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Iniciativas



De la Sen. Susana Harp Iturribarría y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS.

Quienes suscriben, Susana Harp Iturribarría y Ricardo Monreal Ávila, senadores de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  1. Introducción
  2.  

México es una nación pluricultural —así lo reconoce el artículo 2 de nuestra Carta Magna—, cuyas raíces se remontan a los pueblos originarios que habitaban el territorio actual del país, además de ser multiétnica , en virtud de los 67 pueblos indígenas que habitan en el territorio, y plurilingüística , a causa de que se han clasificado 126 tipos de lengua que se hablan en la República Mexicana.

En términos sociológicos, la cultura, la etnia, la lengua y la cosmovisión representan elementos distintivos que con frecuencia son utilizados para definir la pertenencia a una colectividad humana. En el caso de las personas indígenas, dichos elementos son esenciales para autodefinirse como pertenecientes a un grupo, pueblo o comunidad, y esa concepción de sí mismos constituye su derecho de identidad.

Ese derecho de identidad ha sido consagrado por el numeral 2 del artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; sin embargo, la práctica demuestra que ese derecho fundamental, aun con el apoyo de la legislación nacional e internacional y el accionar de organizaciones civiles, no siempre ha sido acatado, y ello puede verse reflejado en la precaria situación de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México.

Al ratificar dicho Convenio , el Estado mexicano está obligado a su cumplimiento, por lo que a nivel nacional se deben intensificar los esfuerzos para desarrollar acciones y tomar medidas a favor de la protección de los derechos primordiales de las personas indígenas, entre las que se encuentran sus derechos culturales y de preservación cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de septiembre de 2018, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En la exposición de motivos, se señaló que los pueblos indígenas, aunque son portadores de culturas milenarias y guardianes de una gran diversidad natural existente en sus tierras y territorios, siguen viviendo en condiciones de pobreza, marginación, discriminación y exclusión económica y social, debido a la falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, políticas y del Estado, y a la ausencia de normas, instituciones y políticas públicas que realmente los consideren sujetos de derecho .

Dada esa condición, es necesario reiterar y acentuar que las personas indígenas conforman uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, resulta prioritario construir en el país una base jurídica sólida que permita instituir una cultura de respeto, tanto para sus derechos individuales como para los que adquieren como integrantes de una comunidad.

Cabe recordar que, como resultado de la agotadora, pero fructífera, labor que encabezaron los pueblos indígenas de Chiapas desde 1994, se logró la inclusión en 2001 de su reconocimiento expreso como pueblos y culturas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad . En ese mismo tenor, es absolutamente necesario que el Estado mexicano haga valer el compromiso constitucional que preserve las libertades y el trato igualitario como derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 

En esta deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas y afrodescendientes, destaca el hecho de que su patrimonio cultural e intelectual representado por las prácticas, los conocimientos, su modo de vida y tradiciones están siendo constantemente violentados a causa de la falta de protección jurídica, lo que provoca que sistemáticamente haya una transgresión de los derechos humanos y libertades fundamentales de estas comunidades.

En México no puede seguir perpetuándose un sistema que de iure brinde protección a los derechos primigenios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mientras que de facto exista una violación persistente de los mismos, muchas veces fundamentada en criterios de discriminación. No debe pasar desapercibido que cada uno de los 67 pueblos indígenas de México posee una forma única de ver el mundo, una cosmovisión que se materializa a través de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, las cuales es preciso preservar para que las generaciones venideras puedan también gozar de esa sabiduría, producto de la acumulación del conocimiento, en ocasiones, milenario.

De tal manera que la supervivencia identitaria de los pueblos indígenas pasa por la conservación de sus conocimientos y tradiciones culturales, y de ser ignorada esta realidad, su forma de ver, de hablar, de relacionarse con el medio y el papel mismo que desempeñan en el mundo, corre el riesgo de modificarse, diluirse y desaparecer para siempre en el tiempo. Por ello, resulta prioritario que la visión de un México pluricultural no sólo prevalezca, sino que se promueva su fortalecimiento con la seguridad de que es justo ahí en donde radica la riqueza patrimonial y la identidad del país.

En este sentido, en la Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones del Folclor y Recursos Genéticos en América Latina y el Caribe, celebrada en Caracas, Venezuela, del 28 y 29 de mayo de 2009, se destacó una nota de la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que remitió a la Junta de Comercio y Desarrollo de febrero de 2006, en la que señalaba que los conocimientos tradicionales son motivo de preocupación internacional por las siguientes razones :

  1. Son importantes para la vida de la mayoría de los habitantes del mundo.
  2. Son fundamentales para la conservación de la diversidad biológica.
  3. Se están perdiendo rápidamente.
  4. El auge del otorgamiento y uso de patentes no autorizadas o improcedentes, con escaso o ningún beneficio para los poseedores originales de tales conocimientos.
  5. El interés por el desarrollo local sostenible que ofrecen los conocimientos tradicionales.

En efecto, la protección de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, en gran parte tiene que ver con evidenciar que existen personas ajenas a los pueblos indígenas que están obteniendo un beneficio directo de la explotación de esos conocimientos y expresiones culturales, sin que exista reconocimiento, consentimiento previo o compensación para sus legítimos poseedores.

Esta carencia de protección jurídica ha permitido que el arte, las expresiones corporales y danzas, artesanías, rituales, los símbolos indígenas sagrados y materiales genéticos, por citar algunos ejemplos, hayan sido utilizados en múltiples ocasiones por terceros ajenos para ser exhibidos o con fines de explotación comercial e industrial, sin la expresa autorización de las comunidades indígenas propietarias.

La industria turística tampoco ha estado exenta de prácticas de apropiación ilegítima e ilegal del patrimonio de los pueblos indígenas, y ello es evidente al observar la explotación por empresas, grupos o personas que lucran con sitios de valor espiritual, ecológico o tradicionales, los cuales han sido arrebatados del control de las comunidades originarias, a pesar de que históricamente estos pueblos han resguardado y conservado la riqueza de esos lugares gracias a sus conocimientos y prácticas tradicionales sustentables. 

A pesar de ello, resulta importante observar que el sistema de propiedad intelectual contemporáneo hasta ahora no ha logrado establecer una protección efectiva para los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos originarios en el mundo, y así lo ha reconocido la Organización Mundial para la Protección Intelectual (OMPI) .

En México, se han realizado algunos esfuerzos por detectar, sancionar, inhibir y erradicar, la apropiación ilegal e ilegítima de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales. Es posible encontrar la presencia de iniciativas de ley o reformas sobre las leyes existentes relacionadas con el uso de los conocimientos y/o expresiones culturales tradicionales.

No obstante, en ninguna de esas iniciativas se reconoce el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, ni se establecen instrumentos de documentación que brinden certeza legal a los titulares y aquellos interesados en hacer uso legal de los mismos.

Durante la LIX Legislatura, Ángel Paulino Canul Pacab, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, presentó, el 18 de febrero de 2004, iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; además de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto era reconocer, promover, preservar y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. Para ello, el Estado mexicano debía reconocer, proteger y promover el derecho de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, los recursos genéticos asociados a ellos, y sobre sus manifestaciones artísticas y culturales .

En 2006, durante el primer periodo ordinario de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, el legislador Antonio García Fraile, del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de la Ley General de Protección al Conocimiento de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo era crear el Registro Nacional de Protección al Conocimiento Tradicional dependiente del Registro de la Propiedad Intelectual para expedir la titularidad de la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que lo soliciten .

Años más tarde, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor , con el fin de establecer un marco jurídico que resulte mucho más efectivo para la protección de estos derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, a nivel nacional.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2016, los diputados federales Francisco Martínez Neri, Cristina Ismene Gaytán Hernández y Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, del Código Penal Federal y de la Ley de Propiedad Industrial, mismo que fue turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y precluido .

Más recientemente, el 25 de julio de 2018, el diputado Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. Al igual que el anterior caso, el proyecto fue turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en donde espera su trámite legislativo .

