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Gaceta del Senado


Martes 29 de abril de 2014
Gaceta: LXII/2SPO-129

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El objeto de la reforma que se propone, es incorporar a la Ley los tratados internacionales en la materia como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes.

La reforma al artículo 2º, permitirá incluir como referentes de la política migratoria del Estado mexicano los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la política migratoria del país. También se considera que a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de 2011, que establece la convencionalidad en materia de derechos humanos, como principio a observar por las autoridades de los tres órdenes y ramas de gobierno en todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que emprendan, es que se considera que debe reformarse la ley para incorporarla en sus términos.

La reforma que se propone a la fracción IV del artículo 28, permite ampliar las facultades de la Procuraduría General de la República no sólo a firmar convenios de colaboración en materia de migración, sino que establece que debe desplegar todas las facultades que le concede la legislación vigente para investigar los delitos de que las personas migrantes sean víctimas.

Iniciativas

De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Propone atribuirle a la autoridad educativa federal la facultad de investigar, desarrollar y establecer el concepto pedagógico y los contenidos de las tareas escolares.

Establece que a partir del preescolar y hasta secundaria, se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento progresivo según la edad de los educandos, procurando que en ningún caso se vean los niños impedidos de emplear en dichas tareas el tiempo necesario para la activación física, lectura libre, los juegos, la diversión, y la convivencia en el seno de su núcleo familiar con sus padres y hermanos, ni mucho menos disminuir sus horas de descanso. Las tareas deberán ocupar un máximo de media a una hora diaria en los niveles de preescolar y primaria, y de una a dos horas en nivel secundaria, donde deberán coordinarse los profesores para que las tareas no excedan del tiempo indicado.

Además señala que la cantidad de tarea deberá ser, con una regularidad en sus contenidos, evitando que unos días se mande poca tarea y otros se acumule de manera excesiva.

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone armonizar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la Constitución y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos de los niños. Busca la protección de la infancia en México, erradicar la desigualdad, la discriminación y el hambre; garantizar el acceso a una vida libre de violencia, a la cultura, las actividades deportivas y recreativas, al más alto nivel de salud posible y al medio ambiente sano.



Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone ampliar los medios para presentar la denuncia popular, a fin de que se haga por vía telefónica, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Social deberá tener un número gratuito; por correo con porte pagado o por medios electrónicos, para lo cual se deberá de publicar en internet formato en idioma español y en diferentes lenguas indígenas, a fin de hacer asequible la presentación de denuncia popular.

Pretende que cuando se elija presentar por escrito, se podrá hacer mediante escrito libre o en formato que la autoridad proporcione, el cual deberá estar disponible en idioma español y en diferentes lenguas indígenas y en ningún caso se requerirá ratificación. Señala que cuando la presentación de la denuncia popular se efectúe en forma escrita u oral, podrá hacerse ante el órgano de control interno de la Secretaría o ante el servidor público designado para tal efecto en las delegaciones federales, esto para que esta vía quede más cercana al denunciante.

Se proponen los requisitos mínimos necesarios que debe reunir la denuncia, con el objeto que no sean un obstáculo para su procedibilidad, como es el caso, en el supuesto de que el denunciante no cuente con dichos datos, la denuncia será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos; así como en el caso de contar con pruebas, éstas deberán adjuntarse al escrito, contrario a lo establecido en el artículo vigente, en el que se exige como requisito los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora y las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante, de no cumplirse con ello, la denuncia no procederá.

De los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Mariana Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra Castillo, Layda Sansores San Román, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Gabriela Cuevas Barrón, Adán Augusto López Hernández, Luz María Beristáin Navarrete, María Marcela Torres Peimbert y Sofío Ramírez Hernández, con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 30 bis de la Ley de Migración.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone establecer que al efecto de brindar una atención integral al migrante en cada Entidad Federativa le corresponderá a la instancia encargada de la misma lo siguiente: coordinarse con las autoridades migratorias, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de la entidad con la finalidad de integrar un programa para el respeto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, estableciendo protocolos respectivos; celebrar convenios con la Federación, Estados, Municipios, así como Organismos Públicos y Privados, que tengan como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes nacionales y extranjeros; coordinarse con las autoridades municipales de otros municipios para crear y/o coordinar acciones y programas de atención y protección a migrantes nacionales y sus familiares y migrantes extranjeros; coadyuvar en la elaboración e implementación de programas y acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres e hijos de migrantes nacionales y extranjeros; prestar ayuda y asistencia a los migrantes nacionales y familiares de estos, así como a los migrantes extranjeros que se encuentren en su circunscripción; entro otros.

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que las instituciones de seguridad pública se regirán, además de lo ya establecido en la ley, por los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, atendiendo a los límites que establece la Constitución.

Atribuye a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que al fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, tome en cuenta los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.


De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Layda Sansores San Román y Luz María Beristáin Navarrete, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la fractura hidráulica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone la expedición de la Ley reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 27, para la prohibición del método de explotación de “fractura hidráulica”.

El proyecto de ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para prohibir la fractura hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos.

La ley que se propone expedir tiene por objeto evitar los daños graves e irreversibles al medio ambiente y en consecuencia, las afectaciones que puedan producirse a partir de la exploración y explotación por medio de la fractura hidráulica, a través de la observancia del principio precautorio; proteger los derechos humanos frente actividades de exploración y explotación por fractura hidráulica; prohibir la fractura hidráulica en el territorio nacional; fomentar el estudio y análisis de los impactos ambientales causados por la exploración y explotación por fractura hidráulica; y fortalecer la transición energética hacia fuentes de energía renovables, que aseguren la sostenibilidad energética social y ambiental del país, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.

El proyecto de ley se estructura con un Título Primero, denominado de Disposiciones Generales y en un Capítulo Único define el objeto de la ley y un glosario de términos utilizado en el cuerpo de la norma. En un Título Segundo, denominado Fractura Hidráulica, en un Capítulo Único, se establece la prohibición de la fractura hidráulica en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizados por la Secretaría en el territorio nacional. Y se señala que se deberá impulsar la investigación científica con el objetivo de brindar certeza de que las técnicas de exploración y extracción de hidrocarburos no provocarán daño grave o irreversible al medio ambiente o a la salud pública.

En su Título Tercero, denominado de la Distribución de Competencias, en un Capítulo Único, establece las atribuciones de la federación y las particulares de la Secretaria.

Finalmente en un Título Cuarto, con un Capítulo Único, se ocupa de las sanciones.





De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XIV Bis al artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se reforman y adicionan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

La iniciativa propone reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de trasladar de la CNDH al Instituto Nacional de las Mujeres, la tarea de observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, toda vez que, afirma la autora, la CNDH no cuenta con la capacidad, ni la experiencia necesaria para llevar a cabo dicha tarea.

Con las reformas se generaran las condiciones para que sea la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el ordenamiento ad hoc para llevar a cabo la labor de observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, toda vez que el objeto general de este mecanismo es el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone reformar el artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y reformar el artículo 27 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de establecer el mandato para que los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas se integren al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, incluidas entre éstas las que sean necesarias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

Con esta reforma se mandata a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal a coadyuvar, a través de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional.

De los Senadores Ernesto Gándara Camou, Hilda Esthela Flores Escalera, María Verónica Martínez Espinoza, María Cristina Díaz Salazar, Fernando Mayans Canabal, Miguel Romo Medina, Graciela Ortiz González, Luis Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter y César Octavio Pedroza Gaitán, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en materia de publicación de calorías en los menús de las cadenas de restaurantes.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone incorporar como materia de salubridad general, a las enfermedades atribuibles o asociadas a la obesidad. Eleva a rango de ley la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, bajo la terminología de “programa nacional”, y considerándolo también materia de salubridad general.

Pretende incluir dentro de la competencia del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, en lo que respecta a las normas oficiales mexicanas, la prevención y control de las enfermedades con mayor prevalencia, como es el caso de la obesidad y la diabetes. Además otorga mayores atribuciones a los gobiernos de las entidades federativas para operar servicios de salubridad general relacionados con el combate a la obesidad, siempre en coordinación con la Federación.

Propone fomentar la expedición de normas oficiales mexicanas en materia nutricional con la finalidad de contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de la población para coadyuvar a prevenir y controlar las enfermedades asociadas o atribuibles a la obesidad.

Finalmente, propone un breve ajuste dentro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sintonía con los cambios propuestos para la Ley General de Salud.

De los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Insolvencia Familiar.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las instituciones financieras debidamente autorizadas de conformidad con los ordenamientos correspondientes, y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial. Asimismo, busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.

Los principios establecidos en la Ley son los de la buena fe, simplicidad, transparencia y gratuidad. Los trámites del procedimiento que la misma establece serán regidos por los principios de celeridad, economía, sencillez y oralidad.

Establece que toda persona usuario de servicios financieros podrá acudir al procedimiento de conciliación estipulado en la ley, siempre que su situación patrimonial sea de insolvencia y la misma fuere producto de alguna de las causas siguientes: pérdida de empleo por despido injustificado; incapacidad temporal o permanente; enfermedad grave o crónica que implique un gasto tal en tratamientos y/o medicamentos que lo ponga en situación de insolvencia; y fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino cuando se trate de dependiente económico.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros será la autoridad encargada del procedimiento de conciliación. Para estos efectos, ejercerá el control, vigilancia y administración del procedimiento, en el cumplimiento de esta ley, y de las facultades previstas en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Para el inicio del procedimiento de conciliación, la persona insolvente deberá presentar ante la Comisión Nacional escrito debidamente firmado, con la solicitud de inicio del procedimiento de conciliación.

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

La iniciativa tiene como propósito establecer las causales de la pérdida de la calidad de ejidatarios, avecindado o posesionario, considerando los motivos relacionados por conductas delictivas del orden federal, como el narcotráfico, explotación inmoderada de minas, de tala de árboles, delincuencia organizada, entre otros ilícitos también del orden común.

Así, se adicionan a las causales por las cuales la calidad de ejidatario se pierde, las de haber sido condenado por delito o delitos graves, del orden común o federal, o ambos y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido: instrumento, objeto, materia o bien se haya utilizado para la comisión del o los delitos sancionados; se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito; que con motivo de cualquier acto ilícito, haya sido enajenadas, o se haya realizado, permitido, tolerado o autorizado la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común para dicho fin; y por el arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, para fines delictivos, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley.


De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone reformar los artículos 27 Bis 1, 29 Bis 6, 29 Bis 8, 29 Bis 12, 29 Bis 13, 51, 53, 60, 73, 124, 132, 144, 148, 158, 162 y 216 y se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer que una Comisión Bicameral del Congreso designará a un Inspector Especial que vigilará la aplicación de los recursos públicos que realice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al operar una Institución de Banca Múltiple en liquidación derivada de la transferencia de los activos y pasivos que le haga dicha Institución en los términos de la normatividad aplicable.

El Inspector Especial de Vigilancia de Fondos de rescate bancario realizará su tarea fiscalizadora en tiempo real e informará a las instancias correspondientes para fincar las responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos. El Inspector Especial de Vigilancia presentará un informe bimestral al Congreso sobre las aplicaciones de recursos efectuados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en relación al programa de trabajo que deberá elaborar y aplicar el Instituto para efectuar de manera óptima la liquidación de la Institución bancaria en problemas; en lo que respecta al tiempo de liquidación, y a la eficiencia, la eficacia y la economía del proceso global de liquidación.

Se instituye que el Comité de Estabilidad Bancaria se reunirá en febrero de cada año con el Congreso de la Unión para evaluar el estado de riesgo sistémico del sector financiero y las posibles medidas generales que el Comité de Estabilidad Bancaria tomará en el curso del año; también se propone que el Comité deba establecer una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico integrada por un equipo técnico de investigación de alto nivel para dar seguimiento al riesgo sistémico de las instituciones financieras. Todos los integrantes de este equipo técnico menos uno será designado por el Comité de Estabilidad Bancaria al cual reportarán. El miembro restante será designado por mayoría calificada del Senado.

Las reformas establecen que tratándose de instituciones de banca múltiple, los límites máximos del importe de operaciones con integrantes del grupo financiero, grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, o bien, con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución mantenga vínculos de negocio o patrimoniales. Este tipo de operaciones relacionadas deberán de representar un porcentaje menor al 10 por ciento del valor del capital de la institución de banca múltiple.

Se mandata a la Comisión para que dé seguimiento especial a las operaciones relacionadas entre la filial del banco y la matriz que tengan por objeto enviar recursos de la filial bancaria a la matriz que presenten movimientos con posibles efectos desestabilizantes. La Comisión deberá estar atenta para evitar la realización de operaciones entre la filial bancaria que opera en México y la matriz radicada en el extranjero con precios distintos a los prevalecientes en los mercados e informará de estas operaciones relacionadas a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico para su valoración.

También se establece que la Comisión deberá realizar un seguimiento estratégico de las operaciones con valores de alto riesgo realizadas por las Institución Bancarias, principalmente de las vinculadas con productos derivados a efecto de que las posiciones propias de cobertura no se transformen en portafolios crediticios sintéticos de alto riesgo, para lo cual tomará las medidas de regulación apropiadas. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, presentará en su informe semestral correspondiente al segundo periodo del año, una evaluación integral del riesgo de las posiciones propias de valores que asuman en sus portafolios de negocios las instituciones con riesgo sistémico.

Por otra parte, se propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una investigación anual para identificar los créditos cruzados entre instituciones bancarias, y entre bancos y otras instituciones financieras que en la práctica constituyan operaciones relacionadas indirectas, y tomará las medidas requeridas para su eliminación e informará de todo ello al Congreso y a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico del Comité de Estabilidad Bancaria.

Entre otras disposiciones de interés en la iniciativa, se señala que el Inspector Especial de Vigilancia fiscalizará todo el proceso de resoluciones bancarias y tendrá amplias facultades de investigación. El Inspector entregará informes mensuales al Congreso durante todo el proceso y entregará un informe final de cada proceso resolutivo.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone crear una Oficina de investigación de alto nivel de especialización dentro de la CONDUSEF orientada a fundamentar con mayor solidez técnica sus atribuciones vigentes y nuevas. La Oficina de Investigación de alto nivel de especialización tendrá entre sus atribuciones realizar la evaluación de los productos financieros desarrollados por las instituciones bancarias y los intermediarios financieros no bancarios que son ofrecidos a los usuarios de productos y servicios financieros; conducir y desarrollar investigaciones sistemáticas comparativo-evaluativas de los contratos crediticios ofrecidos por las distintas instituciones financieras; realizar investigaciones sistemáticas de las comisiones cobradas por los servicios ofrecidos por las instituciones financieras para que se ajusten a estándares internacionales y se erosione el crédito depredatorio; investigar la expansión de las instituciones financieras; investigar los productos financieros otorgados por instituciones que pertenecen a grupos económicos no financieros, para determinar la magnitud de los servicios financieros que se otorgan en México y que no entran en el radio de control de la Comisión y de la supervisión de los reguladores financieros; e investigar la concentración de mercado de los segmentos y productos financieros y sus efectos sobre el usuario de servicios financieros; desarrollar metodologías rigurosas con criterios internacionales para definir los casos en que los precios de los servicios financieros elaborados por las instituciones financieras, pueden constituir una cláusula abusiva. Esto incluye, la incorporación de un sistema de seguimiento de precios de servicios financieros, que no sean competitivos; y llevar un seguimiento documentado histórico de los casos en que las partes no se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional, fundamentando con sus resultados la conveniencia de perfeccionar el marco legal y operativo que mejore la protección efectiva del usuario de servicios financieros.

Por otra parte, se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para establecer que la Comisión Federal de Competencia considerará para su toma de decisiones en la formulación de sus políticas de concentración de mercado en los distintos segmentos del sector financiero, los resultados y recomendaciones que formule la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras a través de la Oficina de Investigación.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia.

EL DICTAMEN SE ACOMPAÑA DEL VOTO PARTICULAR DEL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA.
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, entendiéndose por éstas a aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y que, encontrándose legalmente en territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos previstos en la Ley, para lo cual se respetarán los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Serán sujetos del procedimiento de expulsión las personas extranjeras que realicen actividades políticas o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos, que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El procedimiento de expulsión no podrá exceder del plazo de treinta días naturales. Transcurrido el plazo citado sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la Unión, se tendrá por concluido el procedimiento y se levantarán la detención y las medidas cautelares que hubieren sido impuestas, salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de autoridad judicial competente, con motivo de la interposición de algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad.

Señala que durante la substanciación del procedimiento de expulsión, la persona extranjera deberá ser asistida, desde el primer acto, por un intérprete particular de su elección; a falta de éste, será proporcionada por la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades competentes que intervengan en el procedimiento de expulsión a que se refiere esta Ley, asumirán la carga de la prueba respecto de sus afirmaciones. La audiencia se celebrará el día y hora señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante la instancia competente de la Secretaría de Gobernación. Las pruebas que ofrezca la persona extranjera deberán desahogarse en la audiencia, salvo aquéllas que por su propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo caso dicha audiencia podrá diferirse, por una sola vez, con la finalidad de preparar su desahogo. El extranjero contará con la asistencia jurídica de su abogado.

Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de cuarenta y ocho horas para que los presente por escrito.

Si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la expulsión de la persona extranjera, suscribirá el acuerdo correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El acuerdo de expulsión será notificado a la persona extranjera de inmediato. Al momento de la notificación, la autoridad administrativa detendrá al extranjero y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea expulsado del país, lo cual deberá suceder, a más tardar, 36 horas después de la detención. Contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la persona extranjera sólo procederá el juicio de amparo.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación y el ejercicio de las facultades de las autoridades, en todo el país o en lugar determinado, con motivo de una amenaza excepcional, a efecto de hacer frente a la situación de emergencia.

Señala que la restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Esta restricción o suspensión tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

La restricción o suspensión sólo podrá decretarse por la única razón que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional, y siempre y cuando sea por el menor tiempo posible. Durante la restricción o suspensión se deberán seguir observando, sin excepción, los siguientes principios: pro persona; no discriminación por ninguna condición; legalidad; irretroactividad de leyes; y debido proceso.

El Titular del Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión. Una vez recibida la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el primero no estuviere reunido, deberá citar a Sesión a más tardar en las siguientes 24 horas; esta se calificará como asunto de urgente y obvia resolución. El Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, deberá resolver, en un plazo máximo de 48 horas. Para modificar el decreto, deberá seguirse el mismo procedimiento a través del cual se aprobó. Aprobado el decreto, se remitirá al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La restricción o suspensión concluirá cuando: haya concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o en aquel o aquellos que modificaron su plazo de vigencia; hayan desaparecido las causas que le dieron origen; por decreto del Congreso de la Unión; o por decreto del Ejecutivo Federal.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados “b) y c)” del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Shanghai, República Popular China.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
TEÓFILO TORRES CORZO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; Y
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.
FUE APROBADO. EL CÓNSUL RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.

VOTACIÓN
31
0
0
40
0
0
17
0
0
4
0
0
4
0
0
SG
1
0
0
TOTAL
97
0
0

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos.

INTERVINO EL SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA ENTREGÓ SU INTERVENCIÓN SOBRE ESTE DICTAMEN, EL CUAL SE INTEGRARÁ AL DIARIO DE LOS DEBATES.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

La minuta objeto del dictamen tiene como propósito fundamental establecer las bases de una estrategia nacional para el control, procesamiento y reciclado de los neumáticos usados.

Al respecto las comisiones coinciden con la propuesta, sin embargo realizan adecuaciones de redacción, en razón de que el 19 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que se devolverá a la Colegisladora.



VOTACIÓN
29
0
0
34
0
0
11
0
0
3
0
0
4
0
0
SG
1
0
0
TOTAL
82
0
0

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013 en la Ciudad de México.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

VOTACIÓN
29
0
0
46
0
0
17
0
0
4
0
0
4
0
0
SG
0
0
0
TOTAL
100
0
0

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013 en Washington, D.C.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

VOTACIÓN
29
0
0
46
0
0
17
0
0
4
0
0
4
0
0
SG
0
0
0
TOTAL
100
0
0

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

VOTACIÓN
29
0
0
46
0
0
17
0
0
4
0
0
4
0
0
SG
0
0
0
TOTAL
100
0
0

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

VOTACIÓN
29
0
0
46
0
0
17
0
0
4
0
0
4
0
0
SG
0
0
0
TOTAL
100
0
0

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre de 2012.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

VOTACIÓN
29
0
0
46
0
0
17
0
0
4
0
0
4
0
0
SG
0
0
0
TOTAL
100
0
0

Uno, de la Comisión de Seguridad Pública, dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

LA ASAMBLEA AUTORIZÓ SU INCORPORACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN.
INTERVINO EL SENADOR OMAR FAYAD MENESES, POR LA COMISIÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.

VOTACIÓN
24
0
2
46
0
0
12
0
0
4
0
0
5
0
0
SG
0
0
0
TOTAL
91
0
2

Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
GABRIELA CUEVAS BARRÓN, POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN;
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, PARA REFERIRSE AL DICTÁMEN.
FUE APROBADO. EL EMBAJADOR RENDIRÁ SU PROTESTA DE LEY EN SESIÓN POSTERIOR.

VOTACIÓN
22
0
0
40
0
0
15
0
0
4
0
0
2
0
0
SG
1
0
0
TOTAL
84
0
0

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita la intervención del Secretario de Gobernación y del Procurador General de la República para velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de las periodistas Carmen Aristegui y Denise Dresser y a iniciar acción legal en contra de quienes resulten responsables.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Dictámenes a Discusión y Votación