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Intervención del Senador Dante Delgado

Intervencion del día Jueves 22 de noviembre de 2018


Presentar Reservas

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, Presidenta Fernández Balboa.

Una disculpa a todas y todos los compañeros por el tono de la voz, pero no puedo estar fuera de este recinto en el debate de la reforma a esta ley sustantiva.

En primer lugar, soy de opinión que el gobierno tiene no sólo el derecho, sino el deber de reorganizar la administración pública para poner orden en el funcionamiento de las instituciones y cumplir sus compromisos con los mexicanos.

Como legisladores, como mexicanos, queremos que le vaya bien a México en el próximo gobierno, pero no creemos que una reforma hecha para concentrar el poder, para invadir otras esferas de gobierno y para reestructurar modelos de control político de los medianos del siglo pasado, le sirvan a México.

Este proyecto de reforma representa la puesta en marcha de un proyecto de restauración del híper presidencialismo, del centralismo y de la concentración del poder. Y por ello desde Movimiento Ciudadano no podemos acompañarla.

Este discurso sería totalmente diferente y con el pleno apoyo de Movimiento Ciudadano si no fuera porque se hicieron públicas las designaciones de los futuros delegados y lo preocupante del nombramiento de quien desempeñará el cargo de jefe de ellos desde la Presidencia de la República.

En los cambios que se proponen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se encuentran la figura de delegados del programa para el desarrollo, quienes coordinarán e implementarán planes, programas y acciones del Gobierno Federal en las entidades federativas.

Si bien dichas figuras han sido tildadas de inconstitucionales por razón de que violentan el Pacto Federal a trastocar la autonomía de los estados y de los municipios, dicho parámetro debe fijarse aplicando por analogía lo que establece la Segunda Sala de la Suprema Corte en la tesis aislada segunda de 2017, donde se habla que la autonomía de los órganos constitucionales autónomos debe salvaguardar sus características orgánicas y funcionales esenciales.

Sin embargo, la inconstitucionalidad de los delegados denominados súperdelegados se ve con mayor evidencia en la materia política-electoral toda vez que no cuentan con los controles políticos necesarios para garantizar que quienes se designen no busquen posicionarse políticamente en la entidad federativa para así lograr contender a futuro en un cargo público, es decir, esos cargos contravienen el principio de equidad de la contienda, establecido en el artículo 41 constitucional y su correlativo 134, en su párrafo octavo, donde se establece que el gasto público no debe ejercerse de forma en que afecte la equidad en la contienda.

Esto a su vez le sobran los derechos a votar y ser votado de los ciudadanos de la entidad, pues una falta de equilibrio limita las opciones políticas por las cuales votar y limita las posibilidades de éxito de contender a un cargo público por parte de la fuerza política que no esté en el gobierno.

Quiero aquí significar un tema de la mayor relevancia vinculado con el manejo político de esos cargos. El informe del Instituto Nacional Electoral, en el que se da cuenta de quiénes anunciamos a las prerrogativas para apoyar al pueblo de México con motivo de los sismos, particularmente que afectó a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y la propia ciudad capital, y aquí podrá encontrar que Movimiento Ciudadano renunció al 100 % del financiamiento público y que entregamos para esa causa 50 millones de pesos.

Y lo traigo a referencia porque recuerden ustedes que quien ese momento era dirigente de Morena dijo que Morena iba a renunciar al 50 % de los gastos. Primero, que iba a recibir el partido después de los gastos de campaña.

Y aquí en este documento se precisa que no entregó un solo peso, está a su disposición el acuerdo.

¿Y por qué lo traigo a referencia? Porque quien manejó el fideicomiso creado por Morena es el mismo, me gustaría que estuviera aquí para decírselo, pero como ustedes lo han advertido a lo largo de estos casi tres meses de trabajo legislativo, siempre brilla por su ausencia y es la misma persona que fue responsable por parte del candidato presidencial en la coalición del año 2012, en la que postulamos PRD, PT y Movimiento Ciudadano a Andrés Manuel López Obrador.

Y seis años después nos están cobrando por no haberse defendido correctamente las cuentas, 72 millones de multa al PRD; 44 millones de pesos de multa al PT; y 43 millones de multa a Movimiento Ciudadano.

Hay los testimonios donde crea constancia de las intervenciones del Senador Gabriel García Hernández, en donde él como responsable, a nombre de quien fue entonces nuestro candidato Presidencial, intervino dando comprobaciones desastrosas.

Quiero que sepan que el pasado mes de agosto, septiembre, octubre y este mismo mes nos han descontado más de 35 millones de pesos de las prerrogativas públicas. Y esto lo quiero significar por el hecho de que el trabajo político de Gabriel García Hernández está vinculado de manera directa al trabajo electoral construido en la anterior la campaña electoral.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, por favor, Senador.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Y por si esto fuera poco, y es necesario dejarlo perfectamente claro, el trabajo que se quiere designar es a funcionarios, algunos de ustedes compañeros nuestros, presentes en este Pleno para que funjan como delegados, cuando los antecedentes son que han hecho un trabajo político en las entidades. Por eso no debemos politizar la función pública.

Quiero proponer de manera específica una adición al artículo 17 ter para que diga lo siguiente.

La persona titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y las personas titulares de las delegaciones de Programa para el Desarrollo serán designadas por el Poder  Ejecutivo, previa aprobación por parte del Senado de la República que lo ratificará con el voto de dos terceras partes a sus integrantes mediante un proceso  de evaluación pública.

Es cuanto Presidenta.