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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al municipio de Guadalajara a suspender la aplicación de las disposiciones administrativas que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas.

SE TURNó A LA COMISIóN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIóN TERRITORIAL.


ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral I, fracción II; 109; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A SUSPENDER LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN POR ACCIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los desastres naturales generaron pérdidas dolosas para nuestro país: más de 400 víctimas con nombre y apellido. Hoy, hay padres sin sus hijos e hijos sin sus padres a causa de los sucesos. La reconstrucción de los daños, se anticipa en al menos 38 mil millones de pesos. Incluso, en la revisión de los estimados, se espera que tan solo la reconstrucción de las escuelas afectadas supere los 20 mil millones de pesos y al menos 8 mil millones de pesos para restaurar el patrimonio cultural e histórico del país.

Ante esto, los municipios tienen la responsabilidad de implementar estrategias que, dentro del marco de competencia que establece Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), protejan a las personas y su patrimonio.De igual forma, atendiendo a lo que señalen las constituciones de las entidades federativas y la legislación federal que establezca concurrencia en los tres niveles de gobierno en el país con el objeto de tutelar el ordenamiento territorial, los asentamientos urbanos y el desarrollo urbano de las ciudades.

En materia de ordenamiento territorial, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) señala que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos urbanos, centros de población y la ordenación territorial deberá seguir los siguientes principios: (1) derecho a la ciudad; (2) equidad e inclusión; (3) derecho a la propiedad urbana; (4) coherencia y racionalidad; (5) participación democrática y transparencia; (6) productividad y eficiencia; (7) protección y progresividad del espacio público; (8) resiliencia, seguridad urbana y riesgos; (9) sustentabilidad ambiental; y (10) accesibilidad universal y movilidad. De igual forma, conforme a la LGAHOTDU, el municipio deberá, “[p]romover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos” y, en caso de violaciones a los planes o programas de desarrollo urbano, “[i]mponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones que en materia penal”. La realidad y las disposiciones normativas vigentes en México colocan obligaciones pertinentes a los municipios para disminuir las causas y mitigar los efectos de los desastres naturales.

Uno de los casos más preocupantes a nivel nacional debería ser el caso de Guadalajara. Desde el 2015, con el ingreso de la nueva administración municipal, se aprobaron las disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el municipio de Guadalajara. El objeto de esta normativa es establecer los “mecanismos para identificar y determinar los daños causados a la ciudad por las acciones urbanísticas iniciadas antes del 1 de octubre de 2015, cuya autorización o realización fueron sin apego a las normas en materia urbana y de medio ambiente, y determinar el procedimiento para la compensación, indemnización y mitigación, conjunta o separada, de dichas acciones urbanísticas”.

De suyo, la aplicación de este marco normativo coloca incentivos perversos a los constructores y, para la ciudad, es una estrategia profundamente deficiente. Para el empresario, podría haber violentado los planes de desarrollo y exceder el Coeficiente de Utilización de Suelo, pero podría pagar un gasto excedente que ni remotamente es equiparable a las externalidades negativas que genera ni proporcional a la ganancia que recibirá de dicha violación. Para el municipio, la regularización no compensa en términos reales el costo de infraestructura que generan las externalidades negativas. Peor aún: el ingreso obtenido no está limitado a la construcción de infraestructura, sino a diversos rubros como pueden ser establecidos en los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 6000 de Inversión Pública, dentro de un proyecto específico para tal fin. Incluso, se ha declarado por parte de la autoridad municipal, que los recursos se han destinado en la compra de obra considerada arte público en oposición a realizar una inversión que fortalezca el ejercicio del derecho a la ciudad.

Por tal motivo y, en el marco del Día Mundial de la Resiliencia, Guadalajara debe replantear la estrategia, planear su ordenamiento territorial y desarrollo urbano conforme a los principios establecidos en la legislación aplicable y los derechos humanos. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Ayuntamiento de Guadalajara para que suspenda la aplicación de las disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el Municipio de Guadalajara.

Segundo.- Se evalúen las externalidades negativas de las construcciones irregulares que generó la totalidad de las construcciones que excedieron el Coeficiente de Utilización de Suelo en Guadalajara antes del 1 de octubre del 2015, pero también de aquellas construcciones posteriores a dicha fecha.

Tercero.- Se dé vista a las autoridades competentes en materia penal sobre la violación a la normatividad.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 11 días del mes de octubre del 2017

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A SUSPENDER LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN POR ACCIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

“Costará 38 mil mdp reconstruir; encabeza Peña Nieto evaluación de daños”, Excélsior, el 28 de septiembre de 2017, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/28/1191240.

W. Radio México, “Reconstrucción de la infraestructura educativa costará aproximadamente 20 mil millones de pesos: EPN”, W Radio México, el 10 de octubre de 2017, http://wradio.com.mx/radio/2017/10/10/nacional/1507671432_552736.html.

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (1917), Artículo 115.

“Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano” (s/f), Artículo 11, fracciones XIX y XXIV.

“Disposiciones Administrativas de Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara” (s/f), Artículo 1.

Ibid., Artículo 22.

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