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Iniciativas

Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


Propone reformar el párrafo segundo del artículo 102; y adicionar un Apartado B al artículo 109 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello se propone establecer el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, organismo dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena jurisdicción.

Se propone que el Tribunal se integre por siete magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo. Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, dos suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares. El Senado de la República podrá destituirlos, conforme al procedimiento descrito en el artículo 110 de la Constitución.

El Congreso de la Unión, emitirá la ley que establezca su organización, así como las formas y procedimientos a que se sujetará el conocimiento y la resolución de los casos de su competencia.

El Tribunal tendrá la facultad de conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal; será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVOS AL TRIBUNAL GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PÚBLICO

Quienes suscriben Senadores Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVOS AL TRIBUNAL GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PÚBLICO, con base en la siguiente:

ANTECEDENTES

La supervisión y fiscalización es un requisito de las democracias modernas, sin embargo, en México sigue como una deuda, la publicación de la Cuenta Pública 2012, evidencia un lastre para la consolidación de nuestras finanzas públicas y el ejercicio honrado de los impuestos de los contribuyentes en obra pública, en generación de empleo y mejorar las condiciones para el crecimiento económico.

El pasado 20 de febrero de 2014, el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal, presento en la Cámara de Diputados el informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012. El Auditor General anuncio de que presentaran 147 denuncias de hechos, por irregularidades en el ejercicio del gasto federal del 2012 por alrededor de cuatro mil 300 millones de pesos, del total 43 denuncias corresponden a recursos con subejercicios, desviados o no utilizados por las entidades federativas o municipios, y 104 a dependencias públicas.  De ellas, se desprendieron 4 mil 347 acciones correctivas. Se elaboraron de ese total mil 768 pliegos de observaciones, mil 768 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso a la Cámara de Diputados instituir la figura de un tribunal de sanciones para asegurar que se apliquen castigos al desvío de recursos públicos, pues aun cuando por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2012 se presentaron 147 denuncias de hechos, es el Ministerio Público Federal (MPF) el que debe decidir si hay una penalidad.

En la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, señaló que el principal problema en el ejercicio del gasto público es la forma en que los gobiernos de los estados ejercen el presupuesto. Agregó que las administraciones locales aluden como pretexto para el desvío de recursos su debilidad financiera y ejemplificó con un dato relevante, pues en contraste con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, los órganos fiscalizadores estatales únicamente reportaron probables recuperaciones por 509 millones de pesos de fondos federales, 21 veces menos que lo encontrado por el órgano fiscalizador que encabeza, por un monto de 10 mil 915 millones de pesos.

De la Cuenta Pública 2012 sobresale las siguientes observaciones:

  • En materia de salud el seguro popular objeto irregularidades por el 23.2% de su presupuesto por medio de operaciones financieras no registradas,  transferencias indebidas a diversas cuentas bancarias, subejercicios y la compra de medicamentos a precios superiores a los de referencia.  

  • En materia de aprovechamientos y de ingresos no petroleros y no tributarios, no fue posibledeterminar el origen de 40 mil 771 mdp agrupados en el rubro de otros, la Secretaría de Haciendasólo informó el destino de 28 mil 789.8 mdp que representan 14.1% de los ingresos excedentes de 2012, respecto de los. 

  • En materia de deuda subnacional el informe indica que las obligaciones financieras de los estados que superan el porcentaje preocupantementelos recursos federales obtenidos son,Coahuila con 298.5%,Quintana Roo con 235.6%y Nuevo León con 208.3%, situación sumamente preocupante para las finanzas públicas. 

  • Las entidades federativas como Veracruz, Nayarit, Distrito Federal, Sonora, Michoacán, Baja California y Jalisco, así como Chiapas, Zacatecas, Coahuila, Quintana Roo, y Nuevo León, enfrentaron serias restricciones económicas y financieras en razón, de sus elevadas tasas de endeudamiento. 

  • En materia deseguridad pública la opacidad  afecto en algunos casos hasta el 39% de los fondos destinados para tal efecto en situaciones como, transferencias indebidas,adquisiciones suntuarias e incumplimiento de responsabilidades a nivel Federal y estatal

  • En materia de justicia penal,al menos 3 millones 922 mil 900 pesos es la afectación por las irregularidades en el manejo del subsidio para el nuevo sistema penal, el informe indica que la Secretaría técnica de coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal (SETEC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, no cuenta con información confiable, suficiente y objetiva que permita conocer y verificar si la entrega del subsidio que se hizo a cada entidad del país corresponde a su nivel de avance. 

  • En cuanto a la administración Federal se ignora el destino de 285 mil mdp que formaron parte del endeudamiento de 2.2 billones de pesos registrado por la administración del sexenio pasado, el informe  señala que del empréstito 1.5 billones se utilizaron para pagar el costo de la deuda, de los 726 mil 435millones restantes, 441 mil 332 millones se utilizaron para cubrir el déficit presupuestario y de la cantidad restante se desconoce

  • La SHCP dejo de captar 769 mil 448 millones, debido a estímulos fiscales impuestos especiales y beneficios  tributarios, cifra que representa la mitad de la recaudación total que ascendió a  un billón 516 mil 950 millones de pesos. Distribuyéndose lo que se dejo de percibir de la siguiente forma: a) IVA 235 mil 177; b) Impuestos especiales 176 mil 890; c) ISR empresarial 143 mil 318; d) ISR de personas físicas 128 mil  786; e) IETU 73 mil 15, y f) Estímulos fiscales 12 mil 265.  

Diagnóstico  de la fiscalización: Fragmentación y omisión

El sistema de gasto, fiscalización y de sanción penal esta fracturado, por ejemplo el gasto federalizado, porque en él se manifiesta el ejercicio de los recursos de laFederación por parte de estados y municipios. Es decir, se integra por los recursos que se transfieren a los estados de la República, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.Los recursos para ese fin ascendieron en 2012 a 1.3 billones de pesos, se canalizaron por dos vías: la transferencia condicionada o programable, que representó 63.2 por ciento del total, y las no condicionadas o no programables, que significaron 36.8 por ciento. La ASF indica que a pesar del incremento de los recursos públicos a los estados y municipios  no se ha acompañado de una mejora en la calidad de la gestión y resultados de los gobiernos locales, ni se han generado alicientes que impulsen la transparencia, y el asumir una responsabilidad ante los ciudadanos.

La falta de la aplicación del principio de anualidad en todos los fondos. Esto propicia desviaciones y subejercicios, porque la norma no garantiza la adecuada operación de fondos y programas. Otra falla estructural es la Ley de Coordinación Fiscal que no tiene un reglamento que diga cómo gastar los recursos en el Ramo 33.

La respuesta de las autoridades locales frente a este fenómeno es que  la problemática se ve influenciada por la debilidad de las finanzas de las entidades federativas y municipios, que deriva en un pretexto para que se utilicen los recursos de los fondos en fines diferentes de los previstos por la norma. De acuerdo a
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), calificó de "irresponsables" a los gobernadores por el desvío de recursos públicos y a la Secretaría de Hacienda, a la que tildó aún de "opaca" en el manejo de los mismos, pues afirmó que todavía lo hace de forma "discrecional".

La Auditoria Superior de la Federación solicita de manera urgente al Congreso de la Unión  aprobar las tres reformas que están pendientes en el Congreso de la Unión y que podrían ayudar a que este problema se vea disminuido. Éstas consisten en crear un Tribunal Independiente y Especializado que combata las irregularidades en la administración pública y así se asegure la sanción para aquellas entidades o funcionarios que hayan desviado recursos; crear un Sistema Nacional de Fiscalización de los recursos públicos y una Comisión Nacional Anticorrupción.

Los tribunales de cuenta: Experiencia internacional

El Tribunal de Cuentas o Corte de Cuentas es un tipo de entidad fiscalizadora superior, estructurada como un órgano colegiado, responsable de fiscalizar y juzgar la regularidad de las cuentas y gestión financiera públicas. Su equivalente en Latinoamérica es la Contraloría General de la República. De los cuales sobresalen el Tribunal Europeo, el caso de Bélgica y España, y en América Latina el caso del  Salvador y Panamá.

a) Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo [1] [2] audita las finanzas de la UE. Su papel consiste en mejorar la gestión financiera de la UE e informar sobre el uso dado a los fondos públicos. Se creó en 1975 y tiene su sede en Luxemburgo. Con el fin de garantizar que los contribuyentes de la UE obtengan el máximo rendimiento de su dinero, el Tribunal de Cuentas tiene derecho a controlar (auditar) la actuación de cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE. El Tribunal realiza a menudo controles in situ. Los resultados de estos controles constituyen la base de informes que se presentan a la Comisión y a los gobiernos nacionales de la UE. El Tribunal de Cuentas no tiene competencias legales propias. Si sus auditores descubren fraudes o irregularidades, informan a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Uno de los cometidos más importantes del Tribunal consiste en presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre el ejercicio anterior ("aprobación de la gestión anual"). El Parlamento examina a conciencia el informe del Tribunal de Cuentas antes de decidir si aprueba o no la gestión del presupuesto por parte de la Comisión.

El Tribunal también debe emitir su dictamen sobre la legislación financiera europea y sobre cómo ayudar a la UE a luchar contra el fraude. Los auditores llevan a cabo inspecciones frecuentes de las instituciones de la UE, los países miembros y los países que reciben ayuda de la UE. Si bien el trabajo del Tribunal tiene que ver sobre todo con los fondos de los que la Comisión es responsable, en la práctica las autoridades nacionales gestionan el 80% de estos ingresos y gastos.

Para realizar eficazmente su trabajo, el Tribunal de Cuentas debe ser totalmente independiente de las demás instituciones, pero mantenerse en contacto permanente con ellas. El Tribunal está compuesto por un miembro de cada país de la UE designado por el Consejo por un periodo renovable de seis años. Los miembros eligen entre ellos al que será su Presidente durante un periodo también renovable de tres años. En enero de 2008 fue nombrado Presidente Vítor Manuel da Silva Caldeira, de Portugal.

b) Tribunal de Cuentas de España

El Tribunal de Cuentas de España es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público [3], sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu) y la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal (LFTCu). Ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos.

La primera función, la fiscalizadora -caracterizada por ser externa, permanente y consuntiva-, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales (o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); así, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo en su ámbito como órgano técnico que es, y las Cortes -o, en su caso, los Parlamentos autonómicos-, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario. La función jurisdiccional no es sino el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas.

Todos los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por el poder legislativo: "seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años" (art. 30.1 LOTCu), y el Fiscal del Tribunal de Cuentas "se nombrará por el Gobierno" (art. 32 LOTCu).

Es una Institución del Estado, con sección diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado, y con un estatuto especial, derivado de la Constitución y de su Ley Orgánica 2/1982.

Sus informes son públicos, a través del BOE y también en la página web del Tribunal, y aportan una evaluación crítica de la gestión pública, efectuada desde una perspectiva técnica y objetiva, que sirve de apoyo al Parlamento en su función de control político del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la función fiscalizadora refuerza la transparencia y la propia rendición de cuentas al conjunto de la sociedad, al tiempo que contribuye a la mejora de la gestión, propiciando la adopción de medidas por el propio órgano o sujeto fiscalizado, a partir de las recomendaciones formuladas en los Informes de fiscalización.

El Tribunal de Cuentas es miembro de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y ostenta la Secretaría permanente del grupo regional europeo de la misma, denominado EUROSAI. También es miembro adherente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Son funciones propias del Tribunal de Cuentas (art. 2 LOTCU) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Uno de los aspectos relevantes del caso español, establecido en el artículo 7 de la LOTCU, el Tribunal de Cuentas puede exigir la colaboración de todas las Entidades públicas, que están obligadas a suministrarle cuantos datos, estados documentos, antecedentes o información requiera, relacionados con el ejercicio de la función fiscalizadora.

Con independencia de la extensión de la función fiscalizadora a todo el ámbito del Sector público, la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, así como la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, atribuyen de forma específica al Tribunal de Cuentas competencias fiscalizadoras, respectivamente, sobre la contabilidad anual de la actividad ordinaria de las formaciones políticas, así como sobre la contabilidad referida a los diferentes procesos electorales.

El Tribunal de Cuentas encarna en exclusiva la jurisdicción contable, sin perjuicio de lo cual las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, en determinados casos, serán susceptibles de recurso de casación y extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo.

De acuerdo al art. 49 de la LFTCU, “la jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector”.

Por tanto, para que exista responsabilidad contable es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos calificadores:

  • Solo pueden incurrir en responsabilidad contable quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o fondos públicos. 
  • El menoscabo de los fondos públicos debe desprenderse de las cuentas, en sentido amplio, que deban rendirse. 
  • Debe existir una infracción de las normas reguladoras del régimen presupuestario, contable o de subvenciones aplicable. 
  • El responsable debe haber incurrido en dolo, culpa o negligencia graves. 

Los órganos que ejercen la jurisdicción contable son los Consejeros de la Sección de Enjuiciamiento, generalmente en primera instancia, y la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que conocerá en segunda instancia de aquellos procedimientos que determina la LFTCU.

 c) Tribunal de Cuentas de Bélgica

El Tribunal de Cuentas de Bélgica es un órgano jurisdiccional administrativo estatal belga, encargado principalmente de juzgar la regularidad de las cuentas públicas, controlar el uso de los fondos públicos, controlar a las empresas estatales, o hasta los organismos privados que gozan de una ayuda del Estado. Tiene la obligación de informar al Parlamento, al Gobierno y a la opinión pública sobre la conformidad de las cuentas. Sus controles conciernen a los gastos y los ingresos de los Gobiernos Federales, comunitarios y regionales, así como las diputaciones permanentes de las provincias.

Creada por el artículo 180 de la Constitución de Bélgica [4], []esta jurisdicción es un órgano colateral del Parlamento Federal de Bélgica. Ejerce un control externo sobre las operaciones presupuestarias, contables y financieras del Gobierno, así como regulaciones del presupuesto anual del país.

El Tribunal de Cuentas está dirigido por un colegio de doce magistrados, quienes son regulados por funcionarios del Gobierno. Estos están divididos de manera equitativa por idioma, por lo que existen dos salas de funcionamiento y un salón general que es utilizado en ocasiones extraordinarias y para la rendición de la cuenta mensual del gasto fiscal.

Cada sala está compuesta por un Presidente, cuatro consejeros y un secretario. Ambos presidentes son designados por el Gobierno, y todos los miembros del Tribunal son elegidos por la Cámara Belga de Representantes por un periodo de seis años, tras los cuales se puede optar a la reelección.

d) Corte de Cuentas de la República del Salvador

La Corte de Cuentas de la República del Salvador [5] es un organismo estatal establecido en la Constitución salvadoreña, para velar por la transparencia en la gestión pública. Esta institución es autónoma de los tres Poderes del Estado y ejerce funciones técnicas y jurisdiccionales.

El antecedente de esta institución fue el Tribunal Superior de Cuentas y la Contaduría Mayor de Cuentas, establecidos en la Constitución de 1872. En 1930, por decreto legislativo, se creó la Auditoría General de la República. En la Constitución de 1939, se estableció que estos tres entes se fusionarían pasando a denominarse Corte de Cuentas de la República.

La Constitución vigente, aprobada en 1983, establece en su artículo 195 que la Corte de Cuentas de la República debe realizar la fiscalización técnica y legal de la Hacienda Pública en general, y supervisar la ejecución del presupuesto en particular. Además en su artículo 196 establece que para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la Corte de Cuentas de la República tendrá una Cámara de Segunda Instancia, formada por el presidente de la institución y dos magistrados. Estos funcionarios son electos por la Asamblea Legislativa para un período de tres años.

e) Tribunales de Cuenta de Guatemala

Los Tribunales de Cuentas son los tribunales encargados de ejercer con independencia la función judicial en materia de cuentas en todo el país. El fundamento legal de estos tribunales es el artículo 220 de la Constitución y los artículos del 33 al 107 de la Ley de Tribunales de Cuentas, Decreto Legislativo 1126.1

Los Tribunales de Cuentas ejercen con independencia absoluta, las funciones judiciales en materia de cuentas. Está función será ejercida por los jueces de primera instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas en todo el país. En contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas emitidos por estos tribunales que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es inadmisible en los procedimientos económico-coactivos.

En los juicios de cuentas habrá dos instancias: la primera es ejercida por los jueces de primer grado. La segunda se ejercerá por el Tribunal nombrado conforme lo dispone el artículo 208 de la Constitución.

Los Tribunales de Cuentas se organizan e integran de la siguiente forma:

  • Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción se integra por tres jueces propietarios y tres suplentes electos por el Congreso de la República, cuyas calidades se determinan en la respectiva ley. El primero de los electos es el Presidente del Tribunal. El Tribunal conoce los juicios de cuentas y los procedimientos económico-coactivos en segunda instancia, de igual manera, la resolución de los conflictos de competencia entre las autoridades, en materia de cuentas.

El tribunal de cuentas ejerce jurisdicción sobre la Contraloría para los fines del artículo 209 de la Constitución y también le corresponde la resolución de los conflictos de jurisdicción entre los jueces de Cuentas por una parte y los Tribunales ordinarios por otra, es decir ejerce como Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

  • Juzgados de Primera Instancia

Les corresponde conocer en materia de cuentas dentro de primera instancia a los jueces de Cuentas de Primer Grado y jueces de Primera Instancia en los departamentos de la República.

  • Jueces de Cuentas de Primer Grado

Los jueces de Cuentas de Primer Grado ejercen la jurisdicción en materia económico-coactiva, en eldepartamento de Guatemala. Tienen como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco, las municipalidades, las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas que proceden de un fallo condenatorio de cuentas, multas y demora en obligaciones tributarias. Además, la demanda en materia económico-coactiva se presenta ante ellos en la ciudad capital. Es función potestativa del Tribunal de Cuentas y de los jueces de Primer Grado, solicitar a la Contraloría de Cuentas la práctica de nuevas revisiones.

  • Jueces de Primera Instancia Departamentales

Los jueces de Primera Instancia departamentales, son jueces en materia económico-coactiva. Cumplen sus funciones como jueces privativos en materia económico-coactiva con base en el expediente respectivo que les remita el Tribunal de Cuentas y deberán tramitar el procedimiento de oficio e inmediatamente que reciban los antecedentes y el auto de su designación. Tienen como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco o las municipalidades que proceden de un fallo condenatorio de cuentas, multas y demora en obligaciones tributarias. Además, la demanda en materia económico-coactiva se presenta ante ellos en la en los otros departamentos de la República. Es función potestativa de los jueces de Primera Instancia, en los otros departamentos de la República, solicitar a la Contraloría de Cuentas la práctica de nuevas revisiones.

De la creación de un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público

El correcto manejo de las finanzas públicas no es una decisión discrecional o supeditada a criterios personales o electorales por parte de los responsables del manejo de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos, la Cuenta Pública 2012 evidencia nuevamente una prioridad para la construcción de nuestra democracia, un llamado al Congreso para acelerar las reformas pendientes en materia de fiscalización y una oportunidad para reivindicar al Senado para aprobar las iniciativas para fortalecer al Sistema Nacional de Fiscalización.

Esta solicitud tienen la mayor coherencia después de autorizar el Congreso de la Unión una reforma hacendaria para este año, que doto de mayores recursos y que dentro de una República, una responsabilidad sin contrapeso se puede volver un privilegio.

La ausencia de una Política de Estado en el combate a la corrupción en el ejercicio de las finanzas públicas es el cáncer que consume nuestra legitimidad como servidores públicos, sin menoscabar los avances constitucionales en anticorrupción y transparencia, estamos obligados como Senado reactivar la dictaminación de la Minuta de Cámara de Diputados en materia de Fiscalización  recibida desde el 26 de septiembre de 2012, y todos los proyectos relativos a fortalecer la fiscalización en nuestro país.

Senadores y Senadoras integrantes de la LXII Legislatura, estamos ante la urgencia de construir una política más completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, estamos obligados a contribuir a la gobernabilidad y  mejorar las condiciones de legitimidad de una democracia sujeta a continuas tensiones, negarnos a esta tarea es condenar al mismo pacto social del Estado mexicano.

Con fecha 27 de septiembre de 2012, se presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Sistema Nacional de Fiscalización y del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público responsable de sancionar a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno o a cualquier persona por irregularidades administrativas en el ejercicio de recursos públicos. En tal sentido proponemos un ademdum a dicho proyecto a fin de fortalecer un sistema único que combata la actual fragmentación que existe hoy en esta materia, por lo que proponemos adicionalmente:

  • Se crea un órgano autónomo especializado denominado Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público,  dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y plena jurisdicción,

  • Su función es complementar la labor de la Auditoria Superior de la Federación y de lo que será el Sistema Nacional de Fiscalización para conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal.

  • Integrado por siete magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo.

  • Los magistrados podrán ser removidos por el Senado de la República conforme al procedimiento descrito en el artículo 110 de este ordenamiento.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público además estará facultado para:

  1. Resolver sobre los delitos por daños a las finanzas públicas.
  2. Coordinarse con la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización para la realización de sus funciones de prevención, conocimiento y sanción.
  3. Intervenir preventivamente en el ejercicio del presupuesto, conforme a las leyes en la materia, a efecto de certificar su legalidad, y en su caso, emitir las observaciones correspondientes. Si el ente público insistiera,  deberá fundar y motivar su decisión al Tribunal, pero si el Tribunal, a su vez, mantuviera sus observaciones, informará al Congreso de la Unión.
  4. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales para el ejercicio de sus funciones.
  5. Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad penal, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.
  6. Presentar al Congreso de la Unión su informe anual de labores.
  7. Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera del presupuesto público y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades, malversación y opacidad en el manejo de recursos públicos y violaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone reformar y adicionar los artículos 102 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Sereforman el párrafo segundo del artículo 102; y se adicionan un Aparado B al artículo 109;  todo ello de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. …

Con salvedad de las atribuciones que confiere el artículo 79 de esta Constitución a la entidad superior de fiscalización, incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Artículo 109.

A.

B. Se establece el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público,  dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena jurisdicción.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público estará integrado por siete magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo.

Los magistrados podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, dos suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitirá la ley que establezca su organización, así como las formas y procedimientos a que se sujetará el conocimiento y la resolución de los casos de su competencia.

Los magistrados del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, tienen la obligación del cumplimiento eficaz e inmediato de sus funciones. El Senado de la República podrá destituirlos, conforme al procedimiento descrito en el artículo 110 de este ordenamiento.

ElTribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, tiene facultad de conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tiene las siguientes facultades:

I. El conocimiento y la sanción, conforme al procedimiento jurisdiccional que establezca la ley general de los casos de presunta responsabilidad de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los  órganos dotados de autonomía en esta Constitución, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato por actos que afecten a las haciendas públicas federal, estatales, del Distrito Federal o municipales,

II. Resolver sobre los delitos por daños a las finanzas públicas.

III. Coordinarse con la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización para la realización de sus funciones de prevención, conocimiento y sanción.

III. Intervenir preventivamente en el ejercicio del presupuesto, conforme a las leyes en la materia, a efecto de certificar su legalidad, y en su caso, emitir las observaciones correspondientes. Si el ente público insistiera,  deberá fundar y motivar su decisión al Tribunal, pero si el Tribunal, a su vez, mantuviera sus observaciones, informará al Congreso de la Unión.

IV.- Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales para el ejercicio de sus funciones.

V.- Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad penal, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.

VI.- Presentar al Congreso de la Unión su informe anual de labores.

VII.-Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera del presupuesto público y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades, malversación y opacidad en el manejo de recursos públicos y violaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. Y un plazo de 180 días para el nombramiento de los magistrados del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público,

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2014.

Suscriben

Senador Armando Ríos Piter    


[1]Sitio en internet: http://www.parlamento.gub.uy/Constituciones/Const952.htm

[2] Sitio en internet: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm

[3]  El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española -y también en su artículo 153.d)- que goza de una riquísima historia. El término Contador Mayor de Cuentas, al menos, se venía aplicando de forma común a nuestra Institución desde mediados del siglo XIV y, por extensión, al oficium de los Contadores Mayores se le llamaba Contaduría Mayor de Cuentas. El nombre de Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas se utilizó desde mediados del siglo XVI. No es hasta el año de 1828 cuando se cambia a Tribunal Mayor de Cuentas eliminando específicamente la palabra Contaduría de su título, aunque hay que decir que durante todo este tiempo, según unas leyes u otras, se alternan los tres términos e incluso la denominación de Tribunal de Cuentas. Se llamó Tribunal de Cuentas del Reino desde 1851. Durante el periodo de 1871 a 1873 pasa a llamarse Tribunal de Cuentas de la Nación al eliminarse todo símbolo monárquico del Estado. Desde esa fecha se recupera el nombre de Tribunal de Cuentas del Reino hasta el año 1924 en que se denominó Tribunal Supremo de la Hacienda Pública e Intervención General. En 1930 se vuelve a llamar Tribunal de Cuentas del Reino y en octubre del año 1931, Tribunal de Cuentas de la República. A partir de su constitución en 1940 se llama de nuevo Tribunal de Cuentas, aunque desde 1953 alterna este título con el de Tribunal de Cuentas del Reino, nombre que pasa a ostentar desde 1961. La Constitución 1978 establece el nombre de Tribunal de Cuentas, respeta y conserva la tradición histórica del Tribunal y en su desarrollo se promulgó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, reguladora de la Institución. Asimismo, para establecer el funcionamiento del Tribunal, y según el mandato de la Ley Orgánica, se dicta en 1988 la Ley número 7, de 5 de abril. En síntesis, el Tribunal de Cuentas rige su actividad, además de por la Constitución, por las llamadas, para abreviar, «Ley Orgánica» y «Ley de Funcionamiento».  La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, le sitúan en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales –aunque no sea un órgano propio del Parlamento Nacional-, disponen para sus doce miembros –los Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado- las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces, y distinguen con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan –las que en él son tradicionales-, la fiscalizadora y la jurisdiccional.  Sitio en internet: Sitio en internet: http://www.tcu.es/default.htm

[4] Sitio en internet: https://www.ccrek.be/FR/TexteDeReference_Art_180.html

[5]  Corte de Cuentas de la República del Salvador. Sitio en internet: http://www.cortedecuentas.gob.sv/