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Intervención de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota



Sen. Claudia Edith
Anaya Mota


Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Zacatecas
Senadora Electa por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Evelia Sandoval Urban

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 1 Oficina 1, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3184 y 5303

E-mail: claudia.anaya@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 09 de octubre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta, Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante, Senadora Anaya, por favor.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Los delitos del orden sexual causan un daño irreversible a la dignidad de la víctima, causan distorsiones en el ejercicio de las libertades y causan también un grave daño a la personalidad.

Estos delitos tienen una fuerte condición de doble y hasta triple victimización derivada de los prejuicios sociales en materia de género.

Basta recordar que en la última encuesta nacional sobre discriminación se registra que dos de cada diez personas afirman que las mujeres que son violadas lo son porque provocan a sus agresores.

Este perjuicio lastima de nueva cuenta a las víctimas.

Los ministerios públicos que no están capacitados para atender a las víctimas nuevamente las revictimizan, y las reducciones de sentencia son procedimientos que vuelven a victimizar a quienes han sufrido un delito sexual.

En México, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informa que el período comprendido entre 2002 y 2018 se han denunciado ante el Ministerio Público 78 mil casos de violación y 7 mil de corrupción de menores.

En este tipo penal, por cierto, se agrupan conductas que no necesariamente son consideradas ofensas de tipo sexual, por lo que es incierto saber la cantidad exacta de denuncias por estupro.

Más allá de los pendientes en la legislación penal es necesario proteger a la sociedad, ya que como es sabido en algunos casos las ofensas sexuales tienden a tener una reincidencia o a tener una venganza por parte de quien las comete.

No podemos ser omisos ante esta realidad, ya que, de acuerdo a muchas organizaciones civiles, un alto porcentaje de los delitos no se denuncia por vergüenza, miedo o desconfianza en la autoridad por parte de la víctima.

Es en esta última parte donde me quiero centrar.

La iniciativa que estoy presentando tiene como finalidad proteger a la comunidad para que no se otorguen los beneficios de libertad condicional o anticipada a aquellas personas que hayan sido sentenciadas por los delitos de violación y estupro.

El hecho de negar la libertad anticipada o condicionada bajo ciertos supuestos, como es la comisión de delitos dolosos o en materia de secuestro, trata de personas o delincuencia organizada, ya ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien considera que no se violentan los derechos humanos, sino que la medida que el legislador ha expresado tiene la finalidad de proteger a la comunidad ante quien de manera intencional la ha dañado bajo la comisión de un delito tan fuerte.

En las entidades federativas las penas mínimas para Delitos de Violación oscilan entre los cinco y los 10 años, mientras que para el Delito de Estupro, en ocasiones es confundido dentro de la interpretación de corrupción de menores y en ocasiones la pena llega a ser menor a los tres años.

Habría que poner mucha atención, pues los delitos del orden sexual tienen una particular relación en muchos de los casos con los tipos penales en materia de Trata de Personas. Lo cual tiene una intención directa de dañar la dignidad de las personas y, por lo tanto, se puede equiparar con el daño a la comunidad.

Es importante proteger a las comunidades, sobre todo a quienes más sufren por la comisión de delitos sexuales. Es decir, a las mujeres y a las niñas, quienes en ocasiones tienen que cambiar de identidad, de domicilio, de comunidad o de residencia, dañando de forma irreversible sus derechos.

Quiero destacar que esta medida no aumenta la sentencia.

De acuerdo con la Corte, tampoco violenta los derechos humanos y solo tiene la firma intención de proteger a quienes más sufren, siendo víctimas de violación o de estupro.

Por eso les pido que nos acompañen en esta iniciativa, para que de esa manera no se permita más acciones afirmativas a quienes más lastiman a la sociedad.

No queremos perdón, no queremos olvido, tampoco queremos  privilegios para quienes cometen este tipo de agresiones sexuales contra mujeres y niñas.

Sería cuanto, Presidenta.

Muchas gracias.