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Iniciativas

Estado Actual: Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.


Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción, presentada por senadores de Movimiento Ciudadano.

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben constantemente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que sido documentado por Transparencia Internacional a través de su índice anual. En su más reciente reporte, correspondiente al año 2017, nuestro país se colocó en el lugar 135 de 180 con una calificación de 29, sin registrar avances sustanciales con respecto al año anterior. México “se encuentra empatado con República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos. A nivel regional, México se encuentra en la sexta peor posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile encabezan el top cinco en la región”

Al igual que Transparencia Internacional, otros organismos y reportes internacionales como el Índice de Competitividad Global, el Latinobarómetro, el Reporte de Integridad Global, los Indicadores Globales de Gobernabilidad del Banco Mundial o el Índice de Estado de Derecho, identifican a México como un país con altos niveles de corrupción. Esto no resulta sorpresivo al observar la enorme cantidad de hechos de corrupción en nuestro país, hechos que han sido evidenciados y documentados por la Auditoría Superior de la Federación, por distintas investigaciones periodísticas, así como por la sociedad civil organizada.

Dichos hechos de corrupción han sido desde aquellos relacionados con las “mordidas”, trámites municipales o locales, permisos relacionados con la propiedad, hasta casos escandalosos como la Casa Blanca, OHL, Odebrecht, la destrucción de los manglares de Tajamar, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito de diversos gobernadores, o la llamada Estafa Maestra que involucró a diferentes titulares de dependencias y entidades de la administración pública federal.

II. Los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas.

Es por ello que se ha vuelto necesario ampliar los mecanismos para combatir la corrupción, en concordancia con la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, que obliga a adoptar “medidas preventivas, de combate y de sanción a una serie de actos de corrupción en los ámbitos público y privado”, evitando desde el soborno a políticos de alto nivel o partidos políticos, el uso de relaciones personales o familiares para obtener contratos públicos, el enriquecimiento ilícito, hasta el soborno a funcionarios públicos de nivel inferior para acelerar trámites, o de cualquiera de los delitos por hechos de corrupción que establece el Código Penal Federal.

Vale la pena destacar que la corrupción les cuesta a todos los mexicanos. Diferentes organismos internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, aunado a las pérdidas que sufren las empresas y las arcas públicas por el desvío de recursos.

III. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas legales aprobadas en dicha materia, constituyen un importante avance en el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país. La reforma contempló diversos mecanismos para inhibir actos de corrupción, para combatir el conflicto de interés y para sancionar tanto en el terreno administrativo como en el penal los actos de corrupción. Sin embargo, es posible continuar abonado a un andamiaje legal que castigue de manera más efectiva estos hechos y que también sirva para inhibirlos.

La presente iniciativa pretende establecer la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, la cual garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma y adiciona distintas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 212 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 212.- […]

[…]

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación permanente para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

I. Derogado.

II. Derogado.

Derogado.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación permanente para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.

I. Derogado.

II. Derogado.

III. Derogado.

IV. Derogado.

[…]

[…]

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV del artículo 78 y se suprime el último párrafo del mismo artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 78. […]

I. a III. […]

IV. Inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

[…]

[…]

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Senado de la República

LXIV Legislatura

4 de septiembre de 2018

Dante Delgado Rannauro

Clemente Castañeda Hoeflich

Verónica Delgadillo García

Samuel García Sepúlveda

José Ramón Enríquez Herrera

Indira Kempis Martínez

Patricia Mercado Castro

 

Índice de Percepción de la Corrupción 2017 vía Transparencia Internacional, IMCO,  https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via-transparencia-internacional/

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 www.inegi.org.mx

El Dream Team de los gobernadores corruptos en México, Manuel Hernández Borbolla, Huffingtonpost 07/12/2016, https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/29/la-generacion-de-gobernadores-mas-corruptos-en-la-historia-de-me_a_21616032/

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, www.unodc.org

Amparo Casar, María, “México: Anatomía de la Corrupción”, Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad, 2015. Pág. 45