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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Arely Gómez González, a nombre de diversos Senadores de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


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Descargar Documento (Iniciativa_LGTAIP.pdf)

Propone expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cual tiene como objetivos establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados; regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, así como establecer las bases de coordinación y la distribución de competencias de sus integrantes; garantizar que toda persona sin restricción o limitante alguno pueda ejercer su derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; promover la transparencia del ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, propiciando una mejor y efectiva rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas que garanticen un flujo de información relevante, socialmente útil, oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, procurando que se difunda, de ser posible, en los formatos más adecuados para el público al que va dirigida; coadyuvar con las autoridades competentes a efecto de lograr una adecuada gestión documental a través de, la creación, organización, administración y conservación de los documentos que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información; y fomentar y promover una cultura cívica de transparencia y acceso a la información pública, y propiciar la participación social en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

La ley que se pretende expedir consta de 215 artículos y se encuentra estructurada de la siguiente manera: Un Título Primero, denominado de las Disposiciones Generales, el que cuenta con un Capítulo I, en el que se desarrolla el objeto de la ley; un Capítulo II, denominado de los Principios Generales, desarrollando en una Sección Primera, los principios rectores de los organismos garantes; y desarrolla en la Sección Segunda, los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el Capítulo II, se desarrollan las normas relativas a los Sujetos Obligados.

El Título Segundo, denominado Responsables en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, desarrolla en un Capítulo I, lo relacionado con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; en el Capítulo II, regula a los Organismos Garantes; no registra un Capítulo III y en un Capítulo IV, se refiere a la regulación que regirá a los Comités de Transparencia; y lo mismo realiza en el Capítulo V, en relación con las Unidades de Transparencia; en tanto que en el Capítulo VI, se desarrolla lo relativo al Consejo Consultivo de los Organismos Garantes.

En un Título Tercero denominado Plataforma Nacional de Transparencia, desarrolla en un Capítulo Único, lo relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual estará conformada por al menos el Sistema de solicitudes de acceso a la información; el Sistema de gestión de medios de impugnación; el Sistema de portales de obligaciones de transparencia; y el Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.

En su Título Cuarto, denominado Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental, desarrolla en un Capítulo I, la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información; en el Capítulo II, describe la regulación de la Transparencia Proactiva; en tanto que desarrolla normas en el Capítulo III, relativas al Gobierno Abierto.

El Título Quinto, denominado Obligaciones de transparencia, desarrolla en su Capítulo I, las disposiciones generales; en el Capítulo II, desarrolla las obligaciones de transparencia comunes; en el Capítulo III, desarrolla las normas relativas a las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados; y desarrolla en un Capítulo IV, las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad; en el Capítulo V, se describen las normas que se ocuparan de las obligaciones específicas en materia energética; en tanto que en el Capítulo VI, se detallan las regulaciones relacionadas con la verificación de las obligaciones de transparencia; se dedica el Capítulo VII, para establecer la regulación que permitirá la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

En el Título Sexto denominado Información clasificada, se desarrolla en el Capítulo I, las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información; y en ese mismo Título se desarrolla en un Capítulo II, lo relativo a la Información Reservada; en tanto que en el Capítulo III, se desarrolla lo correspondiente a la Información Confidencial.

En un Título Séptimo, al que se denomina Procedimientos de Acceso a la Información Pública, se describe en un Capítulo I, el Procedimiento de Acceso a la Información y en un Capítulo II, las Cuotas de Acceso.

El Título Octavo, ha sido denominado de los Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública, y desarrolla en su Capítulo I, las normas relacionadas con el Recurso de Revisión ante los Organismos Garantes; en el Capítulo II, describe lo relacionado con el Recurso de Inconformidad ante el Instituto; y dedica el Capítulo III, para desarrollar lo relativo a la atracción de los Recursos de Revisión; en tanto que se ocupa en el Capítulo IV, del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional; y en un Capítulo V, del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Capítulo VI, se ocupa del cumplimiento de los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia; y finalmente en un Capítulo VII, desarrolla los criterios de interpretación.

En un Título Noveno, denominado de las Medidas de apremio y sanciones, se ocupa en un Capítulo I, de las Medidas de Apremio y en un Capítulo II, de las Sanciones.

En el régimen de transitoriedad destacan las apreciaciones que establecen que en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y estatal en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación.

Por otra parte, se establece que el Instituto expedirá el Reglamento de esta ley dentro de los seis meses siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. Y se destaca que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para armonizar la leyes relativas conforme a lo establecido en esta ley.

También relata la disposición que señala que los sujetos obligados, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tendrán hasta un año, contado a partir de su entrada en vigor, para incorporarse plenamente a la Plataforma Nacional de Transparencia.

También resulta de importancia la disposición que establece que Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello. Y en complemento una disposición transitoria última que señala que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta ley y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.