+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado


Jueves 05 de diciembre de 2013
Gaceta: LXII/2PPO-67

Buscar en esta Gaceta
Presione Control+F


Buscar en Base de Datos de: Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones


Gaceta en formato descargable

FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

La minuta pretende fortalecer la regla actual de balance presupuestario para transitar hacia una regla de balance estructural implícita, otorgando con ello mayor solidez a la conducción macroeconómica; establecer de un ancla fiscal de mediano plazo con base en los requerimientos financieros del sector público; simplificar el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización para distinguir entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo; y adecuar diversas disposiciones del marco legal para mejorar la operatividad de las finanzas públicas.

La Cámara de Senadores devolvió a la Colegisladora el proyecto en estudio el 29 de octubre del año en curso, con modificaciones a los siguientes artículos: adición de una fracción III bis al artículo 2, 17, 23, 41 fracciones II, inciso V), III, inciso C), 61, 63, 65, 86, 107, 111 y los transitorios Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo.

La Cámara de Diputados acepta todas las modificaciones hechas por ésta Cámara, excepto la adición del artículo séptimo transitorio que establece que el Presupuesto de Egresos de la Federal para el ejercicio fiscal 2014, a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), deberá contemplar recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura pública que hubiere sido afectada por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, así como la previsión de que la banca de desarrollo realizará diversos estudios de preinversión y, en su caso, proyectos ejecutivos, para fortalecer la infraestructura pública en el estado de Guerrero.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma el artículo 34 y adiciona un artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformas a la Ley Orgánica del Congreso, con el fin de otorgarle facultades a la Junta de Coordinación Política para que participe en el proceso de designación de los titulares de la Contralorías Internas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Con la reforma a la Junta de Coordinación Política le correspondería como nueva atribución proponer al pleno las convocatorias para la designación de los titulares de las Contralorías Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos de la normatividad aplicable para estos organismos, además de lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con la adición de un artículo 34 ter se regula la convocatoria para la designación de los titulares de las Contralorías Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así como el tipo de votación que se requiere para ser electos, así como el periodo de duración de quienes resulten electos.

En artículos transitorios se establece que para efectos de la primera designación de los Contralores Internos de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Junta de Coordinación Política definirá el método y en su caso, los procedimientos, para presentar al Pleno la propuesta correspondiente.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone establecer la pena de prisión de quince años a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa respecto del delito de terrorismo. Aumenta en una mitad la pena de prisión cuando además el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, se genere un daño o perjuicio a la economía nacional o se detenga en calidad de rehén a una persona. Adiciona al delito de terrorismo el uso de material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación, y actos en contra de bienes o servicios público o privados en contra de la integridad física, emocional o la vida y presione a una autoridad o particular.

Asimismo, establece pena de prisión a quien aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza destinados a financiar o apoyar actividades terroristas, del Código Penal Federal a los delitos sabotaje, robo de material radioactivo, nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación, o terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación y de la Ley que declara reservas mineras los yacimientos de uranio, torio y sustancias de las que se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear al que explote, comercialice, posea, extraiga, refine, compre, enajene, ministre gratuitamente, transporte, adquiera, extraiga, refine, suministre o trafique uranio, torio, plutonio Pu-239, sin sujetarse a la Ley.

Propone pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multas, a quien encubra a persona participante en delitos de terrorismo; además impone pena de prisión de seis a doce años, al que cometa el delito de homicidio o acto contra la libertad, realice actos violento en territorio mexicano en contra de locales oficiales, residencias particulares o medios de transporte de una persona internacionalmente protegida, como jefes de Estado, de gobierno, ministro de relaciones exteriores así como los miembros de su familia, representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado, agente de organización intergubernamental o los miembros de su familia.