Sin detenerse a observar las causas por las que dichas propuestas no fueron o han sido aprobadas, es importante destacar que tal como se encuentran el marco regulatorio nacional y las leyes vigentes en materia de propiedad intelectual, se consideran inadecuadas para reconocer y proteger los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, ya que las nociones “no occidentales” de propiedad intelectual son diferentes de las creencias y usos y costumbres de los pueblos y comunidades originarios.

Es así como, mientras el marco legal aplicable mantenga la visión clásica de la propiedad intelectual, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, corren el riesgo de ser considerados como libres de toda propiedad intelectual —comúnmente conocido como dominio público—, evolucionando en saberes convertidos en mercancía que siguen una lógica de mercado y sobre los cuales los pueblos y comunidades originarias pierden cualquier capacidad de gestión. 

Es necesario remitirse al origen del concepto de propiedad sobre ideas que se generó a finales del siglo XV, teniendo como motores de desarrollo al mercantilismo y la invención de la imprenta. Este último factor fue el que permitió la reproducción masiva de textos, lo que produjo la necesidad de un marco legal que incitara a la generación de ideas y a la vez castigara o estableciera normas de control sobre la reproducción no autorizada o contraria a los parámetros ideológicos de esa época.

Este concepto de origen europeo impactó la forma como la teoría de la propiedad intelectual se desarrolló en el resto del mundo; sin embargo, en el caso de México, no sólo el paradigma del mercantilismo y la imprenta jugaron un rol esencial, sino también la teoría de propiedad intelectual estadounidense que impactó, y sigue impactando, en la percepción del conocimiento tradicional como libre de toda propiedad.

  1. Diversidad cultural y su relación con los derechos de propiedad intelectual
  2.  

Tradicionalmente, los modelos mexicanos de propiedad intelectual se encuentran basados en sistemas estadounidenses y europeos, de modo que dejan de lado el conocimiento productivo endémico, al no encajar en las instituciones tradicionales de propiedad intelectual. Tal es el caso de los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y expresiones culturales tradicionales (ECT). Dentro del concepto de CC.TT. y ECT, existen dos elementos de tensión que imposibilitan una comunicación directa con los esquemas tradicionales de la propiedad intelectual:

  1. La complejidad en la definición de los CC.TT. y ECT, dado que, a nivel internacional no existe una definición de CC.TT. aceptada por la comunidad. El CC.TT., muchas veces se confunde con las manifestaciones culturales (ECT), o bien, con el patrimonio cultural inmaterial, cuando los CC.TT. son sólo una parte del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) utiliza actualmente el término CT para referirse a obras literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición, así como interpretaciones o ejecuciones; invenciones, descubrimientos, científicos, dibujos o modelos; marcas, nombres, y símbolos; información no divulgada y todas las demás innovaciones y creaciones basadas en la tradición que proceden de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico .

  1. Las características singulares de los CC.TT. que los distinguen de cualquier otro “conocimiento productivo”, tal y como está definido en el Plan de Innovación Protegida emitido por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
  1. Relación cercana con el hábitat: la mayor parte del CT se basa en el uso de los recursos naturales que rodean a los pueblos indígenas. Las condiciones climáticas, ambientales, geográficas inciden de forma absoluta en el tipo de conocimiento que se desarrolla y el tipo de problemas que se busca solucionar.
  2. Falta de fijación material: la mayoría de los conocimientos se trasmiten oralmente, y rara vez existe una constancia escrita del proceso seguido para obtener el objeto mezcla en el que se materializa el CT.
  3. Generación de productos inacabados: el CT genera productos inacabados, pues muchos de ellos sirven como materia prima de otros que usualmente son procesados en zonas geográficas industrializadas, y distribuidos de acuerdo con los estándares de calidad de cada mercado.
  4. Inclusión de valores religiosos y culturales: los CC.TT. generalmente involucran aspectos religiosos y sagrados que no contempla ningún otro producto generado bajo esquemas contemporáneos de producción.
  5. El régimen propiedad intelectual colectiva del conocimiento tradicional: el fin de la propiedad intelectual colectiva está ligado a la necesidad de la reproducción social y cultural de los pueblos indígenas, pues sólo a partir de una titularidad colectiva se logrará asegurar la supervivencia de su cosmovisión.

Mientras la relación entre los CC.TT. y ECT y la propiedad intelectual comenzó a discutirse a nivel internacional hace más de una década, México no cuenta con un marco regulatorio que dé respuesta adecuada a la protección, conservación, uso y defensa de los conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades originarias.

Desde el marco de la propiedad intelectual, en estricto sentido, la Ley Federal de Derecho de Autor dedica un solo capítulo, dentro del Título Séptimo (De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas Populares) a las culturas populares. A lo largo del capítulo en cuestión, se plantea uno de los principales retos para los titulares de los conocimientos tradicionales, ya que el Legislador, en el artículo 159, establece que las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal que no cuenten con autor identificable , son de uso libre.

A partir de este artículo, la mayor parte de los usos, reinterpretaciones y saberes convertidos en mercancía que hemos visto durante la última década en nuestro país , encuentran un sustento legal sobre la base de “uso libre”, que de manera fáctica equivale al concepto de dominio público. Esta asimilación conceptual permite que cualquier tercero pueda utilizar, sin previa autorización ni pago efectivo de regalías, el conocimiento tradicional de cualquier comunidad originaria cuyo autor no es identificable, dejando mínimas herramientas desde la arena del litigio para iniciar alguna acción con base en los derechos que se desprenden de la propiedad intelectual .

Por otro lado, desde la propiedad industrial, en estricto sentido, tradicionalmente se considera la existencia de dos figuras idóneas para la protección de ciertos conocimientos tradicionales: las denominaciones de origen y las marcas colectivas . Sin embargo, estas figuras no están diseñadas para el uso específico de comunidades originarias, las cuales deben cumplir requisitos formalistas basados en derecho occidental para obtener cierto grado de protección. Por lo que concierne a las marcas colectivas, éstas se utilizan comúnmente como una herramienta para promover el conocimiento tradicional , no obstante, el marco jurídico al que están sujetas es el mismo que el régimen de marcas comunes, de modo que no existe un régimen específico sobre los CC.TT. y ECT. En este sentido, las denominaciones de origen, al igual que las indicaciones geográficas, establecen requisitos procedimentales que, sin una política pública que les soporte, difícilmente estarán al alcance de las comunidades originarias .

III. Panorama Internacional

En materia de propiedad intelectual, el Gobierno mexicano ha suscrito diversos documentos del orden internacional, a través de los cuales se ha obligado a procurar la protección, promoción y conservación de los derechos de los pueblos indígenas en lo que se refiere a su producción intelectual. Ello, con la intención de armonizar las actuaciones nacionales con las disposiciones internacionales que, de manera amplia, reconocen la relevancia de este asunto.

Especial trascendencia tienen los documentos internacionales que han sido ratificados por el Estado mexicano, puesto que incorporan obligaciones a favor de la población indígena. Adicionalmente, en el presente apartado se integran también documentos que, si bien no tienen fuerza vinculante para México, a todas luces revelan estrategias atinadas para el amparo de la propiedad intelectual.

  1. Documentos vinculantes
  1. Declaración Universal de Derechos Humanos: mediante este prístino documento, la Asamblea General de la ONU insta a los Estados miembros a comprometerse con la defensa y protección de diversos derechos humanos; para la materia de la presente propuesta, destaca en el artículo 27 numeral 2 la especificación del derecho a la protección de los intereses morales y materiales que, debido a la producción del intelecto, merecen todas las personas.
  2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: a partir del cual los Estados reconocen el derecho de toda persona a obtener el beneficio devenido de la propia producción científica, literaria o artística, en alcance a la autoría que de ello se repute.
  3. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial: en una intensa preocupación por proteger eficazmente el patrimonio cultural, entendido éste como un “factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos” , la UNESCO aprobó esta Convención a través de la cual los Estados miembros, entre ellos, los Estados Unidos Mexicanos, se obligan a adoptar todo tipo de medidas a fin de proteger el patrimonio cultural para lo cual, entre otros aspectos, se deben adoptar medidas de carácter jurídico, técnico, administrativo y financiero, con el ánimo de respetar los usos consuetudinarios y las diversas manifestaciones, al tiempo que se generen las condiciones óptimas para promover la participación de las comunidades en la protección de tales elementos, de acuerdo con el Apartado III de esta Convención.
  1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: por medio de éste, se protege la producción intelectual que se halla dentro del ámbito del propio Convenio; así, México se obliga a proteger las producciones de tal tipo en favor de las comunidades indígenas, salvaguardándolas de amenazas que se traduzcan en la violación de los derechos de autor que ellas comportan.
  1. Convenio Sobre la Diversidad Biológica: es, en definitiva, uno de los documentos vinculantes que toma más fuerza respecto al asunto en comento, puesto que a través de él se busca concientizar a los Estados sobre el alto valor de la diversidad y los recursos biológicos, al tiempo que se insta a los mismos a aplicar las medidas pertinentes para garantizar su protección y correcto uso. En la materia, cobra especial relevancia el inciso j) del artículo 8, que a la letra expone:

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente […]

Con base en lo anterior, México se encuentra obligado, de manera expresa, a trabajar en la defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, en aras de la justicia y equidad en su uso y aprovechamiento. En el mismo sentido, el artículo 15 del mismo documento, describe lo pertinente para que, a nivel administrativo, político y legislativo, se generen las condiciones jurídicas necesarias para el acceso a los recursos genéticos.   

  1. Protocolo de Nagoya: con el propósito de propiciar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, se desarrolló este Protocolo al cual México se adhirió. Su contenido invita a los Estados a encaminar sus esfuerzos hacia la inclusión de los pueblos indígenas en los temas tocantes, así como a tomar en consideración sus opiniones al respecto.
  1. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, en el Marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): como lo indica su título, este documento se ocupa puntualmente de sentar las disposiciones para la salvaguardia, mantenimiento y recreación del patrimonio cultural inmaterial, el cual se define al siguiente tenor: 

“[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana […]”

En alcance a lo anterior, esta Convención se propone instar a los Estados a implementar las medidas necesarias a través de las cuales se proteja la identidad cultural y se sensibilice sobre la importancia de la protección de las diferentes manifestaciones culturales y tradicionales.

  1. Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: con el propósito de abogar por los derechos intrínsecos de los pueblos y comunidades indígenas y de procurar su defensa y protección frente a todo acto de discriminación o abuso en diversos escenarios, la Asamblea General de la ONU reconoce su derecho a “revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales” y en tal sentido, sienta la obligación de los Estados de proporcionar reparación eficaz “respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres” .

Lo anterior se complementa con el artículo 31 del mismo texto, el cual declara el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a “mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales” .

  1. Convenio 169 de la OIT: este documento potencia la protección de los derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas. En referencia a la propiedad intelectual, el artículo 5, inciso a) del mismo, sustenta:

“deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente […]”

En igual sentido, el artículo 15 establece:

“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos […]”

Adicionalmente, el Convenio 169 propone incluir a estas comunidades en las consultas necesarias para que, de manera previa, libre e informada, puedan dar a conocer su opinión frente a tales usos, pero al mismo tiempo, puedan defender la titularidad de las obras, recursos, conocimientos, prácticas y demás productos que sean susceptibles de reclamar propiedad intelectual.

  1. Documentos no vinculantes

Existen otros documentos que, pese a que no tienen carácter vinculante y, por lo tanto, no son de obligatoria observancia por parte del Estado, están enriquecidos de argumentos jurídicos y fundamentación ideológica y cultural, al punto de que permiten visualizar otras razones por las cuales es inminente la protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas. De acuerdo con esto, interesa conocer su contenido y, con ello, distinguir dentro del ámbito internacional las más completas directrices y señalamientos que sobre el particular se han hecho.

  1. Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial: resultado de la Conferencia celebrada en 1980 en Manila, Filipinas, su relevancia estriba en que se ocupa de manera temprana del tema de la conservación de lugares históricos, culturales y religiosos de las comunidades indígenas, demandando que, por encima de los intereses turísticos, primen los aspectos espirituales que pudieran verse afectados por causa de su irresponsable práctica, de tal forma que el turismo fomente a su paso un “espíritu de amistad, respeto por los derechos humanos y comprensión entre Estados” .

Así, el considerando número 18 esgrime:

Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por espacio, bienes y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituir una amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las regiones turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, atracción esencial del turismo, ni para los lugares históricos y culturales .

  1. Declaración de Kari-Oca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas: es, en definitiva, uno de los documentos más completos en materia de protección a derechos fundamentales de los pueblos indígenas y, puntualmente, amplísima en los rubros de cultura, ciencia y propiedad intelectual. Aprobada en 1992, esta Declaración establece un compromiso conjunto para proteger los derechos humanos colectivos.

Lo anterior se desarrolla a lo largo del documento, con vigorosos argumentos sobre la biodiversidad y la conservación (numerales 58 y 59), la urgente necesidad de defender los modelos de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y protegerlos de las bioexploraciones con fines científicos que vulneran sus derechos (numerales 67 y 74) y, de manera extensa y muy cohesionada, los temas de la cultura, la ciencia y la propiedad intelectual se diseminan a lo largo del cierre del documento, presentando las demandas de estos pueblos en cuanto al respeto por sus restos, sitios y ritos sagrados, conocimientos medicinales, tradiciones y todo tipo de elementos que hacen parte del patrimonio indígena y que busquen ser explotados por terceros sin su autorización (numerales 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102).

  1. Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas: surge, históricamente, en el marco de la Primera Conferencia Internacional de los Derechos de Propiedad Intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas, celebrada en 1993 en Nueva Zelanda y, tal como lo apunta su parte introductoria, aborda puntos tan relevantes como el “valor del conocimiento indígena, la biodiversidad y biotecnología, el manejo tradicional ambiental, las artes, la música, el lenguaje y otras formas culturales, espirituales y físicas” .

Como resultado del desahogo de tales temas, se evidenció la situación de vulnerabilidad en la que se hallan los pueblos indígenas en materia de propiedad intelectual y, a causa de ello, se realizaron diversas recomendaciones a los Estados, entre las cuales resalta la necesidad de reconocer que los mecanismos de protección existentes eran insuficientes y que, por ello, es apremiante “desarrollar un régimen, en completa cooperación con los pueblos indígenas, en el derecho adicional de propiedad cultural e intelectual que incorpore: propiedad colectiva, cooperación, alcance multigeneracional” , entre otros.

  1. Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo: surgida en 1995, en Beijing, esta Declaración conecta su contenido con el del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, y en alcance a los compromisos establecidos en la misma exige el reconocimiento y respeto al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, de modo que sea eliminada toda forma de bioprospección, entendida ésta como la “alienación de la herencia cultural e intelectual”  de estos pueblos, para fines lucrativos que ni siquiera los contemplan con carácter de beneficiarios y, mucho menos, de autores.
  1. Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: este documento reconoce la inminente necesidad de avanzar en procura de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y en tal sentido compendia un conjunto de garantías que deben ser reconocidas a los mismos. 

Para el tema bajo estudio, interesa de manera especial lo plasmado en el artículo XXVIII, mismo que contiene lo correspondiente a la protección del patrimonio cultural y de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, afirmando que tales merecen el “pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, transmitido a través de los milenios, de generación en generación” . En tal sentido, la protección que brinda esta Declaración es amplísima y denota el interés de que exista no solamente legislación aplicable al respecto, sino legislación eficaz, a fin de materializar la letra de la normatividad existente en la materia.

IV. Horizonte legislativo de la presente iniciativa.

Como hasta este punto se ha fundamentado, la presente iniciativa no deviene del capricho parlamentario; por el contrario, legislar el tema del derecho de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas es, desde todo punto de vista, una deuda pendiente y reiteradamente aplazada.

Los pueblos y comunidades indígenas requieren y merecen contar con equitativas condiciones de protección y garantía para sus derechos, en todas las esferas de desarrollo de éstos, máxime al tratarse de una población minoritaria, característica que las más de las veces se decanta en vulnerabilidad y desprotección, o en la silente omisión del Estado de hacer frente a sus justificadas exigencias.

