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Intervención del Senador Casimiro Méndez Ortiz



Sen. Casimiro
Méndez Ortiz


Movimiento Regeneración Nacional
Lista Nacional
Senador Electo por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Roberto Pantoja Arzola

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 18, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3284

E-mail: casimiro.mendez@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 06 de noviembre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su venia, compañero Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Parece que somos sordos a los lamentos de nuestra tierra y ciegos a los problemas de nuestra casa común.

Parece que no nos hemos dado cuenta que cuidar nuestro ambiente debe ser una prioridad, es esta tierra la primer herencia que hemos de otorgar a nuestros hijos y debería preocuparnos las condiciones en que vamos a entregarla porque hablar de la tierra es hablar de futuro.

Yo vengo de una región purépecha en donde hemos aprendido a convivir de manera armónica con el medio ambiente.

Michoacán es la tierra que nos alimenta, no sólo a nosotros que vivimos del campo, también a nuestros consumidores nacionales e internacionales.

Los michoacanos amamos la tierra y vamos a hacer uso de todo en cuanto esté en nuestras manos para protegerla, por ello que procuro mantenerme pendiente de todo lo relacionado con el derecho al medio ambiente sano para nuestros pueblos y para nuestras comunidades.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo y  protección a un grupo de pobladores de la comunidad de Bacanuchi, pueblo del municipio de Arizpe en el estado de Sonora, en contra de la construcción de una presa de jales mineros, aprobada por las autoridades federales encargadas de la preservación del medio ambiente, atentando de forma evidente su derecho a ser consultados y a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudiera afectar al medio ambiente de su comunidad.

Los antecedentes de esta acción son los siguientes:

El 6 de agosto del 2014 ocurrió un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi a causa de la operación de las instalaciones mineras de la compañía Buenavista de Cobre, S.A. de C.V.

Ante tal acontecimiento los habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora sobre la coloración inusual del río Bacanuchi, razón por la cual la Comisión Nacional del Agua procedió a realizar una visita técnica en el lugar del incidente, quien elaboró un dictamen técnico.

Este estudio reflejó la existencia de diversos contaminantes, tales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro y plomo, cuyos niveles se encontraron al margen de las normas ecológicas de salud y del estado de calidad del río antes del derrame.

De dicho informe se concluyó que el derrame provocado por la compañía minera ocasionó la alteración del ecosistema por contaminación de los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora.

Dos años después, el 25 de febrero del 2016, los pobladores de Bacanuchi se enteraron de la construcción de una nueva presa de jales mineros por parte de la misma compañía por la que controvirtieron en la sede constitucional la omisión de ser consultados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales previamente a la autorización de su construcción.

La misma Secretaría justificó su omisión bajo el argumento de que actuó conforme al procedimiento contemplado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para efecto de autorizar la realización de la obra, pues tal normativa actualmente exime a la Secretaría de consultar a nuestros pueblos y comunidades en general, cuando únicamente se requería la presentación de un informe preventivo para la realización de obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico.

Es importante señalar que existen más de 77 conflictos generados por la ausencia de consulta a nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, también hay al menos 33 juicios de amparo relacionados con megaproyectos que implican por lo general negocios privados.

Sólo para ejemplificar la presente iniciativa que ayudaría a comunidades como la compuesta por los habitantes de Santa Cruz, Jilotepec o Xochimilco de la Comunidad de Santa Cruz, Ayotuxco municipio de Huixquilucan, cuya adscripción indígena no ha sido reconocida tanto por las autoridades administrativas como por las jurisdiccionales, utilizando la ausencia de este reconocimiento como justificante para no someter a consulta la construcción de un club icónico y la Autopista Toluca-Naucalpan, respectivamente.

En este marco es que se propone modificar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a consultar a nuestros pueblos y comunidades con independencia de su autoadscripción indígena respecto de la autorización de obras o actividades productivas que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano, tanto en el caso de que para su realización se requiera una manifestación de impacto ambiental como aquellos casos en los que pueda existir una Norma Oficial Mexicana que sólo sea requerida por la presentación de un informe preventivo.

Al alba de los cambios que se avecinan en nuestro país presentamos esta modificación en virtud de que es momento de nuestros pueblos, es momento de la consulta, es momento de preguntarles a nuestros pueblos, a nuestras comunidades qué rumbo y qué camino quieren construir.

Ya para finalizar he de comentar que la intención de esta modificación busca que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba llevar a cabo una consulta pública sin que sea necesaria su solicitud por miembros de la comunidad en la que se realice el proyecto, sino por cualquier persona perteneciente a otra comunidad que pueda verse afectada por su desarrollo.

Compañeras y compañeros:

La dignidad de nuestras comunidades no tiene precio, nuestras tierras y nuestro futuro no está a la venta.

Dicho lo anterior agradezco su tiempo y atención.

Es cuanto, compañero Presidente.

Muchas gracias.