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Iniciativas


Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, EN SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010, LA PRESIDENCIA EMITIÓ EXCITATIVAS A COMISIONES.

Iniciativas que se mantienen vigentes en la Legislatura LXII (Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen)


Propone reformar el artículo 102 constitucional, a fin de dotar de autonomía al Ministerio Público. Pretende que el Procurador General de la República, sea elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que proponga la comisión ordinaria del senado encargada de esta tarea, la que previamente realizará una amplia consulta con instituciones académicas y organizaciones representativas de la sociedad civil. Durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y únicamente podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Establece los requisitos para ser Procurador General de la República, que son: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El Procurador podrá ser citado a comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y estará obligado a informar o contestar preguntas bajo protesta de decir verdad.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA DOTAR DE AUTONOMÍA AL MINISTERIO PÚBLICO Y HACER MÁS EFICIENTE SU ESTRUCTURA

El suscrito, Tomás Torres Mercado, senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 171, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es la seguridad pública y la justicia. Hoy, regiones y comunidades enteras de nuestro país viven una situación de inseguridad nunca antes vista en la historia de México como nación independiente.

Muchos son los factores que nos han conducido a esta grave situación, incluyendo la terrible desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad y la falta de oportunidades que padecen millones de jóvenes mexicanos. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, la inseguridad que vivimos todos también se alimenta de la falta de aplicación de las normas vigentes, lo que genera un círculo interminable de impunidad y violencia. Al final, queda claro que de poco o nada sirve expedir nuevas leyes, incrementar las penas o crear nuevos tipos penales, si los criminales no son llevados a juicio y castigados.

La realidad es que nuestro Estado ha sido incapaz de garantizar la investigación y persecución de los delitos, que es condición necesaria para alcanzar el debido castigo de los responsables. Nuestro andamiaje constitucional deposita esta importante tarea en el Ministerio Público y le otorga amplias facultades en la materia.

Desafortunadamente, esta institución se encuentra rebasada por las circunstancias actuales. En el Ministerio Público normalmente priva la ineficiencia, el rezago en la atención de los asuntos y la discrecionalidad. No es exagerado afirmar que actualmente es visto por una parte importante de la población como una figura que atropella, extorsiona y es parcial en su actuación. Lo que es alarmante si consideramos que el Ministerio Público tiene la función de representar a la sociedad y defender sus intereses.

En gran medida, esta situación se debe a su dependencia del Poder Ejecutivo, que impide su profesionalización y lo sujeta a intereses ajenos a su tarea fundamental.

En este contexto, consideramos necesario impulsar una reforma profunda del Ministerio Público que lo haga compatible con las exigencias y objetivos de un moderno Estado democrático de Derecho. De forma concreta proponemos reformar el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dotarlo de autonomía técnica y de gestión, personalidad y patrimonio propios.

Desde nuestra perspectiva dicha autonomía es un paso necesario para asegurar la fortaleza y  capacidad de la Procuraduría General de la República. La idea es que pueda realizar su labor con imparcialidad y de acuerdo con criterios de eficiencia y eficacia, apartados de decisiones políticas o partidistas que nada tienen que ver con la aspiración de justicia de los ciudadanos.

Con el fin de garantizar dicha autonomía, a través de la presente iniciativa proponemos que el Ministerio Público sea presidido por un Procurador General de la República, elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que proponga la comisión ordinaria del senado encargada de esta tarea. Dicha comisión deberá realizar de forma previa una amplia consulta con instituciones académicas y organizaciones representativas de la sociedad civil.

El Procurador durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y únicamente podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Adicionalmente, proponemos señalar de forma expresa que el Procurador podrá ser citado a comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y que estará obligado a informar y contestar preguntas bajo protesta de decir verdad. En un párrafo subsecuente señalamos que la ley organizará el Ministerio Público de la Federación y establecerá un órgano especializado encargado de su vigilancia y disciplina.

Por otro lado, pensamos que la autonomía constitucional no es suficiente para asegurar el profesionalismo y la eficiencia del Ministerio Público. Debemos recordar que en México los agentes que lo integran son ubicados y removidos de forma arbitraria, carecen de salarios dignos y cuentan con pocas oportunidades de especialización y mejora laboral. Tales factores limitan su desempeño. En este sentido proponemos establecer de forma expresa que los agentes del Ministerio Público gozarán de garantías de acceso, estabilidad, promoción y remuneración similares a los de los jueces federales.

Nuestra propuesta se inscribe en una tendencia mundial que busca dotar al Estado de mayor eficiencia en materia de justicia y combate a la criminalidad.

En América Latina podemos encontrar diversos ejemplos de autonomía constitucional del Ministerio Público. Tal es el caso de Argentina (Artículo 120 de la constitución), Brasil (Artículo 127 de la constitución) y Chile (Artículo 80 A de la constitución).

Finalmente, es importante señalar que la presente iniciativa se relaciona con la iniciativa de reformas a los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que presentamos de manera conjunta en esta misma fecha.

El fortalecimiento del Ministerio Público no sólo es un asunto relacionado con la persecución de los delitos, sino un elemento fundamental para el ejercicio de las libertades públicas, el establecimiento de límites al poder y la vigencia de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación está dotado de personalidad y patrimonio propios y posee autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Estará presidido por un Procurador General de la República, elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que proponga la comisión ordinaria del senado encargada de esta tarea, la que previamente realizará una amplia consulta con instituciones académicas y organizaciones representativas de la sociedad civil. Durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y únicamente podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser Procurador General de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

El Procurador podrá ser citado a comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y estará obligado a informar y contestar preguntas bajo protesta de decir verdad.

La ley organizará el Ministerio Público de la Federación y establecerá un órgano especializado encargado de su vigilancia y disciplina.

Los agentes del Ministerio Público gozarán de garantías de acceso, estabilidad, promoción y remuneración similares a las de los jueces federales.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.

El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

B

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de septiembre de 2010.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado

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