Así, esta iniciativa desea avanzar en el propósito de continuar reivindicando los derechos indígenas, en lo concerniente a la multiforme naturaleza que comprende su patrimonio cultural. De acuerdo con esto, resulta atinado asentar qué se puede lograr al formalizar esta Ley y, de esta manera, dimensionar su impacto social, cultural y jurídico, al tiempo que se evidencien los puntos que, de la agenda pendiente, se cumplimentarían.

En virtud de lo anterior, es conveniente retomar el Informe Relativo a las Misiones Exploratorias Sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales (1998-1999), titulado “Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad Intelectual”, misiones realizadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el propósito de conocer las necesidades y expectativas de las comunidades indígenas frente a su titularidad de los conocimientos tradicionales.

Dentro de la misión exploratoria a América del Norte se apuntalan objetivos de la protección de los conocimientos tradicionales  que se notan posibles al contar con un instrumento normativo que dicte lo procedente para materializar una efectiva protección y que, es útil mencionar, fueron argumentos esgrimidos por la propia OMPI para que cuerpos gubernativos de Canadá o Estados Unidos de América se abocaran sobre este tema. Así, se enuncian a continuación dichos objetivos y se invita a consultar su descripción en extenso en la referencia asentada a pie de página:

  1. Certidumbre jurídica respecto a los derechos en materia de conocimientos tradicionales.
  2. Supervivencia de las culturas indígenas.
  3. Reconocimiento del derecho consuetudinario y de las prácticas que rigen los conocimientos tradicionales.
  4. Repatriación del patrimonio cultural.
  5. Conservación de las tradiciones orales.
  6. Derechos de los indígenas.
  7. Creación de incentivos para la transmisión de los conocimientos tradicionales o indígenas.
  8. Conservación de la integridad de los sistemas de conocimientos tradicionales.
  9. Promoción de los conocimientos tradicionales como parte de una estrategia de desarrollo.
  10. Protección contra la aprobación no autorizada y la explotación comercial ilícita.

Por supuesto, los anteriores son objetivos enunciativos, mas no limitativos; su consideración impulsa el nacimiento de esta Ley y brinda certeza respecto a que el tema y la propuesta sitúan a la nación mexicana en una esfera progresista de derechos humanos.

  1. Datos duros y estadísticas

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, derivado del reconocimiento de que no ha logrado establecerse a nivel internacional una efectiva protección a los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, ha impulsado diversos mecanismos para avanzar en torno a la conformación de un instrumento que logre subsanar esa omisión. 

En tal virtud, el Comité Intergubernamental Sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI sostuvo una reunión, del 12 al 16 de junio de 2017 en Ginebra, Suiza  con el objetivo de analizar, discutir, proponer y avanzar en la conformación de un instrumento integral que reconozca, respete, proteja y salvaguarde efectivamente los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos originarios en el mundo. Al debatirse en torno a la materia objeto del instrumento, se señaló que uno de los criterios de admisibilidad para poder gozar de la protección de éste sería “haber sido creados, generados, desarrollados, mantenidos y compartidos de forma colectiva, además de haber sido transmitidos de generación en generación durante un plazo determinado por cada Estado miembro, pero no inferior a 50 años o un período de cinco generaciones” .

Con la determinación de dicha temporalidad, se estaría asegurando que el conocimiento o expresión cultural tradicional objeto de la protección del instrumento cumpla con un linaje histórico comprobado, basado en la transmisión, retención y la preservación intergeneracional. Tomando como base lo anterior, para efectos de la presente iniciativa, en la fracción IV del artículo 12, se incluye la acotación de que las expresiones culturales se transmiten en un contexto colectivo por un periodo no menor a cinco generaciones.

Según datos de 2015 aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México existen 12.02 millones de indígenas, que corresponden al 10.1 % del porcentaje de la población nacional total . En México existen 2,457 municipios, de los cuales, 623 son considerados indígenas por tener una población de más del 40 % de personas indígenas . Con base en esta estadística y para efectos del artículo 9 de la presente iniciativa, se estimó conveniente que las autoridades municipales de aquellos municipios en donde los censos de Población y Vivienda registren el 40 % o más de población indígena         —es decir, de los 623 municipios considerados indígenas—, también sean reconocidas con personalidad jurídica para los efectos de este proyecto de Ley, por haber sido elegidas por un porcentaje significativo de personas indígenas.

VI. Derecho comparado: otras experiencias internacionales

La propiedad intelectual tiene cierto alcance dentro del contexto de los CC.TT. y ECT. A partir del reconocimiento de esta limitante, otros países han explorado nuevos canales de protección, construidos de manera específica para atender al contexto social y económico de los titulares de conocimientos tradicionales, basados en el uso de mecanismos multidisciplinarios combinados, generando sistemas mixtos o sui géneris de protección .

Las prácticas de otros Estados, en referencia a la protección de la propiedad intelectual en los términos expuestos, se ratifican al consultar diversa doctrina que permite conocer, a grandes rasgos, el proceso que han seguido y la huella jurídica y cultural que ello ha generado en tales sociedades. Prueba de ello es que, hoy día, son la pauta legislativa y el arquetipo normativo que denota la necesidad de ocuparse del asunto de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Con base en lo anterior, se desarrollan algunos casos que han tenido lugar dentro y fuera de la región. 

  1. Caso Panamá: propiedad intelectual sui géneris

La Ley panameña de junio de 2000 que establece el “Régimen Especial de Propiedad Intelectual de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural en Tanto que Conocimientos Tradicionales” es el primer sistema sui géneris de protección de los conocimientos tradicionales de alcance global, que abarca el conjunto del patrimonio cultural indígena, comprendiendo expresiones del folclore y conocimientos tradicionales asociados con la biodiversidad. Las principales características de este sistema son:

  1. La creación de un Departamento de Derechos Colectivos y Expresiones Folclóricas. 
  2. Los derechos no caducan.
  3. Los solicitan los congresos o autoridad tradicionales.
  4. El uso y comercialización están regidos conforme al reglamento de cada comunidad.

El régimen panameño dispone que el patrimonio cultural no puede ser objeto de “ninguna forma de exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad intelectual” , sin que esto tenga aplicación retroactiva, ya que “se respetarán y no se afectarán los derechos reconocidos anteriormente” . No obstante, el éxito del régimen panameño ha sido criticado, considerando que el número de registros no es muy alto y las comunidades originarias muestran cierta reticencia al uso del esquema registral.

  1. Caso Japón: bienes culturales económicos/conocimiento tradicional productivo

Desde la perspectiva de la propiedad industrial, Japón y México ofrecen un panorama similar sobre los conocimientos tradicionales (Ley No. 122, 2002): la Ley de Propiedad Intelectual en Japón no hace mención sobre los conocimientos tradicionales; en cambio se establece como objetivo “la creación de valor añadido a través de la creación de nuevos derechos de propiedad intelectual y la explotación eficaz de dicha propiedad intelectual a la luz de una necesidad creciente para intensificar la competitividad internacional de la industria japonesa” .

Japón cuenta con la Ley Japonesa para la Promoción de la Industria de la Artesanía Tradicional (Ley Densan, 1974), y aunque pudiera parecer que se limita a la perspectiva cultural, también proporciona un enfoque económico para este tipo de bienes culturales que tienen un alto contenido de conocimientos tradicionales. De hecho, fue el Ministerio de Economía el que promulgó esta ley en mayo de 1974, con el objetivo de promover la industria de la artesanía tradicional, para contribuir al desarrollo de la economía local.

En muchos sentidos, la Ley Densan funciona como un esquema que permite el otorgamiento de marcas de certificación: sólo las cooperativas autorizadas pueden utilizar un logotipo particular, propiedad del Ministerio de Economía, y que certifica el carácter tradicional del producto.

Para lograr esta certificación, se solicita a la cooperativa cubrir ciertos requisitos, que incluyen: demostrar que la organización representa, al menos, a más de la mitad del sector involucrado en la producción de ese producto; éste debe ser utilizado para la vida diaria y estar realizado, en su mayoría, a través de técnicas tradicionales con más de 100 años de existencia; además, la cooperativa debe presentar un plan de acción y de negocios, con la finalidad de otorgar un carácter comercial al proyecto. Este último requisito obliga a ese sector a incorporarse a las cadenas de producción modernas, dándoles a cambio una serie de beneficios económicos y fiscales.

