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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las acciones realizadas por las presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede de la delegación Miguel Hidalgo durante la administración de Víctor Hugo Romo.

SE TURNó A LA COMISIóN DE LA CIUDAD DE MéXICO.


Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, informen a esta Soberanía sobre las acciones realizadas por las presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Delegación Miguel Hidalgo, durante la administración de Víctor Hugo Romo; asimismo, para que se amplíen las investigaciones y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales que procedan conforme a derecho a funcionarios de alto nivel.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este H. Senado de la República, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Un sistema democrático exige el compromiso de la acción gubernamental para que responda a las necesidades y demandas más urgentes de la ciudadanía, atienda los problemas y rezagos sociales y genere resultados que contribuyan al mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la población. De igual manera, exige un gobierno efectivo, transparente y que rinda cuentas de sus decisiones, además de que combata cualquier tipo de corrupción.

En este sentido, contar con finanzas públicas sólidas que sean manejadas de manera eficiente y responsable, constituye un aspecto medular para que un gobierno sea efectivo y produzca cambios positivos en la vida de los ciudadanos.

Los actos de corrupción no sólo generan altos costos económicos, también erosionan el entramado social y la confianza de los ciudadanos en el gobierno, su desempeño y amenazan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas.

De allí la relevancia de la transparencia y rendición de cuentas, como mecanismos que sirven a la ciudadanía para mejorar el funcionamiento de las políticas, los programas y los servicios que reciben. Se trata de principios torales de gestión y de desempeño para las dependencias gubernamentales y para el servicio público.

El artículo 134 de nuestra Constitución Política, señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por su parte, el párrafo séptimo del mismo artículo menciona que “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

En los últimos años, en nuestro país hemos logrado grandes avances en la rendición de cuentas y transparencia. Actualmente, contamos con un sólido diseño institucional que garantiza que los Sujetos Obligados transparenten de manera oportuna y clarala información pública que se encuentra en su poder.

Lamentablemente, existen casos en los que persiste la renuencia de los gobiernos a transparentar la información pública relacionada con el ejercicio de los recursos públicos, ello a pesar de estar obligados por la legislación aplicable en la materia. Tal es el caso de la Ciudad de México, en donde la opacidad en el manejo de dichos recursos se ha convertido en una práctica sistemática.

A lo largo de la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, se han observado diversas irregularidades que atentan contra el manejo eficaz, eficiente, responsable y transparente en el ejercicio de dichos recursos.

De acuerdo con medios periodísticos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Delegación Miguel Hidalgo que devuelva los 24.3 millones de pesos que la Administración de Víctor Hugo Romo no acreditó de contratos con los que debía construirse la nueva sede delegacional.

En este mismo tenor, señalan que los contratos de obra fueron otorgados a la empresa Phomsa Construcciones, fundada por el ex Edil perredista de Zitácuaro, Mich., Carlos Herrera.

En agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública dio oportunidad para solventar las inconsistencias detectadas en la auditoría, al entonces Delegado Humberto Morgan, quien era colaborador de Víctor Hugo Romo y los sustituyó cuando el ex perredista dejó el cargo anticipadamente para buscar una diputación.

Morga ha señalado a la administración de Romo como la responsable de los contratos por los que la Secretaría de la Función Públicas detectó el desvío mencionado de poco más de 24.2 millones de pesos. La Delegación deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación por las anomalías detectadas en una auditoría que no pudieron ser subsanadas.

Por último, cabe mencionar que en enero pasado, un juez federal rechazó la petición del ex Delegado Romo para silenciar por completo la difusión de cualquier informe de las autoridades sobre su actuación como funcionario público.

Es indudable que Víctor Hugo Romo, como titular de la Delegación Miguel Hidalgo, privilegió su agenda personal y política, por encima de la institucional, posponiendo diversos proyectos sociales que se presumía iban a tener un importante impacto en la ciudadanía.

El uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos son condiciones imprescindibles en el ejercicio de la administración pública. Sin embargo, contrario a estos principios, no es la primera vez que se habla de presuntas irregularidades en este rubro. Durante la gestión de Víctor Hugo Romo al frente de la delegación Miguel Hidalgo, durante el periodo comprendido entre 2012-2015, se distinguió por heredar diversos proyectos inconclusos que en su momento fueron anunciados como importantes obras, y que hoy dan cuenta de un ejercicio ineficiente e irresponsable de los recursos públicos.

Esta situación es preocupante si consideramos que el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México 2013-2018, ha establecido como uno de sus ejes fundamentales la efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción, cuyos objetivos centrales son los siguientes: Consolidar la evaluación de resultados de la acción gubernamental como un instrumento de la gestión pública; construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos; fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas; y fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Por otra parte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 5° fracción XII, establece que una de sus principales atribuciones del Jefe de Gobierno es el de “Contribuir a la Transparencia y la Rendición de Cuentas de los sujetos obligados a través de la generación, publicación y seguimiento a la información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, accesible, oportuna y comprensible.”

Asimismo, en su artículo 21 plantea que “Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley”.

Por último, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 1°, segundo párrafo, menciona que “Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.”

Es indispensable que los responsables de las presuntas irregularidades cometidas sean sancionados conforme a la ley, debido a que se trata de un ejercicio indebido de las arcas públicas, que limita la instrumentación de programas sociales y proyectos económicos en beneficio de los habitantes.

Los recursos públicos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, tal como lo establece nuestro marco normativo, por lo que ante cualquier irregularidad se deben efectuar las investigaciones correspondientes, a fin de imponer las sanciones conducentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Único. El senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, informen a esta Soberanía sobre las acciones realizadas por las presuntas irregualridades en la construcción de la nueva sede de la Delegación Miguel Hidalgo, durante la administración de Víctor Hugo Romo; asimismo, para que se amplíen las investigaciones y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales que procedan conforme a derecho a funcionarios de alto nivel.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 13días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE


https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180122/282312500490889

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/Programa%20General%20Desarrollo%20Social%20DF%202013-2018.pdf

http://www.aldf.gob.mx/archivo-cf208a5520aee873ce03cf707c7982d0.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_270416.pdf

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