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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica




De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a modificar los Códigos de Procedimientos Civiles estatales a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.


Los que suscriben Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, HECTOR LARIOS CORDOVA Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ integrantes de laLXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A MODIFICAR LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ESTATALES A FIN DE QUE EL PROCESO DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN JUICIO ESPECIAL O SUMARIO, Y CON ELLO REDUCIR EL TIEMPO EN QUE LOS MENORES DE EDAD SE ENCUENTRAN SIN RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Código Napoleónico o Código Civil Francés, recogió entre otros derechos y deberes  a cargo del padre, los siguientes: la guarda, educación, mantenimiento, corrección y tutela de los hijos, el disfrute y administración de sus bienes, así como el derecho de consentir su matrimonio y su emancipación; es decir del derecho de patria potestad era considerado como la representación de los hijos menores no emancipados.

Es a partir de entonces cuando la patria potestad deja de ser aquel poderío excesivo, riguroso y cruel que ejercía el padre sobre su descendencia, en el Derecho Romano, para pasar a ser la relación jurídica cuyo fundamento es la protección de los hijos.

A medida que el Estado va adquiriendo más poder que el de la familia, y toma por su cuenta la procuración e impartición de justicia, y la religión también queda fuera de la potestad de pater, así como las economías pasan a diferentes tipos de organización, la patria potestad se ejerce sobre un restringido número de personas, y se convierte en una institución de carácter moral y social, cuyo ejercicio es una función primordial y temporal de los padres a favor de la protección e interés de sus descendientes.

El Estado tiene la facultad y deber de vigilar que la patria potestad se ejerza de tal manera que los progenitores cumplan las obligaciones y deberes que la patria potestad les impone durante la procreación de los hijos.

Actualmente, la mayoría de las legislaciones del mundo, han ajustado la regulación de la patria potestad para darle la concepción de una función temporal y no de un poder o autoridad suprema de los padres sobre la persona y los bienes de los hijos.

La patria potestad es una institución jurídica de gran contenido social el cual tiene como objetivo la protección, asistencia y un desarrollo integral a los hijos menores de edad, en un sentido intrínseco es el reconocimiento de los padres sobre los hijos y sus bienes.

Las actividades consideradas como parte del desarrollo y ejercicio de la patria potestad deben relacionarse directamente con el deber fundamental de la educación, con el fin de un pleno desarrollo de la personalidad humana y la convivencia social procurando siempre una buena administración y cuidado de las condiciones materiales y económicas para poder satisfacer las necesidades primarias del menor.

En las relaciones entre ascendientes y descendientes, en el ejercicio de la patria potestad siempre deberán regir el respeto y la consideración a fin de evitar que se generen actos de manipulación o alienación parental, el ejercicio de este derecho tendrá en todo momento como base el interés superior de la infancia con el fin de garantizar:

  • Acceso a la salud física y mental, alimentación y educación para fomentar su desarrollo personal. 
  • El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar. 
  • El desarrollo de la estructura de la personalidad, con una adecuada autoestima libre de sobreprotección y excesos punitivos. [*] 
  • Un fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. 
  • Los demás derechos que a favor de las niñas y niños que reconozcan otras leyes y tratados aplicables. 

El menor de edad tiene derecho de convivir de manera plena e ilimitada con sus progenitores para formar lazos afectivos y los padres tienen la obligación de participar en la vida de sus hijos activamente, en su educación y en la toma de decisiones respecto de su desarrollo y formación como persona, siempre ycuando no implique un riesgo para el menor.

A nivel internacional, a través de la Convención sobre los Derechos del Niñoque es el primer Tratado de carácter obligatorio en esta materia, y del que México es parte desde 1990, la cual gracias a su jerarquía normativa, se impone al régimen legal de la patria potestad al reconocer a los padres un ámbito de autonomía respecto de sus responsabilidades, deberes y derechos y al fijar un mínimo de derechos a favor del niño como el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a un nombre, a una nacionalidad y a una identidad, entre otros, priorizando siempre el interés superior del menor de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que para el desarrollo pleno y armonioso de la personalidad del niño, este requiere crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, el interés superior del menor busca el pleno desarrollo del niño y debe ser prioridad en la toma de decisión judicial respecto a los menores.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° párrafos noveno, décimo y onceavo señala:

Artículo 4.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

…”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés superior del menor debe ser el principio rector al momento de elaborar leyes y de tomar cualquier decisión judicial en relación a los menores de edad, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas a todos los órdenes relativos a la vida del niño.

La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado respecto a esto con la siguiente Tesis Aislada:

Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época2008547        63 de 755 Primera Sala Libro 15, febrero de 2015, Tomo II Pág. 1398 Tesis Aislada(Constitucional)

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES.

Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores.

Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano.

Con base al principio de economía procesal, donde se busca obtener el resultado más óptimo con el menor tiempo, esfuerzo y menores costos, el Estado tal como dice el artículo 4° constitucional debe proporcionar facilidades para el cumplimiento de éstos derechos, privilegiando la protección al interés superior de la niñez.

Actualmente el trámite judicial de pérdida de patria potestad es distinto en cada entidad, se desahoga bajo etapas diversas y las pruebas de las que se allega el juzgador varían de conformidad con los criterios que hayan sido establecidos.

A nivel federal la pérdida de patria potestad se decreta por las siguientes causales:

Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:

I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;

III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal;

IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más de seis meses.

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor; y

VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. [*]

Dichas causales son replicadas en las legislaciones locales, donde a criterio del juez y conforme las pruebas ofrecidas se dicta sentencia. En particular la fracción I y IV, que son las que señalan un acto en contra de los menores de edad al abandonar sus deberes de cuidado sobre él, son los que nos ocupan ya que son los más recurrentes dentro de centros de asistencia social y los más complicados de solucionar por la dificultad de integrar las pruebas y agotar la búsqueda de familia extensa que podría hacerse cargo de aquél.

Dentro del proceso de pérdida de patria potestad, se dictan medidas cautelares de guarda y custodia que pueden recaer en un familiar que puede o no convertirse en el titular de la patria potestad de una niña, niño o adolescente. Durante la designación de quien ejercerá la patria potestad (en caso de encontrar a los familiares), la patria potestad recae en la autoridad, es decir en el Estado; durante este lapso de tiempo el menor de edad se encuentra bajo el cuidado de los centros de asistencia social.

Es así que, miles de niños se encuentran en un centro social en espera de que la autoridad defina el estatus de su situación jurídica en caso de que una vez agotadas las diligencias no se haya encontrado a algúnpariente consanguíneo que se haga cargo del menor de edad, se declara su pérdida y por lo tanto la tutela se queda a cargo de las instituciones públicas y/o privadas.

La autoridad judicial, ya sea el Ministerio Público o las Procuradurías de Protección Integral, investigan los vínculos consanguíneos del menor de edad, y agotan lo que disponen los códigos civiles de sus Estados, durante este periodo el menor de edad habita dichas instituciones, por más de 2 años para definir su situación legal, lo cual retrasa los procesos que pueden dar origen a la adopción o acogimiento pre-adoptivo.

En las entidades federativas, quienes ejercen la patria potestad a falta de los padres, son los abuelos de manera generalizada, ya sean los maternos o paternos, según a criterio del juez quienes les provean las mejores condiciones de desarrollo, (Capítulos referentes a Patria Potestad en los Códigos Civiles de los Estados), con esta medida, la garantía de que los menores de edad permanezcan dentro del núcleo familiar se ha cuidado de tal forma que a falta de ellos se inicia el proceso de la pérdida de la patria potestad para el caso de que la familia extensa no acredite el interés en recibirlo.

Ahora bien, el planteamiento del problema radica en que dicho proceso de la pérdida de patria potestad se demora por las diligencias que se realizan para ubicar a los familiares del menor, según lo indique el juzgador, sobre todo cuando se tratan de menores expósitos o abandonados tanto en hospitales como centros de asistencia social.  Si bien este proceso debe agotarse hasta cerciorarse que el menor pueda desarrollarse dentro de su entorno familiar, con la importancia que esto implica, al demorar este procedimiento judicial resulta en que muchos de ellos no puedan ser adoptados por otras personas.

En este sentido, es preciso referir que el proceso que se lleva a cabo en los juzgados puede resolverse a través de dos vías dependiendo la entidad federativa en el que se encuentre el menor de edad, por un proceso ordinario civil o bien por uno especial o sumario, la diferencia entre ellos radica en los plazos y etapas en que la autoridad judicial resuelve, es por ello que se requiere que el proceso de pérdida de patria potestad sea expedito, ya que los menores de edad deben contar con certidumbre acerca de su situación jurídica y que esta sea alcanzada a la brevedad.

Los menores expósitos o abandonados requieren atención inmediata, además de la conducta de quien lo realizó y que es punible en términos de los códigos penales estatales, la principal garantía que debe cubrirse es que el menor de edad se encuentre bajo los cuidados primarios y una vez que estos están cubiertos, resolver su situación jurídica, no con el ánimo de que este sea colocado de inmediato en otro hogar o vulnerando el derecho a vivir en una la familia, reconocido en el Capítulo Cuarto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sino con el ánimo de que las decisiones se tomen en la conciencia que esto implica y el juez estudie el caso con las particularidades que se presentan y resuelva de forma inmediata.