Al delito de terrorismo la pena de tres a veinte años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa a quien la destruya parcial o total de instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil y alguna plataforma fija. Impone de doce a veinte años de prisión y de doce mil a veinte mil días multa al que cometa robo. Incluye el ocultamiento, encubrimiento de operaciones de recursos ilícitos, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que se establezca claramente en la norma, que la inclusión del enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas será en igualdad de condiciones tanto para las mujeres, como para los hombres indígenas. Con esta reforma se instituye el principio de la igualdad del hombre y de la mujer.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone incorporar en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, dentro del articulado que define los lineamientos de la Política nacional en materia de igualdad de género, la obligación para el Ejecutivo Federal de promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se elimine el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

La reforma tiene por objeto implantar las acciones que vayan encaminadas a eliminar el uso del masculino como referente, como falso universal y a introducir el papel de la mujer en el discurso, para que refleje la realidad.

Iniciativas

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar para que no se pueda negar la prestación del servicio de las armas por motivos de discapacidad a ningún ciudadano mexicano, a petición de parte, a quienes podrían realizar algún tipo de servicio que se adecuen a su condición, dentro de nuestras fuerzas armadas en donde las actividades que se realizan son multidisciplinarias.

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA.

Propone establecer que el tipo penal de pesca ilegal de abulón y langosta sean considerados como delitos graves para los efectos que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales, y sí dichas conductas se cometen en asociación delictuosa, se estará a demás en lo dispuesto en el artículo 164 del Código Penal.

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 298 del Reglamento del Senado de la República.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone reformas al Reglamento del Senado de la República, para establecer nuevas disposiciones en materia de cabildeo, señalando que las comisiones y los senadores en un plazo no mayor a 30 días, informarán por escrito a la Mesa Directiva del Senado, de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses para que el Presidente ordene su publicación en la Gaceta y en la página de Internet del Senado.

También con la reforma se establece la obligación de las comisiones de integrar un archivo con los documentos que las personas señaladas en el numeral 1, del mismos artículo 298, les entreguen con relación a iniciativas, minutas, proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida por el Senado. Dicha información deberá publicarse en la página de Internet del Senado para que puedan ser objeto de consulta pública.

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone adicionar un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, para establecer que cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieren fuera del tiempo fijado para documentar el embarque y se les haya denegado el mismo, o por causa misma de la presencia a destiempo, conservarán el derecho a ser transportados en un siguiente vuelo con disponibilidad o en fecha posterior convenida con el concesionario o permisionario.

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contieneproyecto de decreto por el que se modifica el artículo 51 de la Ley General de Cambio Climático.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Propone que un Senador y un Diputado designados por las comisiones de Cambio Climático de ambas cámaras sean integrantes del Consejo de Cambio Climático.


Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de remesas familiares.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone adicionar el artículo 35 bis a la Ley del Banco de México para establecer que las instituciones de Crédito, instituciones auxiliares de crédito, centro de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán pagar las remesas familiares, en moneda nacional al tipo de cambio de venta establecido por el Banco de México, en la fecha en que se haga efectivo.

Se adiciona un Título Octavo a la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer que se entenderá por remesas familiares, a las transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar. Señala que las Instituciones de Crédito, instituciones auxiliares de crédito, centros de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán expedir un comprobante de las transferencias o envíos monetarios que se hagan efectivos en cualquiera de sus establecimientos.

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3°, 6°, 17, 18, 21, 26, 27, 31, 41, 43, 44, 55, 56, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 122, 123, 124, 127, 131, 134, 135, así como la denominación del Título Quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

La propuesta busca redefinir la naturaleza jurídica de lo que hasta hoy se conoce como Distrito Federal, por medio de un nuevo ordenamiento jurídico que lo conserve como una entidad sede de los Poderes Federal y, en consecuencia, le otorgue una nueva división político-administrativa en función de ser considerada la capital de los Estados Unidos Mexicanos, para esto la presente persigue los siguientes objetivos: rediseñar la organización y el sistema de competencias de los órganos de gobierno del Distrito Federal; modificar el sistema de distribución de competencias con respecto a los Poderes Federales; mejorar el funcionamiento de la Administración Pública local en sus distintos niveles; reformar y democratizar la organización y el funcionamiento de los órganos político-administrativos hasta hoy denominados Delegaciones; fortalecer a los órganos autónomos del Distrito Federal, para garantizar desde su forma de composición, un desempeño acorde con criterios de eficiencia, objetividad, imparcialidad y profesionalización; y diseñar mecanismos institucionales de coordinación metropolitana

Se propone acabar con el esquema de la Asamblea Legislativa, y en su lugar se propone democratizarla internamente dotándola con mayores facultades y responsabilidades, y que ésta forme parte de debates y deliberaciones no sólo de la Ciudad, sino del país en su conjunto.

