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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica





De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXIX-M del artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Inic_PT_Art.73y89_CPEUM.pdf)

La iniciativa propone derogar las facultades del Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional y establece como facultad y obligación del Presidente, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la defensa exterior de la Federación en el caso de guerra defensiva, y en el ámbito interno en los siguientes supuestos: a) en situación de suspensión de garantías; b) intervención federal por siete días en los términos del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución; en caso de que el conflicto continúe se iniciará el procedimiento de suspensión de garantías y, c) en caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas. En este último supuesto la autoridad militar actuará sin armas y estará subordinada de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad, al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal, y al resto de los niveles de gobierno, y órganos constitucionales establecidos en esta norma fundamental.

En su régimen transitorio se establece que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la propuesta de reforma constitucional, los integrantes de las fuerzas armadas de la República regresarán, en los términos del artículo 129 de la Constitución a sus cuarteles, sin que puedan atender tareas de seguridad pública ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos de la fracción VI del artículo 89 constitucional.

De la misma manera, se contempla que dentro del plazo de tres meses, después de la entrada en vigor de este Decreto, las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública. La autoridad que no pueda reasumir sus competencias íntegramente, lo comunicará al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar en contra del Gobernador los procedimientos de juicio político y de responsabilidades que correspondan.

La propuesta, busca declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritos con los Estados Unidos de América. Cualquier acuerdo en el futuro sobre estas materias deberá ser ratificado por el Senado de la República para que tenga plena validez jurídica.

Se propone constituir una Comisión de la Verdad que estará integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos; estipula que en un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizará la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue a los aspirantes a los previos controles de confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación de los policías de los tres niveles de gobierno.


SYNOPSIS: The Initiative proposes to repeal the powers of the Congress of the Union to approve laws on national security and establish as a faculty and obligation of the President, to have the totality of the permanent Armed Force, for example Army, Navy and Air Force for the Defense of the Federation in the case of defensive war and in the domestic sphere in the following cases: a) in the situation of suspension of guarantees; B) federal intervention for seven days in the terms of the first paragraph of article 119 of the Constitution; In case the conflict continues, the procedure for suspending guarantees will be initiated and, c) in case of environmental threats or risks, civil protection, health and educational campaigns. In the latter case, the military authority will law without arms and will be subordinated according to the constitutional and legal powers of each authority, the Executive, the Congress of the Union, the Federal Judicial Power, and all other levels of government, and organs established in this fundamental norm.

In its transitional regime, it is established that within three months, following the entry into force of the proposed constitutional reform, members of the armed forces of the Republic will return, under the terms of article 129 of the Constitution to their Barracks, without being able to attend public security tasks or any other that is not included in the cases of fraction VI of article 89 of the Constitution.

Likewise, it is envisaged that within three months after the entry into force of this Decree, the competent authorities of the three levels of government should resume their powers in the area of public safety. The authority that can not resume its powers in full, will notify the holder of the Federal Executive Powers, so that the latter may initiate the process of suspension of guarantees, as well as initiate against the Governor the procedures of political judgment and responsibilities that correspond.

The proposal seeks to declare null, as unconstitutional, the inter-institutional agreements on national, internal and public security signed with the United States of America. Any agreement in the future on these matters must be ratified by the Senate of the Republic to have full legal validity.

It is proposed to establish a Truth Commission which will be composed of five incumbents elected by citizens to investigate acts and omissions involving human rights violations; Stipulates that within two months, following the entry into force of this constitutional reform, the Congress will approve the rules and procedures to constitute: a system of police professionalization that meets the needs of The three levels of government; To deal with the professionalization of local police forces; That obliges the aspirants to the previous confidence controls for the entrance to the police service; That I structured a world-class Police Academy for police training and police education at the three levels of government.