Un juicio ordinario civil tarda en promedio 4 años en resolverse, mientras que un sumario o especial tarda alrededor de 2 años, cuando el caso se complica; el juicio sumario es un procedimiento de carácterdeclarativo,por ser unprocedimiento concentrado y rápido y que es resuelto además, por vía oral donde se garantiza que las partes agoten su derecho de audiencia.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Españolala palabra sumario proviene del latín summarium que significa reducido o compendiado. De igual forma y en relación a la locución precedente, la enciclopedia jurídica mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, estima que el vocablo “sumario” se aplican en general a los juicios especiales, breves, predominantemente orales y desprovistos de ciertas formalidades innecesarias.

En un juicio sumario se abrevian plazos y términos, se concentran actos, se eliminan actos no esenciales, como el alegato de bien probado, se restringe la apelación de interlocutorias, y por último, se trata de concentrar y producir toda la prueba, en síntesis, todo conduce a una abreviación y aceleración de las formas y etapas sin que ello impida que la sentencia declare la certeza del derecho de un modo definitivo, es decir con fuerza de cosa juzgada material, como si se trata de un pronunciamiento recaído en juicio ordinario el origen histórico de estos juicios detrámite acelerado, pero que respetan la plenitud de la cognitio judicial, se encuentra en los regímenes estatutarios de las antiguas ciudades italianas, al crear procedimientos extraordinarios respecto al solemne ordo indiciorum. [*]

La nota fundamental que caracteriza al juicio sumario es la limitación del objeto del pleito, limitación que se traduce, por un lado en una expresa prohibición a las partes de llevar el debate a aquellos puntos que, aunque estrechamente vinculados, no son precisamente los temas propios del juicio sumario, y, por otro, en que al juez no le está permitido resolver más allá de aquellos mismos temas propios del juicio sumario. Esto es la finalidad del juicio no será resolver todo el litigio sino parte de él. [*]

Para que un juez resuelva un juicio sumario debe contar con criterios generales para resolver, es decir, juzgando cada caso de forma particular pero resolviendo con fundamento en las características que se cubren y de esta forma estar generando precedentes que generen mayor celeridad en la emisión de la sentencia.

Ahora bien, no es benéfico centralizar ésta propuesta sólo para niños expósitos o abandonados, sino también a aquellos que provengan de familias que profiriéndoles cualquier tipo de violencia y vulnerando sus derechos fundamentales, sea inviable que permanezcan dentro de éste entorno adverso al desarrollo del menor de edad.

El proceso de la pérdida de patria potestad debe aplicar para todos aquellos que siendo incapaces de proveerle una vida sana al menor de edad, se les retire el derecho que ejercen sobre el menor, claro está sin vulnerar su derecho de audiencia y hasta apelación en caso de no estar conformes con la resolución judicial.

Es así que el juicio sumario o especial, atiende de manera pronta y expedita este tema, con el fin de garantizarle al menor de edad el resarcimiento de su derecho a vivir en familia.

El juicio especial ya es aplicado en varias entidades de la República con redacciones similares a esta:

TÍTULO SEPTIMO DE LOS JUICIOS ESPECIALES Y DE LAS VÍAS DE APREMIO

CAPÍTULO I DE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTICULO 430.- SE TRAMITARA EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO TRATANDOSE DE MENORES RECIBIDOS POR UNA INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DECRETE LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, SOLO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 444 FRACCIONES III, V, VI Y VII DEL CODIGO CIVIL, CORRESPONDIENDOLE LA ACCION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCION O AL MINISTERIO PUBLICO.

EL MINISTERIO PUBLICO DEBERA DE EJERCITAR LA ACCION DE FORMA INMEDIATA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA LEY SEÑALA. [*]

Como se puede observar se trata de un juicio donde se determinan los plazos a manera de que estos sean breves y efectivos. Dentro del estudio comparativo que se realizó existen entidades federativas que no lo contemplan de forma especial y lo desahogan mediante un proceso ordinario, estas entidades son: BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, HIDALGO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, OAXACA, QUINTANA ROO, TLAXCALA, VERACRUZ Y YUCATÁN.

En este sentido, son diversos los estados que no contemplan de forma especial como resolver este tema de vital importancia para el desarrollo óptimo de los menores de edad, tener certidumbre respecto a su futuro debe ser algo que debe resolverse con prontitud, no con ello vulnerando sus derechos sino tomando la decisión judicial que definirá su futuro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía el siguiente:

P U N T O  D E  A C U E R D O

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos locales a modificar los códigos de procedimientos civiles estatales a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario, con ello reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica, específicamente en las legislaturas estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 29 días del mes de febrero de 2016.

Sen. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

Sen. MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA                               Sen. HECTOR LARIOS CORDOVA

Sen. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ


[*] Artículo 416 Ter del Código Civil para el Distrito Federal.

[*] Código Civil Federal-

[*]http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio-sumario/juicio-sumario.htm

[*] Soberanes y Fernández, José Luis. El Problema de la naturaleza jurídica del Juicio Ejecutivo Civil Mexicano Pág. 52. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/816/7.pdf

[*] Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Vigente.