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Gaceta del Senado


Jueves 22 de agosto de 2013
Gaceta: LXII/1PPE-2

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Las reformas que se plantean tienen por objeto posibilitar un andamiaje normativo para la mejor operación de la Educación básica y media superior, en un marco de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. En cuanto al análisis de la minuta las comisiones dictaminadoras consideraron lo siguiente:

Se adecuan y clarifican los artículos 12, 13, 14,15 y 16 respecto a los siguientes aspectos: mantenerlos acordes al marco de educación de calidad la actualización y formulación los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del Sistema Educativo Nacional; formular los programas de gestión escolar; crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa; diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación en el ámbito de su competencia; coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional y promover la transparencia, responden al nuevo diseño institucional que emana de la reforma constitucional.

Se modifican a los artículos 2, 3, 8, 32 y 33, a efecto de que se incluya el principio de calidad en los objetivos, planes y resultados conforme a las dimensiones de equidad, pertinencia, eficiencia y eficacia.

Se reitera el principio de gratuidad de la educación e incorpora la prohibición de condicionar la inscripción, el acceso, los exámenes o la entrega de documentos al pago de contra prestación alguna, consagrando un Sistema Educativo incluyente, transparente, eficaz y equitativo.

Se armoniza el articulado de la Ley General de Educación para dar plena certeza y congruencia a las actividades del Instituto de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación y de todas las instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines.

Se faculta a la Secretaría de Educación Pública para emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, y de precisar que, en las escuelas de educación media superior, la Secretaría establecerá los mecanismos de colaboración necesarios para que los programas de gestión escolar formulados por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones, propicien el mantenimiento de elementos comunes.

Amplía los elementos constitutivos del Sistema Educativo Nacional e integra en éste a los padres de familia, al Servicio Profesional Docente, a la evaluación educativa, al Sistema de Información y Gestión Educativa, y a la infraestructura educativa.

Indica que las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de esta Ley.
En cuanto a los enunciados jurídicos propuestos para modificar la Ley General de Educación en materia de Servicio Profesional Docente, se consideran el establecer variables propicias para incentivar la calidad del educador, elemento insustituible en el proceso enseñanza-aprendizaje que aporta el contenido humano y al cual se deben enfocar gran parte de los esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el país, en este sentido el presente establece que para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Se establece que la Secretaría de Educación pública, impulsará los esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Señala que el Sistema Nacional tiene como finalidad contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa; promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto; analizar, sistematizar y administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional; y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional.

El Sistema Nacional de Evaluación Educativa se constituye con: el Instituto; las autoridades educativas; la conferencia; los componentes, procesos y resultados de la evaluación; los parámetros e indicadores educativos y la información relevante que contribuya al cumplimiento de los fines de la Ley; los lineamientos y las directrices de la evaluación; los procedimientos de difusión de los resultados de las evaluaciones; los mecanismos, procedimientos, e instrumentos de coordinación destinados al funcionamiento del Sistema Nacional; y los demás elementos que considere pertinentes el Instituto.

El Instituto será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna. Tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. El Instituto se integra por: la Junta; la Presidencia; las unidades administrativas que se establezcan en su Estatuto; los órganos colegiados; y la Contraloría Interna.

Minutas

Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, devuelto con modificaciones.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

El proyecto adiciona además que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y que la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

En cuanto al ente responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, ambas minutas coinciden en que será un organismo (constitucional) autónomo y especializado, con la diferencia de que el Senado le adiciona el carácter de imparcial y la Cámara de Diputados el carácter de colegiado. Otra diferencia importante consiste en que esta Cámara dota a este organismo de plena capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto. Los dos proyectos proponen la integración del organismo por siete comisionados; no obstante, la Cámara de Diputados no considera la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda nombrar a los comisionados durante los periodos de receso, quedando solo la facultad a la Cámara de Senadores.

En lo que concierne a la ley en la materia, la Cámara de Diputados especifica que la ley general que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio del derecho a la información, lo cual no contempla la minuta del Senado.

En cuanto a las resoluciones del organismo, a diferencia de la Cámara de Senadores, la colegisladora establece que el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

Finalmente, de las disposiciones transitorias destaca que el Senado contempla que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente decreto; en cambio, la Cámara de Diputados considera que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro público inmobiliario y catastros.

SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LOS CONGRESOS ESTATALES.

El dictamen a la minuta aprueba en sus términos las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados y resuelve aprobar el decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R, al artículo 73 constitucional con el objeto de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para legislar en materia de registro público inmobiliario.

