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Intervención de la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila



Sen. Olga María del Carmen
Sánchez Cordero Dávila


Movimiento Regeneración Nacional
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Jesusa Rodríguez Ramírez

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 21, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3309

E-mail: olga.sanchezcordero@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 27 de noviembre de 2018


Presentación de Informe

Iniciativas

De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Senadora Olga María Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias, señora Presidenta.

Muy buenas tardes a todas y a todos.

Precisamente mi licencia está con efectos a partir del jueves que entra porque quería yo presentar estas dos iniciativas de reforma tanto a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como una adición al artículo 73 de nuestra Constitución.

Honorable Cámara de Senadores:

Muy buenas tardes a todas y a todos.

El combate a la corrupción es, sin duda, la prioridad para el gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero no con una visión de venganza contra los adversarios, sino como una política de justicia social apegada estrictamente al marco constitucional.

En el año de 2015 el poder constituyente modificó nuestra carta fundamental para crear un nuevo paradigma en materia de combate a la corrupción, estableciendo el Sistema Nacional Anticorrupción.

Parte de dichas modificaciones facultaron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con ellas, pudiendo determinar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Para tales fines el Tribunal debe funcionar a través de una Sala Superior compuesta de 16 Magistrados que sesionarán en pleno o en secciones, una de las que corresponderá a la resolución de los procedimientos sancionatorios y de fincamiento de responsabilidades derivadas de actos de corrupción.

Esto significa que la única instancia competente para imponer sanciones por falta graves de corrupción tanto a servidores públicos como a particulares lo es la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, cuando en la Legislatura pasada expusieron las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ajustarla a la Reforma Anticorrupción, además de regular la competencia de la Tercera Sala Superior se crearon salas regionales especializadas en materia de responsabilidades administrativas, cuya competencia territorial estará determinada por el Pleno de la Sala Superior.

Como se puede apreciar en mi consideración, la creación de estas salas regionales especializadas tiene un sustento legal no constitucional. El mandato constitucional es el de crear la Sala Anticorrupción dentro de la estructura de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador está consciente en que completar las estructuras del Sistema Nacional Anticorrupción es una prioridad.

Concretamente nombra a los Magistrados que asumirán la alta responsabilidad de sancionar a quienes incurran en responsabilidades graves o incurran en actos de corrupción es un asunto de Estado que no debe esperar más, todo nombramiento debe hacerse en pleno respeto a marco constitucional ni más ni menos. Y para que este Senado pueda cumplir con sus funciones de participación en la designación de los Magistrados, en nuestra opinión debe corregirse el marco legal.

La Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá crear las diversas salas administrativas regionales a través de acuerdos generales, según las necesidades del servicio. En este sentido, las reformas que propongo en la iniciativa que someto a su consideración tienen por objeto.

1.- Señalar que la Sala Superior del Tribunal se integrará por 16 Magistrados de lo que, además del Presidente del Tribunal, dos ejercerán funciones jurisdiccionales y que cualquiera de los Magistrados de dicha Sala podrá presidir el Tribunal.

2.- Prever que su Sección Tercera se integrará por tres Magistrados que será la competente para sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados, fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

3.- Derogar diversas normas que hacen referencia u otorgan facultades jurisdiccionales a las salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa.

4.- Reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para hacer acorde el contenido de sus preceptos con los que se reforman la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Yo esperaría que este Senado reflexione sobre el mandato constitucional y tenga a bien aprobar esta iniciativa.

Señoras y señores Senadores:

Rectificar y alinear con la Constitución a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa es un acto de responsabilidad legislativa, en especial para contar con los tres Magistrados que habrán de completar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Las mexicanas y los mexicanos reclaman un país donde se combata la corrupción y la impunidad, pero sobre todo que en México prevalezca un Estado de derecho.

Muchas gracias.

Realmente la situación aquí es que mientras la necesidad de servicio no requieran de las Salas Regionales, está la posibilidad de que la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa las pudiera crear en tanto las necesidades del servicio así lo requiriera, pero tenemos que dar cumplimiento a la Constitución y, por lo tanto, la Sala prevista en la Constitución por supuesto será los nombramientos conforme al procedimiento constitucional que tenemos ahorita consagrado.

Muchas gracias.

No sé si pueda yo de una vez presentar la otra iniciativa, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, por favor.

La Senadora Olga María Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. Con la venia.

Compañeras y compañeros Senadores:

Al ser la seguridad y la certeza de los actos notariales uno de los pilares del Sistema Jurídico Mexicano, la fe pública es una institución fundamenta para la sociedad y el Estado. La función notarial está presente en la formalización de diversos hechos y actos jurídicos relacionados con el patrimonio y la vida de millones de mexicanos.

La presente iniciativa busca la profesionalización de los fedatarios públicos mediante una selección rigurosa y transparente en donde las capacidades y aptitudes sean los atributos que conformen al notariado mexicano. Todo ello con la participación adecuada de los gobiernos locales y los propios colegios de notarios para que bajo los principios de acceso y desempeño de la función se incorporen en todos los ordenamientos locales.

Dada su importancia social y jurídica, el notariado mexicano debe llevar las condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado, autónomo, independiente y libre, garantizando la certidumbre jurídica en la solemnidad de los instrumentos notariales en beneficio de la sociedad mexicana.

La iniciativa que someto a esta Honorable Asamblea dará facultad constitucional al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases para armonizar y homologar la organización y funcionamiento de la función notarial en todas las entidades federativas.

En este sentido, la reforma que someto a su consideración tiene por objeto.

1.- Uniformar las normas que regulen al notariado.

2.- Establecer a nivel nacional un medio de acceso único a la función notarial a través de rigurosos exámenes de oposición.

3.- Mandar en la legislación secundaria que se incluya aspectos como la designación y número de notarías, así como la regulación de los elementos  notariales como el sello de autorización, el protocolo, su reproducción y certificación, entre otros.

Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero reiterar que esta iniciativa no pretende sustituir  ni mucho menos absorber las facultades que sobre el notariado tienen las entidades federativas, por el contrario, la redacción planteada permite la expedición de un sustento jurídico que establezca las bases generales, bajo las cuales las entidades federativas regularán de manera homologada específicos temas  de actividad y el medio de acceso a la función notarial.

Respetuosos de la soberanía y de autonomía de los estados y Ciudad de México, las entidades federativas, conservando a su favor las facultades con las que actualmente gozan en materia  de notariado, únicamente deberán ajustar sus respectivas leyes  conforme a lo ordenado por la Ley General.

Con esta iniciativa, estamos dando cumplimiento al compromiso que nuestro Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en el estado de Guerrero el 17 de mayo del año en curso, para la profesionalización del notariado mexicano en la Convención Nacional de los Colegios de Notarios del país.

Pido su apoyo a esta medida legislativa  que sin duda alguna contribuirá a que la fe pública del Estado mexicano esté en las mejores condiciones para el futuro de nuestro país con los mejores profesionales en el tema. 

Muchas gracias.