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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y al Instituto Nacional de Migración a informar a esta Soberanía sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes.

SE TURNó A LA COMISIóN DE SALUD.


SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

Presente.

La suscrita Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracciones I y II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se considere la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según la Organización Mundial de la Salud [*] , la salud de la población migrante está determinada por varios factores, como son: el estado de salud del individuo antes de iniciar el proceso migratorio, su experiencia durante la movilidad, la experiencia en el lugar de destino y la vida después de la migración, además de los determinantes de la salud de la población en general.

La salud de la población está relacionada con múltiples factores como las condiciones materiales de vida, la organización social de la producción y su distribución, la propia dinámica demográfica poblacional y el acceso a los servicios de salud.

En contextos de movilidad, la salud de los individuos adquiere mayor relevancia; en particular, la migración es un contexto de riesgo para la salud de las personas debido a las condiciones en que se puede dar el desplazamiento, sobre todo cuando se hace de forma involuntaria, no es planeada o regulada (Salgado, González, Bojórquez e Infante, 2007).

La Secretaría de Gobernación de México, a través del Consejo Nacional de Población, la Iniciativa de Salud de las Américas, Escuela de Salud Pública, Universidad de California, Berkeley; Universidad de California, Davis; y Universidad de California, Los Ángeles emitieron un reporte en 2016 denominado  Migración y Salud Perspectivas sobre la población inmigrante con la finalidad de analizar algunos de los retos en salud que experimenta la población migrante.

Se analizó una muestra de 17, 389 migrantes hombres y mujeres mayores de edad encuestados, usuarios de nueve casas y albergues de migrantes en tránsito. Estos espacios se localizan en puntos estratégicos del tránsito por México y funcionan como organizaciones autónomas que responden a las necesidades de los migrantes. Los datos provienen de un sistema de monitoreo de riesgos, acceso a servicios de salud sobre migración y salud, desarrollado por la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) (perteneciente a la Secretaría de Salud). El sistema cuenta con información sociodemográfica, experiencia migratoria, problemas de salud, acceso a servicios, salud sexual y reproductiva, estigma y discriminación, y violencia contra migrantes en tránsito en el periodo 2009-2015.

El perfil sociodemográfico de los migrantes en tránsito, usuarios de las casas y albergues de migrantes, presenta una clara diferencia entre el porcentaje de hombres (82.7) y de mujeres (17.3); del total, menos del uno por ciento se identificó como travesti, transgénero o transexual (ttt). En su mayoría, corresponden a una población joven con un promedio de edad de 29.9 años, y más de la mitad tiene hijos (64.7%). De acuerdo con su país de origen, la mayoría es procedente de Centroamérica, principalmente de Honduras (43%), El Salvador (20.8%) y Guatemala (16.1%). El 93.6 por ciento no tiene documentos migratorios para transitar por México, lo que representa mayor vulnerabilidad durante el viaje; y del total de encuestados, el 40.8 por ciento ha llegado al menos una vez a Estados Unidos.

Para conocer la prevalencia de problemas de salud de los migrantes en tránsito, se utilizó la misma pregunta que aplica la Encuesta Nacional de Salud a la población mexicana: ¿En las últimas dos semanas habían presentado algún trastorno de salud, enfermedad o accidente? El 32.7 por ciento de los migrantes reportó haber tenido algún problema de salud en el periodo analizado. Los más frecuentes correspondieron a las enfermedades respiratorias (40%), heridas y accidentes (9.7%), gastrointestinales (8.9%), micosis (8.2%) y deshidratación (4.7%). Estos problemas de salud se encuentran relacionados con las condiciones en que ocurre el tránsito por México. Entre los factores más importantes identificados se encuentran: cambios en su alimentación o escaso acceso a alimentos y/o agua potable; exposición a cambios de temperatura, humedad y altas temperaturas; traslados de grandes distancias a pie; y dormir a la intemperie, entre otros, y que a su vez son causa también de otros trastornos de salud (30.3%) reportados por los migrantes.

Del total de migrantes con algún problema de salud, el 66.2 por ciento acudió a algún servicio de salud, siendo atendido el 97.5 por ciento. De este porcentaje, 85.8 por ciento empleó los servicios de salud de las Casas del Migrante y una baja proporción utilizó los servicios gubernamentales de primer nivel (2.5%)o sanatorios u hospitales (2.7%). La atención con médicos privados es muy baja (1.9%), así como en farmacias (1.8%). La consulta de “curanderos o hierberos” u otras formas de atención tradicional apenas tiene lugar, o no se reporta (0.2%), y el 4.5 por ciento manifestó haber acudido a otro lugar. No obstante, en los casos que requirieron detención hospitalaria se enfrentaron al problema del pago por los servicios proporcionados, para los cuales no contaban con los recursos financieros necesarios. Del total de migrantes entrevistados en 2015, NINGUNO reportó haberse afiliado al Seguro Popular.

De conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el Estado mexicano está obligado a tomar medidas:

“Artículo 2º:

1.Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga,

para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

2.Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3.Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”. [*]

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce el derecho a la salud de las personas independientemente de su situación migratoria:

Artículo 1º:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá? las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá? la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Artículo 33. “Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 Constitucional [*] y gozaran de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución”.

De conformidad con la Ley de Migración los migrantes tienen derecho a servicios de salud independientemente de su situación migratoria:

Artículo 8 “Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.”

La Secretaría de Salud tiene obligaciones de conformidad con la Ley de Migración.

“Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; II. Establecer requisitos sanitarios para la internación de personas al territorio nacional, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; III. Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos y terrestres, mediante visitas de inspección conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; IV. Diseñar y difundir campañas en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, para la prevención y control de enfermedades, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”

Las estaciones migratorias deberán garantizar el derecho a la salud:

“Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

  • Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;  
  • Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria. Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;  
  • Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente  

junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente;

  • Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;  
  • Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;  
  • Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;  
  • Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;  
  • …;  
  • …y  
  • Las demás que establezca el Reglamento. El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

En México el derecho a la salud de los migrantes está reconocido a través de las obligaciones que tiene el Estado mexicano de conformidad con los instrumentos internacionales, de la propia Constitución y de las leyes generales como la Ley de Migración; es decir existe un impacto positivo de la legislación en la esfera de los derechos de los migrantes, sin embargo actualmente el estado mexicano se encuentra en crisis en materia de salud y si es preocupante  razonar sobre la garantía efectiva para el derecho a la salud de los mexicanos con mayor razón los derechos de las personas migrantes se encuentran en vulnerabilidad.

El Informe sobre migración y derecho a la salud en México hace una serie de recomendaciones al Estado mexicano:

  • Creación de políticas públicas tendientes a garantizar el acceso a la salud de las y los migrantes centroamericanos que cruzan por México, así como la salud de sus familias, para lo cual es importante etiquetar el presupuesto correspondiente. Crear políticas públicas y programas que atiendan la salud de más familias de los emigrantes.  
  • Es urgente mejorar y fortalecer la capacitación de los funcionarios y servidores públicos que brindan atención a las y los migrantes, en materia de derechos humanos, en especial de los DESC, con el fin de que se pueda garantizar una atención adecuada en materia de salud.  
  • Incrementar la difusión y promoción de los derechos humanos de las y los migrantes, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, especialmente del derecho a la salud, con el fin de disminuir el racismo y la xenofobia y el efecto que éstas tienen en los migrantes.  
  • Promover la participación de la sociedad civil al interior del Estado para coadyuvar en la creación de políticas públicas que permitan la protección de los derechos humanos de las y los migrantes. Priorizar la presencia de servicios especializados de salud mental.  

Acción Nacional está convencido de que es momento de incrementar y fortalecer el trabajo en redes, gobierno, sociedad civil, actores políticos para la defensa y protección de los derechos humanos de las y los migrantes, privilegiando la construcción de relaciones estratégicas entre aquellas que abordan de manera integral e interdependiente los derechos económicos sociales y culturales. Esto con el fin de visibilizar la situación de vulnerabilidad que guardan estos derechos para las y los migrantes indocumentados que cruzan por el país y construir estrategias que permitan mejorar el acceso al derecho a la salud, es preocupante que en el Plan Nacional de Desarrollo no se haga una ninguna mención respecto de las políticas públicas para afrontar dicha problemática y tampoco es clara la existencia de políticas públicas preventivas dirigidas a este sector que se encuentra vulnerable.

Por las razones expuestas, someto a esta honorable Asamblea la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados para que, con base en sus facultades, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se considere la obligación del Estado mexicano reconocida en instrumentos internacionales y en nuestro marco jurídico de garantizar el derecho a la salud para todas las personas independientemente de su situación migratoria.   

Salón de Sesiones del Senado de la República, 23 de octubre de 2019.

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez


[*] (OMS, 2005)

[*] Migración y Salud Perspectivas sobre la población inmigrante Primera edición: septiembre 2016. file:///C:/Users/HEM-06-16/Documents/SALUD%20SENADO/Migracion_y_Salud_2016.pdf

[*] Los Principios de Limburgo (párrafos 42 a 44) aclaran la excepción que plantea el párrafo 3 del artículo 2
“debe ser interpretada estrictamente conforme al objetivo con que se escribió originalmente este artículo: terminar con la dominación por parte de ciertos grupos económicos no nacionales durante el período colonial. En realidad, como regla general el Pacto se aplica tanto a los nacionales como a los no nacionales en un Estado Parte.” Así, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los DESC de todas las personas, sin discriminar a nadie por su origen nacional o cualquier otra condición, como lo establece el párrafo 2 del mismo artículo.

[*] Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; Fracción reformada III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. B) Son mexicanos por naturalización: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

[*] Op cit pág.2