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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica










De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Corral Jurado, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Mario Delgado Carrillo e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer del conocimiento público los lineamientos generales de administración, operación, coordinación, supervisión y evaluación del Programa de Bonos de Infraestructura Educativa.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

CONCLUIDO POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (05-10-2016)


RAÚL MORÓN OROZCO, legislador ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo,  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de septiembre del año en curso, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, al presentar su  tercer informe de gobierno, realizó diversos pronunciamientos sobre la orientación que habrá de tener la política educativa nacional en los siguientes años.

El Presidente anunció, entre otras cosas, que: “Las escuelas deben estar en el centro del sistema educativo nacional. Que la educación requiere que los salones de clases se encuentren en condiciones dignas” y que por lo mismo, próximamente se anunciaría un programa de bonos de infraestructura educativa (en la Bolsa, Mexicana de Valores) para ampliar los alcances de la reforma educativa, como “un innovador instrumento de ingeniería financiera para multiplicar los recursos para las entidades que se sumen a este programa”.

A partir de ese momento, se ha generado en muchos sectores de la población  gran  incertidumbre y especulación que nos ha llevado a plantear una serie de preguntas que aún no encuentran respuesta con la poca o nula información con la que se cuenta y la que se ha difundido por los principales responsables de la generación de la misma.

Sobre este asunto el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Educación, en sus declaraciones y entrevistas, solo se han limitado a calificar este programa de infraestructura escolar como el más ambicioso que ha habido en la historia de la educación en México.

Hasta el momento, los únicos argumentos expresados son:“que los bonos educativos son un mecanismo muy novedoso para México en términos de financiamiento, diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); que no representa más deuda para el País; que este programa invertirá 75,000 millones de pesos; que los  recursos que ascenderán a 50 mil millones de pesos se obtendrán  previa firma de convenios en los que  los estados comprometan 15 por ciento de los recursos que reciben vía el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Que se trata de un mecanismo de financiamiento muy seguro, porque el FAM existe por ley (misma que establece que 0.8 por ciento de las aportaciones a los estados deben destinarse a dicho fondo)”, entre otros.

Todos fuimos testigos en este recinto, al escuchar las comparecencias tanto del Secretario de Hacienda,como del Secretario de Educación Pública, hace unos días, de sus evasivas y su falta de claridad sobre los lineamientos generales de este programa, sus alcances, sus ventajas, sus riesgos y su impacto financiero.

En sus respectivas intervenciones, los responsables de la política financiera y educativa del país, a requerimiento expresode varias senadoras y senadores para que se proporcionara información que permitan analizar la viabilidad de dicho programa, sólo se limitaron a reiterar lo que ya es de conocimiento público, a lo sumo adicionaron, que “se están elaborando las reglas de operación que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación”, situación que resulta preocupante por lafalta de responsabilidady seriedad en la tarea de rendición de cuentas y la falta de planeación adecuada de una política educativa, con profundas sospechas de irregularidad financiera, desorden administrativo y endeudamiento público.

Es evidente, que no hay respuestas frente a hechos tan delicados como éstos, la única valoración social es que la educación no es prioridad para este gobierno, la prioridad es la recuperación del control político por la fuerza, el sometimiento coactivo de los maestros, la educación como negocio en vías de privatización y la implementación de la reforma administrativa de la educación.

El mejor ejemplo de ello, lo pudimos escuchar de propia voz del Presidente Peña Nieto, en el rubro de infraestructura educativa, en el que si bien se anunció un incremento presupuestal importante, su financiamiento ya no será clasificado como un gasto de aportaciones, sino como un gasto en inversión física.

Para hacer frente a esto, el Gobierno Federal ahora anuncia el programa de  Bonos de Infraestructura Educativa, respecto al cual sólo se ha informado que es un vehículo de inversión, que consiste en, " traer recursos del futuro al presente”, lo que implica que cualquier inversionista privado podrá acudir a la Bolsa de Valores para comprar estos bonos educativos y al cabo de unos años obtendrá la devolución de su inversión con una ganancia.

¿No es esto, hacer negocios privados con recursos públicos? o ¿forma parte de la nueva tendencia económica neoliberal de realizar desde el gobierno los famosos proyectos público-privados, que no es otra cosa, sino una forma de semiprivatización simulada?.

Por eso es que, sobre esta medida de emisión de bonos educativos en la bolsa de valores nos sumamos a la crítica y rechazo de los especialistas y organizaciones sociales, en sus manifestaciones sobre el tema, por una parte, porque es una manera de no cumplir plenamente por parte del Estado, con su obligación de atender la infraestructura educativa establecida en el artículo 3° constitucional y por otra, por apostarle a obtener recursos presupuestales a partir del comportamiento financiero en el mercado de valores, con los consecuentes riesgos que esto conlleva.

Además, debemos advertir que este tipo de especulación financiera implica un alto riesgo para el propio desarrollo social, educativo y financiero del país, desde el momento en el que no se conocen con plena seguridad las condiciones en que se emitirán estos bonos, los plazos y tasas de interés, ni tampoco la propuesta de la operación y administración de dicho fondo, los mecanismos de  gestión de la cartera por parte de los administradores, ni los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de sus beneficiarios, entre otros aspectos.

Es precisamente esta opacidad institucional lo que hoy nos lleva a pronunciarnos en contra de la medida de restar hasta el 15% del FAM, por los próximos 20 años, para conformar este fondo para los Bonos de Infraestructura Educativa, pues las necesidades de infraestructura son actuales e inminentes y deben atenderse de inmediato con recursos públicos y fines eminentemente sociales, ya que las condiciones dignas de los espacios educativos, son determinantes para la calidad de la educación.

Además de lo anterior, porque pese a las declaraciones que el gobierno federal ha realizado, de que esta medida no incrementarán la deuda, ya que se trata de certificados bursátiles fiduciarios que tendrán como fuente de pago financiero un recurso federal “Fondo de Aportaciones Múltiples”, etiquetado para infraestructura educativa que forma parte del presupuesto, habría que advertir, no obstante, que los recursos para la constitución del fondo dependen de la recaudación federal participable futura que se obtenga en un ejercicio fiscal, y que pudieran canalizarse y gastarse hasta el momento en que se obtuvieran, esto no es otra cosa que amparar la colocación de deuda, para garantizar los compromisos adquiridos con los inversionistas mediante la emisión de bonos, y llegará el momento en que pedirán su liquidación y esos serán cubiertos con futuros recursos financieros, ¿cómo  llama a eso señor Presidente y compañeros legisladores?

Queremos dejar claro sin embargo, que no estamos en contra de contar con infraestructura educativa suficiente y adecuada, estamos convencidos de que ésta determina en cierta medida la calidad en el aprendizaje, las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el sitio donde pasan más tiempo después de su hogar.

En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se señala la relación que existe entre la infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. Por ello, una parte importante a considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que operan los centros educativos.

Lo que se cuestiona es la forma como se ha atendido esta problemática a la fecha y los limitados resultados obtenidos, a  pesar de la inversión presupuestal que se ha destinado a este rubro, así como la forma en la queel gobierno federal pretende atenderlo a partir del 2016 y hasta el 2018.

Al gobierno federal se le olvida que tiene la obligación de informar al pueblo de México y a esta soberanía sobre las políticas y acciones educativas  que  pretende implementar para que se lleve a cabo un escrutinio sobre su  viabilidad e impacto social. Lamentablemente la manera como ha procesado el tema de los bonos de infraestructura educativa nuevamente nos colocaen un caso más de autoritarismo, en el que de manera unilateral se  toman decisiones para  “resolver un problema actual”, experimentando un nuevo modelo de financiamiento que nos lleva a hipotecar la infraestructura educativa, que es el único patrimonio cultural de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, tal como lo señala la investigadora del  DIE-CINVESTAV,Alma Maldonado.

Para entender con mayor claridad, el alcance y efectos de esta hipoteca educativa o deuda pública generada a partir de la emisión de bonos de infraestructura, habría que especificar lo que según el Banco de México, representan las acciones emitidas por la Bolsa Mexicana de Valores.