  1. Caso Australia: Protocolos/herramientas de autorregulación

El Consejo Australiano para las Artes publicó cinco Protocolos Culturales Indígenas en 2003, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de protección a la Propiedad Cultural e Intelectual Indígena (ICIP), que hoy en día no se reconocen bajo la Ley australiana. Las cinco guías se elaboraron para explicar de forma accesible los aspectos legales, éticos y morales que se deben tomar en cuenta cuando los artistas basan sus trabajos en material cultural indígena.

Los Protocolos abogan por la observancia de principios éticos que establecen, reconociendo la propiedad indígena de la expresión cultural indígena, tal y como se registra en la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, es posible que el artista reciba una subvención, siempre y cuando aporte pruebas suficientes sobre la aplicación del Protocolo dentro del desarrollo de su proyecto .

  1. Caso Brasil: Ley de Propiedad Intelectual promulgada por la Legislatura

El 17 de noviembre de 2015, entró en vigor la Ley No. 13.123 de Acceso y Distribución de Beneficios de los Recursos Genéticos y el Conocimiento Tradicional Asociado, a través de la cual el Poder Legislativo regula el acceso a los componentes del patrimonio genético, la protección y el acceso a los conocimientos tradicionales asociados y la distribución justa y equitativa de los beneficios para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad brasileña.

El artículo 6 de esta Ley establece que se deberán elaborar políticas que regulen el acceso “al patrimonio y los conocimientos tradicionales conexos y el reparto de los beneficios” , las cuales se implementarán en armonía con la legislación vigente.

Además, en la fracción primera del artículo 8, el Estado “reconoce el derecho de las poblaciones indígenas, comunidades tradicionales y los agricultores tradicionales a participar en la toma de decisiones, a nivel nacional” .

VII. Necesidad de legislar la propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas desde una perspectiva doctrinal

Como se ha comentado hasta este punto, la protección de los bienes materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio indígena es urgente y necesaria, especialmente en una nación que desde su raíz constitucional se describe como pluricultural y en la que los indicadores evidencian el alto porcentaje de población que se reconoce como indígena. Tal como lo ha expuesto la CDI: “un grupo social, pueblo o nación que conserva, protege, defiende y fortalece su patrimonio e identidad cultural es y será un pueblo que al conocer su historia estará consciente de su presente y, en consecuencia, tendrá toda la capacidad de proyectar su destino y desarrollo” .

Frente a las razones por las cuales se justifica proteger el conocimiento tradicional, diversos teóricos han esgrimido sus argumentos; en particular, pueden acotarse cuatro razones, acaso preocupaciones, aportadas por Alan Jabbour al referirse al empoderamiento que las culturas indígenas merecen ostentar respecto a sus tradiciones y costumbres, que él reúne en el término folclore.

Tales cuestiones son: la necesidad de autenticar el folclore, pues ante la amenaza económica de producir artículos con estos diseños y copar el mercado, se perpetra violencia psicológica y cultural a estas comunidades; la expropiación de registros documentales, fotográficos y físicos que desembocan en la extracción del patrimonio cultural de su lugar de origen; la necesidad de proponer una compensación ante los daños culturales y la indebida apropiación y, finalmente, la necesidad de reeducar a nivel cultural respecto al significado mismo de las expresiones tradicionales, puesto que claramente existe el temor de que éstas queden rezagadas por la internacionalización y la modernidad .

Lo anterior deja entrever las múltiples amenazas a las que están expuestos permanentemente las comunidades y los pueblos indígenas, las cuales deben atenderse legislativamente y normalizarse la protección de éstos, para no condenarlos de manera continua; su heterogéneo acervo patrimonial demuestra la vasta cultura y sabiduría que encierran estas comunidades, conocimientos tales que van:

desde el uso de alguna planta hasta el manejo del espacio en que viven […] La capacidad de allegarse nuevos elementos, de intercambio con sus vecinos, su origen e historia hacen que, con frecuencia, muchos de estos conocimientos sean compartidos en cierta escala, desde microrregional hasta nacional, y además que no puedan definirse por completo, ya que están en constante movimiento y cambio, aunque con un ritmo distinto al que tiene lugar en las sociedades industriales .

Por ello, se requiere una protección sui géneris que reconozca los derechos correspondientes y brinde cobertura, mecanismos y garantías cabales, para su certera salvaguarda, aspecto tal que se postula como el objeto de la presente Ley.

Países andinos como Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú han redireccionado sus esfuerzos hacia este tema. Plantean, además, lo inaplazable de esta regulación, argumentando razones generales y específicas .

Dentro de las primeras se enlistan, entre otras: protección de un derecho humano fundamental, valor intrínseco del conocimiento tradicional colectivo y respuesta defensiva a los derechos de propiedad intelectual que busca proteger derechos monopólicos sobre el conocimiento. Por su parte, la segunda categoría incluye el valor del conocimiento tradicional como parte de la cosmovisión indígena, y el desarrollo de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, a partir de los conocimientos, prácticas e innovaciones indígenas.

Por último, legislar el tema en comento permitirá materializar un México incluyente en el cual la población en general, sin ningún tipo de exclusión, encuentre espacio para resonar sus necesidades y reivindicar aquellos derechos de la propia colectividad.

Justo en esta afirmación encuentra sentido la presente iniciativa con proyecto de decreto, puesto que uno de sus propósitos es que el Estado, adicionalmente a las necesidades básicas para la subsistencia de las personas indígenas ya reguladas e invocadas por otros ordenamientos jurídicos mexicanos, también ponga de una vez por todas especial protección, defensa y salvaguardia a la herencia cultural de los pueblos originarios en nuestro país, y garantice las condiciones necesarias que permitan la permanencia de sus costumbres y tradiciones, además de brindar protección efectiva de sus creaciones, innovaciones, reproducciones verbales y escritas, manifestaciones artísticas, y todo proceso intelectual y material que tenga que ver con su cosmogonía, recursos genéticos, manifestaciones de arte y arquitectura, conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos.

Así, esta iniciativa con proyecto de decreto se propone con base en el artículo 2, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir de esta afirmación, la presente iniciativa está basada en:

  1. Análisis históricos y conceptuales sobre la propiedad intelectual en México. 
  2. Análisis de campo sobre el uso de la propiedad intelectual dentro de pueblos y comunidades indígenas. 
  3. Análisis comparativo internacional sobre esquemas de protección a CC.TT. y ECT. 

En tal virtud, y por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto:


PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, para quedar como sigue:

LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo único

Del objeto y aplicación de la ley

Artículo 1.  La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos conforme a lo dispuesto en los artículos 2, apartado A, fracción IV y 4º, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto salvaguardar los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en su calidad de derecho humano de naturaleza patrimonial, difusa y colectiva.

Artículo 2. Son objetivos de la presente ley:

  1. Reconocer el valor y promover el respeto al conocimiento, cultura e identidad del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
  2. Evitar la apropiación indebida, así como el uso, aprovechamiento o explotación comercial no autorizada, de los conocimientos, cultura e identidad y demás manifestaciones culturales que formen parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
  3. Regular el uso y explotación del patrimonio cultural inmaterial por terceros interesados según los preceptos de esta ley, y
  4. Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades, indígenas y afromexicanas.

