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Proposiciones


De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE VIVIENDA.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a una vivienda digna, es un derecho que aspira dar satisfacción a la necesidad que tiene las personas de contar con un lugar digno para vivir. De ahí que se trata de una de las condiciones necesarias para la supervivencia y para llevar una vida segura, autónoma e independiente. Es también la condición esencial para la realización de otros derechos, de modo tal, que cuando se carece de éste derecho, los demás pueden sufrir un gran menoscabo.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la “vivienda adecuada” como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” [1].

Asimismo nuestra Constitución prevé en el artículo 4º  el derecho de toda familia a disfrutar una vivienda digna y decorosa. La dignidad y el decoro como características que tienen que ver con el acceso y dotación de servicios adecuados como son agua potable, alcantarillado, electricidad, drenaje entre otros servicios.

Es decir, “el derecho a la vivienda no se agota con el disfrute de la persona hacia adentro de su vivienda, sino que requiere de un ambiente externo que también sea adecuado” [2].

Sin embargo, en nuestro país este derecho advierte enormes rezagos y problemas que requieren de su inmediata atención. Diversos indicadores señalan que en los últimos años creció la adquisición de vivienda ya sea por créditos bancarios o por los que se dan a través de la seguridad social como son FOVISSSTE  e INFONAVIT, lo que llevó a una construcción masiva sin instrumentos de control en la autorización y calidad en los materiales que se utilizaron en su construcción.

El informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de la Comisión Nacional de Vivienda, da cuenta que la prioridad del sector ya no es el financiamiento ni la edificación de vivienda, sino el entorno urbano pues la construcción de nuevos desarrollos habitacionales se hizo alejados de los centros de desarrollo sin equipamiento, infraestructura y servicios que afectó la calidad de vida de los habitantes.

Uno de los casos que reflejan lo anterior es el caso de habitantes de 22 fraccionamientos de la Ciudad de Tijuana Baja California, donde desde al año de 1996 autoridades locales autorizaron al INFONAVIT, a instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras a edificar viviendas, sin embargo las mismas por carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad.

La construcción deficiente de estas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción. Todos estos análisis  concluyen que las viviendas debido a su pésima construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.

La organización denominada Tijuanenses por una Vivienda Digna, ha realizado un número importante de gestiones ante las autoridades del INFONAVIT, las propias del Estado de Baja California e interpuesto las denuncias penales tanto federales como del fuero común, sin que hasta el momento hayan obtenido alguna respuesta satisfactoria para la solución de sus derechos colectivos, por lo que se han visto en la necesidad de trasladarse desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal a realizar las gestiones ante autoridades antes señaladas, e incluso han tenido que acudir ante las propias Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder ser atendidos, lo que representa un desgaste permanente no sólo de carácter económico sino humano.

Por lo antes expuesto, me permito poner a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a división de poderes, hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a que valore la posibilidad de ejercer la facultad concedida por el artículo 26 de la Ley Federal del Consumidor y coadyuve  a resolver el problema que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la Ciudad de Tijuana Baja California.

SENADORA ANGÈLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.


[1] Carbonell, Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 2004, p 881.

[2] Idem.