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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica




De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández y Martha Elena García Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la General de Partidos Políticos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone reformas legales para reconocer los derechos de las mujeres para participar en la vida política, así como a llevar a cabo las medidas necesarias para que puedan ejercer este derecho.

La iniciativa plantea adicionar un Capítulo IV Bis del Título II; adicionar el artículo 20 Bis; reformar las fracciones IX y X y recorrer las subsecuentes del artículo 48, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con estas reformas se define a la violencia política como los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres. Y se definen los medios por los cuales se fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.

Por otra parte, las reformas a este ordenamiento establecen la obligación al Instituto Nacional de las Mujeres de promover la formación de liderazgos políticos de mujeres, así como crear mecanismos de promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidas en la legislación.

Se propone reformar el inciso d) al artículo 3; se reforma el inciso b) al artículo 443; se reforma el inciso f) y se recorren los subsecuentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incluir la anterior definición de violencia política y establece la prohibición para que en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, se abstengan de expresiones que calumnien a las personas y/o que constituyan actos de violencia política contra las mujeres.

Se propone adicionar una fracción XV al artículo 3 y se adiciona un artículo 7 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para incluir la definición de violencia política y se establece sanción de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien por razones de género presione, persiga, hostigue, coaccione o amenace a una mujer con el objeto de menoscabar, limitar, excluir, condicionar, o anular el legítimo derecho de ésta a participar por un cargo de elección popular. Se enfatiza que se considera razón de género, que para la comisión de la conducta se utilicen epítetos infamantes o degradantes, violencia sexual, psicológica, o verbal contra su persona o familiares, se difunda información personal o privada para denostarla o menoscabar su dignidad o la de sus familiares.

Finalmente, se reforma el párrafo uno y el inciso b) y se adiciona un inciso n) al artículo 2; se adiciona un inciso l) al artículo 4; se reforma el inciso c) al artículo 25; se adiciona un inciso f) al artículo 37; se adicionan los incisos e) y f) del artículo 38, todos de la Ley General de Partidos Políticos. Las reformas establecen que son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, con relación a los partidos políticos, el afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, en un contexto libre de discriminación y de cualquier forma de violencia de género, y aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; los partidos vigilarán la correcta aplicación del financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Incluye en la ley la definición de violencia política y establece que la violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.

Establece como una obligación de los partidos políticos el abstenerse de recurrir a cualquier forma de violencia política contra las mujeres, entendida la violencia política como aquella que tenga como fin menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación de las mujeres en los órganos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de poder en los ámbitos legislativos y/o ejecutivos.

Con las reformas que se proponen, se establece la obligación de incluir en la declaración de principios, señalar la promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la legislación aplicable. Asimismo instituye la obligación de incluir en el programa de acción que se deberán determinar medidas para promover la formación de mujeres como liderazgos políticos, así como el crear mecanismos que garanticen la promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la legislación aplicable.

Las que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ y MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ,integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, todas Senadoras de la República de la LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y A LA GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte.

Los derechos humanos son inherentes a toda persona por el hecho de serlo y su ejercicio resulta indispensable para su desarrollo integral dentro de una “sociedad jurídicamente organizada”, estos derechos “deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”1.

Los derechos humanos tienen como características ser universales, indivisibles e interdependientes y progresivos, su existencia va más allá del reconocimiento “formal” por parte delos Estados.

Tales derechos corresponden a mujeres y hombres por igual, aunque ellas han visto limitados estos derechos a partir de construcciones sociales que han dado lugar a considerar de un mayor valor a las características masculinas, cuyo resultado es que las discriminan y les impiden el ejercicio pleno de todos los derechos, de ahí surge la necesidad de referirse a los derechos humanos de las mujeres, pero no se tratan de otros derechos diferentes o especiales respecto a los de los hombres.

El colectivo social había “asignado” a las mujeres a la esfera privada que conlleva el “deber” de reproducción y de cuidados familiares, mientras que a los hombres se les asignó el desarrollarse en la esfera pública y de proveeduría.

Sin embargo, al aplicar el enfoque de género en el análisis de los derechos humanos, podemos comprender que los derechos humanos deben corresponder a ambos sexos por igual, como es el caso de los derechos civiles y políticos, que se refieren a la posibilidad de toda persona a participar en el gobierno de su país.

La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

Es oportuno mencionar que el acoso es una forma de violencia, el cual implica “un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e importunar a alguien con molestias o requerimientos. Aunque normalmente se trata de una práctica censurada, se produce en contextos donde el entorno social brinda condiciones para ello, al no existir una sanción colectiva contra dichos actos…”2.

Recientemente, hemos conocido de casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero quien fue secuestrada, torturada y asesinada. En Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo.

La Red de Mujeres en Plural se pronunció a favor dela generación de condiciones adecuadas para la participación femenina en la política, así como de legislar para erradicar la violencia de quienes pretenden un cargo de elección popular.

Es por lo anterior que todo acto que implique violencia debe prevenirse y garantizar la seguridad y protección de las mujeres que contienden por un puesto de elección popular.

Aun y cuando, exista un reconocimiento expreso a este derecho, podemos afirmar que, las mujeres por su condición de género, no han ejercido este derecho en condiciones de igualdad respecto a los hombres, y han visto limitado su acceso a la participación en el ámbito público, principalmente en los espacios políticos.

De lo anterior, se desprende una obligación del Estado, para crear condiciones y remover obstáculos, a fin de que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder.

Otros derechos que deben ser asegurados por el Estado, es el que se refiere al derecho de las mujeres a participar en el ámbitopúblico, así como el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, el cual también se halla relacionado con el derecho a la seguridad.

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La violencia es un medio para conservar el poder mediante el uso de la coacción.

Al suscribir los tratados sobre derechos humanos, y en particular a aquellos que se refieren a los derechos humanos de las mujeres, el Estado mexicano se ha comprometido a prevenir, atender y sancionar dicha violencia, y en caso de no hacerlo, estaría incurriendo en responsabilidad.

En ese contexto, son diversos los instrumentos internacionales que se refieren tanto a los derechos civiles y políticos, como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos2que si bien no es un instrumento vinculante, su contenido tiene un carácter de carácter político, el cual debe ser asumido por los Estados. La Declaración reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 1°), también reconoce el derecho de toda persona a la vida y a la seguridad (artículo 3°) y el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, y de acceder, en términos de igualdad, a las funciones públicas (artículo 21).

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes4define la tortura como todo acto intencional que cause daño a una persona para obtener información o una confesión, de castigarla, o intimidarla, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, por parte de un funcionario público (artículo 1°). Las disposiciones de este instrumento se aplicarían en los casos enmarcados en el contexto político, cuando una mujer intente acceder a los espacios públicos y seacoaccionada por algún servidor público para abstenerse de su pretensión.

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer5reconoce los mismos derechos de mujeres y los hombres a votar en igualdad de condiciones y sin discriminación (artículo 1°); así como a ser elegibles para todos los organismos electivos (artículo 2°). También se reconoce el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a ejercer, cargos públicos sin discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad respecto a los hombres (artículo 3°).

De lo anterior se desprende el compromiso de reconocer los derechos de las mujeres para participar en la vida política, así como a llevar a cabo las medidas necesarias para que puedan ejercer este derecho.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw)6define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer” (artículo 1°).

cedaw no hace alusión al tema de la violencia contra de las mujeres, pero la aborda en su Recomendación No. 19 en la que señala que ésta es una forma de discriminación contra las mujeres que impide el goce de sus derechos y libertades.

Respecto a la participación política de las mujeres, la cedaw plantea el uso de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, en todas las esferas (artículo 4°).

Esta Convención determina la obligación de los Estados Partes para tomar medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres “en la vida política y pública del país”, como votar y ser votada, participar en la formulación de políticas de gobierno, y a ocupar cargos y ejercer funciones públicas (artículo 7°). Adicionalmente, mandata a los Estados Partes asegurar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, en la representación de su gobierno (artículo 8°).

El Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos7 establece el compromiso de los Estados Partes de garantizar a mujeres y hombres “la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” referidos en el Pacto (artículo 3°). Así mismo,  reconoce el derecho de toda persona a la vida (artículo 6°), prohíbe las torturas, penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7°), y reconoce la libertad y la seguridad personales (artículo 9°).

En materia de participación política, se reconoce que la ciudadanía tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa o bien, a través de representantes elegidos de manera libre, así como a acceder en condiciones de igualdad en las funciones públicas de su país (artículo 25).