Artículo 3. Para los propósitos de la presente ley, se entenderá por: 

  1. Pueblos y comunidades indígenas: los grupos a que se refiere el artículo 2° constitucional.
  2. Afromexicana o afromexicano: quien de una u otra manera desciende de las personas que llegaron del continente africano en condiciones de esclavitud, o no, antes o después de la creación del estado nacional y que se auto adscribe como tal. 
  3. Pueblos y comunidades afromexicanas: los que de una u otra manera se reagruparon a partir de las personas que llegaron del continente africano en condiciones de esclavitud antes o después de la creación del estado nacional y gozan hoy de rasgos distintivos que se manifiestan en su patrimonio cultural inmaterial.
  4. Patrimonio cultural inmaterial: comprende al conjunto de representaciones culturales, conocimientos, saberes, tradiciones, ceremoniales, fiestas, música, gastronomía, vestimenta, usos relacionados con la naturaleza y concepción del universo, habilidades, innovaciones, costumbres, formas de expresión simbólica y de comunicación, lenguas y técnicas artesanales y tradicionales, entre otras, las cuales constituyen la base de las manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a quienes se considera titulares de los derechos de uso y explotación de ese patrimonio, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes.
  5. Propiedad intelectual: la que esta ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sobre su patrimonio cultural inmaterial.
  6. Manifestación Cultural: los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales; inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación. Elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceso, participación, practica y disfrute de manera activa y creativa, en este caso referidas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
  7. Titular: cada pueblo o comunidad indígena o afromexicana respecto de las manifestaciones concretas que integran su patrimonio cultural inmaterial. 
  8. Cotitulares: dos o más pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas que, teniendo su propia identidad, comparten una o más manifestaciones culturales.
  9. Derechos colectivos de propiedad: régimen de titularidad que esta ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre las manifestaciones que integran su patrimonio cultural inmaterial.
  10. Apropiación indebida: acto mediante el que se adquiere, se adjudica, se adueña, se usurpa o se utilizan las manifestaciones que integran el patrimonio cultural inmaterial, en violación a las disposiciones de esta Ley.
  11. Consentimiento:  autorización expresa que los titulares del patrimonio cultural inmaterial, otorgan a quien lo solicite, de manera libre, previa e informada de acuerdo con sus procedimientos de uso y costumbre.
  12. Uso no autorizado: aquel que carece de consentimiento.
  13. Uso comercial: para la presente ley, derecho que está relacionado o promueve una manifestación cultural, con fines de lucro, incluyendo el uso comercial y/o industrial derivativo. 
  14. Uso no comercial: derecho de promover una manifestación cultural con fines educativos, de investigación, de divulgación o académicos, que no pretende fines de lucro. 
  15. Tercero interesado: persona física o moral que coadyuva o se opone al uso comercial. 
  16. Disponible: la manifestaciones culturales que, a pesar de que su origen histórico ligado a una comunidad, ha perdido su asociación distintiva con ella y que, como tal, se ha convertido en conocimiento genérico disponible por toda persona.  
  17. No disponible: las manifestaciones que se encuentran claramente asociadas con algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, y que es identificada por ellos mismos como no disponibles para su uso comercial o industrial.
  18. Inventario Nacional:  instrumento de política pública que tiene por objeto documentar, identificar, catalogar y registrar las manifestaciones culturales y los contratos relacionados con el objeto de la presente ley
  19. Contrato: el celebrado entre los sujetos titulares llamados licenciantes y un interesado llamado licenciatario que pretende ser el usuario, mediante una licencia de uso comercial o industrial.
  20. Remuneración: contraprestación en dinero, siempre justa, libremente pactada, entre las partes que celebran el contrato. 
  21. Esquema de participación: retribución no económica pactada entre las partes en aquellos casos donde no exista remuneración económica. 
  22. Licenciante: el que, por ser su titular, autoriza derechos en el contrato de licencia de uso. 
  23. Licenciatario: el que adquiere derechos en el contrato de licencia de uso. 
  24. Derecho de atribución: el derecho de un pueblo o comunidad, indígena o afromexicana, a reivindicar la titularidad de manifestaciones culturales. 

Artículo 4. Para la interpretación y aplicación de la presente ley, son competentes las autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, para efectos del peritaje, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes se ajustarán a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Así mismo, prevalecerá la interpretación más favorable a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte, y operará tanto la suplencia de la queja como la intervención de oficio.

Para lo no previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Capítulo único

Artículo 5. Los derechos colectivos de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre sus conocimientos, cultura e identidad y las manifestaciones materiales e inmateriales que de ellas derivan son inalienables, indivisibles e imprescriptibles.

Artículo 6. Esta ley reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades, indígenas y afromexicanas, a decidir sobre el uso de sus conocimientos, cultura e identidad y las expresiones materiales e inmateriales asociadas a este patrimonio cultural sin que medie procedimiento administrativo previo para efectos constitutivos.

Artículo 7. La obra individual de autores estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual podrá ser donada, cedida o transmitidos sus derechos de uso o explotación a los pueblos o comunidades, indígenas o afromexicanas, sin más requisito que la simple expresión de voluntad de ambas partes, según el uso y la costumbre.

Artículo 8.  Se reconoce personalidad jurídica para efectos de representación legal de los titulares a:

    1. Las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas electos, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno;
    2. Las autoridades municipales de aquellos municipios, ciudades, villas o localidades en donde los censos de población y vivienda registren cuarenta por ciento o más de población indígena o afromexicana, o
    3. Asociaciones de creadores, ejecutantes, artesanos y productores indígenas o afrodescendientes, que cuenten con el consentimiento de los titulares.

Para celebrar contratos de uso deberán demostrar que se ha dado el consentimiento de los titulares y rendir inmediata cuenta de su mandato.

Los representantes legales a que se refiere el primer párrafo, rendirán cuentas en términos de los usos y costumbres de las comunidades y pueblos, indígenas y afromexicanos.

TÍTULO TERCERO

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL NO DISPONIBLE PÚBLICAMENTE

Capítulo I

De las manifestaciones culturales no disponibles públicamente

Artículo 9. El patrimonio cultural inmaterial de cada pueblo o comunidad, indígena o afrodescendiente, no disponible públicamente incluye, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes manifestaciones culturales.

    1. Cualquier forma de expresión creativa, ritual, corporal, artística o literaria, tangible o intangible, o una combinación de ellas, así como acciones, materiales, música y sonido, formas verbales, y adaptaciones de todas las anteriores, que puedan subsistir por escrito, de forma codificada, por tradición oral o de otro modo; 
    2. Cualquier forma de expresión creada, generada, realizada producto de la actividad intelectual creativa de una persona o de personas integrantes; o mantenida, utilizada y desarrollada por individuos que tienen el derecho o la responsabilidad de hacerlo de conformidad con las leyes y las prácticas consuetudinarias.
    3. Aquellas que son un producto único o directamente vinculado con su identidad cultural y social, y que forman parte de su patrimonio cultural.
    4. Las expresiones que se transmiten de generación en generación, ya sea consecutivamente o no, en su contexto colectivo por un período no menor a cinco generaciones.
    5. Las relacionadas con la arquitectura tradicional y las técnicas tradicionales de construcción;
    6. Las relativas a diseños, íconos y símbolos tradicionales que son representativos dentro de ellas;
    7. Las relacionadas con la música, las artes, las interpretaciones, los rituales tradicionales, y la fabricación y utilización tradicional de instrumentos o artefactos.
    8. Las relacionadas con huipiles, vestidos, costumbres y demás prendas y accesorios indumentarios o corporales tradicionales y los relacionados con telares y artefactos de tejer, hilar y bordar.
    9. Los métodos tradicionales de peinado, decoración y modificación corporal, diseños y métodos tradicionales de joyería, trabajos en piedra, metalistería y ebanistería;
    10. Los métodos de preservación, tratamiento y conservación de los alimentos, métodos tradicionales de preparación de alimentos y bebidas, técnicas de cortar la carne, cebar ganado y recetas tradicionales;
    11. Las asociadas a la medicina y la salud, como los conocimientos médicos y aquellos relacionados con el uso de plantas, hierbas, minerales, animales; métodos tradicionales de parto; las técnicas tradicionales de recolocación de huesos dislocados y la curación espiritual;
    12. Las relacionadas con los cosméticos tradicionales, los perfumes, los inciensos, los aromas, y otros productos conexos que se utilicen para el cuerpo;
    13. Los sistemas tradicionales de reconocimiento del hábitat de animales, las técnicas de conservación de hembras, caza, pesca y captura autosostenibles.
    14. Los modos tradicionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad y su sostenibilidad, como el conocimiento de la gestión del paisaje terrestre y marino, el conocimiento de especies domésticas y salvajes, los pronósticos meteorológicos y los conocimientos relacionados con la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos y los conocimientos ecológicos tradicionales;
    15. La gestión de los recursos naturales sostenibles;
    16. Las técnicas de tejido de telas y de teñido de telas, al igual que los relacionados con las tinturas, las pinturas, los distintos tipos de goma y de cola; y
    17. Aquellos sobre técnicas agropecuarias y marinas.

Artículo 10. Se considera que las manifestaciones culturales no estarán disponibles públicamente cuando:

    1. Así se clasifiquen en el Inventario Nacional, o
    2. Estén claramente asociadas con sus titulares, con independencia de su registro en el Inventario Nacional.

Capítulo II

Del uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales no disponibles públicamente

Artículo 11. Cualquier persona que quiera hacer uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales no disponibles, públicamente deberá obtener una licencia, para lo cual debe:

  1. Contar con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o la comunidad titular;
  2. Celebrar el contrato de licencia de uso que incluya los términos de la remuneración justa o el esquema de distribución de beneficios;
  3. Respetar el derecho de atribución, y
  4. Inscribir el contrato.

Artículo 12. Para obtener la licencia de uso, el contrato debe estar inscrito si cumple los siguientes requisitos:

    1. Identificación de las partes;
    2. Nombre y descripción de la manifestación cultural cuyo uso solicita;
    3. Identificación del titular y de quien celebra en su nombre;
    4. Autorización expresa del titular;
    5. Lo que se contrata, el tiempo, lugar y circunstancia del uso;
    6. El monto de remuneración y la forma de pago.
    7. En su caso, el esquema de participación de beneficios entre el licenciante y el licenciatario.

La existencia del consentimiento libre, previo e informado deberá corroborarse de oficio.

Los contratos tendrán una vigencia máxima de cinco años y, por mutuo consentimiento, podrán ser prorrogables.

Artículo 13. Obtenida la licencia de uso, cada vez que se ejercite, el licenciatario dará a conocer al público, el número de inscripción, el nombre del titular, la región y el país de origen.

Artículo 14. No es necesario realizar contrato, ni tener licencia de uso cuando se trata de:

  1. Enseñanza, divulgación o investigación sin a fines de lucro.
  2. Preservación, exhibición, investigación y presentación en archivos, bibliotecas, museos, otras instituciones culturales reconocidas u otros fines de interés público.

Artículo 15. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o su equivalente brindará asesoría jurídica de oficio, de calidad y gratuita, para la negociación, celebración y cumplimiento del contrato, y para la defensoría del patrimonio cultural inmaterial.

TÍTULO CUARTO

DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DISPONIBLES PÚBLICAMENTE

Capítulo único

Artículo 16.- Toda expresión o manifestación cultural se presume no disponible, pero se considerará que está disponible públicamente cuando se declare que ha perdido su asociación distintiva con un titular, la cuales serán considerada como bienes de dominio común. Quienes hagan uso de manifestaciones culturales inmateriales bajo esta figura, están obligados a señalar sus datos de identificación.

TÍTULO QUINTO

DEL INVENTARIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Capítulo único

Del Contenido del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano.

Artículo 17.  El Instituto Nacional de Antropología e Historia conformará el Inventario Nacional de del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano. Dicho inventario será accesible de manera digital y pública, y observará los principios de transparencia, máxima publicidad, certeza, conservación y cooperación transfronteriza, y para facilitar y alentar, según corresponda, la creación, el conocimiento, el intercambio, la difusión y el acceso al patrimonio cultural intangible de los pueblos y comunidades, indígenas y afromexicanas.

Artículo 18. El inventario tendrá por objeto documentar, identificar, registrar y catalogar las manifestaciones culturales y contratos relacionadas con el objeto de la presente ley; registrar las licencias de uso correspondiente, hacer declaratorias de disponibilidad pública y registrar las sanciones administrativas aplicadas.

El inventario tendrá un capítulo dentro del Sistema Nacional de Información Cultural a que se refiere la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para su máxima difusión, el cual será accesible de manera digital y pública.

Artículo 19. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá plena autonomía sobre la determinación metodológica de la creación, gestión, integración, mantenimiento y actualización del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, que permita generar notificaciones dirigidas a las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual, incluidos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, sobre cada inclusión, modificación o adición realizada en el Inventario Nacional. Su organización se establecerá en el reglamento correspondiente.

Artículo 20. Cualquiera de los titulares, de manera personal o a través de sus representantes, podrá solicitar la inclusión, modificación y corrección gratuita, del Inventario Nacional en lo que sea de su interés legítimo.

Artículo 21. El Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano deberá ser consultado por las autoridades competentes en materia de derecho de autor y propiedad industrial, para efecto de las solicitudes de registro en materia de derecho de autor o de registro de marcas y patentes realizadas por terceros interesados. La omisión de consulta previa será causal de nulidad y confiere acción a los titulares.

Artículo 22. El Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, contará con un consejo permanente, integrado por nueve miembros, que trabajará de forma colegiada e incluirá representantes designados de manera directa por cada entidad de representación según se enlista:

  1. Uno por el Instituto Nacional de Antropología e Historia;
  2. Uno por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
  3. Uno por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y
  4. Uno por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Participaran además, cinco representantes de organizaciones de pueblos o comunidades, cuatro de los cuales serán indígenas y uno afrodescendiente, a propuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o su equivalente, y de conformidad con las disposiciones del reglamento de la presente ley.

Artículo 23. El consejo permanente tendrá como principales atribuciones:

  1. Realizar los trabajos previos para la generación de la Sección especial Indígena y Afromexicana del Inventario Nacional, dando prioridad a los casos urgentes a proteger;
  2. Establecer herramientas de vigilancia, actualización y corrección sobre el Inventario Nacional Indígena y Afromexicano;
  3. Establecer mecanismos y herramientas de comunicación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o sus equivalentes, y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
  4. La generación de un informe anual público en formato electrónico sobre los trabajos del Consejo, así como del Inventario Nacional y del registro de contratos de licencia de uso;
  5. La generación y participación de foros nacionales e internacionales tendientes a enriquecer y mejorar la práctica relacionada con la protección, conservación y defensa de su objeto, y
  6. Las demás establecidas en el reglamento de esta ley.

TÍTULO SEXTO

DE LOS EFECTOS DEL INVENTARIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA Y AFROMEXICANO Y EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LICENCIA DE USO

Capítulo único

Artículo 24. La omisión o exclusión de una manifestación cultural en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, no implica la ausencia o extinción del derecho colectivo de propiedad de sus titulares, cuya inscripción posterior tendrá efectos retroactivos.

Artículo 25.  Cuando no exista autorización de uso en los términos indicados por esta ley, lo que se haya conseguido en materia de derecho de autor o de propiedad intelectual e industrial, será nulo de pleno derecho.

TÍTULO SÉPTIMO

DEL SISTEMA DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS.

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 26. Se crea el sistema nacional de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como una instancia de coordinación de acciones institucionales e interinstitucionales para el cumplimiento del objeto de la ley.

Artículo 27. El sistema estará integrado por las instituciones federales y estatales en materia de cultura, desarrollo social, educación y fomento económico, además de los municipios en donde los censos de población y vivienda registren cuarenta por ciento o más de población indígena o afromexicana y las instituciones que los pueblos y comunidades establezcan para la protección de sus conocimientos cultura e identidad. También participarán las organizaciones de los sectores social y privado interesados en la materia.

Artículo 28. El sistema nacional Salvaguardia tendrá como objetivos:

  1. Establecer, diseñar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas para la protección, defensa y promoción de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades.
  2. Preservar y enriquecer los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
  3. Contribuir al desarrollo económico y bienestar social de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
  4. Procurar por la compensación justa y equitativa por el uso, aprovechamiento o explotación económica de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades.
  5. Atender y asistir a los pueblos y comunidades en la identificación de los usos no autorizados de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere la Ley.
  6. Impulsar la preservación de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y aformexicanos.
  7. Favorecer el desarrollo creativo y nuevos aprovechamientos respecto de los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
  8. Fomentar políticas públicas que contribuyan al conocimiento y respeto de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
  9. Proporcionar orientación sobre la relevancia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
  10. Establecer programas de capacitación para la elaboración de las diferentes expresiones culturales e identitarias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
  11. Establecer mecanismos de cooperación internacional para evitar el uso, aprovechamiento o apropiación no autorizada de los conocimientos o expresiones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades en otros países y regiones.
  12. Los demás que le confieran otras leyes y las que le confiera su consejo directivo.

