+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones


De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los Poderes del estado de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.


C. SENADOR PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S EN T E

La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tinum, Yucatán, con la simple enunciación, no resulta de trascendencia o importancia para muchos; sin embargo, se trata del municipio mexicano que alberga una de las siete maravillas del mundo moderno: el Castillo de Chichen Itzá.

La presencia de este importante atractivo turístico de México, conlleva el desarrollo de diversas actividades desempeñadas por parte de los pobladores que buscan día a día la mejora de las condiciones de vida de su familia; sin embargo, a la par de este desarrollo legítimo, se gestan en la comunidad intereses ajenos a la misma que pasan necesariamente por los factores económico y político, mismos intereses que cuando ven en la norma y la autoridad el sesgo a su libre expansión, buscan la desestabilización de la comunidad a través del engaño a los pobladores, más aun cuando la Presidencia Municipal, no es encabezada por alguna persona emanada del Partido Revolucionario Institucional.

A guisa de ejemplo, en el gobierno municipal anterior, postulado por Acción Nacional, se vivieron dos capítulos políticos en los que incluso se privó ilegalmente de la libertad al entonces Alcalde con la participación y complacencia de la policía del Gobierno del Estado, así como de otras acciones que derivaron en la interposición por parte del ayuntamiento de la Controversia Constitucional radicada en la Suprema Corte de Justicia bajo el número 105/2011. En dicho medio de control constitucional se acusa la invasión de la esfera de competencia municipal por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Yucatán, además de la constante violación a la facultad de autodeterminación, ocasionada por la constante presencia de actores políticos ajenos a la comunidad vinculados directamente con el Gobierno del Estado y por ende, con el Revolucionario Institucional, ambos haciendo uso de la fuerza pública para la protección de supuestos “ciudadanos” que con el quebranto del Estado de Derecho, buscaban la manipulación de las decisiones del Cabildo o, en la mejor de sus pretensiones, la desaparición del mismo.

Actualmente y producto del sufragio popular, el municipio se encuentra gobernado por una autoridad emanada de Acción Nacional, por lo que de nueva cuenta se presentan los intentos por parte del Congreso del Estado así como del Poder Ejecutivo por desestabilizar la administración pública encabezada por la C. Natalia Mis Mex, nuevamente con la parcial participación de la Policía Estatal.

En efecto, el nuevo intento de desestabilización en contra de la autoridad municipal, dio inicio el día 24 de Febrero del año en curso, cuando un grupo de aproximadamente 100 personas se apostaron a las puertas del edificio que ocupa la Comisaría de Pisté (en la que se ubica el Castillo Maya a Kukulkán), clausurando en forma indefinida el acceso al mismo, alegando infundadamente como sustento de su acción el supuesto cierre abusivo de su “centro de trabajo” al no contar el mismo con la documentación establecida por la normatividad municipal.

Posterior a la ilícita ocupación el ayuntamiento, por medio de su Alcaldesa, intentó generar el dialogo conciliatorio con las personas que se habían apostado a las puertas del edificio público, percibiendo que la mayoría de los “manifestantes” eran personas ajenas a la comunidad y al municipio, pero que se encontraban encabezadas y patrocinadas por el propietario de uno de los establecimientos irregulares clausurados.

Al día siguiente, en forma por demás diligente, se encontraba dispuesto a las puertas del inmueble municipal un fuerte operativo policiaco conformado por elementos de la Policía Estatal, quienes ante la petición de la alcaldesa de permitirle el acceso al edificio, se negaron alegando que para “evitar conflictos” debían impedir que accese a ejercer sus funciones como primera autoridad del municipio.

Desde entonces y a la fecha del presente acuerdo, la fuerza pública estatal se ha encargado de dar protección a los “ciudadanos” involucrados en la comisión del ilícito establecido en el Código Penal del Estado de Yucatán denominado “Delitos Contra el Orden Constitucional”, mismo que de acuerdo a la fracción VII del artículo 137 se tipifica en la forma que a continuación se establece:

VII. Impedir a las autoridades Administrativas, Legislativas, Jurisdiccionales o Municipales el libre acceso a las instalaciones en que deban realizar sus funciones.

EL RESALTADO ES PROPIO

Ante esta circunstancia, no puede sino afirmase el clientelismo político de la fuerza pública, consentida por el Ejecutivo Estatal, pues ante la flagrancia en la comisión del tipo penal acusado, y bajo un discurso falaz de “protección del orden público”, se permite la continuación al bloqueo de las instalaciones que ocupan los comisariados de Pisté y San Francisco, como consecuencia de la correcta aplicación de la normatividad municipal contra el funcionamiento irregular de diversos establecimientos de alimentos y bebidas al Turismo asistente a la comunidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Estatal legitima el quebrantamiento del Estado de Derecho, y las prescripciones a que la Carta Magna hace referencia en el quinto párrafo del artículo 21, en cuanto establece:

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Así pues, la Policía Estatal de Yucatán y el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa, al impedir a una autoridad constitucional y popularmente electa el acceso a los inmuebles municipales sin fundamento legal alguno, no pueden estar ajustando su actuar a los mandatos de la Constitución y sí, por el contrario, permiten el fortalecimiento de intereses contrarios a la paz y el desarrollo del pueblo, pero sobre todo el debilitamiento de la promoción turística de uno de los principales atractivos de nuestro país.

Del mismo modo, el Gobierno del Estado de Yucatán, al resguardar y proteger a las personas apostadas a las puertas de los inmuebles públicos, quebranta el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales que se expresa en el hecho que los Estados no pueden establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a los Municipios, siendo en los hechos que el Poder Ejecutivo respalda la falta de pago de las contribuciones municipales establecidas en Ley, generando con ello un perjuicio a la hacienda pública municipal afectando la recaudación que se tenía contemplada para proveer de mejores servicios y condiciones a la población de la localidad.

Asimismo, no pasa desapercibido para la suscrita el hecho que la omisión, o la desidia, del Gobierno del Estado en el apoyo y respaldo al gobierno encabezado legítimamente por una mujer de 22 años de edad es una clara muestra de intolerancia, misoginia, partidismo radical y represión.

Por ello, como mujer, como legisladora federal pero también como integrante del Consejo Rector del Pacto por México la proponente solicita congruencia a los priistas yucatecos, quienes llenan sus discursos de loas al C. Enrique Peña Nieto, mismo que enunció en días pasados, respaldado por los hechos que, “Nadie puede estar por encima de la Ley”.

En estas condiciones, y en tanto una ley se encuentra siendo quebrantada con el ilegal apoyo de la Policía Estatal, y de acuerdo al compromiso de respeto irrestricto a las distintas fuerzas políticas y sus gobiernos, es que se estima debe honrarse el ofrecimiento de diálogo y negociación institucional que se plasma en el Pacto por México, erradicando de los gobiernos afines al Revolucionario Institucional, en especial el del estado de Yucatán, la actuación y el uso partidista del poder, introduciendo en su actuar el reconocimiento del Derecho Positivo así como a los Derechos Humanos, tal y como al momento se ha conducido el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de la Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a los Poderes del Estado de Yucatán a que respeten la autonomía y Soberanía del municipio de Tinum, Yucatán y sus autoridades constitucional y popularmente electas.

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su Titular, a efecto que garantice el acceso de las autoridades municipales constitucionalmente electas a los edificios públicos ubicados en las localidades de Tinum, Pisté y San Francisco, todas del municipio de Tinum.

TERCERO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su titular, a que garantice la integridad física de las autoridades municipales constitucionalmente electas y que integran la administración pública de Tinum, Yucatán.

CUARTO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Yucatán, a través de su Mesa Directiva y la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que respeten la autonomía del municipio de Tinum así como la soberanía de sus autoridades, y que del mismo modo desistan de cualquier tipo de intromisión, presencia política o incitación partidista, a través de sus integrantes o personal adscrito, hacia los habitantes de la comunidad.

QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a que respeten y hagan respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Yucatán, así como las normas emanadas de ambas, con amplio reconocimiento a los Derechos Humanos que las mismas reconocen.

SEXTO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a efecto que, después de haber facilitado el acceso de las autoridades municipales a los recintos públicos del municipio de Tinum y garantizado la integridad física de las mismas, se retire de las plazas públicas del municipio, manteniéndose replegada en la Base de concentración que posee, ubicada a las orillas de la Autopista Mérida-Cancún.

Dado en el Recinto del Senado de la República a los once días del mes de marzo de 2013.

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA.