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Intervención de la Senadora María de los Dolores Padierna Luna



Sen. María de los Dolores
Padierna Luna


Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Emma del Pilar Ferrer del Rio

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 Oficina 4, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3545, 5196

E-mail: dolorespadiernaluna@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 10 de marzo de 2015


Voto Particular

DICTAMEN A DISCUSIÓN
De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras; Senadores:

Estamos en esta sesión para tomar una de las decisiones más trascendentes en la historia reciente. Con nuestro voto podemos premiar o sancionar la impunidad en la reiterada violación de los derechos humanos, la tortura y los abusos de autoridad; la ineficiencia en el ejercicio de la procuración de justicia; premiar o sancionar a uno de los inventores de la guerra contra el narcotráfico, que la propia actual administración ha calificado como estrategia fallida, pero que, además, dejó hecho un baño de sangre a nuestro país.

Organizó los operativos militarizados, los cateos sin orden judicial, los retenes, la gravísima desaparición forzada de personas, las macabras cifras de muertos, decapitados, incinerados, que creció exponencialmente durante su gestión. Fabricó culpables con testigos protegidos, convirtió vastas zonas del país en verdaderas zonas de guerra, destruyó la institucionalidad del CISEN, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría, adelgazó la soberanía nacional y cometió reiteradas faltas a la Ley y a la Constitución permitiendo la entrada ilegal de armas a nuestro país.

Todo lo que digo está plenamente documentado en los documentos que están a la vista, documentos oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros más.

Contrario a lo que pudieran ustedes suponer, he pedido la palabra para compartir con ustedes datos, resoluciones, sentencias, memorándums y documentos oficiales y públicos, en los que hemos basado nuestro voto particular en contra de que se nombre a Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por muchos argumentos. Déjenme decir algunos:

El artículo 95 constitucional, en su fracción IV, exige, subrayo, exige el requisito ineludible para ser nombrado Ministro de la Suprema Corte, el tener buena reputación y no haber lastimado la buena fama del servicio público. La buena reputación no es un concepto subjetivo o arbitrario, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado la buena reputación como un bien objetivo, que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza social, requisito que no reúne el señor Medina Mora.

Más de 50 mil personas en 8 días, que están sus titulares aquí presentes, suscribieron una petición al Senado para evitar que Medina Mora sea nombrado Ministro.

La Academia ha sido crítica respecto al perfil, su falta de profesionalismo e imparcialidad. Plumas prestigiadas de nuestro país, diversos medios de comunicación, han descrito razones de peso para que Medina Mora no forme parte del Máximo Tribunal justamente por carecer de este requisito constitucional, de gozar de buena reputación.

Otros requisitos constitucionales están descritos en el último párrafo del artículo 95 constitucional, y en los cuales no debe haber ninguna duda de su cumplimiento, que es su honorabilidad, haber servido con eficacia, con capacidad, competencia y profesionalismo; es decir, que para poder ocupar el cargo de tal envergadura, los candidatos deben contar con una trayectoria intachable, no es el caso del señor Medina Mora, que ha sido sentenciado y resultado responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, comisión de faltas graves a la ley y a la Constitución.

Algo fundamental, confesado por él mismo, es que no es buen abogado. Según el cable de WikiLeaks, 09/México/2759 de la Embajada de Estados Unidos en México, Eduardo Medina Mora habló con el Embajador Carlos Pascual sobre su sucesor, Arturo Chávez Chávez, y esto fue lo que dijo, y abro comillas: “Él es un buen abogado, yo no. Soy un servidor público que salió de la inteligencia, él traerá la capacidad jurídica que yo no tenía”.

Medina Mora se describe a sí mismo, como mal abogado y falto de capacidad jurídica ante el entonces Embajador de Estados Unidos en México, tan sólo por eso no debiera ser nombrado Ministro.

De la revisión de la trayectoria del señor Eduardo Medina Mora en el servicio público, se desprenden muchos casos que han puesto en cuestionamiento su honorabilidad, su competencia, su capacidad y su profesionalismo, y es un candidato que no reúne los requisitos de idoneidad para ocupar el honroso cargo de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubica la gestión de Medina Moral al frente de la PGR como la que más recomendaciones recibió por parte del organismo.

En su cargo como Secretario de Seguridad Pública sucedieron varios hechos relevantes, que fueron calificados por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, como de graves violaciones a las garantías fundamentales.

Solo por citar algunos: La represión brutal contra los pobladores en San Salvador Atenco; la irrupción violenta de la Policía Federal en la Mina de Sicartsa; la intervención policiaca y la represión contra los integrantes de la APPO; la Operación “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de armas ilegales a nuestro país; el encarcelamiento injusto e ilegal que por más de tres años sufrieron las indígenas Teresa, Alberta y Jacinta; las agresiones y persecución al Padre Solalinde; el secuestro y tortura a la periodista Lydia Cacho; el operativo del “Michoacanazo”; el ejercicio indebido de la función pública en el caso de la Mina de Pasta de Conchos; el uso y abuso de los testigos protegidos; los juicios paralelos, mediáticos, para presionar a jueces y magistrados; el uso faccioso de las instituciones para perseguir a los adversarios políticos; y una larga lista de casos donde Medina Mora es responsabilizado por faltas a la ley.

Aquí describiré algunos con más detalle: En el caso de San Salvador Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí está el documento, en la investigación de los hechos por violaciones graves a las garantías individuales No. 3/2006, en la página 546 señala: “que en este operativo hubo detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles contra la población que sólo defendía sus tierras”; además señala en la página 542: “que la fuerza pública se utilizó en forma ilegítima, innecesaria, desproporcionada, que los policías se condujeron en forma ineficiente, improfesional e irrespetuosa de la dignidad humana de los detenidos”.

Y en esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia, en la página 73 dice: “Que Eduardo Medina Mora participó en una reunión de preparación de este operativo la noche anterior, que estuvo de las 19:30 horas a las 23:00 horas en el inmueble ubicado en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, del barrio de San Pedro, municipio de Texcoco, Estado de México, es decir, que fue Eduardo Medina Mora el que preparó, organizó y dirigió este operativo que violó flagrantemente los derechos humanos, donde murieron dos jóvenes y quedaron presas decenas de personas.

En las páginas 545 y 546 de esta sentencia, la Suprema Corte señala que la responsabilidad de los hechos recae, sí a los imputables, por acción directa a quienes las realizaron; y por omisión a los comandantes y sus superiores, y determina que el entonces Secretario de Seguridad Pública, hoy candidato a la Corte, intervino en estos hechos, así lo sentencia en las páginas 546 y 547.

Más claramente, en la página 548, la Corte declara la ilicitud cometida por los mandos superiores a lo largo del dictamen se señala la responsabilidad del Secretario de Seguridad Pública como titular.

De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación que aquí tengo, la 38/2006, señala que cometieron diversos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, tratos crueles, degradantes e inhumanos, allanamientos de morada, retenciones ilegales, violación a la libertad sexual y actos de tortura, léanse muchas páginas, incluso nada más las conclusiones que vienen en la página 1,657 y 1,658, ahí se dice todo lo que he dicho.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos va directo, extiende la recomendación al Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y ordena que se inicien y resuelvan los procedimientos de responsabilidad administrativa y que se inicie la averiguación previa por ilícitos penales.

En la página 58 especifica que no sólo se sancione a los policías, ya que las prácticas abusivas contra la población fueron cometidas bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores, en los que incluye al propio titular de la dependencia federal de seguridad pública.

El hoy candidato a Ministro rechazó la recomendación y dijo que “metía las manos al fuego por los elementos de la PFP”, por lo que la Comisión de Derechos Humanos aduce que la actitud asumida por las autoridades es contraria a la verdad histórica de los hechos, es decir, que mintió.

Hoy, este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el pasado 14 de marzo de 2014, en una audiencia pública celebrada en Washington, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, reconoció que se violaron los derechos humanos, se comprometió a reparar el daño y pidió perdón a nombre del Estado mexicano, ante la Corte Interamericana, y este mismo gobierno de Enrique Peña Nieto, que pidió perdón, pone como Ministro al propio responsable de los hechos.

Qué contradictorio, qué desafiante, qué indignante es que además de haber quedado en total impunidad, ahora se le quiera premiar con uno de los máximos cargos.

Qué va a hacer la Corte cuando la Comisión Interamericana sentencie por haber preparado el operativo la noche del 3 de mayo, y concluya su responsabilidad de graves violaciones a los derechos fundamentales, a uno de los propios integrantes de la Corte, si ustedes lo votan.

En el otro programa, dejar las armas caminar, cuando fue Procurador General de la República, Medina Mora tuvo conocimiento de que la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos, estaba desarrollando el programa “Gunrunner”, dejar las armas caminar, que consistía en permitir el ingreso ilegal de armas de grueso calibre a México, para posteriormente ser rastreadas, pretendiendo con ello ubicar células del narcotráfico.

En el documento oficial que aquí tenemos, elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, titulado “Una Revisión de la Operación Rápido y Furioso de la ATF y asuntos relacionados”, señala con toda claridad que en el año 2007, con el entonces Procurador General de la República, el señor Medina Mora, se sostuvieron diversas reuniones para informar de estas acciones encubiertas.

En la página 50 de este documento, del apartado de los intentos de coordinar con México la aplicación del programa entre abril y junio del 2007, se refiere a que los agentes de la ATF en México, sostuvieron comunicación en la propia oficina del Procurador General de la República, donde se les requirió para una mejor colaboración y poder intervenir en el rastro de las armas.

Los agentes de la ATF señalan que al día siguiente de la reunión, en la oficina del Procurador, entregaron la información a la AFI.

El entonces Procurador Medina Mora sí tuvo conocimiento de la entrada ilegal de armas a México, incluso colaboró, desde su oficina, con estos programas a todas luces ilegales e inconstitucionales.

Hay una serie de oficios aquí, memorándums, que se titulan “Reunión de la Fiscal General con el Fiscal General de México, Medina Mora”, donde se plantea al titular de la PGR integrar el equipo para asistir a las acciones del programa “Gunrunner”.

Medina Mora tuvo conocimiento de las acciones, tuvo intercambio de información, incluso instruyó a personal de la AFI para que acudiera a la capacitación y se ocupara del rastreo para introducir las armas en forma ilegal e inconstitucional a nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores: Ustedes han escuchado referirme al desempeño del señor Medina Mora como servidor público con algunos adjetivos tales como: omiso, negligente, actúo de manera ilegal, actúo faltando a los principios constitucionales, que en múltiples ocasiones faltó a la verdad e incluso haber vulnerado nuestra soberanía nacional, pero no son adjetivos míos, sino extraídos textualmente de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de documentos del Departamento de Justicia estadounidense, y muchos otros más que están a la vista.

Les pido un voto de conciencia, que estudien y analicen este voto particular, muy documentado, que reflexionen sobre la alta responsabilidad de nombrar a alguien responsable de los hechos ominosos que han quedado en total impunidad y quieren premiarlo nombrándolo en la Corte.

Eso es otro agravio a la Nación.

Es un hecho que indigna profundamente, les pido que escuchen a la sociedad que intensamente nos ha pedido, al Senado, que no hagamos Ministro a Medina Mora.

Me faltaron muchos datos, pido una segunda intervención.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para tomar algunas medidas en cuanto a la operación del Canal del Congreso, ya que durante la intervención de la Senadora Dolores Padierna se cayó la señal del Canal, tanto en la señal restringida como en streaming.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No se le escucha, Senador, con claridad.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Creo que se cayó la señal, ha de ser coincidencia, dijeron que por las manchas solares, de la señal del Canal del Congreso, y se cayó el streaming; ya se restableció.

Yo solicitaría que se hiciera un llamado a la gente del Canal para que haga un esfuerzo técnico y en ningún momento se distraiga la atención a este debate.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Lo que acaba de decir el Senador Encinas, de que el Canal del Congreso no transmitió mi intervención el día de hoy, lo mismo hizo en la Comisión de Justicia cuando sesionó para dictaminar, ahí tuvimos más tiempo, analizamos con más calma los documentos y no fue transmitida por el Canal del Congreso.

Pido, señor Presidente, que se ordene que mi intervención, que fue grabada, se ponga tal cual en el Canal del Congreso.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se dirija al Canal del Congreso, para que por escrito responda la razón por la cual, si así ocurrió, no se transmitió la intervención de la Senadora Dolores Padierna, y que ponga seguimiento a partir de este momento para que no vuelva a ocurrir, en caso de haber ocurrido.

¿Le parece que sea el trámite?

Ya di la orden, Senadora, para que se pida por escrito la explicación, en caso de haber ocurrido, y que a partir de este momento Servicios Parlamentarios dé seguimiento para que no ocurra en el tiempo en que se desahogue la sesión.

Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Parece que no podemos pecar de ingenuidad, que en asuntos que de repente crean mucha expectativa, ocurran ese tipo de hechos.

Me parece que, además de lo que usted acaba de ordenar, también es necesario que se determinen quiénes o quién, y en función de qué, y comprobar debidamente, tomaron la decisión de quitar intervenciones sobre este asunto que es fundamental para la Nación.

De tal manera, que le solicito, además, que se acompañe con las medidas administrativas para perseguir a quienes, en el supuesto, en la presunción, de que hayan cometido una falta, siguiendo los intereses, no los genuinos de una discusión parlamentaria que tiene que ser inscrita,¡ íntegra, como todos los debates, en el Canal del Congreso y que, por supuesto, no podemos permitir.

Yo le pido que, además, acompañe su ordenanza con la determinación de la eventual sanción a quienes pudieron haber perpetrado estos hechos, tanto hoy como el día de la sesión de la Comisión de Justicia.