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Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


Propone que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, establecerán un programa de inclusión al empleo para las personas con discapacidad, con el propósito de integrar a sus áreas progresivamente y en proporción real, a dicho sector de personas, de forma transversal y equitativa, iniciando este programa con un mínimo del 2 por ciento de la planta laboral.

Este programa deberá contener la normatividad relativa al ingreso, permanencia, organización, funcionamiento y desarrollo de los trabajadores.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, les fueron turnados para su estudio y análisis dos iniciativas con Proyecto de Decreto, ambas que buscan adicionar una Fracción XI al Artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la primera presentada por la Senadora María del Socorro García Quiroz y el Senador Adolfo Toledo Infanzón y la segunda por el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, todos pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182, 183 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen.

ANTECEDENTES

1.-En sesión del Pleno celebrada el 10 de septiembre de 2009, el Senador Adolfo Toledo Infanzón y la Senadora María del Socorro García Quiroz, ambos pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una Fracción XI al Artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- Posteriormente, en sesión del Pleno celebrada el 2 de septiembre de 2010, el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una Fracción XI al Artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

4.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

5.- Con fecha 22 de febrero de 2012, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La iniciativa presentada por los Senadores el 10 de septiembre de 2009, propone que todos los órganos públicos y las autoridades federales atiendan diversas medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, entre ellas establecer un mínimo del 2% de su planta laboral destinada única y exclusivamente a personas con algún tipo de discapacidad.

Por su parte la iniciativa presentada el 2 de septiembre de 2010, plantea prever que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia establezcan un programa de empleo en las oficinas y dependencias públicas que garantice cuando menos, una cuota del 5 % de la nómina a personas con algún tipo de discapacidad, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

METODOLOGÍA

El presente dictamen, se basa en un análisis acucioso sobre la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en algunos tratados internacionales mencionados, entre los cuales destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.

De esa manera, encontramos que ambas iniciativas guardan similitud en cuanto a la intención, preocupación, motivación, y propuesta de reforma en lo relativo a la medida afirmativa de discriminación inversa, diferenciándose tan sólo en la cantidad porcentual estimada para dicha medida, en esa virtud, y con el propósito evitar dictámenes contradictorios, es que se analizan ambas propuestas conjuntamente.

En primer término contiene unos antecedentes, que mencionan las circunstancias que dieron origen a la discusión y análisis del presente asunto; el contenido de la iniciativa versa sobre la intención material que tiene la misma; posteriormente, las consideraciones exponen la motivación que dan origen a las iniciativas, las estimaciones y argumentaciones que los integrantes de las Comisiones ponderaron; en último lugar la parte resolutiva, la cual contiene de forma puntual las conclusiones para la correcta orientación que se realice en su momento a la asamblea.

Con base en los antecedentes y el contenido de la iniciativa mencionados señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Ambas iniciativas exponen puntualmente que hace algunos meses, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el cual se afirma la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.

Sin embargo mencionan que en la actualidad, las personas con discapacidad no tienen la misma posibilidad de ejercerlos que el resto de la población, pues en gran parte las barreras de actitud y el entorno físico evitan que su participación sea plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, siendo el caso de pocas o nulas oportunidades para que se incorporen al mundo laboral.

Lo anterior a pesar de que se han producido políticas dirigidas a las personas con discapacidad, pues es irrefutable que la discriminación todavía se hace visible en momentos de la vida de las personas, en el acceso a los bienes, servicios, accesibilidad universal y la eliminación de las barreras, la participación política y social e incluso en las relaciones laborales, comenzando en el acceso al empleo, en el día a día del trabajador con discapacidad como lo es la retribución, su asenso, sus condiciones, etcétera.

Por esa situación los proponentes estiman pertinente presentar su respectiva iniciativa, con el objeto de adicionar una fracción a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de prever que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia establecerán un programa de empleo en las oficinas y dependencias públicas que garantice cuando menos una cuota de la nómina o personal directamente a personas con algún tipo de discapacidad, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Estiman que la ejecución de esas acciones no constituirían gran esfuerzo para México toda vez que, de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los integrantes de tal organismo, nuestro país ocupa el segundo lugar con mayores niveles de empleo para personas con discapacidad.

Empero, los Senadores consideran que dicha distinción no puede significar en modo alguno que hayamos llegado a un tope, pues por el contrario, queda mucho por hacer.

Destacan incluso, que el mayor número de empleados con discapacidad se centra sólo en unas cuantas dependencias, con lo cual vislumbran que la propuesta que presentan es aún más ambiciosa, al establecer que todas las dependencias deberán emplear a cuando un porcentaje de su nómina a personas con algún tipo de discapacidad, de esta forma estima que México escalará del segundo al primer lugar de Estados con mayores niveles de empleo para personas con discapacidad en el mundo.

Estiman que de prosperar la propuesta de adición a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Estado mexicano estará transitando hacia un verdadero Estado social.

Reconocen que México se sitúa al nivel de los países más desarrollados del norte de Europa en el indicador específico de emplear a personas con discapacidad, solamente abajo del nivel de Islandia y por encima de Finlandia, Dinamarca, Suiza y Suecia. Además, la tendencia a dar empleo a esas personas es creciente en México y en Finlandia, en tanto que en Dinamarca, Suiza y Suecia se tiene una tendencia a la baja.

En concreto, la propuesta busca establecer que por Ley, todos los órganos públicos y las autoridades federales atiendan diversas medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, entre ellas un mínimo del 2% en el caso de la primer propuesta, y de 5% en el caso de la segunda exclusivamente a personas con algún tipo de discapacidad, respecto de la ocupación de su planta laboral.

En este sentido, argumentan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su convenio 159, impone como objetivo buscar la readaptación profesional al empleo para las personas con discapacidad, procurando la igualdad entre el resto de los trabajadores y aquellos que cuenten con una discapacidad.

Para esa organización, las políticas siempre deberán buscar que existan las medidas para la readaptación y empleo para personas con discapacidad así como la promoción para la obtención de oportunidades al mercado laboral, sin distinción entre los trabajadores regulares y los que cuenten con alguna discapacidad.

2.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Dictaminadoras se congratulan que el tema de los derechos de las personas con discapacidad cobre relevancia y seriedad en mayor medida dentro de la agenda de todos los partidos políticos.

Asimismo, es preciso mencionar que el presente análisis se basa en cuestiones técnicas de aplicación y la correcta interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de la necesidad de que los actos que se realizan a favor de la protección de los derechos de las personas con discapacidad cumplan en mayor medida con el espíritu de ella.

3.- De esa manera, los proponentes plantean establecer dentro de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación, la adición de una fracción XI al artículo 13, a efecto de prever la obligación para que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, establezcan un programa de empleo en las oficinas y dependencias públicas que garantice cuando menos una cuota de 2% en la primer propuesta y en la segunda del 5% de la nómina a personas con algún tipo de discapacidad, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Los Senadores integrantes de las Comisiones coinciden en mencionar que las exclusiones y segregaciones hacía las personas con discapacidad no derivan principalmente de las deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales de las personas, sino de las barreras sociales y el entorno físico, que ocasionan la violación a los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

4.-La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde su preámbulo, establece a la discapacidad como un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, siempre en igualdad de condiciones con los demás.

Sobre lo anterior, basta mencionar que la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, tuvo como resultado que, de las 544 personas con discapacidad entrevistadas, al 42% les habían negado un empleo por su condición, en tanto que casi el 83 asoció a la discriminación el objeto de que tengan menores oportunidades de conseguir un empleo.

Pero lo anterior, tal como quedó asentado líneas atrás, parte de esa barrera social consiste en el temor –infundado- por parte de empleadores a la baja productividad, así como a la idea -desinformada- de requerir invertir en la adecuación de espacios laborales, los cuales se traducen en los principales ingredientes que impiden a las personas con discapacidad obtener un empleo o en su caso nulifican su derechos al ascenso laboral, capacitación y permanencia, en contrario con las disposiciones jurídicas vigentes a nivel nacional e internacional y que reconocen y garantizan el goce y ejercicio del derechos fundamentales al trabajo de ese sector de población.

En efecto, adicional a los ordenamientos que menciona el Senador, es preciso aludir a tales derechos en materia del trabajo y no discriminación, siendo principalmente los siguientes:

  • Artículos 1º, párrafo tercero, 5º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Artículos 27 de la convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
  • Convenio No 111 relativo a la discriminación en materia del empleo y ocupación, vigente para México desde septiembre de 1962.
  • Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas invalidas(sic), vigente para México desde abril de 2002.
  • Los Artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
  • Los Artículos 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
  • Artículos 4 y 9, fracciones III y IV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

5.- En la especie, las iniciativas en cuestión proponen entre otras cosas, el establecimiento de acciones afirmativas, en relación a ello, es importante mencionar que las disposiciones antes mencionadas se fundamentan en la igualdad formal de las personas, pues en algunos casos, la existencia de estigmas y prejuicios, impiden la realización de ese mandato de tratamiento homogéneo, por lo que se vuelve preciso instrumentar acciones que en la práctica coloquen en igualdad de condiciones a todas las personas en lo relativo al ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, estableciendo de esa forma una igualdad material, que no es otra cosa más que la adopción de medidas positivas o compensatorias.

Es decir, son medidas que favorecen a las personas integrantes de un colectivo cuyas circunstancias especiales le son adversas, en base a una discriminación que ha sido histórica. Tales medidas compensatorias o positivas, pueden clasificarse por su consistencia en dos tipos:

  • Moderadas, que permiten remover los obstáculos que impiden a los grupos discriminados llegar a procesos de selección social en condiciones de igualdad con el resto de las personas.
  • Las de discriminación inversa, que son concretamente las cuotas que se reservan a diversos colectivos discriminados para alcanzar bienes.

Precisamente, es sobre este último tipo de medidas que versan ambas propuestas materia del dictamen, teniendo como objetivo principal el establecimiento de un programa, y en consecuencia, de una cuota para el empleo directo de las personas con discapacidad, el cual no podrá ser inferior al 2 por ciento de su planta laboral para la primer iniciativa y de 5 por ciento de la nomina en la segunda de las propuestas.

En esa tesitura, la progresividad, que es ingrediente fundamental de las políticas públicas de acuerdo a la Convención, implica que las medidas que se adopten sean aplicadas paulatinamente en principio, estableciendo tales políticas en materia de permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; y posteriormente alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo, hasta llegar en caso de no ser suficiente, a las medidas de discriminación inversa.

6.- Es necesario establecer que las medidas positivas de discriminación inversa, específicamente cuotas, no deben ser provistas como una medida asistencialista a favor de los grupos de población que se trate, o como una obligación para las personas empleadoras de contratar a integrantes de ese colectivo; sin embargo, es una medida que para dar inicio a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, resulta oportuna como estrategia de fomento de esta nueva cultura.

Así, acorde a lo que menciona la legislación, y en especial los Instrumentos internacionales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Artículo 27 relativo al Trabajo y Empleo, aún cuando no prevé el establecimiento de cuota obligatoria a alguna sobre un mínimo de personas con discapacidad en la plantilla laboral o nomina, sí propone la obligación de incorporación dentro del sector público al mencionar que:

Trabajo y empleo

  1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) a f) …..

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

Los integrantes de la Comisión estiman necesario cumplir con la obligación prevista en el citado ordenamiento, estableciendo una cuota del 2 por ciento pero dejando claro que progresivamente se debe de pugnar porque más personas con discapacidad integren laboralmente a las oficinas y dependencias públicas, de forma proporcional.

En ese sentido, aunque se establece una cuota rígida como mínimo, se señala que debe haber una inclusión progresiva mayor, esto es que su incorporación tendrá que ser de forma paulatina y en crecimiento, pues se trata de evitar la percepción equivocada que, las entidades obligadas ante la necesidad cumplir con esta disposición, comiencen por desocupar plazas a través de despidos o medidas otra índole, pues mucho de ello podría crear un efecto contrario al espíritu de la Convención respecto del artículo 8 relativo a la toma de conciencia que a la letra menciona:

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.

2. Las medidas a este fin incluyen:

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;

En ese sentido las dictaminadoras valoran la conveniencia ponderar esa medida para que dicha integración tenga la progresividad requerida, pues de lo que se trata es que paralelo a esa integración, exista una sensibilización e imagen que cambie la perspectiva de las personas con discapacidad en la eliminación de las barreras sociales y no por el contrario, crean la percepción de desplazar a las demás personas.

En cuanto al aspecto proporcional, esa integración tendrá como meta integrar a la proporción que ese colectivo tiene en la población, es decir el porcentaje de las personas con discapacidad en edad laboral frente al resto de la población, esa es la finalidad de las medidas compensatorias, de acuerdo a los siguientes autores y sus definiciones:

El profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aíres, Cristian Courtis, en el documento titulado “Legislación y políticas antidiscriminatorias en México: el inicio de un largo camino”[1], define a tales medidas afirmativas y compensatorias como “dispositivos de carácter temporal, destinadas a superar una situación de desigualdad material, a atacar estereotipos y a acelerar la equiparación de oportunidades de grupos sociales desventajados.”

En la misma obra, la doctora Nuria González Martín, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su exposición denominada “Acciones Positivas: orígenes, conceptualización y perspectivas” define a tales medidas como “medidas temporales que, con el fin de establecer la igualdad de oportunidades en la práctica permitan mentalizar a las personas o corregir aquellas situaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales discriminatorios”.

En ese sentido, beneficia en mayor medida al colectivo de las personas con discapacidad, que la inclusión sea en proporción real a la población de ese sector de población y no de forma rígida, pues se corre el riesgo que dicha tasa implique una limitación a la integración.

No obstante lo anterior, es de mencionar esa proporción se basará en aquellas recomendaciones que pueda realizar el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, como ente de coordinación, o en su caso el propio Consejo Nacional para Prevenir de Eliminar la Discriminación, pues es el ente encargado de la aplicación y observación de la Ley materia del dictamen desde la óptica de la aplicación de tales medidas para evitar la discriminación de ese sector de población y tomando como base mecanismos confiables para el establecimiento de los porcentajes, siendo un elemento para ello, los resultados que saldrán durante el primer trimestre del 2011 relativos al Censo Nacional de Población 2010, y cuya información contenida en el cuestionario igualmente refería a la discapacidad en México.

Así, subsecuentemente y con base a proyecciones que Instituto de Nacional de Estadística y Geografía aporte, sería posible brindar lineamientos y metas para la implementación de la inclusión de las personas con discapacidad al sector público durante la siguiente década.

La inclusión refiere como característica la transversalidad, esto es que se deberá contemplar todos aquellos espacios jerárquicos disponibles para ser ocupados por cualquier persona, y no sólo aquellos de menor nivel o criterio de bajo rendimiento profesional, pues lo que se desea con esa transversalidad es que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de ocupar todos los espacios en igualdad de condiciones que los demás.

El aspecto equitativo, importa ir más allá de los conceptos tradicionales de él, pues implica que la aplicación de esta disposición es en base a la justicia, por encima de algún texto normativo que lo contradiga, así, encontraríamos la pertinencia de esa integración para dar “un trato igual a los iguales, pero desigual a los desiguales”, consistiendo en la aplicación de los ajustes necesarios y razonables para lograr poner en plano de igualdad en los procesos de selección a las personas con discapacidad.

Se propone entonces adicionar una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en los términos siguientes:

Establecer un programa de inclusión al empleo para las personas con discapacidad, con el propósito de integrar a sus áreas progresivamente y en proporción real, a dicho sector de personas, de forma transversal y equitativa, iniciando este programa con un mínimo del 2 por ciento de la planta laboral.

Este programa deberá contener la normatividad relativa al ingreso, permanencia, organización, funcionamiento y desarrollo de los trabajadores.

7.- Es preciso mencionar que dicha propuesta respeta la normatividad interna de cada una de los entes que se mencionan, y se trata de que integren los lineamientos de esa disposición dentro de sus procesos de selección, es emanado de ello que no se considera necesario observar lo previsto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que tales políticas serán progresivas y lógicamente todas las entidades referidas gozan de normatividad y presupuestos previstos año con año para las aéreas de selección y contratación de personal, sin embargo, consideran las comisiones adecuado establecer un transitorio adicional al relativo a la vacatio legis, que establezca con claridad los alcances de ello en los siguientes términos:

“SEGUNDO.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en el presente decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetas a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en que entre en vigor el presente decreto

Es bajo esa perspectiva que estas Dictaminadoras, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República:

R E S U E L V E N

PRIMERO.- Son de aprobarse con modificaciones las Iniciativas con Proyecto de Decreto que adicionan una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 13.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

I a VIII…

IX. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles;

X. Promover que en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida, y

XI. Establecer un programa de inclusión al empleo para las personas con discapacidad, con el propósito de integrar a sus áreas progresivamente y en proporción real, a dicho sector de personas, de forma transversal y equitativa, iniciando este programa con un mínimo del 2 por ciento de la planta laboral.

Este programa deberá contener la normatividad relativa al ingreso, permanencia, organización, funcionamiento y desarrollo de los trabajadores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en el presente decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetas a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en que entre en vigor el presente decreto.

SEGUNDO.- Túrnese el Proyecto de Decreto a la H. Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 15 de marzo de 2012.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA


[1] Contenido en la obra de Carlos Torre Martínez, coordinador. Derecho a la no Discriminación, México. UNAM-CONAPRED-CDHDF. 2006.

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