Estos son instrumentos utilizados cuando las empresas requieren de capital  y sus dos posibilidades son usar “préstamos en forma de créditos o títulos de deuda” o emitir “capital nuevo”. Las escasas declaraciones de funcionarios respecto a estos certificados niegan rotundamente que se trate de instrumentos de deuda, pero se puede suponer que tampoco se trata de la emisión de capital nuevo. El secretario Aurelio Nuño señaló que: “lo que se hace es traer recursos del futuro al presente. Entonces, en lugar de tardarnos 20 años en gastarlos, lo hacemos en tres años,…” Si esta idea no remite a una especie de hipoteca, donde se adelanta un capital que luego se irá pagando, no denominarlo deuda se antoja imposible por más que el dinero provenga de un fondo “seguro”, ¿Cómo llamar a éste acto entonces, cuyo fin es contar con los recursos que permita gastarlos de manera adelantada? 

No estamos ante un tema menor, ni por su trascendencia social, ni por las incidencias, corruptelas e impunidad que el tema de infraestructura educativa ha presentado y que se ha señalado reiteradamente tanto por organizaciones sociales que evalúan la eficiencia de los programas como por la Auditoria Superior de la Federación, por eso insistimos en que no basta con diseñar un mecanismo para contar con recursos para la inversión, se trata también de definir los lineamientos generales de administración, operación, coordinación, supervisión y evaluación del programa;  lo que obliga al planteamiento de las siguientes reflexiones e interrogantes:

¿Los  posibles inversionistas contarán con la garantía de pago de estos certificados proveniente del Ramo 33?

El Cebure es un certificado mediante el cual un inversionista adquiere derechos alícuotas (cantidades proporcionales), dependiendo de su participación, sobre el total de cierto activo que está cedido a un fideicomiso emisor. Sin embargo hasta ahora se ignora: ¿Qué tasas de interés pagarán? ¿Qué activos quedarán afectos al fideicomiso? ¿Si se tendrá algún régimen fiscal preferente en la compra de estos certificados? ¿Qué derechos se adquirirían? ¿Cómo va a ser el repago de estos certificados?, entre otras interrogantes.

Para los usuarios de los servicios ¿Cuáles son los riesgos de invertir por adelantado el dinero que de cualquier forma sería destinado para infraestructura educativa? o, en otras palabras, ¿Se pueden tomar malas decisiones en materia de inversión en infraestructura y uno como usuario de los servicios qué garantías tendrá sobre su correcto aprovechamiento y sobre la rendición de cuentas? ¿En una hipoteca la garantía del prestador es la propiedad adquirida, aquí serán los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33? ¿Bajo qué circunstancias?

Para la política educativa, con el uso del Ramo 33-FAM, cuya finalidad fue descentralizar el presupuesto ¿se volverán a centralizar decisiones? Tal y como se puede inferir de las declaraciones del subsecretario Javier Treviño: “se firmarían convenios entre el gobierno federal y de los estados para definir claramente cuáles son los planteles que se van a beneficiar y esto va a implicar una gran transparencia en el uso de los recursos”.

Por otro lado, en cuanto al destino de los recursos o los beneficios del programa, lo que único que hasta hoy sabemos, es la declaración del subsecretario de Hacienda, quien recientemente puntualizó que será a través del Censo Educativo (CEMABE) como se identificarán los 32 mil planteles donde “se requieren las obras”, entonces, la gran pregunta es ¿qué va a pasar con los estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán en los que no se censaron entre un 41% y un 27% de sus escuelas? ¿Cuál es el proceso de selección de las escuelas beneficiadas y cuándo se publicará la base de datos? ¿Cómo va a ser el proceso de distribución de recurso por estado, considerando que las necesidades entre entidades federativas varían considerablemente?

Todos los fondos del Ramo 33 cuentan con fórmulas que buscan evitar la discrecionalidad en la asignación, pero en el caso del mantenimiento y construcción de planteles la fórmula dependía hasta hace poco de la densidad poblacional lo cual no necesariamente significa un criterio con fines compensatorios. ¿Qué garantizará que el manejo de los certificados no reproduzca estos problemas y se destinen a los municipios que más lo requieran? ¿Estamos frente a la mejor modalidad posible en materia de financiamiento inmediato y masivo de infraestructura educativa?

Sin duda hay la necesidad de buscar mecanismos financieros que aseguren la viabilidad de proyectos para mejorar la infraestructura educativa en todas las escuelas del país, pero si de algo estamos seguros, es que al menos hasta ahora con la poca información proporcionada al respecto, esta no es la vía, ni la mejor medida de política pública para resolver las necesidades educativas del país.

Por el contrario, siguen quedando en el aire, importantes interrogantes que sólo pueden ser respondidas por los responsables de la política financiera y educativa del paísal hacer uso de este  mecanismo, ¿cuál será, por ejemplo, el costo de la obtención de recursos inmediatos? ¿Qué implicaciones tendrá el uso de estos certificados en materia de la rectoría del Estado en la educación pública? ¿Dejaremos en manos de la Bolsa Mexicana de Valores, una entidad privada, el manejo de algo tan delicado como el dinero público que se destinará a infraestructura educativa en las próximas décadas? ¿Hipotecar de esta manera el financiamiento de la infraestructura educativa a cambio de liquidez es la mejor vía?

Senadoras y senadores:

Este tema no es solo de diseño financiero, es un tema de inclusión y equidad educativa en uno de los componentes del sistema educativo,  es un tema de anticorrupción que tanto ha lacerado a nuestro país y en el que se ha visto involucrado el tema de infraestructura; es un tema de transparencia y rendición de cuentas, para permitir el acceso a la información a la sociedad y órganos de auditoria, a fin de velar por la aplicación eficaz de los recursos y el buen desempeño del programa.

Por ello es que consideramos tan importante y urgente exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de los responsables de la política financiera y educativa del país, nos facilite la información solicitada, aclare las dudas que hoy son cada vez más profundas en diversos sectores de la sociedad y encuentren soluciones viables política y financieramente hablando de un problema tan complejo como la falta de infraestructura educativa, pero siempre en beneficio del interés público, sin recurrir a la lógica e intereses del mercado y la especulación financiera.

La educación requiere ser atendida de forma integral como un problema público de naturaleza social, nunca más como una oportunidad de negocio de quienes hoy siguen siendo acérrimos defensores del modelo económico neoliberal.

En razón de lo expuesto y fundado, es que me permito someter a la consideración de las y los senadores de esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con proyecto de:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se apruebe enviar atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que por conducto de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, se haga del conocimiento público, con carácter urgente, la siguiente información:

A) Los lineamientos generales de administración, operación, coordinación, supervisión y evaluación del programa de bonos de infraestructura educativa.

B) Las condiciones específicas o particulares en que se emitirán los bonos de infraestructura educativa, los plazos y tasas de interés, la propuesta de la operación y administración de dicho fondo y el uso o destino de los recursos públicos, los mecanismos de  gestión de la cartera por parte de los administradores, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, los datos de sus beneficiarios, entre otros aspectos.

C) La relación de centros educativos que formarán parte del padrón de beneficiarios del programa, especificando en cada caso su ubicación y criterios de asignación, así como las obras o proyectos de infraestructura educativa que en cada escuela habrán de realizarse y su correlación con indicadores de rendimiento escolar.

Segundo. Para que en el ejercicio del presupuesto de egresos del rubro educativo correspondiente al año 2016, se fortalezca el gasto público de inversión y financiamiento destinado al desarrollo de programas de infraestructura escolar de origen estrictamente públicos,  que contribuyan a superar las difíciles condiciones de marginación en la que operan los más de 230 mil centros educativos públicos del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre del año 2015.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO

PUNTO DE ACUERDO AL QUE SE SUSCRIBEN LOS SENADORES:

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO

LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

JUAN CARLOS ROMERO HICKS

JAVIER CORRAL JURADO

IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

MARIO DELGADO CARRILLO

ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