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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que genere y fortalezca las capacitaciones tanto a los ministerios públicos como a los policías investigadores, con el objeto de lograr un mejor desempeño en sus funciones.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN AL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, GENERE Y FORTALEZCA LAS CAPACITACIONES TANTO A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS COMO A LOS POLICÍAS INVESTIGADORES, CON EL OBJETO DE LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES.

El suscrito Senador de la República, José Alejandro Peña Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 108, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta H. Asamblea el presente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los trabajadores mediante la capacitación constante, adquieren nuevos conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para desenvolverse en su entorno laboral y así cumplir con el trabajo que se les encomienda.

Los cursos, talleres, conferencias, congresos, diplomados, son algunas de las diferentes formas de brindar capacitación, permitiendo que los trabajadores actualicen sus conocimientos y adquieran nuevos, pudiendo ser teóricos y prácticos.

Con esto se busca fortalecer su capacidad de respuesta ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales, aumentar su desempeño, prepararlos para su día a día y así brindar seguridad y eficacia en sus labores, desarrollando nuevas aptitudes y actitudes.

La capacitación además de ser un derecho también es una obligación, ofrece desarrollo y demanda compromiso, permitiendo a los trabajadores mantenerse actualizados.  Por esto, es necesaria la capacitación en todas las instituciones: hospitales, guarderías, escuelas, oficinas gubernamentales, oficinas privadas, entre otras.

Para el caso que nos ocupa, resulta de la mayor relevancia la capacitación de los servidores públicos que pertenecen a las Fiscalías, Ministerios Públicos y Policías investigadores.

En ese sentido, la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su organización, funcionamiento y ejercicio de atribuciones, se desprenden de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Esta ley establece las bases para la formación y actualización de sus servidores públicos, así como el desarrollo de la carrera profesional de los mismos; la cual debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Entre sus facultades, se describen: la persecución de delitos del orden federal, la procuración en la impartición de justicia pronta y expedita, acciones de investigación y dirección de policías, la garantía de protección de las víctimas y testigos, entre otras.

Este ordenamiento se ve relacionado con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto: establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte [*] .

Por su parte, el artículo 127 del citado ordenamiento menciona cuál es la competencia del Ministerio Público, misma que se traduce en “conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.

Por otro lado, el artículo 132 del mismo ordenamiento, establece que “el Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución”

Estas dos figuras son de gran importancia, ya que son los que representan los intereses de la sociedad y coadyuvan con el sistema de justicia penal, garantizando las instituciones de investigación.

Ahora bien, en los actos de comisión de delitos, son los responsables de garantizar un correcto procedimiento a las victimas u ofendidos. Actuando conforme al debido proceso, el cual lo vemos reflejado en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen” y cumpliendo debidamente con sus atribuciones.

Sí bien es cierto, que los servidores públicos de esta índole cumplen con su trabajo, encontramos que existen lagunas en su actuar que impiden que se lleve a cabo la justicia de manera eficaz y debida.

Existe un sin número de delitos que han quedado impunes, ya que las carpetas de investigación no han sido elaboradas de la forma correcta.

Tal es el muy famoso caso de Florence Cassez, quien fue detenida el 8 de diciembre del 2005 y sentenciada a 60 años de prisión por haber participado en varios secuestros cometidos en el entonces Distrito Federal.

Este evento generó gran polémica debido a que al día siguiente de su detención la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, organizó una recreación de la captura ante las cámaras de televisión haciendo pretender que en el momento de la transmisión en vivo se estaba realizando la detención y liberación de los secuestrados.

Las autoridades meses después, reconocieron haber hecho esta recreación y esto dio pausa para que la defensa planteara sus principales argumentos, denunciando la fabricación de un proceso judicial contra su clienta “por motivos políticos”.

Tal fue la problemática, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir en el caso, debido a que se había interpuesto un amparo el cual fue sometido a revisión ante dicho órgano. 

Fue el entonces ministro Zaldívar Lelo de Larrea quien apoyo la decisión de aceptar el amparo, dejando en libertad a Florence Cassez.

Sostuvo que existió una falta al debido proceso, una presunción de inocencia, la inexistencia de la disposición oportuna al Ministerio Público además de la defensa adecuada y la protección consular; siendo estas, graves violaciones a las garantías individuales. Añadiendo, “si se hubiera puesto oportunamente a disposición la quejosa y si se hubiera dado oportunamente el aviso consular, el montaje no se hubiera podido realizar y el asunto sería absolutamente otro [*] ”.

De igual manera, la entonces ministra Sánchez Cordero señaló “...cuando el  principio de presunción de inocencia se ve vulnerado, se altera la estructura del Estado en su totalidad, pues la misión principal de éste, es brindar seguridad a toda persona” [*] , añadiendo, “si no se respeta, por otra parte, los derechos del inculpado a la presunción de inocencia, a la puesta a disposición inmediata a las autoridades competentes, al debido proceso, estaríamos como Estado constitucional y democrático renunciando a nuestro deber primordial que es precisamente conducirnos con estricto apego a los derechos fundamentales de todas las personas”.

Un caso más reciente es el de Tepito, el cual se llevó a cabo el día 22 de octubre del presente año, se realizó un operativo conjunto por 147 efectivos de la Secretaría de Marina, 600 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 90 agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina [*] , en el cual se detuvieron a 31 presuntos integrantes del grupo delictivo Unión Tepito.

Se encontraron narcolaboratorios, almacenes con más de 1,600 kilogramos de mariguana, además de cocaína y precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.

El Juez de control que tuvo conocimiento del caso, después de dos días tomó la decisión de liberar a 27 detenidos de los 31; el sustento para la liberación fue la incorrecta integración de las carpetas de investigación.

Es así, que la falta de capacitación en los agentes del Ministerio Público y en los Policías Investigadores, las fallas en la aplicación de la norma, la carencia de acreditación, el personal que no lee expedientes de un caso; son algunos de los errores que han permitido la libertad de delincuentes, dando como resultado impunidad y violación de derechos humanos.

Por esto considero fundamental, generar y propiciar una mejor capacitación a los agentes del Ministerio Público y a los Policías Investigadores para el cumplimiento debido de sus funciones y así garantizar el bien común. A fin de generar confianza en las víctimas, ofendidos y en toda persona que pueda verse inmerso en una situación de esta índole.

Por lo anterior expuesto, resulta de vital importancia proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, para que en al ámbito de sus respectivas atribuciones, genere y fortalezca las capacitaciones tanto a los Ministerios Públicos como a los Policías Investigadores, con el objeto de lograr un mejor desempeño en sus funciones.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de noviembre de 2019.

SUSCRIBE

SEN. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA


[*] Código Nacional de Procedimientos Penales

[*] Ibidem