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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y del estado de Michoacán a la solución inmediata del conflicto surgido con estudiantes normalistas de ese estado, a partir de su detención ilegal y posibles violaciones de derechos humanos.

Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión.
Intervinieron los Senadores:
Ma. del Rocío Pineda Gochi, PRI.
Fidel Demédicis Hidalgo, PRD.
El punto de acuerdo fue rechazado por la Asamblea.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN, A LA SOLUCIÓN INMEDIATA DEL CONFLICTO SURGIDO CON ESTUDIANTES NORMALISTAS DE MICHOACAN, A PARTIR DE SU DETENCIÓN ILEGAL Y POSIBLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
P r e s e n t e

El suscrito RAÚL MORÓN OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN, A LA SOLUCIÓN INMEDIATA DEL CONFLICTO SURGIDO CON ESTUDIANTES NORMALISTAS DE MICHOACAN, A PARTIR DE SU DETENCIÓN ILEGAL Y POSIBLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En la madrugada del día lunes 15 de octubre del año en curso, un número grupo de efectivos de la policía federal y del estado, realizaron un operativo para la recuperación de 82 unidades de transporte público, entre los cuales se encontraban autobuses de pasajeros, camiones repartidores y pipas destinadas al transporte de combustible, que desde hace más de 10 días estudiantes de las Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, Michoacán, mantenían en posesión como acto de protesta por las modificaciones al Plan de Estudios que el gobierno federal dispuso para las escuelas normales a partir de este ciclo escolar.

Del referido operativo policial resultó la detención de 176 estudiantes normalistas, aparentemente de forma ilegal, en contra de quienes se presume posibles violaciones de derechos humanos.

La medida gubernamental, no sólo ha generado una reacción de rechazo generalizada de la comunidad estudiantil de la entidad que en las últimas horas se ha traducido en la toma de la Secretaría de Educación en el Estado, manifestación en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y toma de carreteras cercanas a la capital, acciones a las que se han solidarizado también de diversos grupos de comuneros de Cherán y del gremio magisterial, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII, que se sumó con actos de protesta, marchas, toma de la presidencia municipal de Uruapan y emplazamientos al paro general de labores en solidaridad con los estudiantes, con la respuesta por parte de los representantes de los gobiernos federal y estatal de la también ilegal detención de nuevo Secretario General del magisterio democrático y de varios maestros de la entidad.

Una vez más, los Gobiernos Federal y del Estado a través de los responsables de la política interior y la seguridad pública, se han equivocado y excedido en el uso de la fuerza y la represión, como vía para la solución de los conflictos surgidos en el sector educativo de la entidad; primero fue contra estudiantes de la Universidad Michoacana y ahora contra estudiantes normalistas.

La solución del problema educativo en Michoacán, no puede bajo ninguna circunstancia atenderse bajo el extremo de la violencia, un gobierno democrático como el que hoy presume representar el gobierno de Fausto Vallejo, exige condiciones de mayor compromiso social para atender la demandas de acceso a la educación, equidad, atención del rezago, gratuidad y cobertura plena en el servicio, calidad educativa y sobre todo, estrategias de vinculación con el mercado de trabajo, para garantizar a los estudiantes y sus familias mejores condiciones de vida y desarrollo profesional.

Un gobierno democrático, exige también de tolerancia, respeto a la pluralidad ideológica, apertura al diálogo y actitud responsable para solucionar los problemas públicos con acciones fincadas en la legalidad, la justicia social y el principio de gobernabilidad, entendiendo por ésta la capacidad de gobernar, es decir, de hacer valer decisiones socialmente obligatorias, pero legítimas, incluyentes y apegadas a un estado de derecho, que garanticen además la capacidad de acción del sistema político en el cumplimiento de los derecho educativos de la sociedad, pues en estricto sentido, la gobernabilidad significa regulación política,  ejercicio del poder soberano estatal y las funciones de gobierno en la solución de los problemas de la sociedad, que al no ser resueltos por el gobierno ante su falta de capacidad de acción, crea lo que hoy vivimos en Michoacán, un Estado de Ingobernabilidad, que no es responsabilidad sino del gobierno mismo, que primero origina el problema y después reprime a quienes lo denuncian.

Los legisladores de izquierda, particularmente los del Partido de la Revolución Democrática, no estamos de acuerdo que en la protesta pública, la violencia o la comisión de ilícitos, sea una medida para la solución del conflicto social, no justificamos la actitud violenta de los estudiantes, no estamos de acuerdo con la forma, pero respaldamos el fondo de la petición, es decir su derecho a obtener mejores condiciones y oportunidades en el acceso a la educación y el campo laboral.

Reconocemos que es tan grave la comisión de delitos por los estudiantes, como el abuso de autoridad por el Estado, a través del uso excesivo de la fuerza pública, más aún tratándose del uso de la violencia y la violación de garantías individuales en los espacios educativos.

La respuesta de los gobiernos federal y del estado de Michoacán, sólo puede calificarse como una actitud fascista propia de los gobiernos priístas de la década de los 60’s y 70´s, en la época de la guerra sucia del país, que ha sido muy bien reproducida y mejorada por los gobiernos panistas de los últimos 12 años. A las autoridades se les ha olvidado que hay otras formas para hacer valer el Estado de Derecho, pero no es violando las garantías que la constitución consagra a los jóvenes de México y de Michoacán, menos aún dentro de los espacios educativos públicos, estandarte y conquista de las luchas y protestas del normalismo mexicano.

Condenamos por esta razón la fuerza represiva, excesiva e injustificada utilizada por este gobierno fascista y totalitario, causa de múltiples violaciones de garantías constitucionales, derechos humanos y garantías procesales, utilizados en la intromisión indebida a las Escuelas Normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, la detención ilegal de 176 jóvenes, que fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Estatal de Formación Policial y la detención de varias compañeras y compañeros maestros de la sección XVIII de Michoacán, bajo la justificación irracional y autoritaria de la aplicación del Estado de Derecho.

Sin duda, una vez más, quedó evidenciada la falta voluntad política, sensibilidad y oficio político de los responsables de los gobiernos federal y estatal para solucionar los conflictos mediante el diálogo, el acuerdo y la conciliación de intereses en aras de abonar a la gobernabilidad democrática del Estado, no se puede, ni se debe responder a la violencia, con más violencia y violación de garantías, menos tratándose del Estado cuya función es garantizar condiciones de paz y estabilidad social.

Los problemas de los jóvenes y del magisterio en general, sólo pueden resolverse por la vía de la educación, de la atención oportuna de sus demandas y del diálogo, jamás por la fuerza, la violencia o la represión.

"La defensa del normalismo histórico, no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado por todos". No se protesta y se marcha para resguardar la pureza de un espacio consagrado, sino por la imposición de políticas y programas educativos, que van en contra de los verdaderos intereses de la educación”.

 Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado, a través de los Titulares del Poder Ejecutivo, Secretarios de Gobernación y de Gobierno, Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores de Justicia, respectivamente en el ámbito de sus respectivas competencias, para que se garantice un trato humano, digno y legal a los estudiantes normalistas detenidos de las Escuelas Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío  y maestros de la sección XVIII del Magisterio democrático de Michoacán, para quienes se exige el respeto de sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, procediendo a su liberación inmediata en aquellos casos en los que no queda plenamente acreditada su responsabilidad penal, así como a la instalación urgente de una mesa de diálogo que permita arribar a la solución del problema entre las partes.

Segundo. Se solicita la intervención inmediata de las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, a efecto de que se realicen las investigaciones procedentes sobre posibles violaciones de derechos fundamentales  derivados de la actuación violenta e indebida de las policías federales y estatales, bajo el uso desmedido de la fuerza pública en contra de los estudiantes detenidos, maestros, padres de familias y comuneros de los lugares donde se ubican las Escuelas Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, Michoacán; para que se decreten las medidas cautelares de protección y defensa de los derechos humanos de los estudiantes y para que en su caso, se proceda a la emisión de recomendaciones para el fincamiento de las responsabilidades e imposición de sanciones administrativas y penales, contra aquellas autoridades públicas que hayan tenido participación en los hechos, bajo una actitud indebida y nefasta de abuso de autoridad.

 Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 16 días del mes de octubre de 2012.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO