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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del Artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone establecer que las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial y básica.

It proposes to establish that children with disabilities may not be conditioned on their integration into initial and basic education.

El suscrito Senador de la República, Félix González Canto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del Artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Se encuentra presente en sus principales tratados. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como discapacidades, religión, sexo, raza, color, preferencias sexuales, y así sucesivamente.

La no discriminación es indispensable para avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias, igualitarias y libres de los daños, conflictos y retrocesos que ésta implica para las personas y sociedades que la sufren.

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Al ser, la no discriminación, un requisito fundamental para la vigencia de la igualdad obliga a los Estados a implementar acciones que erradiquen las condiciones que generan y reproducen la discriminación.

Pese a los esfuerzos por erradicar la discriminación, uno de los grupos poblacionales que continúan sufriéndola, son las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [*] más de mil millones de personas, que equivalen al 15% de la población mundial padecen alguna forma de discapacidad, cifra que irá en aumento debido al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, entre otras causas.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.6% de la población del país reporta tener una discapacidad. Siendo los adultos mayores quienes muestran una mayor concentración de personas con discapacidad, de forma tal que representan el 51.4% del universo de la población con esta condición, los adultos representan el 33.7%, los jóvenes el 7.6%; y, los niños el 7.3% de las personas con discapacidad.

El fenómeno de la discapacidad siempre ha acompañado a los seres humanos, forma parte de la condición humana, puede afectar a cualquier persona de muchas maneras durante su ciclo de vida. Existen personas con discapacidad que la tienen desde el nacimiento y otras que la adquieren durante su vida, ya sea por accidente, enfermedad, proceso de envejecimiento o un hecho violento.

El INEGI ha reportado que [*] la enfermedad o la edad avanzada son las principales causas para todos los tipos de discapacidad considerados. Los problemas relacionados con el nacimiento ocupan el segundo lugar en las discapacidades del habla y comunicación (31.8%) y en los emocionales y mentales (18.1%); el 14.1% de las discapacidades relacionadas con mover las extremidades superiores se deben a accidente, y 16.2% en el caso de las extremidades inferiores.

Si bien es cierto que las personas con discapacidad forman parte de un grupo población que enfrenta múltiples complicaciones para gozar de todos sus derechos humanos, también se deben de reconocer los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano para avanzar en la protección de los derechos y en el combate contra la discriminación de las personas con discapacidad.

Bajo ese contexto se puede mencionar que en nuestro país en el año 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adicionar un párrafo tercero al artículo 1º y prohibir toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las capacidades diferentes, término que fue sustituido en 2006 por el de las discapacidades.

En 2003 se crearon la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

En 2005, se expidió la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual tuvo el propósito de garantizar que dichas personas tuvieran igual acceso a la educación, la salud, el empleo, los servicios sociales, la vivienda, el transporte público, la protección de la ley y los procedimientos políticos de adopción de decisiones. Pese a la ley las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social. No se debe perder de vista que de acuerdo al Programa Nacional de Derechos Humanos, de 2005 a 2012 aumentó el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de personas con discapacidad por violación a sus derechos humanos [*] .

En 2007, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose a elaborar y poner en práctica leyes y políticas públicas para asegurar a este grupo poblacional los derechos reconocidos en ese instrumento internacional, así como de abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

El reto que asumió el Gobierno Mexicano fue el de sensibilizar sobre las personas con discapacidad para lograr una sociedad incluyente, derivado de la ratificación de esta Convención, en 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que trató de armonizar la otrora Ley General de las Personas con Discapacidad con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual representó un gran avance dado que se establecieron diversos mecanismos para la creación de entornos incluyentes.

Un aspecto fundamental que incorporó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el relativo a la educación inclusiva, entendido por ella la

educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, lo cual es de suma importancia debido a que el asegurar la educación a los niños, adolescentes y jóvenes discapacitados lleva aparejada una mejora en su calidad de vida puesto que –como a cualquier persona- la educación les permite obtener conocimientos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su interacción social, cultural y económica. Además de que desde la perspectiva económica, la educación de una persona discapacitada hace de ella una persona productiva que no tiene necesariamente que depender de su familia o del Estado durante toda la vida.

