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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica



De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a modificar la política migratoria en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a informar sobre los mecanismos a implementar para determinar el interés superior de la niñez migrante.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS.


Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senadores de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A MODIFICAR LA POLÍTICA MIGRATORIA EN PRO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, ASÍ COMO INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS MECANISMOS A IMPLEMENTAR PARA DETERMINAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ MIGRANTE, al tenor de los siguientes:

AN T E C E  D  E  N  T  E  S

1.- El 8 de julio del 2014, el Ejecutivo Federal publicó el Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, con el objeto de vigilar y coordinar la implementación de políticas públicas en materia migratoria, dando seguimiento a las acciones pactadas en los instrumentos de colaboración y coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, y así impulsar un desarrollo integral en la zona a partir de las políticas sociales, económicas y culturales.

El Gobierno Federal señala que con la implementación dichas acciones, se dará respuesta a las problemáticas recurrentes que enfrentan las personas migrantes; entre las acciones es posible enumerar las siguientes:

  • Evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar un tren de carga en el Istmo de Tehuantepec y Chiapas Mayab.
  • Desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes.
  • Combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos.
  • En colaboración con los gobiernos locales, se identificarán y clausurarán giros negros y establecimientos donde se aliente la comisión de estos delitos.
  • Se promoverán y fortalecerán las fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes con las entidades federativas, con el objeto de contar con ministerios públicos especializados en la materia.

Una de las metas que se haestablecido en este sentido, es impulsar el uso de las Tarjetas de Visitante Regional(las cuales están exentas del pago de derechos), entre ciudadanos guatemaltecos y beliceños para que puedan ingresar de manera regular al territorio nacional, las cuales tienen una vigencia de 5 años y que avalan múltiples entradas y salidas hasta por 72 horaspara personas que realizan actividades comerciales o turísticas en los municipios que integran la frontera sur.

2.- Las organizaciones defensoras de migrantes, como el Movimiento Migrante Mesoamericano, consideran que tales acciones emprendidas en contra de las personas migrantes “ponen en mayor vulnerabilidad” a las personas migrantes, dado que dificultan el paso por las vías tradicionales, y los obligan a buscar nuevas rutas para poder llegar a los Estados Unidos.

3.- Aunado a ello, el 18 de agosto del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la Ciudad de México su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, en el que señalasobre “la situación de extrema vulnerabilidad de la que son víctimas las personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México representa una de las principales tragedias humanitarias en la región”1. En esteinforme, la CIDH emite 39 recomendaciones en las que se destaca la urgencia de garantizar los derechos de migrantes como víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos frente a las diversas formas de violencia que los aquejan. Asimismo, establece la importancia de una política de seguridad ciudadana para la población migrante en el contexto de la movilidad humana.

Para la CIDH, la política en la frontera sur “se trata de una política reactiva que dice regirse por principios de derechos humanos, mientras de facto prioriza el control y en la práctica implementa prácticas persecutorias, con o sin ley en la mano. Por último, preocupa que con la estrategia para la frontera sur, se le esté quitando importancia al Programa Especial de Migración (PEM)). El PEM, que existe por primera vez en la historia del país y que es resultado de la lucha de más de 80 organizaciones, busca en articular a todas las instancias públicas que intervienen en el tema migratorio. Ojalá desde la Presidencia se reconsidere la estrategia para la frontera sur, y se tome muy seriamente la invitación que hizo la CIDH de “colaborar con el Estado mexicano en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y (…) acompañar al Estado en la implementación de las recomendaciones para que éstas sean efectivas”.

4.- Dichos señalamientos quedan debidamente probados si nos basamos en el número de personas que han sido presentadas ante la autoridad migratoria (Estaciones Migratorias), y devueltasen el año 20143, el cual tuvo un incremento del 26.55 por ciento con relación al año 20132.

EXTRANJEROS PRESENTADOS Y DEVUELTOS

AÑO

TOTAL

2014

117 491

2013

86 298

Por lo que respecta al número de detenciones de niñas, niños y adolescentes presentados ante la autoridad migratoria en el año 20144,ascendieron a 10 mil 469 menores de 17 años de edad, de los cuales 8 mil 503 viajaban solos y 4 mil 692 viajaban en compañía de un adulto. En comparación con las cifras del año 20135, que en total sumaban 7 mil 31 detenciones de niños, de los cuales sólo mil 546 iban acompañados y 5 mil 485 viajaban solos; de lo anterior,se advierte un incrementoen las detenciones de niñas, niños y adolescentes migrantes mayor al57 por ciento, cifra sin duda alarmante, debido a que no sólo incrementaron las detenciones en personas mayores de edad, sino también en aquellos grupos más vulnerables comolo esla niñez migrante.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno Mexicano debe establecer mecanismos y protocolos de actuación en pro y defensa del interés superior de la niñez, aún por encima de los procedimientos administrativos migratorios.

EXTRANJEROS MENORES DE 18 AÑOS PRESENTADOS Y DEVUELTOS

AÑO

ACOMPAÑADOS

NO ACOMPAÑADOS

TOTAL

2014

9,011

7,633

16,644

2013

1,546

5,485

7,031

5.- En resumen, la llamada “Estrategia de Atención Integral a la Frontera Sur” a través del  Programa Frontera Sur y la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur,se enfoca en las detenciones para controlar el flujo migratorioen coordinación con autoridades federales, estatales y municipales en la zona. Sin embargo, hasta la fecha,no se ha hecho mención algunasobre lainclusión de medidas para combatir y erradicar la corrupción que se genera en los distintos niveles de gobierno. Como tampoco, sobre la manera en que protegerá a las personas migrantes de las bandas de delincuencia organizada que se aprovechan de su vulnerabilidad.

CONSIDERACIONES

I.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los legisladores federales presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de las personas y de los estados promoviendo y gestionando la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

II.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano debería ser el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados porprincipios generales, implementando programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Estableciéndose como principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

  • Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
  • Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
  • Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.
  • Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.
  • Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional. 
  • Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente, en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades.
  • Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.
  • Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.
  • Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.
  • Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.
  • Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de la cultura y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.
  • Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
  • Que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 

Estableciendo el precepto legal de mérito que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

De igual manera, de acuerdo con el artículo 80 de la referida Ley es una obligación de la autoridad migratoria, informar a las autoridades responsables de la Seguridad Nacional sobre la presentación de o identificación de sujetos que tengan vínculos con el terrorismo o de la delincuencia organizada. Asimismo, el artículo 195 hace referencia a la obligación del personal del INM que realice visitas de verificación o de revisión, deberán de contar con oficios de comisión aunado a una orden de verificación de revisión, acciones que aún a la fecha son inoperantes por parte de ese Instituto.

IV.- Que tomando en cuenta que el Estado mexicano ha sido un amplio promotor del respeto a  los derechos de las personas migrantes destacando a nivel internacional por la suscripción y posterior ratificación de los siguientes instrumentos internacionales en materia de migración, nuestro país debería modificar su política migratoria a fin de estar acorde a los Instrumentos que a continuación se enlistan:


INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y REGIONALES

FECHA DE

RATIFICACIÓN

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).

23/03/81

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC).

23/03/1981

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (CER).

07/06/2000

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (PER).

07/06/2000

Convenio 143 sobre los Trabajadores Migratorios (C143).

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

23/03/1981

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

21/09/1990

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM).

08/03/1999

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Ajena (CRTPEPA).

21/02/1956

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racional (CERD).

20/02/1975

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).

23/01/1986

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC).

16/06/1965

Convención sobre Asilo Diplomático (CASD).

06/02/1957

Convención sobre Asilo Territorial (CAST).

03/04/1982

Convención Americana de Derechos Humanos.

03/04/1982

Protocolo sobre la Competencia de la Corte Interamericana.

16/12/1998

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIT).

22/06/1987

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

12/11/1994

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDF).

09/06/1994

Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales. 

16/04/1996

V.-  Que el pasado 4 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece en su artículo primero, entre otras, la obligación del Estado para garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la niñez, como a continuación se transcribe:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I.     Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.    Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III.    Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV.   Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V.    Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

En ese mismo tenor, la citada Ley General establece en su Capítulo Décimo Noveno denominado Niñas, Niños y Adolescentes migrantes, en el artículo 89 refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar a fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o de aquellos que viajen solos.Aunado a lo que establece el párrafo cuarto de dicho artículo relativo a ponderar el interés superior de la niñez durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 89. El presente Capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.

Adicionalmente, el artículo 96 habla sobre la prohibición para devolver o expulsar a una niña, niño o adolescente cuando su vida, su seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, como se aprecia a continuación:

Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En resumen, es claro que el Estado mexicano al firmar y ratificar los tratados internacionales se compromete a respetarlos y hacerlos valer dentro de su territorio nacional, de manera específica en el tema de la promoción y defensa de los derechos humanos, es menester del Gobierno Federal garantizar dentro de las acciones de gobierno que lleve a cabo en materia migratoria, cumplir con la vigilancia y el respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes. Aunado a los diversos mecanismos y protocolos que se debería implementar para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que modifique su política migratoriaa fin de que se privilegien y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y se establezcan acciones reales de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, para que a la mayor brevedad diseñe e implemente, protocolos de actuación que le permitan determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados. De manera específica, a los procedimientos administrativos migratorios a que se refiere la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ensus artículos 93 y 96.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que garantice la integridad y los derechos de las personas que integran el denominado Viacrucis del Migrante que encabeza el Pbro. Alejandro Solalinde y diversos promotores de derechos humanos.

Dado en el Pleno del Senado de la República, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince.

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN

SEN.ZOÉ ROBLEDO ABURTO

 


Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). CIDH publica informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. enero 24, 2014, de Organización de los Estados Americanos Sitio web: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/088.asp

Unidad de Política Migratoria (Boletín Estadístico 2014) http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos. Consultado el 22 de enero de 2015.

Unidad de Política Migratoria (Boletín Estadístico 2013) http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos. Consultado el 22 de enero de 2014.

Unidad de Política Migratoria (Boletín Estadístico 2013) http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos  Cuadro 3.2.8 Consultado el 22 de enero de 2015.

Unidad de Política Migratoria (Boletín Estadístico 2013) http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2013  Cuadro 3.2.8 Consultado el 22 de enero de 2015