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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Refrorma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.


Propone que la designación que haga el Presidente de la República, del Procurador General de la República, y ratificado por el Senado de la República, sea resultado de la convocatoria abierta a las universidades del país, los Colegios, Barras de Abogados, institutos de investigación jurídica e integrantes de la carrera judicial, que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

El designado deberá poseer estudios especializados en materia de justicia o derechos humanos, ser académico de alguna institución de educación superior o miembro de colegio de abogados reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo, además de haber cubierto los requisitos emitidos en la convocatoria y aprobado satisfactoriamente la evaluación.





SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN II, 78 FRACCIÓN V, 89 FRACCIÓN IX Y 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La Procuración de Justicia es el instrumento fundamental de un Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, permitiendo que la sociedad conviva pacíficamente y disfrute de una verdadera seguridad jurídica, pues es ante todo, el fin único que garantiza el bien común entre los gobernados.

La responsabilidad de garantizar seguridad y una procuración de justicia pronta y expedita a la ciudadanía es tarea de los poderes del Estado. Por una parte, el Poder Legislativo contribuye a diseñar el marco jurídico que garantice la armonía entre la población entre sí, es decir, desarrolla una legislación que encuadra perfectamente en la conducta de la sociedad y en los tipos penales que inciden con mayor frecuencia en la entidad.

Al Poder Judicial le corresponde interpretar y cumplir estrictamente las leyes, garantizando que con la impartición de justicia se procure el avenimiento y la reparación del daño que más satisfaga a la victima; de igual forma, le corresponde la imposición de sentencias justas, pero enérgicas, que garanticen la completa readaptación e inserción del agresor a la sociedad.

Al Titular del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus facultades le corresponde proponer al encargado de la procuración de justicia. Sin embargo, atendiendo a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo, y a las necesidades reales de la sociedad mexicana en materia de seguridad pública, el gobierno se encuentra lejos de concretar mínimamente dichos objetivos.

Los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia son realmente bajos y, aunado al lamentable aumento de la delincuencia en el país, los mexicanos demandan de su gobierno no sólo el personal eficiente y capaz que cumpla con las expectativas de perseguir delitos, sino que además garantice el respeto a los derechos humanos y construya una verdadera y sólida institución hacedora de justicia.

Sin duda, una de las principales obligaciones del Gobierno consiste en respetar y hacer valer el Estado de Derecho que asegure una convivencia social pacífica, constituyendo con ello una autoridad encargada de la procuración de justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de los delitos sin impunidad ni corrupción de por medio.

El sistema de elección del Procurador General de Justicia que hoy se propone ya ha sido puesto en marcha en otros países, logrando resultados más que satisfactorios en el campo de la procuración de justicia.

En España, por ejemplo, el candidato debe tener 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, y en su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado, lo que garantiza no sólo que sea el más adecuado perfil, sino que además garantiza independencia en su actuación, toda vez que no se encuentra supeditado a ninguno de los poderes en específico.

En el Reino Unido, el derecho consuetudinario establece que el Procurador General es electo de entre candidatos del Colegio de Abogados o de entre algún miembro del Parlamento con destacados antecedentes en el campo de derecho, lo que garantiza objetividad, imparcialidad, eficacia y pericia en el cumplimiento del encargo.

En Argentina, Bolivia y Venezuela el Fiscal o Procurador General es seleccionado de entre los aspirantes que acuden a la convocatoria pública de acuerdo a la calificación de capacidades y méritos profesionales.Este tipo de elección de Procurador o Fiscal General, garantiza que la actuación de los mismos sea imparcial y apegada a los estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, es decir que la procuración de justicia recae en un científico del derecho que plasma la teoría y la investigación a la práctica logrando resultados satisfactorios.

Objetivo

En un Estado democrático de derecho corresponde al poder público perfeccionar las instituciones de gobierno, elaborando las reformas que logren de manera eficaz y contundente la autonomía de los órganos, principalmente los encargados de la procuración de justicia.

Ciudadanizar la elección del titular de la Procuraduría General de la República garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo, por ello resulta imperante que la Procuración de Justicia recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación a la práctica eficaz y eficiente que proporcione resultados satisfactorios.

El Procurador de Justicia debe contar con una trayectoria profesional que avale su desempeño honesto. Debe poseer un exhaustivo desarrollo intelectual el cual forme parte de una corriente positiva y actual de la doctrina del derecho en la procuración de justicia. Ser catedrático de alguna institución de educación superior o postgrado y tener un conocimiento científico y práctico del sistema judicial.

En esta iniciativa se propone reformar los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar que el Presidente y Senado de la República elijan al Procurador o Procuradora General de la República a través de una convocatoria pública abierta.

Con el método propuesto, se dotaría de verdadera independencia funcional e institucional a la tarea de procurar justicia, ya que con la selección del Procurador o Procuradora de Justicia no quedaría ninguna duda en la imparcialidad y libertad con que se designe a dicho funcionario público, pues sería seleccionado únicamente con base en la capacidad profesional de los aspirantes.

Sin duda, en este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos en esta tan importante institución.

Es por lo anteriormente expuesto, que el suscrito somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

Único. Se reforman los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República previa convocatoria y selección que para tal efecto haya emitido; Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 78.

I. a IV. …

V. Otorgar o negar la ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal derivado de la convocatoria que para tal efecto se haya emitido;

VI. a VIII. …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a VIII …

IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República, que haya resultado electo y evaluado satisfactoriamente de la convocatoria abierta alas universidades del país, los Colegios, Barras de Abogados, institutos de investigación jurídica, e integrantes de la carrera judicial.

X. a XX …

Artículo 102.

  • La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, a partir de una convocatoria pública a las universidades del país, colegios y barras de abogados, institutos de investigación jurídica e integrantes de la carrera judicial pertenecientes a los Consejos de la Judicatura del país, cuya evaluación garantice verdadera vocación y conocimiento en la procuración de justicia y en la carrera judicial. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho poseer estudios especializados en materia de justicia ó derechos humanos; ser académico de alguna institución de educación superior ó miembro de colegio de abogados reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso; además haber cubierto los requisitos emitidos en la convocatoria y aprobado satisfactoriamente la evaluación. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Transitorios

PRIMERO.-El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los 90 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá emitir la Convocatoria a que se refieren los artículos 76, 78 y 79 de esta Constitución.

TERCERO.- Una vez que entre en vigor el presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá designar un encargado de despacho de la Procuraduría General de la República hasta en tanto se completa el proceso de selección del titular de la Procuraduría General de la República.

Dado en el Salón de Sesiones a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil doce.

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

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