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Proposiciones


Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita la intervención del Secretario de Gobernación y del Procurador General de la República para velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de las periodistas Carmen Aristegui y Denise Dresser y a iniciar acción legal en contra de quienes resulten responsables.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.


PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICTA LA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA VELAR POR EL PLENO RESPETO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LAS PERIODISTAS CARMEN ARISTEGUI Y DENISE DRESSER Y A INICIAR ACCIÓN LEGAL EN CONTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.

El suscrito, Mario Delgado Carrillo, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, 108 numeral 1 y 276 numeral 2 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución,someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ejercicio de la libertad de expresión es uno de los pilares de todo sistema democrático y del estado de derecho. Sin libertad de expresión, no puede haber democracia ni un sistema de libertades públicas y de garantías para su ejercicio.

A pesar de los esfuerzos importantes para avanzar, México tiene pendientes en materia de justicia. En el caso del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, México no solo no ha avanzado sino que ha retrocedido pues se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.

El 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley define a los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Hoy el crimen organizado sigue intimidando y cobrando la vida de personas y también de periodistas. Por otra parte, el gobierno pretende acallar las voces críticas, tratando de controlar a los medios, en lugar de dar garantías para el ejercicio de las libertades.

Hay insuficiencias y tareas pendientes. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señala expresamente que:

En un estado democrático de derecho es particularmente relevante el papel de los periodistas, como actores clave en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Las agresiones en su contra deben considerarse como afrentas a la democracia misma, motivo por el cual el gobierno mexicano tiene la obligación de tomar las medidas a su alcance para prevenirlas y remediarlas.

El Estado mexicano tiene la obligación de eliminar los obstáculos y restricciones ilegítimas al ejercicio pleno de la libertad de expresión, para lo cual tiene que promover acciones y medidas para fortalecer el ejercicio de la labor periodística.

El gobierno tiene que asegurar las condiciones para que la profesión periodística se pueda ejercer adecuadamente, abatir los factores que ponen en riesgo a los periodistas por sus labores, combatir la impunidad de los delitos cometidos en su contra, sobre todo en el contexto en el que se encuentra el gobierno de México al enfrentar al crimen organizado.”

El pasado 25 de abril, la periodista Carmen Aristegui denunció en su programa radiofónico una campaña de desprestigio en contra de ella y desu equipo de trabajo.  En esta campaña se han desarrollado varios hechos que dan cuenta de una amplia estrategia que su equipo de trabajo ha logrado documentar, que se describen a continuación.

  • Personas que se hacen pasar como parte de su equipo. En febrero de 2014,supuestos colaboradores de la periodista hicieron los arreglos para que diera una conferencia a los alumnos del Plantel Cancún de la Universidad del Sur. El 4 de marzo la institución educativa emitió un comunicado donde manifiestan que se trató de una suplantación y de una campaña para desprestigiar a la universidad o a la mencionada periodista.
  • Intentos por hacer parecer que está vinculada al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El equipo de la periodista documentóla entrega de despensas que se enviaron supuestamente desde la Ciudad de México a los representantes de dicha agrupación en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.Se desconoce el origen de las despensas.
  • En días pasados en Polanco, se detectó un grupo de aproximadamente 30 personas, supuestos simpatizantes de Morena, que se encentraban repartiendo volantes y protestaban por un falso pacto de Carlos Slim con sus dirigentes para proponer a Carmen Aristegui como candidata a un puesto de elección popular.
  • Promoción de su persona vía telefónica. También se da cuenta de una encuesta telefónica realizada a altas horas de la madrugaday con el propósito de generar molestia en la gente, donde supuestos representantes de Morena preguntan a las personassi votarían porCarmen Aristegui en caso de que fuera candidata de jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Además de la situación de la periodista Aristegui, Denise Dresser, politóloga y columnista,ha denunciado públicamenteservíctima de intimidación por la manifestación de sus opiniones en el periódico Reforma.

La organización Artículo 19, organización independiente de derechos humanos para proteger y promover la libertad de expresión,señala que en respuesta a las opiniones de Dresser, el Coordinador de Comunicación Social del PRI en la Cámara de Diputados emprendió una campaña de desinformación y de desprestigio contra ella. La organización, además, solicita que el Estado mexicano, de acuerdo con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, “emprenda todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de Denise Dresser”.

La politóloga ha solicitado públicamente a las autoridades de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación,su intervención. En entrevista para MVS Noticias con Carmen Aristegui, Denise Dresser acusó que “el estado mexicano ni siquiera está haciendo la labor mínima de un programa que debe entrar automáticamente”.

El 24 de abril la columnista escribió en Proceso con motivo de la situación de intimidación que se da desde el poder en un contexto adverso a la crítica y el disenso. También expresa que en la situación actual: “El Estado (se ha) convertido en el peor enemigo de la prensa, en lugar de asegurar un entorno donde opere libremente.”

Ante estos ataques a la libertad de expresión, debemos actuar en consecuencia. El Senado de la República debe expresar su enérgico rechazo a toda acción que atente contra el ejercicio de la actividad periodística y de opinión.

En el marco de respeto a los derechos humanos, se debe exigir se investigue y sancionen las agresiones de las que son objeto los periodistas. El tema es de importancia para la sociedad y para el Senado de la República, ya que Carmen Aristegui y Denise Dresser representan voces libres y críticas en la sociedad mexicana. El que esté en peligro el ejercicio de sus actividades no sólo refleja la ausencia del Estado para brindarles las condiciones necesarias para ejercer sus actividades, sino el peligro que viven a diario las y los periodistas comprometidos con la información veraz y crítica.

Carmen Aristegui, con más de 14 reconocimientos por su actividad periodística y ganadora de dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo, es una periodista que ha demostrado día a día con su trabajo, la seriedad y profesionalismo, aunque ésta trastoque supuestos equilibrios de la vida pública del país. Mediante su colaboración en los espacios radiofónicos y televisivos a lo largo de su carrera periodística ha impactado en la vida pública de nuestro país.

Denise Dresser se ha caracterizado, mediante sus columnas semanales y sus publicaciones en las que expresa su opinión, una crítica concisa, informada y oportuna, que se dirige a los poderes hegemónicos de nuestra sociedad mexicana. 

Ante las denuncias, es fundamental que conozcamos qué motivaciones, de dónde provienen los recursos y qué objetivos tienen quienes están usurpando identidades, y también, se detenga ya toda intimidación que se dirige al ejercicio de críticay opinión libre.

Las intervenciones ilegitimas a la libertad de los periodistas deben ser desterradas.El acoso, el hostigamiento, la violencia, la censura, la usurpación, la suplantación, las calumnias, las intimidación contra de los periodistas no caben en un estado de derecho.

Tampoco la censura que se planteó en la ley de telecomunicaciones que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, porque atenta contra la democracia mexicana y es un peligro del autoritarismo.

Nada ni nadie puede estar por encima de los derechos y garantías previstos en la constitución.

El artículo 6º de la constitución establece el derecho de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.También establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El artículo 7o. establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Añade que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

El señalado artículo 6º constitucional señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, en consonancia con lo que establece el artículo 16 constitucional que señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

El artículo 73 fracciónXXI de la constitución establece que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

El artículo 102 constitucional establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En el artículo 21 institucional se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el procurador puede contar con fiscalías especiales para realizar de mejor manera su función de prevención e investigación de los delitos. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión. Tiene como función, proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

El artículo 1º constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En un estado de derecho, el deber del Estado en materia de protección de los derechos humanos es doble. Por un lado él mismo debe evitar violaciones a los derechos, pero también debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los ciudadanos y las organizaciones violen los derechos de conciudadanos.

Para ello debe operar las medidas de prevención y protección quefrenen y sancionen el acoso, el hostigamiento, la violencia, la censura, la usurpación, las calumnias, las intimidaciones, que sufren quienes con profesionalismo desempeñan la función periodística.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución,la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, en uso de sus facultades legales, a velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de todas y todos los periodistas, en especial de Carmen Aristegui y Denise Dresser y a implementar los respectivos mecanismos de protección y prevención que garantice su integridad física y de toda persona que ejerza la labor periodística o de libre expresión, de conformidad con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus disposiciones reglamentarias.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, a través de la La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, a iniciar acción legal en contra de quienesresulten responsables por la posible comisión de delitos con motivo de las denuncias y señalamientos hechos por Carmen Aristegui y Denise Dresser.

SUSCRIBE

Senador Mario Delgado Carrillo

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