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Intervención del Senador José Alejandro Peña Villa



Sen. José Alejandro
Peña Villa


Movimiento Regeneración Nacional
Lista Nacional
Senador Electo por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Senador(a) Suplente del Senador(a): Gabriel García Hernández

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 Oficina 30, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 5816, 5398

E-mail: alejandro.pena@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 04 de diciembre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El Senador José Alejandro Peña Villa: Buenas tardes Senadoras y Senadores.

Con la venia de nuestra Presidenta.

Vengo a exponer una iniciativa a nombre de nuestro coordinador, Ricardo Monreal, y a nombre propio que obedece a temas principalmente de derechos humanos, ya que en diferentes oficinas de Consulado se les han negado el derecho a personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Es un tema importante el respeto a los derechos humanos como personas, como individuos.

En meses anteriores ha sido revelados casos en los que algunos funcionarios públicos que prestan sus servicios en las representaciones de México en el exterior se han negado a aceptar con el argumento de no tener facultades expresas la solicitud de connacionales que viven fuera del país que desean contraer matrimonio con personas de su mismo sexo.

De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, las autoridades consulares están facultadas para fungir como jueces del Registro Civil y, por tanto, tienen la atribución de levantar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como de expedir la copia certificada correspondiente.

Conforme lo establece la ley, el registro de matrimonio en las oficinas consulares procede únicamente cuando ambos contrayentes son mexicanos.

En términos administrativos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la anterior administración, prevé o preveía una serie de requisitos para llevar a cabo la celebración del matrimonio.

Para el caso de las parejas del mismo sexo, a pesar de los fallos judiciales a su favor, la Secretaría de Relaciones Exteriores, insisto, de la administración anterior, tenía criterios violatorios a sus derechos humanos, tal como lo ponen en evidencia algunas leyendas que se utilizaban, y a la nota lo digo: “la representación aún no cuenta con facultades para realizar matrimonios entre mexicanos del mismo sexo”.

A partir de tales criterios las autoridades consulares de la anterior administración negaron las solicitudes de matrimonios a parejas del mismo sexo, algunas veces de modo explícito y otras al momento de procesarlas.

Con base en información dada a conocer por organismos a través de personas como “Greene Reig”, director del programa de derechos de LGBT de la Organización Internacional Human Rights Watch, en mayo de este año una pareja de ciudadanos mexicanos solicitó casarse en el Consulado de México en Nueva York, petición que le fue rechazada bajo el argumento que el actual Código Civil Federal no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, razón por la que la pareja obviamente decidió presentar un amparo.

Apenas el 19 de octubre de este año, el Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia en su favor, reconociendo por primera vez de manera específica el derecho de las parejas mexicanas del mismo sexo a contraer matrimonio vía consular.

Aunque la sentencia no ha sido publicada, Human Rights dio a conocer que para sustentar el sentido de ésta, la autoridad judicial argumentó que el Consulado había violado el artículo 1° de la Constitución General de la República al basar su negativa en una interpretación discriminatoria del artículo 98 del Código Civil, el cual fija la edad mínima para el matrimonio de un hombre y una mujer.

Según la organización, la autoridad judicial concluye que las autoridades deberían acoger a esta decisión que es congruente con las obligaciones de México conforme al decreto internacional y sus propios compromisos asumidos con los derechos de las personas que integran la comunidad LGBTI.

Hay diversos casos y temas ya que han dado la razón para que en base al derecho de estas personas, de estos compañeros, de personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, pero ya el tiempo lo tengo encima, vamos a hacerlo muy concreto al final.

En concreto, la negativa de no aceptar la solicitud de ciudadanos y ciudadanas mexicanos que viven fuera del país y desean contraer matrimonio con personas de su mismo sexo les impide el acceso a diversos beneficios en el vínculo matrimonial que imposibilita al tiempo que deriva la violación de los siguientes derechos.

Derecho a la dignidad.

Derecho a la autodeterminación de las personas.

Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Derecho a la identidad de género.

Derecho a la libre opción sexual.

Derecho a la no discriminación por motivo de género y preferencia sexual.

Derecho a contraer matrimonio.

Derecho a formar una familia.

En Morena estamos convencidos y comprometidos de la agenda de los derechos humanos, tenemos un rumbo distinto y tenemos una política incluyente.

Por ello, esta iniciativa propone que en el ejercicio de sus funciones como jueces del Registro Civil, los jefes de oficinas consulares deberán autorizar y expedir actas de matrimonio, independientemente del sexo de las personas contrayentes.

Establecer de manera expresa la obligación de que la autoridad consular al fungir como juez del Registro Civil observe los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

A efecto de dar cumplimiento con tales disposiciones, el régimen transitorio señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá hacer las adecuaciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones correspondan en los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Es cuanto, señora Presidenta.