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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a dar cabal cumplimiento al programa anual de inspección.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

SE MANTIENE EN COMISIONES, POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA.(04-02-2016)


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FIN DE QUE SE DE CABAL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN.

La Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las precarias condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes mantienen un paro de labores desde el pasado 17 de marzo, no son un caso único ni reciente en el país, ni mucho menos desconocido.

Desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.

Para las autoridades, tanto federales como locales, esta situación tampoco es desconocida, e incluso ha habido casos en los que han intervenido para “rescatar” a los jornaleros, como ocurrió recientemente primero con los 200 jornaleros indígenas rarámuris que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encontró en dos ranchos en Comondú, Baja California, y días después con 49 jornaleros indígenas mixtecos en Colima.

La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.

De acuerdo con laEncuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas. De los más de 2 millones, 762 mil 265 son jornaleros migrantes.

La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años. Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo.

El 60.9 por ciento trabaja seis días a la semana y casi el 14 por ciento, lo que representa a uno de cada siete, trabaja todos los días.

Además, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias.

Respecto a los menores de edad, la encuesta oficial estimaba que, para 2009 había al menos un millón 58 mil 63 niños y adolescentes trabajando en el sector agrícola y que por lo menos 400 mil de ellos recibían un pago por su trabajo. Asimismo refería que el 39.1 por ciento de la población jornalera agrícola era menor de 18 años.

En sesiones pasadas, este Senado de la República, ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973, el cual, tiene por objeto la implementación de una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de las niñas, niños y adolescentes  y se eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

Pese a ello, y de existir claramente dentro del marco de las Constitución Política de los Estados Mexicanos y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el interés superior del niño y el derecho de prioridad, somos testigos que estos son, al igual que las mujeres, los sectores más afectados en materia de explotación laboral en los campos agrícolas.

Muestra de ello, es que cada vez, que se presenta una denuncia, por parte de organizaciones sociales o medios de comunicación, sobre casos de condiciones precarias de trabajo, no sólo de jornaleros agrícolas, se ven involucrados las niñas, niños adolescentes y mujeres, convirtiéndolos en los más perjudicados de estas violaciones a sus derechos más elementales.

En su apartado sobre Trabajadores del campo, laLey Federal del Trabajo, vigente desde diciembre de 2012, contempla obligaciones que tienen los patrones respecto a la población jornalera, como: pago de salarios que no exceda una semana; otorgar habitaciones adecuadas e higiénicas de forma gratuita; mantenimiento del buen estado de las habitaciones; proporcionar agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.

Asimismo la ley obliga a contar con medicamentos y material de curación en los lugares de trabajo; proporcionar asistencia médica o trasladar a los trabajadores a lugares con servicio médico; fomentar la alfabetización; seguro de vida para los traslados; proporcionar transporte gratuito, cómodo y seguro; brindar servicios de guardería; usar intérpretes cuando los trabajadores no hablen español; llevar un registro de los trabajadores eventuales y estacionales que se contraten cada año; pagar al término de la temporada agrícola las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación.

Para asegurar que estas condiciones se cumplan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con el Programa Anual de Inspección (PAI), el cual prioriza los centros de trabajo de alto riesgo o que no tengan antecedentes de inspección, como son los campos y empresas agrícolas.

Sin embargo persisten una deficiencia de en ellas, puesto que no contemplan la inspección de las condiciones de las viviendas y la zona de albergues, estancias infantiles, módulos de salud o aulas escolares, además de que las visitas “son en exceso laxas; no se traducen en procedimientos administrativos expeditos; y no desembocan en multas por montos que verdaderamente inhiban la repetición de las violaciones”.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que décumplimiento al Programa Anual de Inspección (PAI), priorizando aquellos centros, empresas y campos agrícolas en los que se hayan presentado quejas o que no tengan antecedentes de inspección.

SEGUNDO.- Se solicita a las Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe detallado sobre la situación laboral actual que prevalece en los centros, empresas y campos agrícolas dentro del territorio Nacional.

TERCERO.- Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que coadyuve en las inspecciones que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se garanticen y protejan los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.

ATENTAMENTE

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

Dado en el Salón de Sesiones a los catorce días del mes de abril de 2015

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