que significa, y por eso la propuesta es.

Campaña de comunicación social son aquellas que difunden el quehacer gubernamental, se eliminan “acciones o logros de gobierno” y que son de interés y utilidad pública, así viene en la resolución de la Corte.

También se define en el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Social, la Estrategia Anual de Comunicación Social como un instrumento de planeación que expresa los temas gubernamentales prioritarios.

Les proponemos que la Estrategia Anual de Comunicación sea un instrumento de planeación donde se establecen objetivos, metas y estrategias que a través de la implementación de indicadores de desempeño permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos y difundidos durante el ejercicio fiscal.

Si de verdad estamos buscando hacer una ley que regule todo el proceso en el cual se van a destinar recursos públicos, necesitamos establecer también mecanismos de evaluación.

También define en este artículo 4 que se consideran medios de comunicación.

Y en el proyecto se establece que son los que pueden ser captados simultáneamente por una gran cantidad de individuos y se entenderán como tales a los medios electrónicos, medios impresos, medios complementarios, medios digitales y medios públicos.

Estamos proponiendo la modificación para que se definan como medios de comunicación a la persona física o moral, incluyendo agencias de comunicación e intermediarios que prestan servicios de radiodifusión, servicios de televisión o audio restringidos, o que de manera impresa o electrónica difunden masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que operan con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

Esta es una definición además reconocida internacionalmente de lo que significan medios de comunicación.

Por otra parte, en el artículo 5 de la ley se habla del tema fundamental, o por lo menos uno de los más importantes temas que han originado la necesidad de ir hasta la Corte que tiene que ver con el control del gasto público en materia de propaganda gubernamental.

Ya se ha dicho hasta el cansancio que gran parte del problema tiene que ver con esos 39 mil millones de pesos, que hasta la fecha el Gobierno Federal ha invertido, y que simple y sencillamente parece dinero tirado a la basura, dinero de los ciudadanos, porque se usan de manera discrecional los recursos públicos en materia de propaganda gubernamental.

Y es en el artículo 5 de esta ley donde se establece, justamente, cómo se debe de controlar.

Y a diferencia de lo que los compañeros se han empeñado en venir a decir y defender que se establecen criterios para la transparencia y para el control del gasto, en el artículo 5 no existe tal control.

Por eso, nuevamente, si de verdad quieren hacer una Ley que no sea Chayote, modifiquemos este artículo 5.

La propuesta es, que en el artículo 5 diga: “En el ejercicio del gasto público, en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores, entre otras cosas, criterios de calidad e idoneidad”.

Y además, en lugar de poner: “La institucionalidad en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social, cambiarlo por lo que dice la resolución de la Corte: “Interés y utilidad pública”. O sea, los recursos se van a dirigir con criterios de interés y utilidad pública, los contenidos deben tener como propósito informar de manera oportuna con información verificable, inteligible, relevante e integral, respetando en todo momento el carácter institucional con mención expresa del organismo promotor, tal cual lo dice la resolución de la Corte.

En el artículo 6, se habla: “De serán aplicables de manera supletoria. Los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión”.

De verdad que los que propusieron esta iniciativa no saben, yo creo que ni ellos entenderían qué es desarrollo a la libertad de expresión.

Lo que se tiene que garantizar no es el desarrollo a la libertad de expresión, es el derecho de expresión o la libertad de expresión, en todo caso.

Entonces, por lo menos como errata, ojalá y aceptaran esta modificación.

Luego, en el artículo 7, dice: “Esta ley es aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos que sea transmitida en territorio nacional o extranjero”.

Y quitamos, la propuesta es quitar, por eso además está en el 134 constitucional, que no será aplicable esta ley en los casos de aquellas disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban aplicarse o difundirse por mandato legal.

Por otra parte, en el artículo 8, establece ¿En qué consisten las campañas de comunicación social?

Y aquí, este también es otro tema fundamental. Las campañas de comunicación social del Gobierno, no solamente el Federal, sino los locales, pueden ser todo o nada; pueden difundir cualquier propaganda, incluso a cualquier servidor público, sin ningún control.

Y aquí se pone en el proyecto, que una campaña de comunicación social tiene como fin promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras.

La propuesta es: que en lugar de decir eso: “Las campañas de comunicación social deban ser de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social como lo dice la resolución de la Corte”.

Por otra parte, se habla de que también las campañas de comunicación, en el inciso 8, deberán comunicar programas y actuaciones públicas.

La propuesta es: “Que se comunicarán acciones sustantivas que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas de conformidad con las atribuciones que le señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que le es aplicable”.

Luego, en el artículo 9, además de lo previsto en el artículo 21 de esta ley, no se podrán difundir campañas de comunicación social cuyos contenidos, y dice el inciso 1, tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.

La propuesta aquí es poner exactamente lo que dice el artículo 134 constitucional para que la comunicación social, que reciba recursos públicos y sea a través de propaganda gubernamental, no se sea utilizada para promover ningún funcionario público.

En esta misma, en el artículo 9, en el inciso 3 dice: “Inciten de forma directa o indirecta a la violencia o a comportamientos contrarios a los ordenamientos jurídicos”.

La propuesta es: “Que inciten, no se podrán destinar recursos a campañas que inciten, de forma directo o indirecta, a la violencia, la discriminación, el odio o cualquier comportamiento contrario a los ordenamientos jurídicos”.

En el artículo 14, se habla del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer.

En este caso, la propuesta es: “Que se deberán de atender a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 constitucional”.

Por otra parte, bueno, todavía me faltan algunos, artículo 18: “Los entes públicos federales podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, y en el proyecto dice: siempre y cuando hayan solicitado los tiempos oficiales y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.

Es decir, si yo quiero hacer una campaña al mediodía, y en ese momento no hay disponibilidad, se le está dando el proyecto la posibilidad de contratar, entonces, tiempo, propaganda gubernamental en ese tiempo.

Y en realidad, lo que se tiene que poner es: “Que solamente se podrán contratar tiempos comerciales, siempre y cuando se hayan agotado los tiempos oficiales”.

En el artículo 29, una vez autorizada la estrategia y programa anual conforme al artículo 25, y de acuerdo a las vigencias establecidas en el mismo, las dependencias y las entidades deberán presentar ante la Secretaría Administradora la solicitud de autorización por campaña registrada en el programa.

Y aquí la propuesta es: “Que los medios de comunicación, deberán establecer los medios de comunicación a utilizar el objeto y la población objetiva”. O sea, no se puede hacer de manera discrecional, tiene que justificarse por qué en ese medio y cuál es la población objetivo.

Sabemos que hay diferentes medios, tanto electrónicos, impresos, de radiodifusión llegan a diferentes poblaciones. Entonces, tiene que quedar justificado hacia dónde va.

Y finalmente, en el artículo 35 del proyecto, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente ley, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Como les leí, en la resolución de la Corte dice: “Que no puede ser la misma Secretaría de Gobernación la que esté responsabilizada de hacer este Padrón Nacional de Medios, como se llama acá.

A la fecha había un acuerdo en el cual se regulaba a través de la Secretaría de Gobernación, y la Corte dice claramente, que eso no puede ser, porque no puede quedar al arbitrio de la Secretaría de Gobernación hacer esta lista.

Entonces, la propuesta es, en el artículo 35 poner: “El ingreso al Padrón Nacional de Medios debe realizarse de manera flexible y gratuita para los medios, garantizando el pluralismo de estos”.

Queda prohibida la contratación de medios que no estén debidamente registrados en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

La información contenida en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación será de máxima publicidad, transparencia, acceso, información y rendición de cuentas.

Así pues, con estas reservas, no tendríamos la ley en materia de propaganda gubernamental ideal, que hubiésemos querido, pero le quitaríamos algunos de los defectos que tiene la “Ley Chayote”.

Si de verdad quieren hacer un esfuerzo es momento de hacerlo, y les pido que voten a favor de estas reservas.

Es cuanto.