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Intervención de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera



Sen. Ana Lilia
Rivera Rivera


Movimiento Regeneración Nacional
Tlaxcala
Senadora Electa por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente: Rosa Eugenia Rodríguez López

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 14, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3342

E-mail: oficina.ana.lilia.rivera@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 27 de noviembre de 2018


Intervención a favor

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Gracias, con su permiso integrantes de la mesa.

Senadoras, Senadores;

Hermanos, hermanas de las comunidades y pueblos indígenas de México:

La libertad es como la mañana, hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla.

Yo digo que los pueblos indígenas son adictos al insomnio, que la historia desespera. Pensamiento zapatista.

Una deuda histórica permanente y pendiente por el Estado mexicano es el reconocimiento de los derechos de los pueblos, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

No obstante el discurso oficial, la ha instrumentado para promover la industria, el turismo, realizar festivales y visibilizar el folclor anacrónico en la realidad nacional.

El Estado mexicano tiene pendientes con los pueblos en el país, que al no reconocer los derechos dados, dando prioridad a intereses económicos y acciones que violan los derechos colectivos e individuales entre las que podemos mencionar la explotación  minera, la imposición de empresas o presas hidroeléctricas, proyectos eólicos, construcción de carreteras de cuota, privatización para el disfrute de los recursos naturales entre otros que afectan la tierra y el territorio que ancestralmente habitan.

En el país, quienes se organizan en la defensa y ejercicios de sus derechos colectivos y difiere de los intereses patronal, neoliberales, es dividido, criminalizado, reprimido, aunado a esto, las políticas de los gobiernos mercantilizan los recursos naturales y toda la vida que está en los territorios ancestrales, donde habitan los pueblos indígenas.

En una lógica de explotación, y no reconocimiento de sus expresiones culturales con otros sistemas de vida que tienen  sus raíces, incluso antes de la colonización, y que son parte de nuestra diversidad que nos sustenta como humanidad.

Durante las últimas décadas del siglo pasado, los pueblos indígenas de América se organizaron en movimientos sociales y políticos para demandar el reconocimiento de un conjunto de derechos articulados en torno a cinco dimensiones que sustancian la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas: el derecho a la no discriminación, al derecho al desarrollo y al bienestar social, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la tierra y recursos naturales y el derecho al autogobierno y participación política.

Como consecuencia de estos movimientos durante los últimos años, tanto la comunidad internacional como los Estados en su ámbito doméstico, han dado lugar a un proceso de reconocimiento normativo e institucional en materia de derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

En este proceso nuestro país dio un importante paso en el año 2003 al crear la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con el objetivo de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas en México.

Sin embargo, a 15 años de su creación, datos estadísticos demuestran que dicha comisión no ha cumplido con su objeto, que el actual diseño institucional no ha contribuido a resolver los problemas estructurales de pobreza, exclusión y marginación en que viven los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

En particular, es preciso visibilizar como problemática actual que el derecho a la justicia indígena sigue siendo supeditada a los marcos normativos y valorativos de la justicia estatal.

La soberanía territorial plantea tensiones en el contexto de la territorialidad y los recursos naturales, específicamente en el contexto de las industrias extractivas.

Las comunidades indígenas con categoría de agencias municipales no tienen autonomía política para gestionar directamente sus proyectos y recursos del Estado.

En virtud de lo anterior, es necesario un replanteamiento normativo e institucional que haga posible una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado en donde se aborde el alcance del poder comunal comunitario de los pueblos indígenas y afrodescendientes para el ejercicio de su autogobierno, así como el reconocimiento pleno de su personalidad jurídica y como sujetos de derecho público.

Acorde con todo lo anterior, el dictamen que se somete a consideración de este Pleno estudia la creación de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la abrogación de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Este instrumento legislativo, que cuenta con información objetiva y claramente referenciada, expone la situación actual e histórica de la adversidad que enfrentan los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, habitantes del Estado mexicano, y ofrece una vía de avance en el cumplimiento de los deberes convencionales y constitucionales que el Estado ha adquirido en materia de reconocimiento, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

En este tenor las comisiones dictaminadoras de Estudios Legislativos, Segunda, y Asuntos Indígenas, coincidimos con la Relatora Especial de Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, que tras su participación en la elaboración del instrumento normativo que nos ocupa, concluyó que la creación del Instituto de los Pueblos Indígenas representa una importante iniciativa que pudiera contribuir a una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano basada en el diálogo incluyente, de igualdad, de respeto y de no discriminación.

Por todo lo dicho, es bienvenido este proyecto con la expectativa de que representará un aporte para la consolidación de un Estado de derecho democrático, pluricultural e incluyente.

Termino con esta anécdota. Como Secretaria Nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos de Morena, recorrí el país con el licenciado Andrés Manuel.

En muchas ocasiones lo detuvieron en los pueblos indígenas y le dijeron: “Cuando seas Presidente regresa, ayúdanos y libéranos”.

Él les contestó: “No los liberaré yo, los liberará el pueblo de México”.

Es un honor para todos los que hoy estamos en esta alta tribuna estar al lado de quien escuchó el clamor de liberación de pobreza y discriminación de los pueblos indígenas.

Se atenderá a todos, se respetara a todos, pero se dará preferencia a los pobres, a los desposeídos.

Se empezará a pagar la deuda histórica, con quien se tiene en este país, que son sus comunidades y pueblos indígenas.

Los primeros serán los olvidados, los débiles y los humillados. Proyecto alternativo de nación, proyecto que hoy empieza a cumplirse.

¡Que vivan los pueblos y las comunidades indígenas de México!

Muchas gracias.