Las comisiones dictaminadoras consideran que la precisión que ha hecho la Colegisladora en la numeración que le corresponde, es procedente y advierten que es una corrección que ya había sido advertida en el dictamen de la Minuta que aprobó el Senado de la República, donde se señaló que el número de la fracción del artículo 73 podría ser diferente al que en su momento llegase a aprobar el Constituyente Permanente.

Por otra parte, también se acepta por las dictaminadoras que la nueva facultad que se le va dar al Congreso de la Unión en este tema sea mediante una "ley general" y no simplemente una "ley".

Las comisiones unidas consideran que el complemento adicionado por la Colegisladora al artículo segundo transitorio, estableciendo que el Congreso de la Unión previo a la aprobación de la ley general motivo de la presente reforma constitucional, solicitará la opinión de las entidades federativas abona aún más a la seguridad de esta reforma constitucional.

Finalmente, es aceptada la modificación realizada por la Colegisladora, mediante la cual se eliminó el artículo cuarto transitorio que preveía que en el plazo de 180 días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso aprobaría una reforma al marco jurídico para armonizar la función notarial en las entidades federativas, modificación con la que las comisiones están de acuerdo.


De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes a nivel local.

INTERVINIERON LOS SENADORES:

DANIEL ÁVILA RUIZ, PAN.
MÓNICA ARRIOLA GORDILLO.
PABLO ESCUDERO MORALES, PVEM.
OMAR FAYAD MENESES, PRI.
FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON MODIFICACIONES.

En la Minuta se propone una modificación al artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de suprimir el derecho “exclusivo” que los partidos políticos tienen en el ámbito de las entidades federativas, para solicitar el registro de candidatos a elección popular.

De manera complementaria, se plantea adicionar un inciso o) a la citada fracción IV del artículo 116 constitucional, con el fin de establecer que en las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral se deberán fijar las bases y requisitos para que en las elecciones que celebren, los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos en forma independiente.

Por otra parte, en su estudio y análisis, la Comisiones Dictaminadores estimaron necesario reformar también el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer con claridad, que el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes ante las autoridades electorales, será igualmente procedente para la elección de los diversos cargos de elección popular en el Distrito Federal.

De esta manera, se establece que en el citado precepto se instaure en la Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá la facultad de expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en virtud de que en el último inciso mencionado, se consignaría el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes ante las autoridades electorales, siempre y cuando cumplan con los requisitos, términos y condiciones que se determinen en la legislación correspondiente.


De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracciones VIII y XXVIII, 79, párrafos primero y segundo de la fracción I, 108, último párrafo, 116, párrafo sexto de la fracción II y 117, fracción VIII, y se adicionan los artículos 25, con un párrafo segundo, pasando los actuales párrafos segundo a octavo a ser los párrafos tercero a noveno; 73, con la fracción VI y 76, con la fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.

INTERVINIERON LOS SENADORES:

PABLO ESCUDERO MORALES, PVEM.
SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ, PAN.
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, PRD.
SEN. FRANCISCO YUNES ZORRILLA, PRI.
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRD.
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, PAN.
SEN. ARMANDO RÍOS PITER, PRD.
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LAS RESERVAS A LOS ARTÍCULOS 73, 117 Y CUARTO TRANSITORIO.

EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.

LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DICTAMEN, QUE FUE ACEPTADA.

HIZO USO DE LA PALABRA EL SEN. JAVIER CORRAL PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DE ADICIÓN DE UN NUMERAL 4 EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73, QUE NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN. EL ARTÍCULO 73 FUE APROBADO EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN.

INTERVINO EL SEN. MARIO DELGADO PARA PRESENTAR SUS RESERVAS A LOS ARTÍCULOS 117 Y CUARTO TRANSITORIO. AMBAS FUERON RECHAZADAS. LOS ARTÍCULOS FUERON APROBADOS EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN.

SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL DECRETO. SE DEVOLVIÓ CON MODIFICACIONES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El dictamen de la minuta de referencia pretende reformar los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política.

En cuanto a la reforma del artículo 25, se acepta en los términos de la Colegisladora y con ello propone introducir un nuevo principio constitucional que mandata al Estado para que vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. Lo anterior, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, se instruye para que cuando se proceda a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales correspondientes, se observe dicho principio.

En materia de deuda pública, faculta al Congreso para dar las bases por las que el Titular del Poder Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar los empréstitos, reconocer y pagar la deuda pública. Asimismo, establece las bases para regular la deuda pública de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios.

El principal cambio que realizan las Comisiones Unidas del Senado a la Minuta de la colegisladora, consiste en la disposición del artículo 73 que señala que el Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa bicameral competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías.

Las dictaminadoras coinciden con la reforma al artículo 79, y de esa manera se precisa que la fiscalización superior que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación también abarcará a la deuda pública y sobre todo, a las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios en cuyo caso, fiscalizará el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

El artículo 108 se reforma para señalar que las Constituciones de los Estados de la República precisarán para los efectos de responsabilidades, que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública.

De manera análoga a la modificación propuesta al artículo 79, se precisa que las entidades estatales de fiscalización, revisarán las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

La reforma al artículo 117 pretende establecer que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Asimismo, se señala que los Estados pueden otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. También se establece la prohibición de destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.


Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA Y FUE PUESTO A DISCUSIÓN. INTERVINIERON LOS SENADORES:

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR ÉSTE Y EL SIGUIENTE DICTAMEN.
GERARDO FLORES RAMÍREZ, PVEM.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
JAVIER CORRAL JURADO, PAN.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
RAÚL POZOS LANZ, PRI.
ARMANDO RÍOS PITER, PRD.
MÓNICA ARRIOLA GORDILLO.
EL DECRETO FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Las reformas que se plantean tienen por objeto posibilitar un andamiaje normativo para la mejor operación de la Educación básica y media superior, en un marco de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. En cuanto al análisis de la minuta las comisiones dictaminadoras consideraron lo siguiente:

Se adecuan y clarifican los artículos 12, 13, 14,15 y 16 respecto a los siguientes aspectos: mantenerlos acordes al marco de educación de calidad la actualización y formulación los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del Sistema Educativo Nacional; formular los programas de gestión escolar; crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa; diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación en el ámbito de su competencia; coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional y promover la transparencia, responden al nuevo diseño institucional que emana de la reforma constitucional.

Se modifican a los artículos 2, 3, 8, 32 y 33, a efecto de que se incluya el principio de calidad en los objetivos, planes y resultados conforme a las dimensiones de equidad, pertinencia, eficiencia y eficacia.

Se reitera el principio de gratuidad de la educación e incorpora la prohibición de condicionar la inscripción, el acceso, los exámenes o la entrega de documentos al pago de contra prestación alguna, consagrando un Sistema Educativo incluyente, transparente, eficaz y equitativo.

Se armoniza el articulado de la Ley General de Educación para dar plena certeza y congruencia a las actividades del Instituto de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación y de todas las instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines.

Se faculta a la Secretaría de Educación Pública para emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, y de precisar que, en las escuelas de educación media superior, la Secretaría establecerá los mecanismos de colaboración necesarios para que los programas de gestión escolar formulados por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones, propicien el mantenimiento de elementos comunes.

El presente dictamen, amplía los elementos constitutivos del Sistema Educativo Nacional e integra en éste a los padres de familia, al Servicio Profesional Docente, a la evaluación educativa, al Sistema de Información y Gestión Educativa, y a la infraestructura educativa.

Indica que Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de esta Ley.

En cuanto a los enunciados jurídicos propuestos para modificar la Ley General de Educación en materia de Servicio Profesional Docente, se consideran el establecer variables propicias para incentivar la calidad del educador, elemento insustituible en el proceso enseñanza-aprendizaje que aporta el contenido humano y al cual se deben enfocar gran parte de los esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el país, en este sentido el presente establece que para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Se establece que la Secretaría de Educación pública, impulsará los esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.




De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA Y FUE PUESTO A DISCUSIÓN. INTERVINIERON LOS SENADORES:

RAÚL MORON OROZCO, PRD.
MARCELA TORRES PEIMBERT, PAN.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 28, QUE NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN.
MARIO DELGADO CARRILLO, PRD.
MELY ROMERO CELIS, PRI.
EL DECRETO FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Señala que el Sistema Nacional tiene como finalidad contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa; promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto; analizar, sistematizar y administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional; y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional.

El Sistema Nacional de Evaluación Educativa se constituye con: el Instituto; las autoridades educativas; la conferencia; los componentes, procesos y resultados de la evaluación; los parámetros e indicadores educativos y la información relevante que contribuya al cumplimiento de los fines de la Ley; los lineamientos y las directrices de la evaluación; los procedimientos de difusión de los resultados de las evaluaciones; los mecanismos, procedimientos, e instrumentos de coordinación destinados al funcionamiento del Sistema Nacional; y los demás elementos que considere pertinentes el Instituto.

El Instituto será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna. Tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. El Instituto se integra por: la Junta; la Presidencia; las unidades administrativas que se establezcan en su Estatuto; los órganos colegiados; y la Contraloría Interna.