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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la estrategia de capacitación y profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus actividades de manera efectiva, ante el aumento sostenido de la inseguridad pública en la entidad.

SE TURNó A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA.


Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de capacitación y profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus actividades de manera efectiva,   ante el aumento sostenido de la inseguridad pública en la entidad.  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es un derecho humano fundamental, que permite garantizar la paz y el orden, así como proteger la integridad y patrimonio de la población.  

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Pese a lo anterior, a siete meses de concluir la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el número de delitos cometidos continúa aumentando de manera exponencial, lo que atenta contra la tranquilidad y seguridad de la población, así como con el orden y la paz de la sociedad en su conjunto.

Desde el inicio del presente gobierno estatal, la seguridad pública se estableció como uno de los pilares de la agenda institucional, planteados en el Programa de Gobierno 2012-2018 [*], razón por lo cual se llevó a cabo la estrategia Escudo, a la que fueron destinados recursos humanos, financieros y tecnológicos sin precedente en la historia de la entidad.

Los cuerpos policiacos son agentes centrales para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, de acuerdo con diversos medios periodísticos, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) han sido catalogadas entre las peores evaluadas en el nuevo Sistema de Justicia Penal. [*]

Ello, conforme a un estudio denominado “Modelo Óptimo de la Función Policial” [*], realizado por la Secretaría de Gobernación. En efecto, se señala que las FSPE tienen las peores evaluaciones en competencias policiales y desempeño, a lo que el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez y el titular de dichas fuerzas han afirmado que se cuenta con una de las mejores corporaciones en México.

Según los resultados del Modelo citado, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen carencias importantes en la capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal, pues ni siquiera cuentan con una sala de juicios orales donde puedan realizar prácticas.

Cabe destacar que existen tres talleres obligatorios para los elementos de seguridad pública respecto al Sistema de Justicia Penal, los cuales son: taller de la función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos; taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación; y taller de investigación criminal conjunta (policía de investigación y policía preventivo).

Dichos talleres deben ser prácticos y tener una duración de al menos 30 horas anualmente, y con apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Pese a lo anterior, en la entidad únicamente se ha impartido el taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el número de veces que éste se ha replicado, no llega ni a los 10 cursos.

Esta situación la ubica como una de las que tienen a los policías menos preparados en el Sistema de Justicia Penal.

De manera integral, los elementos de las corporaciones deben contar con el Certificado Único Policial, que es una herramienta establecida en la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que avala que los elementos tengan perfil, conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes para desarrollarse.

El Certificado incorpora cinco áreas, a saber: estado de fuerza, evaluación de control de confianza aprobado y vigente, formación inicial o equivalente, evaluación de competencias básicas aprobadas y vigentes y evaluación del desempeño.

Al respecto, es indispensable mencionar que en el estado no se cuenta con el mínimo de policías requeridos por cada 100 mil habitantes, que es de 1.8, mientras que en la entidad es de apenas 0.4. Lo anterior, pese al aumento en el número de efectivos, los cuales pasaron de los mil 200 en 2012 a una meta de 3 mil 500 en 2018.

Conforme a las evaluaciones, apenas un 30 por ciento del total de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se encuentran capacitados en la evaluación de competencias básicas; mientras que alrededor del 10 por ciento cuentan con la evaluación del desempeño.

En este mismo orden de ideas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que cada estado debe contar con al menos una academia o institutos de formación en seguridad pública, la cual debe de cumplir 12 rubros de equipamiento e infraestructura.

No obstante, el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (Infospe), sólo cumple con cinco de dichos rubros, por lo que no estarían garantizando las condiciones de aprendizaje y desarrollo de los cadetes que egresan a las Fuerzas de Seguridad Pública de la entidad.

En el Infospe no existe un área de juicios orales, considerando que Guanajuato fue una de las primeras entidades federativas en implementar este nuevo sistema de justicia; no cuenta con área de comedor, no hay cocina, sin sala de equipo audiovisual, no existe el servicio médico dentro de las instalaciones, no hay área de entrenamiento, ni cuenta con pista de prueba física y pista vehicular.