TITULO OCTAVO

INFRACCIONES, DELITOS, COMPETENCIAS Y SANCIONES.

Capítulo único

Artículo 29. En el caso de que surja una controversia entre licenciantes, licenciatarios titulares, cotitulares y terceros, las partes podrán acudir ante la Dirección del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, o recurrir a un mecanismo de solución alternativo de controversias reconocido por la legislación nacional, regional o internacional que resulte más adecuado para los titulares de los derechos de propiedad colectiva.

Artículo 30. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a mil días multa a quien haga apropiación indebida, así como el uso y toda forma de reproducción no autorizados, de cualquier manifestación cultural no disponible de las señaladas en esta ley.

En calidad de reparación del daño, la víctima recibirá cuando menos el cuarenta por ciento del valor de venta al público de los bienes, servicio, artículos, productos y subproductos inherentes.

Artículo 31.  La Dirección de Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, según la gravedad y condición del infractor, sancionará con multa de mil a diez mil salarios mínimos vigentes en Ciudad de México a quien, sin la licencia correspondiente haga uso de los bienes protegidos en esta ley. Si la infracción se comete con fines de lucro se aplicará el doble de la multa anterior y el decomiso de los artículos, productos y subproductos que se hayan reproducido ilícitamente, los cuales podrán ser inmovilizados cautelarmente de oficio, desde que la autoridad, por cualquier medio, tenga conocimiento de su existencia.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, creará como parte de su estructura orgánica la Dirección de Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano que entrará en funciones inmediatamente. Así mismo, el Instituto establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional de dicha dirección, necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Tercero. El Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, deberá iniciarse de inmediato, conforme al artículo transitorio anterior, dando preferencia inicial a la protección de indumentaria de Santa María Tlahuitoltepec, de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, los textiles Wirikuta, y los diseños de Tenango de Doria, entre otros.

Cuarto. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el reglamento previsto en este cuerpo normativo, y realizará las adecuaciones administrativas necesarias para tal efecto.

Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia del ejecutivo federal considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las disposiciones aplicables.

Sexto. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República a 15 de noviembre de 2018.

Suscriben

Senadora Susana Harp Iturribarría                  Senador Ricardo Monreal Ávila

Este trabajo de autorregulación fue elaborado por la abogada Terri Janke, socia de la firma Terri Janke and Company, en Sídney, Australia, y revisado por cinco artistas.

Legislatura de Brasil, Ley No. 13.123 del 20 de mayo de 2015: Acceso y Distribución de Beneficios de los Recursos Genéticos y el Conocimiento Tradicional Asociado. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=376795.

Op. cit.

CDI, Consulta sobre mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, p. 19.[En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37014/cdi_consulta_proteccion_conocimientos_tradicionales.pdf

Alan Jabbour, Folklore Protection and National Patrimony: Development and Dilemmas in the Legal Protection of Folklore, pp. 2 y 3.[En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.alanjabbour.com/Folklore_Protection_and_National_Patrimony.pdf

César Carrillo Trueba, De patentes y derechos de los pueblos indígenas, p. 35. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/83/03/de%20patentes%20y%20derechos.pdf.

Corporación Andina de Fomento, Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena, pp. 14-16. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/664/Elementos%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20sui%20generis%20de%20los%20conocimientos%20tradicionales%20colectivos%20e%20integrales%20desde%20la%20perspectiva%20ind%C3%ADgena.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Secretaría de Cultura. Sistema de Información Cultural. Datos Nacionales. Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible en: http://sic.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI). Clasificación de las Lenguas Indígenas 2010, México, pp. 9-13. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en:http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825064617.pdf

OIT. Normlex. Sistema de información de Estándares Laborales Internacionales. Ratificación del C169. [En línea] [Fecha de consulta: 7 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314

Senado de la República. Gaceta Parlamentaria: LXIV /1PPO-15/83709. De las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, p. 2. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf

Artículo 2, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En México, el término folclor o folclore ostenta una connotación peyorativa, con la que se califica, de manera errónea, a algunas expresiones culturales tradicionales, por lo que es una palabra que se evita utilizar en el presente documento legislativo.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). La protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales (folclor) y los recursos genéticosconexos: Enfoque desde el SELA, Caracas, Venezuela, 2009, p. 7. [En línea] [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: http://www.sela.org/media/266766/t023600003467-0-la_proteccion_de_conocimientos__tradicionales _el_folclor_y_los_recursos_geneticos.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comunicado de prensa: “La propiedad intelectual y los pueblos indígenas: un desafío importante”, 23 de junio de 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 1 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/tk_seminar2015.html

Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1437, miércoles18 de febrero de 2004. [En línea] [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/feb/20040218.html#Iniciativas.

Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año X, número 2155-1, martes 19 de diciembre de 2006. [En línea] [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301622_20061219_1166632848.pdf

Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 4422-VII, miércoles 9 de diciembre de 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/dic/20151209-VII/Iniciativa-1.html

Asuntos turnados a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura. [En línea] [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2018]. Disponible para su consulta en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf

Gaceta de la Comisión Permanente, número LXIII/3SPR-25/82557, miércoles 1 de agosto de 2018. [En línea] [Fecha de consulta: 11 de octubre de 2018]. Disponible para su consulta en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/82557

WIPO IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (31st Session), Protection of Traditional Knowledge Draft Articles. Geneva, 19–23 September 2016, WIPO/GRTKF/IC/31/4, 5 (WIPO Draft Articles).

Es necesario recordar que, dentro de los parámetros occidentales de la teoría del derecho de autor, el autor de una obra será siempre una persona física perfectamente identificable, mientras que, para el caso de las comunidades originarias, la titularidad colectiva trae aparejada la dilución de la titularidad individual atribuible a un solo autor.

Se hace referencia directa a los casos de uso no autorizado conocidos en el medio como Santa María Tlahuitoltepec, Los Alebrijes de Oaxaca o el Tenango de Hidalgo.

Desde la perspectiva procedimental, se reconocen claras limitantes para iniciar un procedimiento de infracción en materia de derecho de autor.

A partir de septiembre de 2018, como consecuencia de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, se incorporaron las figuras de indicaciones geográficas y marcas de certificación.

De conformidad con un análisis desarrollado sobre un muestreo que incluyó 183 registros de marcas colectivas disponibles en la base de datos pública del IMPI, el 35 % de ellas protegen productos relacionados con artesanías, mientras que el 77 % son propiedad de organizaciones civiles ligadas territorialmente con alguna comunidad originaria.

El régimen de indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO) indica que el titular de una declaratoria es el Estado mexicano quien, a través del IMPI, emite autorizaciones de uso de dicha denominación a él o los terceros que comprueben (mediante pruebas técnicas) que tienen la capacidad operativa para producir el bien cuyo nombre es objeto de la protección de la IG o DO.

UNESCO, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf.

ONU, Convenio Sobre la Diversidad Biológica. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, en el Marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ONU, Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Op. Cit.

Op. Cit. Artículo 31.

OIT, Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Op. Cit.

Conferencia Mundial del Turismo, Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1

Op. cit.

Primera Conferencia Internacional de los Derechos de Propiedad Intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas, Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Documentos%20Internacionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declaracion%20Mataatua%201993.pdf.

Op. Cit., p. 4, numeral 2.5

Foro ONGs, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing, [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/92.pdf.

OEA, Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf

OMPI, Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad Intelectual. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/wipo_pub_768.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. La protección de los conocimientos tradicionales: proyecto de artículos, Ginebra, Suiza, 12 al 16 de julio de 2017. [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018. Disponible para su consulta en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_5.pdf

Op. Cit.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Indicadores Socioeconómicos de los pueblos Indígenas de México, 2015. Numeralia indígena 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en: https://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015?idiom=es.

Ídem.

Chi, Jimena. Empowering Innovators within the Mexican Industrial Property Policy: heading towards a Knowledge-based Society. A Comparative Study with the Japanese Experience, JICA y OIT, Japan, 2014, p. 87.

Asamblea Legislativa de Panamá, Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pa/pa015es.pdf

Op. cit

Japón, Ley 122 de 2002: Ley Orgánica de Propiedad Intelectual. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3268/3677.