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Proposiciones


De la Sen. Adriana Dávila Fernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión.

Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE PRESENTAN LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Quintana Roo, a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del Estado a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero también, debe ser parte sustancial de una nueva cultura política la responsabilidad de hablar con la verdad, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la sustentan.

Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, en el ejercicio del poder,  y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para, escudados en la libertad de expresión, hacer señalamientos infundados con el fin de dañar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado Mexicano.

Acción Nacional quiere apelar a la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de servir al pueblo y no de servirse de él. Apelamos a la responsabilidad de quienes ostentan un encargo público; responsabilidad para consolidar nuestra democracia, para hacer de la palabra un instrumento para la búsqueda de la verdad. Responsabilidad por parte de los actores políticos para edificar un México diferente, donde las insinuaciones o especulaciones no priven como verdades absolutas, donde se construyan nuevos ambientes de diálogo en pro de la patria y no en detrimento de la sociedad.

Y nos referimos a las acciones que ha llevado a cabo en últimas fechas el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Basta citar dos casos que atentan profundamente en contra de la libertad de expresión.

Los acontecimientos señalados por la revista Luces del Siglo en Quintana Roo  la cual ha denunciado que han sido víctimas de “robos dirigidos, persecuciones, agresiones contra reporteros y reporteras y repartidores del semanario”, y que a las opiniones disidentes y opositores se les somete a un régimen de terrorismo político-fiscal,  por el simple hecho de atreverse a criticar o disentir de lo que piense el gobernador.

La estrategia para coartar, someter y acallar las opiniones críticas a su administración es la de fabricar campañas de desprestigio, así lo afirman los directivos de esa revista, que aseguran, ha sido objeto del trabajo sucio ejecutado  durante un mes por parte del periódico 'Respuesta' con fotomontajes y caricaturas grotescas de miembros del semanario, acompañadas con información dolosa, afirman los miembros de Luces del Siglo, que son acusados de extorsionadores, defraudadores y vendedores de droga, los ejemplares de Respuesta fueron distribuidos en las colonias, zonas habitacionales el entorno laboral para desprestigiar a los directivos de Luces.

Esta estrategia gubernamental de ataque a las opiniones críticas ha contemplado la clonación del semanario Luces del Siglo en 40 ediciones digitales y 8 impresas. En los ejemplares se sustituye el contenido real de la publicación, la cual es de crítica al Gobierno del estado, con boletines y noticias que favorecen a la administración estatal; además de artículos para descalificar a los opositores del Ejecutivo estatal.

La situación es tan grave que el Juez Cuarto de Distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, al otorgar una suspensión provisional de amparo, ha ordenado  al gobernador Borge abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista, a rendir un informe donde aclare ‘si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión’”, así también se ordena por el juez que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente Tesis:

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS.

La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante.

Amparo directo en revisión 3123/2013. María Eugenia Olavarría Patiño. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Como podemos observar, estas denostaciones y calumnias por medio de supuestas publicaciones periodísticas,  no se limitan al periodismo crítico. Incluyen también a partidos políticos y a representantes populares. El pasquín Razón QR elaborado desde las oficinas gubernamentales en donde no se incluye responsable de la publicación o redactor de las notas, no solo realiza el culto a la personalidad del gobernador Roberto Borge, sino además fomenta la guerra sucia rebajando el debate político con notas que rayan en la vulgaridad, la misoginia y en la violación de las leyes.

Acción Nacional siempre, como lo ha hecho hasta ahora, defenderá la libertad de expresión de todos los ciudadanos, bajo el entendido de que es la única forma en que se pueden construir nuevos ambientes en la convivencia pública. La libertad de expresión debe ser ejercida no sólo como un derecho, sino como una virtud democrática. Cuando se restringe la libertad de expresión, por el motivo que sea, se deteriora el orden y el respeto, y eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitirse. Es necesario que el Estado mexicano proteja a como dé lugar esa libertad que tanto esfuerzo y lucha ha costado a los mexicanos. 

Y también queremos que todos los esfuerzos que desde el Poder Legislativo se han hecho para proteger la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres sea una realidad en todos y cada uno de los rincones del país. Por ello evitar la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades contra ellas es un imperativo, además para los tres órdenes de gobierno.

Nuestra norma fundamental es clara en señalar la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las y los mexicanos, y específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de los gobiernos federal, local y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tanto, es nuestra obligación a que desde este Congreso de la Unión se promueva la protección y respeto del derecho de las mujeres a vivir con paz, con tranquilidad y a garantizarles el pleno respeto a su dignidad humana.

En otro criterio de la Suprema Corte encontramos que:

“DAÑO AL PATRIMONIO MORAL DE LAS PERSONAS. SE PUEDE CAUSAR CON NOTAS PERIODÍSTICAS QUE SOBREPASAN LOS LÍMITES DEL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN YLA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AL NO TENER LA INTENCIÓN DE HACER DEL CONOCIMIENTO UN HECHO DE INTERÉS GENERAL, NI SIRVEN A LAS PERSONAS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE ENRIQUEZCAN LA CONVIVENCIA O PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA (LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DELDERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL).

Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público, pues el derecho de información no debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.”

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, lamentamos que la democracia, que tanto trabajo ha costado consolidar a nivel nacional, no sea una práctica común a nivel local. Es inaudito que haya entidades como Quintana Roo, donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas sean vulnerados de forma tan evidente y que el oprobio se haya convertido en lo habitual y cotidiano.

Pero más grave es que estas acciones, sean dirigidas en contra de mujeres quintanarroenses que por su actividad política o periodística, se vean inmiscuidas en publicaciones denostativas, que dañan su imagen pública, su integridad moral y que de alguna u otra manera, forman opinión pública negativa en su contra.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, a respetar los derechos humanos e implementar las acciones necesarias, que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, vigilar su estricto cumplimiento, así como a acatar la resolución del Juez Cuarto de Distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, en la que se ordena al citado gobernador abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista Luces del Siglo y a que cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.

ATENTAMENTE.

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ

SEN. FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO

SEN. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL

SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA

SEN. CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ

SEN. ROBERTO GIL DÍAZ

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ

SEN. VICTOR HERMOSILLO Y CELADA

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT

SEN. JAVIER CORRAL JURADO

SEN. JOSE ROSAS AISPURO TORRES

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS

SEN. JOSÉ MARIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN

Senado de la República, a 7 de octubre de 2014