Propone suprimir en definitiva del texto constitucional, la denominación “Distrito Federal”, para sustituirla por la de “Ciudad de México”, conservando el esquema de mando único y centralizado en materia de seguridad pública que actualmente tiene y se le facultaría el derecho a iniciar leyes federales ante el Congreso de la Unión.

Se elimina definitivamente la figura del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la del Gobernador de la Ciudad de México.

Por último, se propone modificar la conformación y funcionamiento de los organismos autónomos del Distrito Federal, para que respondan en su actuar a los afanes de los ciudadanos en su conjunto, y para que representen a la diversidad de agendas que existen en la Ciudad.

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez, integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, Y CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Propone reformar los artículos 68 y 93; y adiciona a éste último artículo una fracción, para garantizar que las víctimas del catálogo de delitos de trata y explotación de personas puedan acceder a la compensación subsidiaria que les otorgarán la Federación y las entidades federativas por el daño recibido. La compensación subsidiaria será otorgada a las víctimas de los delitos considerados como graves en la ley en materia de trata de personas.

Por otra parte, las reformas establecen la creación del Comité de trata de personas, dependiente de la Comisión Ejecutiva, así como el Comité de tráfico, ello para lograr una especialización, distinguiendo el delito de Trata de Personas del de tráfico de personas, que sin demérito de la importancia que tiene la atención de las víctimas de éste último, debe de llevarse a cabo en un Comité distinto al de trata de personas, por ser conductas típicas con elementos y características disímbolas.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones del artículo 4 y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

En la propuesta de modificación al artículo 4 en su fracción III, se establece la diferencia de la acuacultura que se realiza en aguas sobre la superficie de los continentes de las que no lo están, las cuales pueden ser dulces o saladas, definiéndola como Acuacultura en aguas interiores.

Se incorpora en la fracción VI del artículo 4 el término de “Aptitud Acuícola”, el cual se entenderá como el conjunto de características, físico-químicas, de infraestructura y socio-económicas, que debe reunir un polígono o área delimitada de un cuerpo de agua interior o marina, que le permitan ser determinada como área para desarrollar la actividad acuícola.

Se modifica la fracción XVI del mismo artículo, en el cual se entenderá como “Centro de Aprovechamiento Integral Acuícola y Pesquero” a la infraestructura local o regional que cuenta con equipamiento adecuado para el desembarque, acopio, conservación, transformación, comercialización y distribución de productos acuícolas y pesqueros.

En la fracción XXVII del mismo artículo establece que se entenderá por “Maricultura” a la rama de la acuacultura que involucra le cultivo de especies de la fauna y flora desarrollado en cuerpos de agua marina y salobre, dentro de estructuras fijas o flotantes.

En la fracción XXIX del mismo artículo, se define el “Ordenamiento Acuícola” al conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades acuícolas, en áreas con aptitud para desarrollarla, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales para genera una actividad competitiva y sustentable.

Se incorpora el concepto de “Pesquería Acuacultura”, así como el concepto de “Planes de desarrollo de la maricultura”.

Finalmente se adiciona el artículo 25 Bis para establecer que INAPESCA fomentará la práctica y desarrollo de la maricultura, para lo cual podrá identificar y determinar las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollarla, en congruencia con los ordenamientos ecológicos del territorio y marino.

Asimismo, establece que la Federación, en coordinación con las dependencias y entidades federativas podrá: fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua: superficial, media agua y fondo, así como cultivos itinerantes; promover la realización de planes de desarrollo de la maricultura a nivel regional, estatal o municipal, e impulsar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor, como centros de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, laboratorios de producción de cría y áreas de capacitación.

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17; y se adicionan una fracción XL, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 8; una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; y una fracción XI al artículo 86 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas en la Minuta en análisis, por lo que resuelven aprobarla en sus términos.

Las reformas propuestas en el dictamen a la Minuta proyecto de decreto tiene por objeto que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los tres órdenes de gobierno implementen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a efecto de poder prevenir afectaciones a los volúmenes de biomasa a las diversas pesquerías, debido al incremento en el nivel del mar, temperatura marina y acidificación de los océanos, entre otros.

Con las reformas se armoniza la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con lo dispuesto por la Ley General de Cambio Climático, confiriéndole atribuciones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la Política Nacional de pesca y Acuacultura Sustentables.

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La iniciativa que conforma el dictamen propone abrir la posibilidad de que dos o más patrones u organizaciones de patrones, puedan celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, convenios de subrogación para que se proporcione el servicio de guardería a sus trabajadoras.

Las Comisiones estimaron viable la propuesta contenida en la iniciativa para establecer la celebración de convenios de subrogación del Instituto con una organización de patrones, toda vez que se generarían mayores condiciones para las empresas en su propósito de instalar guarderías en razón de que con el concurso de varios patrones aumentaría la disponibilidad financiera para cubrir todos los requisitos para su instalación y operación.

Sin embargo consideraron innecesarias las propuestas de adición a los artículos 89 y 204, integrándolas en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, en el que se precisa la facultad del IMSS para celebrar convenios de subrogación con organizaciones de patrones, sin alterar la atribución que hoy tiene vigente de celebrar tales convenios con un solo patrón.

Por lo anterior, las Comisiones Unidas, decidieron aprobar el presente dictamen con la modificación propuesta.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos para señalar en aquellos artículos que se establecía competencia a la Secretaría de Desarrollo Social a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

El dictamen propone que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”, como un reconocimiento a la relevancia de las actividades profesionales de los urbanistas mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

El dictamen expide la ley que tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Constitución Política en materia de protección al ambiente con el fin de preservar la calidad del aire y la protección a la atmosfera, integrando en un solo ordenamiento jurídico los textos normativos en la materia que actualmente se encuentran en la Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

La Ley que se expide tiene como objetivos: contribuir a garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, y bienestar; establecer las competencias de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y Municipios en la gestión de la calidad del aire, la protección y restauración de la atmósfera; contribuir a la protección de la atmósfera, como bien común indispensable para la continuación de los procesos vitales; promover y establecer las bases para la gestión de la calidad del aire a través del concepto de cuencas atmosféricas como mecanismo para garantizar la protección de la atmósfera y la calidad del aire satisfactoria, e implementar políticas públicas preventivas y de restauración de cuencas atmosféricas orientadas al control eficiente de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Establece que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, de conformidad con la distribución de competencias prevista en la presente Ley y en otros ordenamientos legales. Para la formulación y conducción de la política nacional de gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera, así como en la emisión de normas oficiales mexicanas y demás disposiciones reglamentarias, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y los particulares observarán principios generales establecidos en la Ley.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá formular e instrumentar el Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, el Plan Nacional de Desarrollo, el Diagnóstico de la calidad del aire y, demás disposiciones jurídicas aplicables.

El Diagnóstico de la calidad del aire, proporcionará información básica de las concentraciones históricas, actuales y tendencias de los contaminantes del aire en las cuencas atmosféricas, el nivel de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire, así como el análisis de las fuentes y emisiones que generan la problemática en cada una de ellas, a fin de identificar las necesidades en la gestión de la calidad del aire. Las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con la información contenida en el Diagnóstico de la calidad del aire deberán implementar programas de reducción de contaminantes cuando se detecte que la calidad del aire no es satisfactoria de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.

