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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Fernando Yunes Márquez, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y enfrente el procedimiento que hay en su contra por los delitos que se le imputan.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.


Los suscritos MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadoresintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, en carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE SOLICITE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CONTRA DEL C. JAVIER DUARTE DE OCHOA, PARA EVITAR QUE SE SUSTRAIGA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y ENFRENTE EL PROCEDIMIENTO QUE HAY EN SU CONTRA POR LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTE

1.- El C. Javier Duarte de Ochoa fue electo como Gobernador del Estado de Veracruz en el año 2010, (cargo que concluye el próximo mes denoviembre). A lo largo de sugestión se ha visto envueltoen una serie de irregularidades que han llevado al Estado de Veracruz a una posición crítica en materia de inseguridad y corrupción. Aunado al hecho que el Gobernador de Veracruz ha sido señalado por diversos actores políticos de ese estado, incluido el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional de aquella entidad, de haber adquirido propiedades, transferencias de recursos públicos a cuentas de prestanombres, en México y en el extranjero, ello con independencia de su declaración patrimonial, la cual fue objetada por parte de Transparencia Mexicana.

Asimismo, el Gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Javier Duarte, quien precisó cuenta con alrededor de 25 bienes inmuebles ilícitamente adquiridos a través de testaferros con un valor superior a los 3 mil millones de pesos.

Sin embargo, dichos señalamientos no son únicamente de carácter político dado que la Auditoria Superior de la Federación ha señalado irregularidades en la Administración del Gobierno de Veracruz, que oscilan entre los 34 mil y 35 mil millones de pesos. El Titular de la ASF mencionó en medios de comunicación que el Gobierno del Estado no había podido comprobar el gasto de dichos recursos, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República. La problemática aumenta ya que el Gobernador Javier Duarte ha gastado alrededor de 18 millones de pesos que provienen de partidas federales en contratos de obras bienes y servicios, mismos que aún no se han podido comprobar de forma concreta.

Asimismo a finales de septiembre del presente año, se informó que el Servicio de Administración Tributaria liberó orden de aprehensión relacionadas contra presuntos responsables del caso Veracruz. Lo anterior derivado de 31 querellas, algunas de ellas en relación a temas de firma de contratos entre empresas supuestamente falsas y el Gobierno del Estado de Veracruz, mismos que se efectuaron entre los años 2012 y 2014 por una suma de aproximadamente 645 millones de pesos.

Aunado al grave déficit que atraviesa el Estado de Veracruz producto de un mal manejo de los recursos, según datos de la Procuraduría General de la República, Veracruz se ha convertido en la Entidad Federativa con más riesgo para ejercer la profesión de periodismo, puesto que, del año 2000 al 2015 se tenían 16 periodistas asesinados y 4 desaparecidos. De acuerdo con datos de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el Gobierno de Javier Duarte se han cometido el 62 por ciento los asesinatos y el 100 por ciento de los periodistas desaparecidos.

En el 2014, la Revista Proceso calificó a Javier Duarte como el Gobernador más peligroso para los periodistas, ya que hasta ese año se registró la muerte de 10 periodistas acribillados, 4 desaparecidos y 132 ataques a la prensa.

Periodistas asesinados hasta febrero del 2016:

  1.  Misael López Solana. 20 de junio del 2011.
  2. Miguel Ángel López Velazco. 20 de junio del 2011.
  3. Noel López Olguín. 1 de junio del 2011.
  4. Yolanda Ordaz de la Cruz. 27 de julio del 2011.
  5. Regina Martínez. 28 de abril del 2011.
  6.  Gabriel Huge. 3 de mayo del 2012.
  7. Esteban Rodríguez. 3 de mayo del 2012.
  8. Guillermo Luna. 3 de mayo del 2012.
  9. Víctor Manuel Báez. 14 de junio del 2014.
  10. Gregorio Jiménez. 11 de febrero del 2014.
  11. Moisés Sánchez. 2 de enero del 2015.
  12. Armando Saldaña. 4 de mayo del 2015.
  13. Juan Mendoza Delgado. 30 de junio del 2015.
  14. Rubén Espinoza. 31 de julio del 2015.
  15. Anabel Flores. 8 de febrero del 2016.

Entre la gravedad de dichos casos, el de Rubén Espinoza de 31 años de edad, vino a cobrar relevancia por el alcance en el ámbito espacial al que llego. Lo anterior debido a que el Fotoperiodista fue encontrado muerto junto con cuatro personas en un departamento de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México. En el año 2013 había sido golpeado por policías por un desalojo de maestros de la CNTE en el Estado de Veracruz. Posteriormente presento una denuncia penal en contra del gobierno de Duarte, la cual se trató de interrumpir por parte del gobierno local.  El joven había sido víctima de desplazamiento forzado provocado por la violencia en el Estado, por lo que tuvo quemigrar a la Ciudad de México, a pesar de las denuncias interpuestas en contra del Gobierno de Veracruz y su huida de aquella EntidadFederativa.

Cabe señalar que en marzo del 2016, diputados del Partido Acción Nacional ingresaron una demanda de Juicio Político contra el Gobernador de Veracruz Javier Duarte, por los hechos anteriormente señalados, sin embargo, dicha demanda fue calificada de improcedente por parte de diputados del PRI y PVEM, al catalogarlo de ser un asunto de índole electoral.

De todo lo anterior, y de todas las irregularidades y posibles delitos que ha cometido el Gobernador de Veracruz Javier Duarte, la Procuraduría General de la República atrajo dos carpetas de investigación que implican al Gobernador de Veracruz y otros funcionarios por el mal manejo de los recursos, bajo los expedientes:  FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, iniciados por Enriquecimiento Ilícito, PeculadoeIncumplimiento del Deber Legal.

Cabe señalarque la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha suspendido de forma temporal los derechos como militante al Gobernador del Estado de Veracruz junto con demás funcionarios como: Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, lo que deja ver que el Partido Revolucionario Institucional no está dispuesto a respaldarlo.

Por último, con fecha 12 de octubre el C. Javier Duarte de Ochoa presentó solicitud de licencia para ausentarse de su cargoante Congreso del Estado de Veracruz, a partir de la fecha de presentación del escrito y hasta que concluya su mandato, por ello es urgente que se emitan medidas cautelares a fin de evitar que evada la acción justicia.

C O N S I D E R A N D O S

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.-Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado A, corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de delitos del orden federal así como solicitar medidas cautelares contra los imputados.

IV.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, menciona que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos del orden federal, así como “…ordenar la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia…”

V.- Que conforme al Código Penal Federal en su artículo 224 el Enriquecimiento Ilícito existe “cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño” siendo la sanción de tres meses hasta catorce años de prisión.

VI.- Que conforme Código Penal Federal en su artículo 223, comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Las sanciones por dicho delito irán desde tres meses hasta catorce años de prisión.

VII.- Que conforme al Código Penal del Estado de Veracruz en su artículo 319, comete el delito de Incumplimiento del Deber Legal el servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo en perjuicio de los derechos de terceros o en beneficio propio o ajeno. La sanción será de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos como servidor público.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Repúblicapara quesolicite las medidas cautelares que considere pertinentes en contra del C. Javier Duarte de Ochoa,para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia yenfrente el procedimiento que hay en su contra por los delitos que se le imputan.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que dé celeridad a las investigaciones que lleva a cabo en contra del C. Javier Duarte de Ochoa, por los delitos que se le imputan,con la finalidad de que se inicie el procedimiento penal correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los trece días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

SEN. mariana Gómez del campo gurza

Sen. Fernando Yunes Márquez

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO