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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación a elaborar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos programas que regulen el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ELABOREN CON El INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMAS QUE REGULEN EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo establece que: “Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.

El Convenio 169 sobre pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes firmado en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), concuerda en que todos los gobiernos deben respetar la importancia de las culturas y costumbres de los pueblos indígenas y su relación con los territorios que ocupan, en particular los aspectos colectivos de esa relación.

De la misma manera, deben reconocerse a los pueblos indígenas los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, además de establecer una protección especial de apoyo o asesoría respecto de los trámites, procesos legislativos o judiciales por parte del gobierno para lograr el pleno desarrollo social.

Con el objetivo de consolidar el Estado de derecho en México, es indispensable el acceso a la justicia para reconocer los derechos indígenas y el carácter multicultural de la nación; es necesario fortalecer la mediación, la solución alternativa de conflictos o la conciliación mediante el uso de traductores como procedimiento de instancias que busquen agilizar los trámites legales en los que se vean envueltos personas, comunidades y pueblos indígenas.

Si bien han existido cambios legales en el campo de la justicia para los indígenas, es poco lo que se sabe sobre el impacto de estos, así como de la práctica y aplicación en los sistemas normativos.

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 10 establece que: el “Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes y que para garantizar dicho derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por lo cual, las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que intervenga alguna persona indígena sea asistido gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Las dificultades para acceder a la justicia es uno de los problemas que enfrenta la cultura indígena en México; pues cuando una persona indígena se ve involucrada en un problema legal, encara una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia en instituciones penitenciarias.

En México, existen más de 8 mil indígenas que se encuentran compurgando penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, por carecer de una defensa adecuada, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues solo existen 28 defensores públicos en todo el país que conocen de las lenguas indígenas.

Los estados con el mayor porcentaje de habitantes indígenas son Yucatán, con 51.4%; Oaxaca, 45.9%; Chiapas, 33.4%; Quintana Roo, 32.7%; Campeche, 21.3%; Hidalgo, 21.2%; Guerrero, 18.1%, Puebla, 18.1%; San Luis Potosí, 13.9%; y Veracruz, 13.5%.

El número total de pueblos indígenas en el país es de 68, integrados por 11 familias lingüísticas y 364 variantes de las mismas, lo que da muestra de la dimensión y necesidad de atender la problemática que en materia del sistema judicial se ocasiona por la ausencia de hablantes y traductores de lenguas indígenas que se suscitan dentro de este grupo vulnerable.

De entre los años 2013 y 2014, han salido de la cárcel 2 mil 275 indígenas, de los cuales 218 fueron mujeres, que en su mayoría hablan lengua náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil; estos tienen mayor tendencia a vivir en zonas rurales, dedicarse a actividades manuales y se encuentran dentro de los rangos más bajos de pobreza, aunado a esto, se observó que no tuvieron asistencia de intérprete o traductor, ni asesoría jurídica o defensores públicos bilingües.

Es muy posible que tampoco existiera el apoyo de personal especializado con conocimiento de la cultura, usos o costumbres, tal cual lo marca la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, lo que indica que estas detenciones pudieron haberse realizado de manera arbitraria mediante procesos colmados de irregularidades.

Por ejemplo, en el año 2010 quedaron en libertad Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes estuvieron en prisión tres años y ocho meses por el supuesto delito de secuestro a seis miembros de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI); al respecto, en el año 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que hubo inconsistencias ilegales en el proceso que llevó a su detención, por consiguiente, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a pagar indemnizaciones, conforme a lo que establecen la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal.

Un año después de este hecho, un  juez Federal ordenó la libertad inmediata a siete indígenas mazahuas, quienes habían permanecido presos durante 4 años en los penales de Nayarit y Veracruz por supuestos delitos de narcomenudeo y portación de armas; la sentencia de libertad fue dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, luego de que un análisis pormenorizado determinó que las pruebas no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad.

Otro dato que refleja la situación de los indígenas en el país, es la discriminación que sufren, tal y como lo indica el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en agosto de 2012, año en que se da a conocer mediante la “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) que el 44.1% de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas.

Dicho porcentaje es más alto, por encima de quienes creen que no se respetan los derechos de personas homosexuales (42.4%), de migrantes (40.8%), adultos mayores (34.8%) y personas con discapacidad (34%).

Estos resultados dan muestra de la gran problemática que afecta a este sector vulnerable como los son las personas, comunidades y pueblos indígenas, asimismo se pone sobre la mesa la necesidad de implementar mayores acciones y programas en el sistema judicial para evitar que se siga actuando en contra de sus derechos.

Es decir, cuando alguna autoridad judicial conozca de un caso que involucre a personas indígenas, se debe evaluar si el asunto debe ser resuelto por las instituciones indígenas o bien si es de competencia de los sistema judiciales; lo que significa que las autoridades deben conocer los alcances de las normas usos y costumbres de los pueblos indígenas y los procedimientos o resoluciones de conflictos internos respetando su autonomía y la de los derechos humanos.

Existen instituciones orientadas a establecer políticas públicas mediante el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante su Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); es necesario conjuntar estos esfuerzos con la participación del Instituto de Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), pues la visión de estos institutos públicos aportan beneficios a este grupo vulnerable, dentro del marco de cooperación e igualdad jurídica.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial encargado de proporcionar e impartir justicia, federal y estatal a que:

  1. Elaboren con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos programas que regulen el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades Indígenas;
  2. Promueva programas para aumentar el número de intérpretes, traductores y defensores bilingües en el país.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de marzo de 2015.


Alcántara, Liliana. “Más de 8 mil indígenas en prisión, indefensos”. Periódico El Universal 24 de febrero de 2015. [En línea] Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/mas-de-8-mil-indigenas-en-prision-indefensos-223567.html

Ibídem.

Garduño, Silvia. “Salen de prisión 2 mil 275 indígenas”. Periódico El Reforma. Publicado el 23 de febrero de 2015. [En línea] Disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=472291&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=472291

“Un tribunal federal ordena a la PGR indemnizar a dos mujeres indígenas”. CNN Noticias. Publicado el 20 de noviembre de 2013 [En línea] Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/20/un-tribunal-federal-ordena-a-la-pgr-indemnizar-a-dos-mujeres-indigenas

“Juez ordena la libertad a siete indígenas luego de cuatro años presos”. CNN Noticias, Publicado el 06 de junio de 2014 [En línea] Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/06/juez-ordena-la-libertad-a-siete-indigenas-luego-de-cuatro-anos-presos

“7 datos sobre los retos que enfrentan los indígenas en México”. CNN Noticias. Publicado el 09 de agosto de 2014 [En línea] Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/09/7-datos-sobre-los-retos-que-enfrentan-los-indigenas-en-mexico

Ibídem.