En su Título Primero, se enuncian las disposiciones generales, en un Capítulo Único; en su Título Segundo, se establece la distribución de competencias y en un Capítulo Único desarrolla las que competen a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; en el Título Tercero, denominado de la Gestión y Calidad del Aire, establece en un Capítulo Único lo referente a las Cuencas Atmosféricas; en su Título Cuarto, denominado Instrumentos de Política Nacional en Materia de Calidad del Aire, establece en su Capítulo I las disposiciones generales respecto de este tema; en un Capítulo II, lo relativo al Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera; en el Capítulo III de manera específica desarrolla las normas relativas a los Programas de Gestión de la Calidad de Aire y Protección a la Atmósfera; en su Capítulo IV se refiere al Programa de Contingencias Atmosféricas; en el Capítulo V lo correspondiente a los programas de Verificación Vehicular; en el Capítulo VI, desarrolla lo correspondiente al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire; y en su Capítulo VII, lo correspondiente a los sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire; en el VIII los Índices de Calidad del Aire; en el IX describe los apartados del Inventario nacional de Emisiones; en el Capítulo X desarrolla los Instrumentos Económicos; en el XI establece los requerimientos para expedir las Normas Oficiales en materia de Calidad del Aire.

En su Título Quinto, desarrolla la Regulación de Fuentes de Jurisdicción Federal y en sus dos Capítulos desarrolla las Fuentes Fijas y las Fuentes Móviles. En su Título Sexto, desarrolla la Regulación de Fuentes de Jurisdicción Estatal y Municipal en un Capítulo I, en tanto que en un Capítulo II, refiere las disposiciones relativas a los programas de verificación vehicular locales. En su Título Séptimo, desarrolla en tres Capítulos, lo relativo a la Inspección, Sanciones Administrativas y Recursos de Revisión. Finalmente en un Capítulo Octavo desarrolla las normas relativas a la Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LA COMISIÓN DE JUSTICIA ENTREGÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN, EN LOS ARTÍCULOS 291, 337 Y 338. PUESTAS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, FUERON ACEPTADAS Y SE INTEGRARON AL DICTAMEN.
LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN ESTUVO A CARGO DE LOS SENADORES: ROBERTO GIL ZUARTH, POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

LOS POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FUERON EXPUESTOS POR LOS SENADORES:
DAVID MONREAL ÁVILA PT
PABLO ESCUDERO MORALES PVEM
MANUEL CAMACHO SOLÍS PRD
MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ PAN
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ PRI

EN LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL, INTERVINIERON LOS SENADORES:
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA PRD RAZONAR VOTO
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ PAN A FAVOR
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR PRI A FAVOR
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ PRD A FAVOR

LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LAS RESERVAS A LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:
55, POR LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMAN.
137, POR LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD.
456 Y LA ADICIÓN DE 19 NUEVOS ARTÍCULOS, POR EL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.

EL DICTAMEN FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.

  LA SEN. LAYDA SANSORES EXPUSO SU RESERVA AL ARTÍCULO 55. NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN. EL ARTÍCULO 55 FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS. LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ PRESENTÓ SU RESERVA AL ARTÍCULO 137, LA CUAL FUE RESPALDADA POR LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y APROBADA. EL ARTÍCULO 137 FUE APROBADO, CON LA MODIFICACIÓN ACEPTADA.
EL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO PRESENTÓ SU PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL 456 Y LA ADICIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN. EL ARTÍCULO 456 FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS.
SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PROYECTO DE CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El Código que se pretende expedir tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Señala que el proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado.

Establece las reglas de competencia, así como la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión; competencia por razón de seguridad; y competencia auxiliar.

En cuanto a los actos procesales, los aspectos novedosos que contiene el Proyecto son los siguientes: Se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción. Se eliminaron las formalidades excesivas previstas para resguardos. Debe haber una regulación mínima y flexible sobre los medios informáticos que pueden utilizarse.

Las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales, deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento, a diferencia de aquellas que adolecen de vicios de legalidad. Las resoluciones judiciales sólo deben ser autos y sentencias, por lo que se eliminan los decretos.

Los sujetos procesales previstos en el Código son los siguientes: el Órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público, el imputado, la víctima y ofendido, el Defensor, el Asesor jurídico, la Policía y la autoridad ejecutora de medidas cautelares. Tendrán la calidad de partes: el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.

