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Intervención de la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano



Sen. Elvia Marcela
Mora Arellano


Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro Social
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente:

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 29, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3597

E-mail: marcela.mora@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 29 de octubre de 2019


Fundamentar el Dictamen

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Con el permiso de la Mesa.

Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy ponemos a consideración de este Pleno, a nombre de quienes integramos la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, tres dictámenes mediante los cuales se establecen mecanismos jurídicos de protección para tres grupos vulnerados históricamente: los adultos mayores, las personas con discapacidad y las niñas y niños, en especial aquellos que viven en los centros penitenciarios bajo el cuidado de sus padres y madres.

El análisis de los asuntos a los que corresponde este dictamen se ha realizado considerando los principios de universalidad, progresividad e interdependencia, que han sido consagrados por la Constitución.

Desde esta perspectiva, quienes formamos parte de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social buscamos que se reconozca a las personas que encarnan estos colectivos como sujetos de derecho que requieren del Estado los medios para que en su particular situación de vulnerabilidad puedan desarrollarse con plenitud, con autonomía y con libertad.

Sólo en la medida que nuestras leyes y nuestras decisiones como legisladoras y legisladores consideren este enfoque de derechos, la sociedad mexicana superará el paternalismo y el clientelismo que tanto daño ha hecho al facilitar la reproducción de las desigualdades.

Para hacer más operativa esta presentación, me permitiré presentar en una sola intervención los tres dictámenes que esta Comisión, en coordinación con la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, ponemos a consideración de las y los presentes.

El primer dictamen de la Comisión de Desarrollo y Bienestar se resuelve sobre una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal.

El objetivo de esta iniciativa presentada en 2015 es establecer la obligación ciudadana de denunciar el abandono cometido contra las personas adultas mayores e incorporarlo en el Código Penal Federal.

En este sentido, se ha tenido en cuenta que las personas adultas mayores son vulnerables por efecto de las actitudes sociales y legitimación cultural del maltrato que se pueda cometer contra ellos y ellas.

En este sentido, corresponde al Estado disponer lo necesario para que los adultos mayores sean protegidos de una de las formas más oprobiosas de maltrato que es el abandono. Por ello, se debe apelar a la solidaridad social y comunitaria para que quienes incurran en esta acción sean denunciados ante las autoridades competentes.

El Código Penal Federal, por otro lado, únicamente considera hasta el día de hoy que el abandono es un crimen que se comete contra los infantes que no pueden valerse por sí mismos y contra los enfermos.

Consideramos que la perspectiva desde la que se elaboró en su momento el artículo 335 de este Código ha sido ya rebasada.

Si se incorpora el enfoque de derechos el abandono es un crimen que potencialmente puede ser cometido contra toda aquella persona que tenga derecho a recibir alimentos de manera que a propósito de la iniciativa se decidió extender la definición de abandono para proteger no sólo a las personas adultas mayores, sino a los niños y niñas en lo general y a las personas con discapacidad cuya condición les impide valerse por sí mismas.

El segundo dictamen corresponde a una minuta proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de accesibilidad. Esta minuta fue remitida por la Cámara de Diputados en 2016 y fue turnada a nuestra comisión como parte del paquete de asuntos pendientes de trámite.

Este proyecto tiene su origen en una iniciativa que pretendía promover la accesibilidad de las tecnologías para las personas adultas mayores tanto en lo que refiere a la comunicación e información como a la prioridad en la asignación de asientos en servicios y transportes públicos.

Coincidimos con la Colegisladora en que el derecho a la información plural y oportuna y al uso de las nuevas tecnologías de la información debe ser garantizado para todas las personas.

En este sentido, el dictamen al que me refiero ahora dispone la inclusión de la accesibilidad como uno de los principios de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que el Estado considere el diseño de las políticas públicas para este sector los medios necesarios para facilitar el acceso y uso de las nuevas tecnologías en esta etapa del ciclo vital, quedadas las características de la revolución informática actual ha sido ampliamente relegada a los beneficios que ella ha traído a una parte de la población.

Entre estos medios se establece en el dictamen que los servicios de educación pública deben incluir programas de capacitación para que las personas adultas mayores puedan familiarizarse y hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

El tercer dictamen se refiere a una minuta proyecto de decreto por el que se modifica el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4° de la Ley de Asistencia Social.

Esta minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados en 2016 y tiene su origen en una iniciativa que busca proteger los derechos de niñas y niños, hijos de madres y padres reclusos a los que se propone incluir como un grupo con derecho a la asistencia social.

Gracias al trabajo de muchas personas en la sociedad civil se ha hecho visible que niños y niñas que permanecen en centros penitenciarios bajo el cuidado de sus madres y padres, siempre amparado por resolución judicial, viven en condiciones que son inapropiadas y de vulneración generalizada de sus derechos.

Con este dictamen se incorpora una disposición a la Ley de Asistencia Social mediante la cual las instituciones públicas y privadas de asistencia social están habilitadas legalmente para coordinarse con el sistema penitenciario nacional a fin de apoyar y proteger los derechos de las niñas y niños que viven en sus instalaciones.

En este sentido es importante señalar que la minuta establecía un criterio discriminante, pues sólo se pretendía beneficiar a hijos e hijas de madres reclusas bajo el prejuicio de que la crianza es un trabajo eminentemente femenino y que, por lo tanto, atenta contra el interés superior de la niñez que se resuelva la permanencia de las niñas y niños al cuidado de su padre o tutor en un centro penitenciario.

Consideramos que es un error elevar a nivel de ley este principio de discriminación, siendo que el interés superior de la niñez es un criterio que se construye en la situación particular de cada niño y niña o cada grupo de niños y niñas que por tanto corresponde a las autoridades del sistema de impartición de justicia valorar las circunstancias concretas para determinar en cada caso si es conveniente o no para el bien del niño o la niña permanecer con su padre o madre en un centro penitenciario.

De hecho, los argumentos de la proponente y el dictamen refieren a un estudio que revelan la existencia de un número de niños y niñas que ya se encontraban bajo el cuidado de hombres en centros penitenciarios al momento de la investigación.

En este sentido presentamos ante ustedes un dictamen con modificaciones a la minuta pidiendo su apoyo para que avancemos en el reconocimiento de este grupo de niños y niñas como sujetos de pleno derecho y al mismo tiempo demos un paso adelante en la desfeminización de los trabajos de crianza en las leyes mexicanas.

Estos son los dictámenes para los cuales pedimos hoy su apoyo que de antemano agradecemos las y los que formamos parte de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

Es cuanto, señora Presidenta.