La educación es un derecho inalienable de toda persona, a ningún niño, niña, adolescente o joven se le puede negar este derecho por razones de discapacidad, lamentablemente la historia y las estadísticas demuestran que las personas con discapacidad son uno de los grupos poblacionales con más dificultades para acceder a la educación, aún persisten barreras físicas, sociales y culturales que obstaculizan su ingreso y tránsito a través del sistema educativo.

El INEGI ha señalado que de acuerdo con el Censo 2010, la población con discapacidad de 3 a 29 años de edad se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que mientras 45 de cada 100 asisten a la escuela, entre las personas sin discapacidad lo hacen 56, siendo mayor el porcentaje de personas con discapacidad que asisten en zonas urbanas que en la rurales (47.3% frente a 40.2% respectivamente)

Para 2014 la brecha de diferencia entre personas en edad de estudiar que asisten a la escuela se amplió, dado que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 [*] (ENADID, 2014) muestra que el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a la escuela, frente al 60.5% de la población sin discapacidad.

El Censo 2010 también nos permitió observar que del conjunto de población con discapacidad en edad escolar (de 3 a 29 años), los que tienen mayor asistencia escolar se ubican en los que presentan dificultad para ver (53.2%), poner atención o aprender (51.8%), escuchar (47. 1%), hablar o comunicarse (44.8%), y los que menos, aquellos con limitaciones para caminar o moverse (39.4%), atender el cuidado personal (29.4%) y mentales (28.9%). De forma tal que las personas con limitaciones cognitivas y de movilidad son quienes tienen más restringido el acceso a la educación.

El porcentaje de asistencia escolar por tipo de discapacidad también tuvo un retroceso, según lo señalado por la ENADID 2014, ya que el porcentaje de quienes asisten a la escuela con dificultad para ver disminuyó al 42.5%, en el caso de poner atención o aprender al 36.5%, en lo relativo a las discapacidades para hablar y comunicarse al 27.5%; finalmente las personas que tienen discapacidad para mover o usar sus brazos y manos, bañarse, vestirse o comer y lo relacionado a problemas emocionales o mentales presentan las mismas proporciones de asistencia a la escuela con un 10.9% para cada uno.

Respecto de la aptitud para leer y escribir el Censo 2010 reportó que 34.1% de las personas con discapacidad de 6 a 14 años de edad no sabe leer y escribir; porcentaje tres veces superior al de la población sin discapacidad de la misma edad (10.3%) lo que reafirma las dificultades de acceso a la educación para los niños con discapacidad, porcentajes que casi no tuvieron ningún cambio en la ENADID 2014.

Es importante mencionar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tuvo la virtud de dedicar un capítulo a la educación, en específico el artículo 12 de la Ley establece una serie de acciones para que la Secretaría de Educación Pública promueva el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, destacándose las siguientes tres acciones:

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

Sin duda, estas acciones deben favorecer el que cada vez más niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan a la educación, sin embargo, considerando que el acceso a la educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano y lo coloca en ventaja social respecto a aquellas personas que no lo tienen, estimo pertinente incorporar dentro de las acciones que debe emprender la Secretaria de Educación Pública para promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, el establecer que las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial y básica.

El prohibir el condicionamiento a la integración de las niñas, niños y adolescentes a la educación básica radica en la importancia de que adquieran toda una serie de conocimientos básicos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su integración social, cultural y económica y de que los niños y adolescentes con discapacidad necesitan tanta educación como sus pares.

Cabe mencionar que esta reforma está en consonancia con la reforma aprobada por el Senado de la República el 19 de abril del presente a la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL  ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 12.- …

I. …

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado.

Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial y básica;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios;

IV. a XIV. …

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Félix González Canto

[*] Véase Organización Mundial de la Salud. Discapacidad y salud. Nota descriptiva No 352, Diciembre de 2015, consultada en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ el 2 de abril de 2016

[*] INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad. p.-5, México, 2015, consultada en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf, el 2 de abril de 2016

[*] Ver Programa Nacional de Derechos Humanos, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014

[*] Véase INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad. disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf

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