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Iniciativas

Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


Propone establecer dentro de los fines del sector social de la economía, el fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas precisamente en la constitución de sociedades cooperativas, pues estas organizaciones integran el sector social y como tales, tienen la protección de la ley reglamentaria del 25 constitucional, cuando obliga al Estado a establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de este sector social; y a definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del mismo sector.

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R  E  S  E  N   T  E  S

Eviel Pérez Magaña, Senador a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

La reducción de la pobreza es uno de los objetivos predominantes en la mayoría de las estrategias de desarrollo nacional e internacional, su reducción es motivo de preocupación esencial para los pueblos indígenas, pues en esto se presenta una desproporción en la representación que ellos tienen entre los pobres. El Banco Mundial estima que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero el 15% de los que viven en la pobreza.[1]

En esta tesitura al Estado mexicano corresponde la rectoría del desarrollo nacional pues sólo así se garantiza que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

A este enunciado, que corresponde al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguen las atribuciones del Estado en materia económica, pues para ello, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.

Pero el propio texto constitucional determina que si bien la rectoría económica corresponde al Estado, al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado.

En el párrafo séptimo de este precepto, remite a la ley establecer los mecanismos que faciliten la  organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Es así como el 23 de mayo de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Economía Social y Solidaria, de su articulado es pertinente citar el artículo 1° que establece precisamente que esta ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución General, en lo concerniente al sector social de la economía; que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

En su artículo 2° se define su objeto: establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado; definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de este sector, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Los artículos 3 y 4 de esta ley determinan que el sector social se integra con un conjunto de organizaciones sociales dentro de los cuales y en lo conducente, destacan: ejidos, comunidades, sociedades cooperativas y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El artículo 8 enuncia como fines del sector social de la economía, promover el desarrollo integral del ser humano; contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora; contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa; participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable; facilitar a los asociados de los organismos del sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Es justo en ese sentido que se debe promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en desarrollo económico del país, pero además, con la iniciativa que se propone se busca garantizar el desarrollo económico que les consagra la norma suprema en el artículo 2, al establecer a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos así como su desarrollo integral.

En este orden de ideas el Estado mexicano deberá de apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indignas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y producción.

Así mismo el Convenio 169 de la OIT que por disposición del artículo 133 de nuestra Constitución, se convirtió en ley suprema en toda la nación, establece que los gobiernos deberán de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos. Estas  acciones han de incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus usos y costumbres, tradiciones e instituciones.

El punto de vista primordial para el estado Mexicano consiste en comprender que los pueblos indígenas son pueblos distintos con sus propias historias, territorios, estrategias de medios de vida, valores y creencias, por lo que tienen sus propias ideas con respecto a la pobreza y al bienestar.

Bajo este marco normativo es que sustenta mi propuesta, pues se  parte de la figura de las sociedades cooperativas de productores, identificadas por la Ley de la materia, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, como “aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta Ley”

La Iniciativa plantea vincular el impulso y responsabilidad por parte del Estado para que las sociedades cooperativas se conformen y se mantengan, como un instrumento para el abatimiento de la pobreza extrema que se observa en la mayoría de comunidades indígenas.

En efecto, la Iniciativa que hoy presento a su distinguida consideración, plantea que dentro de los fines del sector social de la economía, se incluya fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas precisamente en la constitución de sociedades cooperativas, pues estas organizaciones integran el sector social y como tales, son tienen la protección de la ley reglamentaria del 25 constitucional, cuando obliga al Estado a establecer   mecanismos   para   facilitar   la   organización y   la   expansión de la actividad económica de este sector social; y a definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del mismo sector.

En consonancia con esta propuesta, cabe tener presentes las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Economía, dentro de las cuales, destaca: fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo.

A nadie escapa la realidad indiscutible, de que los recursos federales y estatales, no siempre bajan a la población que más lo necesita, para el caso que hoy nos ocupa, potenciales beneficiarios de los programas de la Secretaría de Economía que pueden encontrar en la figura de las sociedades cooperativas de producción, la vía idónea para el abatimiento a las condiciones de pobreza extrema en la que actualmente perviven.

De esta forma, se plantea elevar a rango de Ley, la inclusión como uno de los fines del sector de la economía social fomentar la participación de pueblos y comunidades indígenas a través de la figura de sociedades cooperativas de producción.

Lo que conllevará a la creación de programas de fomento de sociedades cooperativas indígenas, para así mejorar el ingreso de los asociados y sus familias con el consecuente impacto en el bienestar de la comunidad, desde la prospectiva y el impulso económico de la Secretaría de Economía.

Por otra parte, se propone reformar el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que obliga a los gobiernos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal a apoyar, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo.

Con la finalidad de enfatizar el apoyo que debe brindarse a los pueblos y comunidades indígenas, es que se propone agregar a este único párrafo, que se de mayor impulso al fomento y creación de sociedades cooperativas integradas principalmente por indígenas

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Primero.- Se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 93.- Los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo, brindando mayor impulso al fomento y creación de sociedades cooperativas constituidas principalmente por indígenas.

Segundo.- Se adiciona la fracción VII al artículo 8o de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía:

I. a VI. …

VII. Fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la constitución de sociedades cooperativas.

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de febrero del 2013-.

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA


[1] Banco mundial: implementación de la directriz operativa 4.20 del Banco Mundial Concerniente a los pueblos indígenas, 2003