Por último, se cita que los elementos seguridad pública estatales están entre las cinco corporaciones mejor pagadas del país y que cuentan con prestaciones y distintos seguros o fianzas. Mientras que el sueldo promedio nacional es de 9 mil 933 pesos mensuales para los elementos de menor jerarquía, en el estado fue de 13 mil 289 pesos al mes de octubre de 2017, colocándolos en el tercera posición del país. [*]

Asimismo, cuentan con seguro de vida, servicio médico, crédito de vivienda, apoyo para policías caídos en cumplimiento de su deber, fondo de ahorro y apoyos en becas escolares para sus hijos. 

La falta de capacitación y profesionalización de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, constituye una problemática grave que la presente administración debe atender con urgencia ante el aumento sistemático de la violencia e inseguridad en los principales municipios de la entidad. 

El Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato, establece la Agenda ciudadana Guanajuato Seguro, la cual se resume en tres temas: seguridad, procuración e impartición de justicia. El anhelo de  la sociedad –señala- es vivir en un ambiente seguro, donde las leyes sean justas y se hagan cumplir, sin violar los derechos y garantías de las personas. Para ello proponen la prevención como uno de los mecanismos de contención de la delincuencia, así como una educación en valores y una mayor profesionalización y dignificación de los cuerpos policiacos. [*]

De esta manera, para incrementar la efectividad del sistema de Seguridad Pública, se planteó como uno de los proyectos específicos contar con cuerpos policiales eficientes y confiables.

Pese a las buenas intenciones, la realidad es que los elementos de seguridad pública de la entidad no están bien preparados y capacitados para llevar eficazmente sus actividades fundamentales y enfrentar la ola de inseguridad que se vive en la mayor parte del territorio estatal.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan un crecimiento sostenido del número delitos cometidos cada año en lo que va de la presente administración.  

Para poner en su justa dimensión la gravedad de esta problemática, cabe señalar que durante el año pasado el número de delitos cometidos sumó 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9 % con respecto a 2016 y de 46.2 % con relación a 2013. [*]

Los delitos registrados al cierre de 2017 colocan a la entidad como la tercera más alta a nivel nacional, lo que significa que se cometieron 323 delitos cada día durante todo el año pasado.

Con una estrategia fallida de combate a la inseguridad, implementada por el gobierno del estado de Guanajuato, desde el inicio de la actual administración, y con fuerza policial mal capacitada, los índices delictivos están aumentando día con día en los principales municipios de la entidad y es previsible que lo sigan haciendo en los próximos meses, si no se toman las medidas adecuadas para su atención.

Es evidente, pues, que la entidad enfrenta una situación de inseguridad grave que atenta contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de los guanajuatenses, lo que da cuenta del fracaso de la estrategia y políticas públicas en materia de seguridad pública implementadas en lo que va de la actual administración estatal.

El artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. [*]

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios. [*]

Una de las prioridades del Gobierno de la República es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y el desarrollo profesional de sus integrantes.

Ante este panorama, es pertinente que el gobierno de Guanajuato refuerce las acciones de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, para que puedan llevar a cabo de manera eficaz sus actividades y combatir la inseguridad que prevalece en la entidad, en beneficio de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:




PUNTO DE ACUERDO

Único.  El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de capacitación y profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus actividades de manera efectiva,   ante el aumento sostenido de la inseguridad pública en la entidad. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de marzo del año de dos mil dieciocho.

Atentamente


[*] http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

[*] http://zonafranca.mx/marquez-se-queja-del-nuevo-sistema-penal-pero-su-policia-reprueba-evaluacion-de-la-segob-en-el-tema/

[*] Es un diagnóstico nacional sobre las policías preventivas en las entidades federativas con el objetivo de dar a conocer el estado que guardan y realizar recomendaciones que les permitan mejorar las condiciones de seguridad de su población, con base en las capacidades de cada entidad y con el acompañamiento permanente de la Federación.  El Modelo Óptimo de la Función Policial fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la XLII Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2017, con lo que se cumplimiento se hizo obligatorio para todas las entidades federativas. El documento de diagnóstico será actualizado de manera trimestral. Para mayor referencia consultar  http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf

[*] http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf

[*] http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

[*] http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102017.pdf

[*] http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

[*] https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf

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