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Iniciativas

Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


Crea el Registro Nacional de Deuda que estará a cargo de la SHCP, y que contendrá información de la deuda de la federación, entidades federativas, municipios, y en todos los casos de sus órganos autónomos y del sector paraestatal, la que proporcione la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito y aquella vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la Comisión.

Se le responsabiliza a la Secretaría de establecer y mantener actualizado el Registro Nacional y para efectos de facilitar el acceso a su información, desarrollar un sistema o portal único que permita al público libremente acceder a toda la información generada, debiendo también encargarse de supervisar que los estados, municipios y la CNBV entreguen la información en la forma y términos establecidos en los lineamientos que para tal efecto se emitan. Las secretarías de finanzas o equivalentes en los Estados serán responsables de concentrar, procesar y remitir a la SHCP, la información de deuda de la entidad federativa y de sus municipios. Asimismo se establece que toda la información del Registro Nacional será pública, por lo que no se podrá oponer secreto bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro para su difusión, debiendo el Consejo aprobar los formatos estandarizados a través de los cuales deberá entregarse la información y establecerá los lineamientos generales que permitan al público su adecuada y eficiente consulta, y podrá coordinarse con la CNBV a fin de establecer mecanismos para mejorar la calidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información reportada. Con la reforma al artículo 85 se establece que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables cuando omitan realizar los registros de la deuda de los entes públicos.

La reforma al artículo 5º de la Ley General de Deuda Pública, tiene como propósito facultar a la SHCP, para llevar el registro de la deuda del sector público federal y del Distrito Federal, en los términos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por otra parte, con la reforma el artículo 16 y la adición del artículo 16 BIS de la Ley de Coordinación Fiscal, se propone incluir a la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera, como institución que participara en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la define como órgano de coordinación institucional entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios cuyo objeto es emitir directrices para que los órdenes de gobierno responsables cumplan con los principios previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución.

Las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, establecen que se considerará una operación con personas relacionadas, aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este mismo artículo y cuando se celebren operaciones crediticias con entidades federativas y municipios, las instituciones deberán tener especial cuidado en verificar los antecedentes crediticios de sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal y considerarlos como una sola entidad para los fines de calificación, reservas, garantías y demás conducentes, según lo dispuesto en esta Ley y los lineamientos de la Comisión. Se establece que la aprobación del Consejo de Administración es inexcusable en el supuesto de operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de la Ley. También se establece que las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan obligación por ley de entregar. Se instituye la prohibición a las instituciones de crédito de otorgar créditos a entidades federativas y municipios que no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La reforma al artículo 10 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que las operaciones de créditos, préstamo o financiamiento de cualquier tipo que realicen las Entidades, que pongan en riesgo la capacidad de pago, independientemente de la nulidad de dichos actos, se harán acreedoras a las sanciones que establece la Ley.

La reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, instaura que corresponde a la SHCP el manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; así como registrarla conforme a las previsiones de las leyes aplicables.

Las reformas a los artículos 3º y 6º de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, establecen que el Banco impulsará esquemas de financiamiento y otorgamiento de líneas de crédito flexibles a entidades federativas y municipios que actúen con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y otorgará financiamiento competitivo a las entidades federativas y municipios que cumplan con el principio de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

Con las reformas al Código Penal Federal, se establece que se comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a quien Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Y se entiende que el servidor público otorga, realiza o contrata indebidamente deuda cuando formalice operaciones de crédito que de acuerdo a las mejores prácticas financieras, en el momento de la suscripción o en tiempo posterior, pueden causar en el mediano o largo plazo un desequilibrio a las finanzas públicas o causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública o bien se abstenga dolosamente de difundir, revelar o poner a disposición del público o de quienes participen directa o indirectamente en una gestión de operación crediticia, información disponible y relevante que sea necesaria para la toma de decisiones financieras. También se incluye a quienes con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución financiera datos falsos sobre la situación financiera de una institución o entidad. También al servidor público que teniendo obligación de pagar un crédito no pague y como consecuencia resulte un perjuicio a la hacienda pública.

Finalmente se establece que serán responsables solidarios, y serán sancionados con las mismas penas previstas en este artículo, aquellos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de estructuradores, despachos, agentes financieros o cualquier otro que participe directa o indirectamente en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre la situación financiera del acreditado, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dicha situación. Así se establece que al que cometa el delito a que se refiere el artículo 217, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO

MARIO DELGADO CARRILLO,Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, siendo la presente una consecuente reglamentación de las disposiciones superiores que en ella se contienen, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa reglamenta las disposiciones constitucionales contenidas en la diversa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO. Por medio de ambas propuestas se pretende laactualización del modelo actual de finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno, en búsqueda, en primer lugar, del equilibrio presupuestal, y en segundo lugar y en el largo plazo de la sustentabilidad financiera, con base en el diagnóstico del agotamiento del pacto fiscal, la asimetría de información, la necesidad de que todos los actores financieros actúen en corresponsabilidad, así como la evolución de las variables de las finanzas públicas sub-nacionales, especialmente la deuda pública de entidades federativas y municipios, en atención al diagnóstico y bajo los principios y medidas descritos a plenitud en el referido instrumento legislativo.

En esta iniciativa de ley se proponen las siguientes medidas puntuales en los rubros que se indican:

En materia de transparencia y asimetrías de la información en materia de finanzas públicas y en el mercado de crédito