El Proyecto ha incorporado minuciosas disposiciones respecto de las formalidades que deberán observarse durante la detención de un imputado, en la realización de inspecciones o cateos, o en los procedimientos a seguir cuando la autoridad solicita o impone providencias precautorias o medidas de protección.

En el mismo orden de ideas, se acordó la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos, o bien, que afecten el debido proceso en el nuevo Código. Para tal efecto, se reglamentaron los actos de molestia siguientes: Cateos; Intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información; Órdenes de aprehensión/Detenciones; Toma de muestras sin el consentimiento del imputado;
Registro de la investigación; Descubrimiento de la investigación; Inspecciones corporales; Entrevistas a testigos e imputado; Identificación de sospechoso.

Propone que no se debe establecer la calificación de oficio sobre las preguntas del interrogatorio en el nuevo Código Procesal Penal. El desahogo de peritajes podrá desarrollarse por videoconferencia. Asimismo, se decidió no considerar la regulación del peritaje institucionalizado, para que en el futuro sea la jurisprudencia la que se pronuncie al respecto.


En cuanto a la suspensión condicional del proceso, el Proyecto plantea que procederá a petición del Ministerio Público y del imputado, pero en todo caso se escuchará a las dos partes. Se acordó que lo anterior procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo, por lo tanto, se rige por el artículo 17 constitucional.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del procedimiento. En estos casos, el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo y, como consecuencia, el Ministerio Público y el Juez valoran la pertinencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá al individuo. Este procedimiento procederá a solicitud del Ministerio Público y el momento oportuno para promoverlo será a partir del auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.

Señala que la víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión y en aquellos otros casos que el Ministerio Público lo autorice en los términos de su Ley Orgánica. La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control ejerciendo acción penal por particulares, en caso de que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso, deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

Establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la aplicación de las medidas de protección idóneas. Si las medidas impuestas implican una restricción a la libertad del imputado, deberá celebrarse una audiencia ante el Juez de control para que la ratifique, modifique o cancele, mediante la emisión de las providencias precautorias respectivas. Asimismo, el proyecto establece que toda imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias, así como su duración, deberán estar debidamente fundadas y motivadas y tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

El procedimiento contemplado comprende las siguientes etapas: La de investigación, que encierra: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; c) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y d) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de juicio.

Se otorga discrecionalidad al órgano jurisdiccional y asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica. En todos los casos, deberá justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.

Establece sólo los recursos de revocación y apelación. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio.

El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite dictadas en audiencia, las que se resuelvan sin sustanciación, o aquellas que no admitan otro medio de impugnación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano Jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En cuanto a la apelación, el Proyecto distingue y lista las resoluciones apelables emitidas por el Juez de control y por el Tribunal de enjuiciamiento.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h), fracción III del artículo 11 y la fracción X del artículo 28; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3o. todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RAÚL AARÓN POZOS LANZ, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, PRI.
ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, PRD.
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, PAN, QUIEN PRESENTÓ UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 28, QUE FUE ACEPTADA POR LA ASAMBLEA.
SE DECLARÓ APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las comisiones dictaminadoras sugieren ampliar el espectro de la iniciativa hacia aquellos artículos que omiten definir el concepto de ecosistema o zona costera, y como consecuencia de dicha omisión, conllevan a dificultades interpretativas y aplicativas, por lo que resuelven modificar el inciso h), de la fracción III, del artículo 11, y la fracción X, del artículo 28; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3º, todos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con estas reformas se define en la fracción XIII Bis, del artículo 3º, a los Ecosistemas Costeros, como las playas, las dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los humedales costeros tales como las lagunas interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las Ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas inundables; los arrecifes de coral; los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos marinos o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación.

La reforma establece que será la Secretaría, en colaboración con las entidades federativas y los municipios, quien determinará la zona costera nacional tomando en consideración las interacciones fisiográficas y biológicas particulares de la zona que se trate debiendo publicarla en el DOF mediante acuerdo. Las reformas siguientes a la ley, incluyen a los ecosistemas costeros a efecto de ampliar la protección jurídica a los mismos en el procedimiento de impacto ambiental.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES