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Proposiciones


De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a informar la situación que guardan los mecanismos que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para su cumplimiento.

Se turnó a las Comisiones de Equidad y Género y de Derechos Humanos.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SEGOB Y AL INMUJERES INFORMEN PUNTUALMENTE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS MECANISMOS QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA SU CUMPLIMIENTO.

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE:

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES INFORMEN PUNTUALMENTE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS MECANISMOS QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA SU CUMPLIMIENTO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tal como explica la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, surge de una terrible situación: la inadmisible y grave prevalencia de diversas formas de violencia contra las mujeres en México incompatibles con la vigencia de sus derechos humanos y la convivencia democrática. Reconocimiento de la insuficiencia de los medios y recursos institucionales y jurídicos para enfrentarla y abatirla y para enfrentar sus secuelas.[1]

Esta Ley se inscribe en un conjunto de transformaciones jurídicas construidas en las últimas dos décadas en nuestro país, buscando consolidar acciones de políticas públicas —coordinadas entre los tres niveles de gobierno— para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Así como, garantizar a todas las mujeres, en condiciones de igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia.

Para lograr su objetivo, establece una serie de mecanismos jurídicos y de política pública tendientes a crear las condiciones necesarias para que el Estado deje de ser parte del problema y se transforme en promotor y protagonista de la solución de la problemática de la violencia de género contra las mujeres[2].   

A fin de garantizar la adecuada aplicación de la Ley de Acceso, el artículo 35, establece las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, creando el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional). Este Sistema busca conjuntar los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Sistema se encuentra presidido por la Secretaría de Gobierno, en representación del Ejecutivo Federal; y, el Instituto Nacional de las Mujeres que funge como Secretaría Técnica. Y tiene entre sus atribuciones la de resolver en definitiva si procede o no iniciar la investigación solicitada para la procedencia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género[3]; otro de los mecanismos consagrados en la Ley General.

Hasta la fecha, en cuatro ocasiones se le ha solicitado al Sistema Nacional resuelva la procedencia de iniciar una investigación para la Declaratoria de la Alerta para los estados de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, en todas las ocasiones el Sistema ha resuelto en sentido negativo la procedencia de la investigación. Todas las resoluciones del Sistema por las que ha negado las alertas NO son información pública; debido a esto, se desconocen los razonamientos y argumentaciones vertidas en las sesiones extraordinarias por las cuales se fundamentan dichas resoluciones. Lo anterior, no permite analizar a profundidad el correcto funcionamiento del Sistema y de la Alerta de Genero.

Sin embargo, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativo en el Distrito Federal otorgó el amparo por la negativa de la alerta de género solicitada para el Estado de México al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, considerando que las y los integrantes del Sistema no valoraron si la solicitud cumplía con los requisitos, si no simplemente votaron y argumentaron cuestiones políticas para negar la alerta. En el amparo se resolvió que el actuar del Sistema es violatorio a la Constitución, ordenando dejar sin efectos el acuerdo en donde se niega la alerta de género y se emita uno bajo las directrices que establece la resolución del juez; entre estas directrices se encuentra la obligación de fundar y motivar las resoluciones del Sistema por las que se determina si es o no procedente la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Al respecto, el Comité de la CEDAW —en la pasada reunión de julio con el gobierno mexicano— tomó nota sobre los aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso; en particular, manifestó su preocupación por las deficiencias procesales que impiden la activación del Mecanismo de Alerta de Género. Por lo que insto urgentemente a México enfrente a los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género.[4]

Otro de los mecanismos que visten especial relevancia en la Ley de Acceso es el Diagnostico  Nacional sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres. Este diagnostico implica la obligación del gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Gobernación, artículo 42 fracción XII, de realizar investigaciones periódicas, profesionales y científicas con perspectiva de género sobre todos los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres, a fin de conocer la violencia que viven las mujeres de todos los grupos etarios, socioeconómicos y étnicos, en todo el país.

Desde el año 2008, esta obligación se encuentra pendiente, la Secretaría de Gobernación ha tardado más de 5 años para cumplir con la realización y publicación del Diagnostico Nacional. Es necesario observar que este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  se estableció,  en el artículo 32 transitorio,  que la Secretaría de Gobernación deberá ejercer los recursos asignados a la Conclusión del Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas en todos los ámbitos a más tardar el primer semestre del año. Es decir, la Secretaría debió haber concluido y presentado el Diagnostico Nacional en el mes de junio.

 Es por estas razones que sometemos a su atención la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, es su calidad de Presidente, y al Instituto Nacional de las Mujeres, como Secretaría Ejecutiva, ambos del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informen puntualmente la situación que guardan los mecanismos que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para su cumplimiento, en las siguientes vertientes:

  1. Informe la motivación y fundamentación de las cuatro resoluciones que ha tomado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres respecto de la s negativas a las solicitudes hechas para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los Estados de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.
  2. Informen sobre el estado que guarda la conclusión del Diagnostico Nacional sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres y la fecha de la publicación.

Senado de la República, 4 de octubre de 2012

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ


[1]  Véase. Lagarde y de los Ríos, Marcela, Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. XLIX, Núm. 200, mayo-agosto, 2007, pp. 143-165, UNAM, México.Disponible en Internet:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=42120009

[2] Ídem.

[3] Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 36.

[4] Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. México.  Fifty-second session, 9 – 27 July 2012, Original: English, ADVANCE UNEDITED VERSION (traducción propia).