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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las entidades federativas, para que informen sobre la estrategia para prevenir y castigar las llamadas de extorsión que salen de los penales federales y estatales.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA.


De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones, informen sobre la estrategia para prevenir y castigar las llamadas de extorsión que salen de los penales federales y estatales.

La suscrita senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de la manera más atenta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de las Secretarias de Seguridad Pública o Gobierno en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones, informen sobre la estrategia para prevenir y castigar las llamadas de extorsión que salen de los penales federales y estatales.

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo Montaño, además de su importante compromiso de frenar la ola de inseguridad que se vive en el país, tiene como objeto ordenar el sistema penitenciario.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a cargo de Francisco Garduño Yáñez, instrumenta la política penitenciaria a nacional para prevenir la comisión del delito, reintegrar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos que permitan su reintegración a la sociedad, con la participación de los diversos sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior, bajo la perspectiva de que, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la reintegración a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos se abona a la consolidación de las libertades, el orden y la paz.

En forma análoga, en algunas entidades de la república, como ocurre en la Ciudad de México, son las Subsecretarias Penitenciarias dependientes de las Secretarias de Gobierno las encargadas de planear, dirigir, coordinar y controlar las acciones encaminadas a lograr la reintegración a la sociedad de las personas que por mandato legal han sido privadas de su libertad.

Caso distinto en entidades como Zacatecas, en la que la institución encargada organizar, coordinar y dirigir la política criminológica de la entidad, por medio del sistema integral de reclusión, readaptación y reintegración social, es una Dirección de Prevención y Reinserción Social, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

En los distintos supuestos y competencias, tanto en la Federación como en las entidades federativas, ha quedado de relieve que el sistema penitenciario no ha cumplido cabalmente con su cometido. Basta sólo con hacer alusión a las muchas llamadas de extorsión o vinculadas a secuestros que salen de los reclusorios.

Hasta 2017, el delito de extorsión en sus múltiples modalidades tuvo mayor incidencia en Nuevo León, Veracruz y Estado de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia, con 17.3 por ciento, sólo por debajo del robo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2018, se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 6,542 extorsiones por cada 100 000 habitantes.

Cifras del INEGI apuntan que en 2018 el 91.6% de los casos la extorsión fue telefónica, la extorsión fue pagada en 7.1% de las ocasiones. La extorsión es el delito con mayor cifra negra en el país, ya que 97.9 % de las extorsiones no son denunciadas. Especialistas y autoridades señalan que entre el 50% y 80% de las llamadas de extorsión salen de los penales, pero no existe una cifra cierta.

El “Informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y Combatir la utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos, periodo 2017-2018”, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) apuntó que, de 7 cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, salieron 3.7 millones de llamadas de extorsión.

Se detalla que, en tres semanas, de un sólo de un aparato celular ubicado en uno de esos 7 penales se realizaron 2,457 llamadas al exterior. En ese mismo periodo se detectó un promedio de 1,000 equipos “sospechosos” de los que salieron 219,700 llamadas semanalmente.

El informe advirtió que la tendencia para llamadas ilícitas era el prepago e indicó que los equipos bloqueadores de señal instalados en los penales no funcionaban. Reveló la gravedad del problema. En un penal, se encontró que, en una semana, 9 usuarios identificados realizaron con más de 500 llamadas cada uno. El equipo que más llamadas registro fue de 3 mil 537 en el periodo de muestreo, que fue de tres semanas, utilizando dos IMEI.

Para la sociedad estas cifras resultan alarmantes. Para dar un ejemplo reciente, en mayo de 2019, el Subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza, informó que más de 120 carpetas de investigación ha abierto la Procuraduría General de Justicia en la ciudad, por extorsión telefónica de las cuales en su mayoría provienen del penal de Altamira, Tamaulipas.

Además de alertar, las cifras y los datos permiten dilucidar que la incidencia y frecuencia del delito de extorsión quizá esté relacionada con la falta de coordinación entre diversas autoridades o instituciones; e incluso con la falta de sistematización de información puntal. Lo cierto es que existe un problema urgente que debe atenderse, con todo el cuidado.

En ese sentido y preocupada por los altos índices de extorsión desde los centros penitenciarios, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo en el cual pretendo contribuir al combate del delito de extorsión.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la construcción de un entorno seguro es vital, por ello y por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO mediante el que exhorto respetuosamente a las diversas autoridades a emprender las siguientes acciones:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. - El Senado de la República exhorta de la manera más atenta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a que detalle a esta representación popular cuáles son las cifras y los datos a la fecha sobre las extorsiones que se realizan desde los centros penitenciarios, así como las estrategias que ha implementado para combatir el delito de extorsión que se realiza desde los centros penitenciarios.

Segundo. – Exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño a que informe cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones para combatir el delito de extorsión desde los centros penitenciarios.

Tercero. – Solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informe cuáles son los instrumentos que tienen como objeto informar y prevenir a la ciudadanía del delito de extorsión desde los centros penitenciarios.

Cuarto. – Solicita a los titulares de las Secretarias de Seguridad Pública o Secretarias de Gobierno de las entidades federativas, según su competencia, informen cuáles son las cifras y los datos a la fecha sobre las extorsiones que se realizan desde los centros penitenciarios, así como las estrategias que ha implementado para combatir el delito de extorsión que se realiza desde los centros penitenciarios.

Quinto. – Exhorta a los titulares de las Secretarias de Seguridad Pública o Secretarias de Gobierno de las entidades federativas, según su competencia, informen cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones para combatir el delito de extorsión desde los centros penitenciarios.

Sexto. – Exhorta a los titulares de las Secretarias de Seguridad Pública o Secretarias de Gobierno de las entidades federativas, según su competencia, informen son los instrumentos que tienen como objeto informar y prevenir a la ciudadanía del delito de extorsión desde los centros penitenciarios.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e

Senado Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo