Gaceta del Senado

Propone establecer protección a todas las obras producto de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales, aun cuando éstas no cuenten con un autor identificable.

También busca proteger a las mismas, contra la explotación sin la autorización del pueblo o comunidad a la que se le atribuya su origen.

Finalmente, establece que toda obra o expresión cultural protegida deberá quedar manifiesta la autorización de uso o explotación por parte de la comunidad o etnia de la que le es propia.

Propone que se procure la igualdad de género en la conformación del IFT y de la COFECE, en sus respectivos plenos, y que se adicione la perspectiva de género como uno de los principios dentro del procedimiento de selección.

Establece también que el listado con el que se propongan candidatos por parte del Comité de Evaluación, contenga al menos 2 mujeres y en caso contrario, se deberá emitir una nueva convocatoria.

Por último, en un artículo transitorio se establecerá que, en tanto no existan por lo menos tres mujeres en los Plenos tanto del IFT, como de la COFECE, los listados enviados por el Comité de Evaluación al Ejecutivo Federal deberá ser integrados únicamente por mujeres.

Propone que el Estado otorgue facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, proporcionando directamente y en colaboración con los sectores privado y social, servicios adecuados para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños en etapa de primera infancia mediante el sostenimiento de guarderías y estancias infantiles.

Propone que a través de la disolución de una persona jurídica, derivado de la comisión de un ilícito, el producto de la liquidación que se derive de la disolución no pueda ser destinado para la constitución del patrimonio de otra persona jurídica con alguna actividad que persiga los mismos fines que tuvo la sociedad disuelta.

Propone la expedición de la Ley General de Juventud para reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas jóvenes; adicionar el 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para emitir evaluaciones, realizar investigación y solicitar informes sobre acciones gubernamentales en materia de juventud; y reformar el artículo 7 para conformar la Conferencia de la Juventud con quince miembros.

Propone considerar como producto básico y estratégico a la palma de coco, por lo que el Estado establecerá las medidas para procurar su abasto y promoverá su acceso a los grupos sociales menos favorecidos, dando prioridad a la producción nacional.

Propone incluir dentro del plan de manejo de residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente, a las baterías eléctricas a base de litio.

Propone que la Secretaría de Economía, previo a expedir títulos de concesión, garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada que permita a los ejidos y comunidades en los que se pretenda llevar a cabo un proyecto extractivo, acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones sobre su territorio.

Para disminuir la “Brecha digital” en nuestro país, propone garantizar el derecho al acceso a las Tic´s, servicios de radiofusión y telecomunicaciones, eliminando la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La iniciativa propone, en concordancia con las propuestas de las organizaciones internacionales y nacionales, adecuar las disposiciones de la Ley de Planeación a efecto de que, desde una perspectiva de género, edad, interculturalidad, discapacidad y diversidad sexual, las instancias respectivas en los tres niveles, establezcan una política tendiente a mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones de vida de los individuos que son segregados por motivo de origen (pertenencia a grupos étnicos o religiosos), género, condición física u orientación sexual, entre otras.

De igual forma, propone que los Secretarios de Estado informen al Congreso de la Unión sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural en función de dichos objetivos y prioridades, precisando el impacto específico y diferencial que generen en mujeres y hombres; niñas y niños; personas adultas mayores; comunidad LGBTTTIQ; pueblos y comunidades indígenas, y afro-mexicanos; personas con discapacidad; integrantes de distintos tipos de hogares; y personas en zonas rurales, urbanas y periurbanas, sin importar el origen regular o irregular de los asentamientos.

Propone que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que desempeñen cargos expresamente referidos en el artículo 108 constitucional sean publicadas de forma íntegra.

Propone que aquellos bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, mediante sentencia ejecutoriada se destinarán a acciones para la prevención del delito y becas en educación básica y media superior.

Por otra parte, obliga a la Fiscalía General de la República a publicar informes trimestrales de los recursos que se obtengan por remanentes y que se constituyan en fideicomiso público.

Propone que tanto el hombre como la mujer que enviuden de la persona con la que hayan convivido como cónyuges, que estuvieran asegurados o pensionados por invalidez, tengan derecho a recibir la pensión correspondiente.

Propone incluir en el rango de protección de la ley, a las víctimas del desplazamiento forzado interno.

Establece que el titular de la Comisión Ejecutiva será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal y previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

En relación con el Registro Nacional de Víctimas, establece que para efectos de la inspección no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni se les podrá exigir.

Propone que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental, elabore un programa nacional de prevención del suicidio y lo ejecute en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

Incluye dentro del catálogo de fines que tiene la educación que imparte el Estado, y los particulares el de realizar y fomentar programas de educación sobre la salud bucodental, así como la práctica de hábitos de higiene dental.

Propone integrar en el texto constitucional la prohibición de todo tipo de discriminación por la condición migratoria de una persona.

Así mismo garantizar el derecho que tiene toda persona a recibir asilo político sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, orientación sexual, etnia, edad, situación migratoria u otra condición social, cultural o económica.

Establece la prohibición de autorizar la celebración de algún tratado que disminuya o atente en contra de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores en México, y la celebración de tratados que atenten en contra del medio ambiente o los recursos naturales de la nación.

Por último pretende que para aprobar tratados internacionales se requiera de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes.

Propone que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, cumpliendo con los siguientes requisitos:

• Contar con opinión positiva de obligaciones fiscales.
• Tener acceso al buzón tributario a través del Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

De igual forma las autoridades fiscales podrán emitir reglas de carácter general para regular los requisitos señalados, atendiendo en todo momento al historial de cumplimiento de los contribuyentes.

Propone dar certeza jurídica al trabajador tomando como principio fundamental la presunción de inocencia, modificando una de las causas de suspensión temporal: la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absoluta condenatoria. Añade también como causal de suspensión temporal que el trabajador se encuentre vinculado a proceso en libertad por presunto ilícito cometido en perjuicio de la institución, o por haberlo llevado a cabo en el desempeño de sus funciones, aclarando que el trabajador que sea vinculado a proceso en libertad continuará desempeñando sus labores cotidianas hasta que la sentencia que lo declare penalmente responsable cause ejecutoria.

Propone un rediseño de la invitación restringida y la adjudicación directa; que el funcionario público esté obligado a transparentar el razonamiento y los argumentos que justifiquen que no se realice la licitación pública; reducir los montos para que los testigos sociales participen en licitaciones públicas; eliminar el supuesto de excepción (la invitación restringida y la adjudicación directa) y ordena la emisión de otra convocatoria o las que sean necesarias para satisfacer las necesidades de la dependencia o entidad; e incrementar la participación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para coadyuvar a que las licitaciones públicas ofrezcan mejores condiciones y se incremente la participación de más empresas.

Propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objetivo de reorganizar la distribución de recursos para el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, de manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo.

Propone que en el juicio mercantil, el juez ordene recabar informes de las autoridades o instituciones públicas previamente a la notificación por edictos. Además, implementa un plazo no mayor a tres días hábiles para que las instituciones y autoridades estén obligadas a proporcionar la información recabada.

Propone que se promueva y facilite el acceso a libros digitales con el propósito de hacer accesible los libros en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, incrementar su disponibilidad y acercarlo a las personas lectoras.

Propone incluir un impuesto especial de $0.10 a los popotes enajenados o importados, pues gravar el uso de los mismos a través de una política impositiva, permitirá adoptar medidas que desincentiven su uso, así como la búsqueda e implementación de alternativas sustentables.

Propone que los sujetos obligados del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de las Entidades Federativas, deban publicar el texto íntegro de todas las sentencias.

Propone incluir a la educación inicial y superior como un derecho al que toda persona debe tener acceso. Además, propone que el artículo señale que el Estado atenderá a la educación indígena, educación especial y educación física como tipos y modalidades educativos.

Propone que la Federación tenga como facultad expedir, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas que implementen programas de separación de residuos, para promover su aprovechamiento.

Los municipios prestarán el servicio de recolección domiciliaria, además los grandes generadores de residuos instrumentarán planes que incluyan tecnologías que permitan el uso de materiales que puedan ser reutilizados, reciclados o biodegradados cuando el producto o su empaque sean considerados como residuos.

Propone establecer la oficina de asuntos militares, denominada el ombudsman militar, que tendrá como función principal el control parlamentario de las fuerzas armadas, responsable ante el Congreso de la Unión; limitado únicamente a los asuntos de la defensa nacional y fuerzas armadas; responsable de supervisar la administración y los gastos militares; el trato y bienestar de los soldados; vigilar la procuración y la administración de justicia dentro del ámbito militar, ya sea que la ejerciten los fiscales públicos y los tribunales comunes, o los comandantes militares; así como los efectos de la acción de mando y el ejercicio del presupuesto.

Estará facultado para investigar por iniciativa propia las quejas de conscriptos, soldados y oficiales, e intervenir en los casos de abuso, el objetivo es fortalecer la confianza pública en la organización de la defensa nacional.

El ombudsman designado, por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años con derecho a una reelección, tendrá una pensión únicamente por tres períodos de servicio.

Las funciones relativas a su encargo serán independientes del Ejecutivo y del Legislativo, no recibirá instrucciones sobre los asuntos que deban ser investigados. Sin embargo, rendirá al Congreso un informe anual, impreso, relativo a las actividades realizadas.

Tiene como principal responsabilidad el de asegurarse que los oficiales, y otros funcionarios encargados de los trabajos inherentes a la administración militar, respeten los estatutos, leyes y reglamentos. Todos los militares con grado superior al de cabo quedarán sometidos al escrutinio del Ombudsman Militar.

Propone que las entidades financieras tengan prohibido cobrar comisiones a clientes o usuarios por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina, quedando exentas de cualquier comisión por retiros y consultas, así como seguros o cualquier otro concepto que la institución bancaria otorgue a la cuenta.

Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga el carácter de invitado permanente a las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Propone expedir una ley reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 constitucional que tendrá por objeto:

• Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes Rurales, así como de sus instalaciones debidamente autorizadas en todo el territorio nacional;

• Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes Rurales podrán realizar para la debida recepción, acopio, manejo, control, guarda o conservación de Productos Almacenables;

• Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia y conservación de Productos Almacenables, así como de las actividades que se deriven de las disposiciones contenidas en la Ley;

• Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por Almacenes Rurales;

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• Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, y

• Establecer la supervisión del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respecto al manejo de existencias de Productos Almacenables resguardados en instalaciones autorizadas y certificadas para operar como Almacenes Rurales.

Así mismo pretende reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para armonizar el marco jurídico.

Propone fortalecer y hacer más accesibles a los funcionarios públicos los medios legales para presentar denuncias por hechos en materia de corrupción, implementando la posibilidad que los hechos detectados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones puedan ser denunciados, independientemente de la dependencia involucrada y, en su caso, informados a la autoridad que resulte competente. Con esta medida se cumplirá con los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Propone la regulación de las empresas que prestan el servicio de transporte privado de personas a través de plataformas tecnológicas, únicamente para efectos de la protección del consumidor, no de movilidad y transporte.

El registro obligatorio del contrato de adhesión y de las empresas que presten dicho servicio, el cual será actualizado bimestralmente ante la PROFECO.

Con ello, estas empresas se sujetarán a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales de nuestro país, para evitar que los usuarios se sometan al arbitraje o a la mediación, de otro Estado extranjero, y la responsabilidad solidaria del proveedor ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio, para evitar exonerar a estas empresas de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.

Propone que la Federación, las entidades federativas y los municipios, asignen recursos presupuestales; para proporcionar programas y planes oportunos, suficientes e ininterrumpidos a los modelos de atención, prevención y sanción, que son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a su función y organización, tenga el derecho a iniciar leyes o decretos.

Propone reconocer como un derecho fundamental el acceso de los niños y las niñas a un centro de estancia infantil, por lo que el Estado tendrá la obligación de garantizar este derecho humano.

Propone que el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, los Gobernadores y Congresos de los Estados, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, deberán destinar y aprobar los recursos económicos suficientes en todos los presupuestos, sin omitir algún ejercicio fiscal, para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia.