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Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Comisión de Vivienda, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver el problema habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA.

 Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I.   En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen del Punto de Acuerdo referido.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III.     En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV.     Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

I. ANTECEDENTES

1.    Con fecha 2 de abril de 2013, la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

2.    En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la misma, se hace referencia al derecho que tienen las personas de contar con un lugar digno para vivir. Se trata de una de las condiciones necesarias para la supervivencia y para llevar una vida segura, autónoma e independiente. Que cuando se carece de este derecho, los demás derechos pueden sufrir un gran menoscabo.

También refiere la definición de “vivienda adecuada”, que la Organización de las Naciones Unidas señala como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Señala también que la dignidad y el decoro como características que tienen que ver con el acceso y dotación de servicios adecuados como son agua potable, alcantarillado, electricidad, drenaje entre otros servicios, se prevén en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el derecho de toda familia a disfrutar una vivienda digna y decorosa.

Indica que “el derecho a la vivienda no se agota con el disfrute de la persona hacia adentro de su vivienda, sino que requiere de un ambiente externo que también sea adecuado”.

Menciona que en nuestro país este derecho y advierte enormes rezagos y problemas que requieren de su inmediata atención. Asimismo, se establece que el informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de la Comisión Nacional de Vivienda, da cuenta que la prioridad del sector ya no es el financiamiento ni la edificación de vivienda, sino el entorno urbano pues la construcción de nuevos desarrollos habitacionales se hizo alejados de los centros de desarrollo sin equipamiento, infraestructura y servicios que afectó la calidad de vida de los habitantes.

Indica que uno de los casos que reflejan lo anterior, es el relativo al de los habitantes de 22 fraccionamientos de la ciudad de Tijuana, Baja California, donde desde al año de 1996 autoridades locales autorizaron al INFONAVIT, a instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras a edificar viviendas que, por carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad.

La construcción deficiente de estas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción. Todos estos análisis concluyen que las viviendas debido a su pésima construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.

La organización denominada Tijuanenses por una Vivienda Digna, ha realizado un número importante de gestiones ante las autoridades del INFONAVIT, las propias del estado de Baja California, así como ha interpuesto las denuncias penales tanto federales como del fuero común, sin que hasta el momento hayan obtenido alguna respuesta satisfactoria para la solución de sus derechos colectivos, por lo que se han visto en la necesidad de trasladarse desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal a realizar las gestiones ante autoridades antes señaladas, e incluso, han tenido que acudir ante las propias Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder ser atendidos, lo que representa un desgaste permanente no sólo de carácter económico sino humano.

 

III. CONSIDERACIONES

Los Senadores integrantes de la Comisión de Vivienda desean primeramente, reconocer los rezagos y problemas en materia de vivienda que requieren de su inmediata atención y solución.

Del mismo modo, señalan que es intención de la Comisión de Vivienda ser un medio vinculador entre los actores de la sociedad y las dependencias de la administración pública federal que se encuentran inmersos en el tema de la vivienda.

Derivado de ello, y después de analizar exhaustivamente el presente asunto, los senadores integrantes de dicha Comisión precisan el siguiente análisis:

1. En una primera queja, en el año 2000 el C. Guadalupe Oliver Vázquez Ibarra, Presidente de la Asociación “Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna” y residente del Condominio Conjunto Habitacional Pórticos, interpuso en la Delegación Baja California a la que recayó el número de expediente 546/2000/705, en contra de los proveedores Geo Baja California S.A. de C.V. y del INFONAVIT, respecto de las deficiencias que presentaban los inmuebles del fraccionamiento antes citado.

Con fecha 7 de julio de 2000, ante la incomparecencia del consumidor a la audiencia de conciliación, se turnó el expediente al Archivo General como asunto concluido.

2. En una segunda queja con fecha 20 de junio de 2008, el C. Vázquez por sí y en representación de las familias del conjunto habitacional antes referido en su carácter de Administrador General, interpuso queja en contra de los proveedores Geo Baja California S.A. de C.V. y del INFONAVIT por las deficiencias que presentan algunos inmuebles, sin precisar las mismas de manera específica de cada uno de los inmuebles del citado fraccionamiento.

Asimismo, en una opinión formulada por el INFONAVIT se alude entre otras cosas, a que la empresa Geo Baja California S.A. de C.V. es responsable de los daños ocasionados. Sin embargo, el Instituto ha manifestado en todo momento la intención de resolver la problemática, misma que el C. Vázquez no ha aceptado, ya que solicita una vivienda nueva en otro terreno, con el diseño que él propone y con otra constructora.

Sin embargo, en la audiencia de conciliación derivada del procedimiento de esta segunda queja, se acordó que ésta fue planteada por el consumidor en los mismos términos de la primera queja al constituir los mismos hechos materia de la reclamación presentada en el año 2000, por lo que se hizo efectivo el contenido del artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la letra dice:

“Artículo 112.- (…)

En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los siguientes 10 días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos”.

3. De manera adicional a lo anterior, no se tiene conocimiento de la garantía otorgada a los inmuebles por daños estructurales, del número de inmuebles que presentan daños estructurales, así como del contenido de los diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción que se aluden en el escrito de la Senadora Peña.

Por lo anteriormente expuesto y no obstante lo anterior, en el supuesto de acreditarse los daños estructurales de los inmuebles, y de que se pueda acreditar que la parte consumidora ha interrumpido el término de prescripción que es de 3 años, los integrantes de la Comisión de Vivienda sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes, hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ejercicio de la facultad concedida por el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en concordancia con lo dispuesto en el Libro V de las Acciones Colectivas establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, coadyuve, a través de la Dirección General Adjunta de Acciones de Grupo de la PROFECO, a resolver el problema habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los 17 días del mes de abril de 2013.

 

Comisión de Vivienda