  1. Derecho constitucional a la rendición de cuentas del gasto público.
  2. Un Registro Nacional de la Deuda, a cargo de SHCP con información de la federación, Estados y municipios, con base en los criterios que ya se contienen en la ley general de contabilidad gubernamental. Asimismo, se incorporará la información de los créditos otorgados por los bancos y los agentes estructuradores.
  3. Informe de la banca a la CNBV sobre los créditos a cualquier plazo y tasas, otorgados a los estados y municipios, en formato homologado. no se podrá oponer secreto bancario para el reporte permanente de esta información.
  4. Los bancos deberán verificar para otorgar créditos que los estados y municipios cuenten con la autorización de los Congresos locales para su contratación.
  5. Los estados y municipios deben hacer pública la fuente de pago del crédito contratado y las condiciones de contratación: tasa, plazo, calendario de pagos, entre otros.
    En materia de sustentabilidad financiera se proponen medidas en sus componentes de ingresos, gastos, deuda, inversión productiva y banca de desarrollo
  6. Respetar y mantener la autonomía presupuestaria de los estados y municipios.
  7. Proponer un concepto más demarcado de inversión productiva.
  8. Congresos locales autoricen todo tipo de deuda, los montos, proyectos y garantías de estados y municipios y no reconocer créditos que no sean por ellos autorizados.
  9. Prohibir que la deuda se destine a gasto corriente.
  10. Los estados y municipios deben garantizar, de inicio en la autorización del congreso, que los empréstitos se destinarán a inversión productiva.
  11. Definir el destino de los créditos y que esa información sirva para su fiscalización.
  12. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará ingresos, egresos y empréstitos de todos los órdenes de gobierno.
  13. Incentivar y facilitar los mecanismos de mercado, incluyendo los bonos de deuda, para la inversión a largo plazo.
  14. Incentivar el otorgamiento de créditos por parte de la banca de desarrollo a municipios que cumplan con los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.
  15. Lograr que los estados y municipios que hoy no tienen acceso al crédito, lo tengan y alcancen mejores condiciones en su contratación con el apoyo de la banca de desarrollo
  16. Impulsar que BANOBRAS sea el estructurador y agente financiero preferente de estados y municipios.
    En materia de corresponsabilidad de los actores involucrados se propone un esquema integral que permita planear y prevenir escenarios, y presente rutas de acompañamiento
  17. Obligar, mediante ley, a todos los órdenes de gobierno al equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. El equilibrio presupuestal busca la armonía en las cuentas públicas, mientras que la sustentabilidad financiera busca la capacidad de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro del margen de la propia responsabilidad financiera. Hay que reconocer ciclos, ejecutar planes económicos financieros y atender casos excepcionales, incluso los motivados por causas de fuerza mayor.
  18. Contar con una Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera en el que participen corresponsablemente la federación, estados y municipios para alcanzar los fines de la responsabilidad financiera, en plena cooperación y con ánimo de alcanzar todos el equilibrio y reconociendo el impacto que tienen los ciclos económicos nacionales e internacionales en la economía del país.
  19. Los estados y municipios deberán ejecutar un plan de reequilibrio presupuestal de mediano y largo plazo.
  20. Que el Congreso de la Unión pueda dar seguimiento a la ejecución del plan y podrá ser revisado permanentemente para realizar ajustes en caso de ser necesario. De manera corresponsable, el Ejecutivo Federal procurará los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. Como autoridades federales, deberán estar atentos a los ciclos económicos.
  21. Revisar la potestad tributaria de los municipios para que puedan tener mayores ingresos por el impuesto predial, tenencia vehicular y participar de los ingresos federales con el objeto de fortalecer sus finanzas públicas.
  22. Prever mecanismos para atender los problemas de liquidez de los estados y municipios y en corresponsabilidad ejecutar el plan de reequilibrio.
  23. Acudir a la normatividad bancaria a fin de reestructurar en debido orden aquellos créditos que a la fecha, no sean sostenibles o se prevea que en futuro inmediato existe riesgo de impago, proceso al que se le dará seguimiento a través de la autoridad competente. Habrá, en corresponsabilidad, exigencia de un plan de reequilibrio financiero.
    En materia de responsabilidades y sanciones ante deficiencias en el cumplimiento normativo y/o irregularidades
  24. Hacer corresponsable a los consejos de administración de las instituciones financieras del otorgamiento de créditos a gobierno.
  25. Los bancos deberán tener especial cuidado para identificar a todas las entidades de la Administración Pública local y municipal para considerarlas un solo sujeto de crédito y evitar abusos de entidades que se endeudan de más, a través de organismos paraestatales ad hoc.
  26. Anular las operaciones que se otorguen indebidamente a estados y municipios y las pérdidas resultantes que las absorba directamente el banco y nunca el contribuyente, a través del IPAB.
  27. Sanciones en el código penal a representantes gubernamentales y de los bancos que falseen u oculten información para la contratación de créditos; a los que no paguen un empréstito sin causa justificada; a quienes no reestructuren el crédito para no caer en condiciones de impago. Serán corresponsables de estas acciones ilegales los representantes de las instituciones de crédito.
  28. Juicio político a funcionarios públicos que abusen de su capacidad de endeudamiento o contraten créditos de manera ilegal.

Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, proponemos a esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4, 43 BIS, 43 TER Y 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 5º DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA; 16 Y 16 BIS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 73, 73 BIS, 97, 106, 106 BIS y 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; 10 BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS; 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3 Y 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y 217 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 4º , recorriéndose algunas de sus fracciones y 85, y se adiciona un CAPÍTULO IV Del Registro Nacional de Deuda al TÍTULO TERCERO De la Contabilidad Gubernamental, que contempla los artículos 43 Bis y 43 Ter de la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I a la XXVII. ...

XXVIII.Registro Nacional: Registro Nacional de Deuda que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y que contendrá información de la deuda de la federación, entidades federativas, municipios, y en todos los casos de sus órganos autónomos y del sector paraestatal, la que proporcione la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito y aquella vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la citada Comisión.

XXIX.Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;

XXX.Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental.

TÍTULO TERCERO

De la Contabilidad Gubernamental

CAPÍTULO IV

Del Registro Nacional de Deuda

Artículo 43 Bis.- La Secretaría de Hacienda deberá establecer y mantener actualizado el Registro Nacional. A fin de facilitar el acceso a su información, desarrollará un sistema o portal único que permita al público libremente acceder a toda la información generada. Asimismo, se encargará de supervisar que los estados, municipios y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entreguen la información en la forma y términos establecidos en los lineamientos que para tal efecto se emitan, En caso de incumplimiento de cualquiera de los sujetos referidos se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de esta ley.

Las secretarías de finanzas o equivalentes en los Estados serán responsables de concentrar, procesar y remitir a la Secretaría de Hacienda, la información de deuda de la entidad federativa y de sus municipios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores será responsable de concentrar, procesar y remitir a la Secretaría de Hacienda, la información referida en el último párrafo del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito, así como la vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la citada Comisión.

Artículo 43 Ter.- Toda la información del Registro Nacional será pública, por lo que no se podrá oponer secreto bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro para su difusión, y contendrá, cuando menos los conceptos, partidas y rubros que se señalan en el artículo 61, fracción I, inciso b) de esta Ley y se actualizará con la periodicidad que refieren los artículos 51 y 56 del presente ordenamiento.

El Consejo aprobará los formatos estandarizados a través de los cuales deberá entregarse la información y establecerá los lineamientos generales que permitan al público su adecuada y eficiente consulta, y podrá coordinarse con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de establecer mecanismos para mejorar la calidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información reportada.

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad y de la deuda de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

II. a V. ...

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 5º de la LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA para quedar como sigue:

Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades:

I. a IV. …

V.- Llevar el registro de la deuda del sector público federal y del Distrito Federal, en los términos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ARTÍCULO TERCERO: Se reforma el artículo 16 y se adiciona el artículo 16 BIS de la LEY DE COORDINACIÓN FISCAL para quedar como sigue:

Artículo 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de:

I.- La Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera.

II. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.

III.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

IV.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

V.- La Junta de Coordinación Fiscal.

Artículo 16 Bis. Se crea la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera como órgano de coordinación institucional entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios cuyo objeto es emitir directrices para que los órdenes de gobierno responsables cumplan con los principios previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución, que estará integrada por:

  1. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo presidirá;
  2. El titular de la Subsecretaría de Ingresos,
  3. El Gobernador del Banco de México.
  4. El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  5. El titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
  6. El titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
  7. El titular del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;
  8. El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios.
  9. Representantes de seis entidades federativas, mismas que estarán representadas por las que entre ellas al efecto elijan, las cuales actuarán a través del titular de su órgano hacendario;
  10. Representantes de tres municipios, mismos que estarán representados por las que entre ellas al efecto elijan, las cuales actuarán a través del titular de su órgano hacendario;
  11. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien concurrirá con voz y sin voto.

Serán facultades de la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera:

  1. Elaborar reportes periódicos que permitan identificar y, en su caso, reaccionar anticipadamente a los ciclos económicos internacionales y futuras crisis financieras.
  2. Elaborar informes anuales que evalúen el impacto de los ciclos económicos nacionales e internacionales en la economía y los riesgos relevantes en las finanzas y hacerlos llegar al Congreso de la Unión y a los Congresos Estatales con anterioridad suficiente a la discusión y aprobación de los presupuestos de ingresos y de egresos respectivos.
  3. Comunicar y proponer directrices en materia inversión productiva con carácter indicativo a las autoridades competentes de los órdenes de gobierno.
  4. Proponer a los órdenes de gobierno esquemas de financiamiento a largo plazo, a través de los instrumentos del mercado de valores u otros, que incrementen la inversión productiva, incluyendo la emisión de bonos de deuda.
  5. Proponer los mecanismos de acompañamiento y corresponsabilidad que deberá impulsar la Federación, para el fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios y aquellos que corresponda a esos órdenes de gobierno.
  6. Evaluar los planes económicos-financieros de mediano y largo plazo a cargo de estados y municipios que permitan la corrección de las desviaciones detectadas en el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera y comunicarlos a las autoridades estatales y municipales correspondientes para que determinen las medidas correspondientes a seguir.
  7. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO CUARTO: Se reforman y adicionan los artículos 73, 73 BIS, 97, 106, 106 BIS y 117 de la LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO para quedar como sigue:

Artículo 73.-

(…)

VII. ...

Asimismo, se considerará una operación con personas relacionadas aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este artículo. Cuando se celebren operaciones crediticias con entidades federativas y municipios, las instituciones deberán tener especial cuidado en verificar los antecedentes crediticios de sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal y considerarlos como una sola entidad para los fines de calificación, reservas, garantías y demás conducentes, según lo dispuesto en esta Ley y los lineamientos de la Comisión.

Artículo 73 Bis.- ...

Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de dos millones de Unidades de Inversión o el uno por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, el que sea mayor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una institución de crédito, no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas. La aprobación del Consejo de Administración es inexcusable en el supuesto de operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de esta Ley.

El consejo de administración de las instituciones podrá delegar sus facultades a un comité de consejeros, cuya función será exclusivamente la aprobación de operaciones con personas relacionadas, en aquellas operaciones donde el importe no exceda de seis millones de Unidades de Inversión o el cinco por ciento de la parte básica del capital neto. Dicho comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los cuales, por lo menos, una tercera parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley. La delegación no será aplicable a las operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de esta Ley.

...

...

...

...

No se considerarán operaciones con personas relacionadas, las celebradas con:

a) El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;

b) ...

Artículo 97.- Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan obligación por ley de entregar o les soliciten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas establezcan.

...

La información a que se refiere este artículo sólo podrá solicitarse y proporcionarse o entregarse para cumplir una obligación legal, en ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:

I. ... a la XVI.

XVII. Otorgar créditos o préstamos con garantía de:

a) ...

b) ...

c) ....

...

Queda prohibido otorgar créditos a entidades federativas y municipios que no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

XVIII a XXI. …

Artículo 106 Bis.- Los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, así como a las condiciones que, en lo particular, se señalen en las autorizaciones que se emitan para que se organicen y operen instituciones de banca múltiple con tal carácter y en los demás actos administrativos, darán lugar a la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin que dichas contravenciones produzcan la nulidad de los actos, en protección de terceros de buena fe, salvo los actos u operaciones realizados con el gobierno federal, las entidades federativas o los municipios, y en esos casos también con sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal, cuando no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, o aquellos en los que esta Ley establezca expresamente lo contrario.

Queda prohibido transferir, compensar o registrar las pérdidas que resulten por dichos actos u operaciones, quedando las instituciones obligadas a absorberlas conforme a lo dispuesto en la Ley.

Todas las instituciones de crédito quedan obligadas a informar periódicamente a la Comisión de las operaciones crediticias que celebren con Federación, Entidades Federativas y municipios, incluidos sus órganos autónomos y entidades del sector paraestatal, de conformidad con los lineamientos que determine la propia Comisión.

Artículo 117.- ...

...

...

I. a la IX. ...

...

...

...

...

...

Tampoco existirá violación al secreto a que se refiere este artículo, tratándose de la entrega de la información referida en el último párrafo del artículo 106 Bis de la presente Ley.

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aún cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el artículo 10 bis de la LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis. Las Entidades que otorguen créditos, préstamo o financiamiento de cualquier tipo, incluidos los masivamente celebrados a personas incapaces por minoría de edad en términos de la legislación común y a entidades federativas y municipios, incluidos sus órganos autónomos y entidades de su sector paraestatal cuando con esas operaciones se ponga en riesgo su capacidad de pago, independientemente de la nulidad de dichos actos, se harán acreedoras a las sanciones que establece la presente Ley.

ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el artículo 31 de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL para quedar como sigue;

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IV. …

V.- Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; así como registrarla conforme a las previsiones de las leyes aplicables.

VI. a XXXIV. …

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se reforman los artículos 3º y 6º de la LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá́ por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así́ como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. Asimismo, impulsará esquemas de financiamiento y otorgamiento de líneas de crédito flexibles a entidades federativas y municipios que actúen con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 6º .- …

I. a VII. …

VIII. Otorgar financiamiento competitivo a las entidades federativas y municipios que cumplan con el principio de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera establecida en el artículo 73, fracción XXIX-R constitucional, a fin de mejorar la infraestructura o realizar una prestación eficiente de los servicios públicos. Para lo anterior, en los casos conducentes, previo registro del proyecto de inversión productiva ante la autoridad competente, acompañado de sus análisis costo-beneficio, tomará en cuenta las variables de reducción del gasto corriente y de incremento de ingresos, el cumplimiento de metas y objetivos de conformidad con el presupuesto basado en resultados, el contar con situación fiscal regular en el pago de contribuciones a las que estén obligados,entre otros aspectos que contribuyan al equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos apoyará a aquellos municipios que por sus actuales características, circunstancias y condiciones financieras limitadas no puedan cumplir con las variables anteriores, así como los requisitos de situaciones financiera, auditoría externa, calificaciones previas y demás establecidos por las instituciones financieras para ser sujetos crediticios.

ARTÍCULO OCTAVO: Se reforman las fracciones I, inciso D) y III del artículo 217 del CÓDIGO PENAL FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I.- ...

A) ...

B) ...

C) ...

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Se entiende que el servidor público otorga, realiza o contrata indebidamente deuda cuando formalice operaciones de crédito que de acuerdo a las mejores prácticas financieras, en el momento de la suscripción o en tiempo posterior, pueden causar en el mediano o largo plazo un desequilibrio a las finanzas públicas o causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública o bien se abstenga dolosamente de difundir, revelar o poner a disposición del público o de quienes participen directa o indirectamente en una gestión de operación crediticia, información disponible y relevante que sea necesaria para la toma de decisiones financieras. También se incluye a quienes con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución financiera datos falsos sobre la situación financiera de una institución o entidad. También al servidor público que teniendo obligación de pagar un crédito no pague y como consecuencia resulte un perjuicio a la hacienda pública.

II.- ...

III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, cuentas, inversiones, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

También al servidor público que, aunque no haya formalizado las operaciones de crédito y tenga conocimiento de que las finanzas públicas presentan un desequilibrio y aquellas pueden causar o ya lo hayan causado un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública, de acuerdo a los informes, reportes o auditorías de la autoridad fiscalizadora correspondiente, no realice las acciones para reestructurar dichos créditos y las operaciones de pago o bien realice pagos a pesar de que el mismo aumente el desequilibrio de las finanzas públicas.

Serán responsables solidarios, y serán sancionados con las mismas penas previstas en este artículo, aquellos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de estructuradores, despachos, agentes financieros o cualquier otro que participe directa o indirectamente en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre la situación financiera del acreditado, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dicha situación. También se equipara a los consejeros, funcionarios, empleados de una institución de crédito o quienes intervengan directamente en la autorización o realización de operaciones, a sabiendas de que éstas darían como resultado o fueron causante directo de uno o más de los efectos a que se refiere la fracción I de este artículo.

Lo anterior, con independencia del fincamiento de la responsabilidad de orden civil o administrativa que corresponda.

En los supuestos a que se refieren las fracciones I, inciso d) y III de este artículo, los servidores públicos no se considerarán responsables cuando hayan optado por la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los posibles efectos no hayan sido previsibles, en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión, así como cuando sean causahabientes del pago y hayan iniciado o esté en trámite el proceso de reestructura o el pago sea excusable debido a una obligación preferente de interés general u orden público o por orden de autoridad judicial.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República
a 14 de febrero de 2013.