En cuanto hace al contexto regional, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer8determina que debe entenderse por violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo1°).

En ese tenor, reconoce el derecho de las mujeresa un igual trato político en relación con los hombres, y determina que el derecho al voto y a ser “elegido” para un cargo nacional “no deberá negarse o restringirse por razones de sexo” (artículo 1°). Lo anterior implica que deben crearse condiciones que eviten la violencia política contra las mujeres y aseguren que puedan acceder a ese ámbito sin discriminación.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”9reconoce el derecho de toda persona a la integridad personal (artículo 5°), tambiénreconoce a toda la ciudadanía, su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por sí o a través de representantes libremente elegidos, así como el derecho a votar y ser elegidas “en elecciones periódicas auténticas, mediante el sistema de sufragio universal e igual voto secreto” que garantice la libre expresión de voluntad del electorado (artículo 23). Lo anterior implica, asegurar que en las elecciones no se presenten incidentes de discriminación o violencia contra las mujeres que pretendan acceder a algún cargo público.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer10refiere que los derechos de las mujeres deben ser reconocidos, gozados, ejercidos y protegidos, entre estos derechos se encuentran el derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como una vida libre de violencia, “tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3°).

En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones” (artículo 4°). En esta Convención se aborda el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia en los espacios públicos, en específico, a garantizar su participación política sin violencia.

Aunque la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer11no tiene un carácter vinculante, sus contenidos son un referente para la elaboración de políticas de Estado y legislación que asegure los derechos humanos de las mujeres. En el marco de la misma, se destacó que la violencia contra las mujeres impide el disfrute de sus derechos humanos, por lo que debe ser condenada.

Además se destacó que la participación equitativa de las mujeres en la política, resulta crucial en su proceso de adelanto. En ese sentido, se propusieron medidas hacia la igualdad en el acceso a la participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

En el seno de esta Conferencia, se recomendó hacer uso de las acciones afirmativas, con el propósito de elevar el número de mujeres en cargos decisorios; y de empoderar a las mujeres para que estén en posibilidad de acceder a puestos de dirección.

Resulta indispensable recordar los planteamientos derivados del Consenso de Quito12en el cual se analizaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, además se recomendó la adopción de cuotas que aseguren la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política; estimular mecanismos de formación y capacitación política para el liderazgo femenino, impulsar que los partidos políticos incluyan en sus agendas la perspectiva de género, así como:

Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto nacional como localmente, así como en los partidos y movimientos políticos.

Estas disposiciones internacionales, deben ser consideradas referentes para asegurar que la participación política de las mujeres sea en un marco de igualdad y de seguridad personal.

En la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe13, entre los acuerdos adoptados para ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, se encuentra:

Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido.

Algunos países de la región cuentan con leyes específicas o iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres, a continuación se hará una breve referencia a éstas:

Bolivia
LEY Nº 243
LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES

Artículo 7. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones: a. Acoso Político.- Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. b. Violencia Política.- Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Costa Rica
Ley contra el acoso y/o la violencia política contra las mujeres(Iniciativa)

ARTÍCULO 7.-           Definiciones: Para efecto de aplicación de esta ley, se entenderá por:



Discriminación contra las mujeres políticas: toda distinción, exclusión o restricción que agravie el principio de igualdad  hacia la mujer y que tenga como objeto por resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Acoso político:toda omisión, acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres políticas con el propósito de acortar, suspender, limitar, impedir, manipular o restringir sus actividades políticas tanto para participar como para el ejercicio de cargos, obligándola o induciéndola a que realice, en contra de su voluntad, una acción o omisión contraria al libre ejercicio de sus derechos políticos.

Violencia política: acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres políticas con el propósito de impedir, suspender, restringir, acortar el ejercicio de su plena ciudadanía induciéndola u obligándola a realizar en contra de su voluntad, una acción u omisión en el ejercicio de sus derechos políticos.
Violencia física contra las mujeres políticas: cualquier acto brusco, impetuoso que infringe daño no accidental o que utiliza la fuerza física o cualquier tipo de objeto o arma que pueda provocar o no lesiones ya sea internas, externas o ambas, dirigidas a vencer la resistencia de las mujeres políticas para obligarlas a adoptar conductas contrarias o repudiables a sus convicciones o al ejercicio regular, razonable o justo de sus derechos políticos.
Violencia psicológica contra las mujeres políticas: toda acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica de una mujer política que puede consistir en negligencia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, invisibilización, rechazo, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación, restricción al ejercicio de cargos políticos y amenazas las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación del autoestima, al abandono del cargo e incluso el suicidio.
Violencia verbal política. todo ataque que realicen a través de  palabras ofensivas, insultos, calificativos, palabras que impliquen un doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones que expongan públicamente a las mujeres políticas, con el fin de impedir el ejercicio de sus derechos políticos.

Ecuador
Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género (Iniciativa)

Artículo 4.- DEFINICIONES.- Para efecto de aplicación de esta ley, se entenderá por:

  1. Acoso político.- todo acto reiterativo de persecución o apremio, evidente o simulado, dirigido contra las mujeres políticas para requerir de ellas una conducta o manifestación de voluntad contraria al libre ejercicio de sus derechos políticos.
  2. Violencia física contra las mujeres políticas: todo acto brusco, impetuoso o que utiliza la fuerza, que se dirija a vencer la resistencia de las mujeres políticas para obligarlas a adoptar conductas contrarias o repudiables a sus convicciones, o al ejercicio regular, razonable o justo de su accionar político.
  3. Violencia psicológico política: toda acción u omisión que pretenda causar o cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de las mujeres políticas, dirigida a atacar sus posiciones políticas o acallar su voz.
  4. Violencia verbal política: todo ataque a través de palabras ofensivas, gritos, desprecios, insultos, calificativos, palabras que impliquen un doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones que expongan públicamente a las mujeres políticas, con elfin de minimizar su accionar político.
  5. Actos contrarios a los derechos de las mujeres políticas: incurre en actos contrarios a los derechos de las mujeres políticas quien utilice una o más formas de discríien, acoso o violencia política en su contra.

Perú
LEY CONTRA EL ACOSO POLÍTICO HACIA LAS MUJERES (Iniciativa)

Artículo 3°.- Concepto de acoso político
El acoso político es el acto o conjunto de actos realizados con la finalidad o resultado de limitar, anular, atentar, restringir, contrarrestar o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres autoridades, electas, candidatas o representantes, comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, en las facultades inherentes a la naturaleza del cargo o candidatura que detentan.

Artículo 4°.- Actos que constituyen acoso político
Constituye acoso político contra las mujeres autoridades, electas, candidatas o representantes, la perpetración, por acción u omisión, de los actos cometidos por cualquier autoridad, funcionario/a o persona, que se refieren a continuación:
4.1. Restricciones para ejercer su participación política, representar, fiscalizar, opinar, cuestionar, solicitar información o expresarse dentro de las funciones que le competen, mediante acusaciones, amenazas, imposiciones, improperios, objeciones, citas a reuniones en horarios inadecuados para la seguridad personal, denegaciones a las solicitudes u ocultamientos de información, respecto a los derechos que le corresponden, tales como la información, reconocimiento o entrega de documentos, informes, recursos, materiales, herramientas de trabajo, dietas o beneficios aprobados, para la labor de representación o función a cumplir.
4.2. Amenazas a su integridad física, psicológica o sexual, o la de miembros de su familia, incluyendo las expresiones verbales, en privado o en público, con o sin la presencia de la agraviada, comunicaciones escritas a través de cualquier medio empleado, la interceptación telefónica, el acecho personal por acción propia o de terceros, y el hostigamiento sexual.
4.3. Agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales a su persona o a miembros de su familia, incluyendo las faltas contra la persona, los delitos contra el honor, los delitos contra la libertad y los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
4.4. Imposiciones, solicitudes o requerimientos que, aprovechando la buena fe de la autoridad, electa, candidata o representante, la inducen a la comisión de errores administrativos sancionables.

 

Por otro lado, en cuanto al marco jurídico nacional, nuestra Constitución14reconoce los derechos humanos a todas las personas, como son el de votar y ser electa, así como el de vivir una vida libre de violencia. Además, prohíbe toda forma de discriminación incluida aquella en razón del género (artículo 1°).

El texto Constitucional, también reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres (artículo 4°), así como los derechos políticos de la ciudadanía (artículos 9°, 34, 35 y 41).

Otro ordenamiento que es oportuno destacar, es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación15, que señala a la violencia es una forma de discriminación (artículo 1°).

Esta Ley refiere que la negativa o condicionamiento del derecho de participación política, el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, son formas de discriminación (artículo 9°).

El ordenamiento marco para eliminar la violencia de género contra las mujeres, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv)16misma que define los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres.
Si bien, esta ley no hace alusión específica a la violencia contra las mujeres, determina que ésta se refiere a “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (artículo 5°). De ahí la necesidad de incorporar la violencia política en este ordenamiento, a efecto de definirla puntualmente.

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres17determina que las políticas de estado, incluyan acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político, y el establecimiento de mecanismos operativos adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, la promoción de la participación equilibrada de ambos sexos en las estructuras políticas (artículo 17).

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales18reconoce como un derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 7°).

También se contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE), diseñe reglas electorales que se enmarquen en la paridad entre mujeres y hombres. Se mandata a los partidos políticos: promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 232).

No se encontraron en este ordenamiento disposiciones relativas a los supuestos de violencia política contra las mujeres, por lo que se considera indispensable incorporar disposiciones que aseguren a las mujeres acceder a espacios públicos en un marco de seguridad, respeto y en un entorno libre de cualquier forma de violencia en su contra.

Como podemos observar, existen disposiciones tendientes a asegurar que las mujeres puedan acceder a ejercer sus derechos civiles y políticos en condiciones de igualdad frente a los hombres, así como hacerlo sin obstáculos, ni violencia política en su contra, en ese sentido, aunque es indispensable fortalecer el marco jurídico vigente, para remover aquéllos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en un contexto de seguridad y libertad, que garantice su dignidad humana.

Es oportuno señalar que, la Senadora Lucero Saldaña presentó el 13 de noviembre del 2012 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, con fecha 4 de noviembre de 2014, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por otro lado, las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert presentaron el 16 de octubre de 2014, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ala Ley la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales

El tema es relevante, porque no se puede hablar de una verdadera democracia, sin la representación de las mujeres.

Por lo antes expuesto, la suscrita, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A LALEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y A LA GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo IV Bis del Título II, se adiciona el artículo 20 Bis, se reforman las fracciones IX y X y se recorren las subsecuentes del artículo 48, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Título II
Modalidades de Violencia
Capítulo IV Bis
De la Violencia Política

Artículo 20 Bis.- Violencia política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres; puede expresarse a través de los siguientes medios:

  1. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que consignan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;
  2. Forzar la realización de tareas distintas a las propias de la representación política;
  3. Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones
  4. Ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones;
  5. Impedir o restringir la reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia, incluida la licencia de maternidad;
  6. Conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias en público o privado; comunicaciones por cualquier medio convencional y/o electrónico; acecho, hostigamiento o acoso sexual;
  7. Intimidación, agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su persona o sus familiares;
  8. Revelar o difundir información personal y privada, para denostarlas y menoscabar su dignidad, con el propósito de obtener su licencia y/o renuncia al cargo al que aspiran u ostentan;
  9. Las palabras ofensivas, descalificaciones, insultos, calificativos, palabras con doble sentido, comentarios sarcásticos y burlas contra las mujeres políticas o sus familiares;
  10. No respetar sus decisiones;
  11. Destruir o dañar sus bienes;
  12. Coaccionar para suscribir documentos contrarios a su ideología o al interés público; y
  13. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio de poder o de decisión.

 

Título II
Capítulo III
De la Distribución de Competencias en Materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Sección Octava. Del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 48.- Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:
I a VIII…

IX.- Promover la formación de liderazgos políticos de mujeres;
X.- Crear mecanismos de promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidas en la legislación.

XI.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
XII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso d) al artículo 3; se reforma el inciso b) al artículo 443; se reforma el inciso f) y se recorren los subsecuentes de la ley general de instituciones y procedimientos electorales:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Libro Primero
Título Único
Disposiciones Generales

Artículo 3.

  1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a)…

b) …

c) …

d) Violencia política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público,  de una o varias mujeres.

 

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.

e) ..

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Libro Quinto
De los Procesos Electorales
Título Segundo
De los actos preparatorios de la elección federal
Capítulo IV
De las Campañas Electorales.

Artículo 247.

  1. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas y/o que constituyan actos de violencia política contra las mujeres.

 

Libro Séptimo
De las candidaturas Independientes
Título Segundo
Del Proceso de Selección de Candidatos Independientes
Capítulo IV
De los Derechos y las Obligaciones de los Aspirantes.

Artículo 380.

  1. Son obligaciones de los aspirantes:

a) – e)…

f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia, o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; así como cualquieracto de violencia política contra las mujeres.

g) …

 

 

Libro Octavo
De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno
Título Primero
De las Faltas Electorales y su Sanción
Capítulo I
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 443.

  1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

b) El incumplimiento de las obligaciones en materia de violencia política contra las mujeres.

c) …

d) …

 

Artículo 445.

  1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) – e) …

f) Realizar actos de violencia política en contra las mujeres.

 g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 446.

  1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) – n)

ñ) Realizar actos de violencia política contra las mujeres.

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

  1. ...
  2. Realizar actos de violencia política en contra de las mujeres.
  3. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

 

Artículo 452.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

  1. La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de proporcionar datos o información falsos, o información incompleta , errada o imprecisa que induzca a actos de violencia política en contra las mujeres.

publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa

f)  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se; adiciona una fracción XV al artículo 3 y se adiciona un artículo 7 bis, todos de la  Ley General en materia de Delitos Electorales.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I – XIV.-…

XV. Violencia Política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público,  de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres

Título Segundo
De los Delitos en Materia Electoral
Capítulo I
Reglas Generales

Artículo 7 Bis.-Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien por razones de género presione, persiga, hostigue, coaccione o amenace a una mujer con el objeto de menoscabar, limitar, excluir, condicionar, o anular el legítimo derecho de ésta a participar por un cargo de elección popular.

Para los efectos del presente artículo se considera razón de género, que para la comisión de la conducta se utilicen epítetos infamantes o degradantes, violencia sexual, psicológica, o verbal contra su persona o familiares, se difunda información personal o privada para denostarla o menoscabar su dignidad o la de sus familiares.

Artículo Cuarto.- Se reforma el párrafo uno y el inciso b) y se adiciona un inciso n) al artículo 2; se adiciona un inciso l) al artículo 4; se reforma el inciso c) al artículo 25; se adiciona un inciso f) al artículo 37; se adicionan los incisos e) y f) del artículo 38, todos de la Ley General de Partidos Políticos.

Ley General de Partidos Políticos
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

  1. Son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

a)
b)Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,en un contexto libre de discriminación y de cualquier forma de violencia de género,y

c)- m)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; los partidos vigilarán la correcta aplicación del financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Artículo 4.-

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) – k)

 

l) Violencia Política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público,  de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.

 

Título Segundo
De los Partidos Políticos
Capítulo III
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 25.-

  1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) …

b)…

c) Abstenerse de recurrir a cualquier forma de violencia política contra las mujeres.Se entenderá por violencia política aquella que tenga como fin menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación de las mujeres en los órganos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de poder en los ámbitos legislativos y/o  ejecutivos.

d) …

 

Título Tercero
De la Organización Interna de los Partidos Políticos
Capítulo II
De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos

Artículo 37.

  1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:
  1. La promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la legislación aplicable.

Artículo 38.

  1. El programa de acción determinará las medidas para:
  1. Promover la formación de mujeres comoliderazgos políticos;
  2. Crear mecanismos que garanticen la promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la legislación aplicable.

 

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los partidos políticos se obligarán a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del presente decreto en la siguiente asamblea estatutaria posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

 

 

ATENTAMENTE

 

 

 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ

 

 

MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ

 

 

 

 


1cndh. (s/f). ¿Qué son los Derechos Humanos? Recuperado el 16 de marzo de 2015, de
http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos

2INMUJERES. (2006). Glosario de Género. P. 14. México.

3 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

4Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por México el 23 de enero de 1986 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) 6 marzo de 1986.

5Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 1953. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 28 de abril de 1981.

6Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el18 de junio de 1981.

7Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) 20 de mayo de 1981.

8 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 2 de mayo de 1948. Aprobada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 29 de abril de 1981.

9Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 22 de noviembre de 1969.

10Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 9 de junio de 1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (dof) el 19 de enero de 1999.

11 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 1995.

12 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

13Consenso de Brasilia. En el marco de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Brasil, Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 5 de febrero de 1917.

15Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 11 de junio de 2003.

16Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 1 de febrero de 2007.

17Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 2 de agosto de 2006.

18Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 23 de mayo de 2014.

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