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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.


Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometoa consideración de esta Soberaníala siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA CON LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE AMNISTIA Y RECONCILIACIÓNNACIONAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las manifestaciones en Venezuela, habían dejado un saldode al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas (de fuego y de goma) y 2,157 detenidos, de los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. Actualmente, 41 personas continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de protestas violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB).

Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.

En octubre de 2014, ZeidRa’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió directamente la libertad del preso político.

Ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo López para ser presentado ante un Tribunal fue violado. El Grupo afirmó que el proceso en su contra fue por sus posiciones políticas, por lo que su detención es considerada como arbitraria.

Incluso Amnistía Internacional, en un comunicado fechado el 4 de enero de 2016, exhortó a la Asamblea Nacional que juramentó el 5 de enero, a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia, y de cualquier persona que enfrente procesos judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes”.

3. Para el 31 de diciembre de 2015 Venezuela cerró el año con 91 presos políticos más 19 en prisión domiciliaria (casa por cárcel), de acuerdo al sitio Venezuela Werness; por su parte el Foro Penal Venezolano reporta hasta el momento 77 personas detenidas por motivos políticos, subclasificándolos a su vez en: detenidos por manifestarse (28), detenidos por uso de redes sociales (3), rebelión civil (2), rebelión militar (19) y otros (25).

Dentro de los principales opositores actualmente recluidos se encuentran:

  • Leopoldo López: Líder del ala radical de la oposición, este economista de 44 años con maestría en Harvard fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos y 878 heridos en 2014, con una iniciativa conocida como "La Salida". 
  • Antonio Ledezma: El alcalde de Caracas, de 60 años, fue detenido en febrero de 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tres meses después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal. 
  • Daniel Ceballos: Este ingeniero de 32 años fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia como alcalde de San Cristóbal -capital del estado Táchira (sur), fronterizo con Colombia- en marzo de 2014, acusado de desacatar una orden judicial para contener las manifestaciones. 
  • Manuel Rosales: El excandidato presidencial de 63 años, que enfrentó a Chávez en los comicios de 2006, fue detenido en octubre pasado en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), a las puertas de un avión que lo llevó a Venezuela tras seis años de exilio en Perú. 

El gobierno venezolano  emprendió una serie de acciones contra la posición, por medio de la Contraloría General de la República al inhabilitar a una serie de funcionarios entre los que se encuentran: Manuel Rosales: exgobernador del estado Zulia, Enzo Scarano : exalcalde del municipio San Diego, María Corina Machado: exparlamentaria, Pablo Pérez: exgobernador del estado Zulia, entre otros.

Adicionalmente, existen exiliados políticos en todo el mundo. En Estados unidos los exiliados venezolanos se concentran en la ciudad de Doral, en  condado Miami-Dade, al sur de Florida. Según el censo de 2010, en Estados Unidos residen 259 mil venezolanos de forma legal, pero otros datos hablan de una población cercana a los 500 mil.

3. La amnistía es una figura jurídica legítima que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos, con la finalidad de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos; ésta ya ha Amnistía ya ha sido utilizada en Venezuela: en 1994, Hugo Chávez Frías fue beneficiado de ella pues cumplía una condena de prisión por el fallido golpe de Estado de 1992. Además en el año 2000, la Asamblea Nacional dictó la Ley de Amnistía General, cuyos beneficiados fueron personas involucradas en dicho intento de golpe de Estado.

Cabe señalar que el artículo 187, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que corresponde a la Asamblea Nacional el decreto de amnistías.El artículo 29 de la Constitución señala que la amnistía encuentra como límites materiales los delitos de lesa humanidad, la violación de los derechos humanos y los crímenes de guerra.

En las elecciones de diciembre de 2015, una de las propuestas de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue la aprobación de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en prisión con procesos penales viciados.Diferentes organizaciones no gubernamentales de Venezuela participaron en la redacción de esta iniciativa.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue ingresada formalmente a la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero por la MUD, contando con la asistencia de familiares de los presos políticos. La primera discusión se llevó a cabo el pasado martes 16 de febrero, en ella se consideró la exposición de motivos y se evaluaron sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutió el articulado en forma general. La Ley de Amnistía fue aprobada por mayoría.

Siguiendo lo establecido por el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, la ley fue estudiada por la Comisión Permanente de Política Interior, la cual emitió un dictamen que envió al Pleno para su discusión; en esta fase, la Ley se redujo de 45 a 29 artículos.

El 29 de marzo de 2016, se llevó a cabo la segunda discusión del proyecto de ley, analizando artículo por artículo en un debate que duró más de 6 horas y que fue transmitido en vivo por la televisión abierta y por plataformas como Youtube.

El texto de la ley señalan que pueden ser beneficiadas todas aquellas personas imputadas, procesadas y condenadas por hechos considerados delitos y que han sido perseguidos políticamente desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigor. Esta ley contempla amnistía para todos los delitos comunes que hayan sido tergiversados e imputados por móviles políticos y aplicados a las víctimas de persecución política por la participación de estas en actos realizados de acuerdo a las libertades políticas establecidas en la Constitución.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

4.Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Por su parte,el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula conla Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en su búsqueda de un ambiente político plural en el que se respete el Estado de Derecho, así como los derechos humanos.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día treinta de marzodel año dos mil dieciséis.

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS