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Gaceta del Senado


Martes 05 de marzo de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-99

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Cámara de Diputados

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.

El proyecto de decreto propone que se incluya en los productos, además de la declaración nutrimental obligatoria del etiquetado, las propiedades agregadas que tengan los mismos.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Adiciona un artículo 1 Bis para definir el concepto de salud en la Ley General de Salud, acorde a la Organización Mundial de la Salud, y entenderla como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone imponer una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, a quienes vendan medicamentos caducos.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Reforma los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; y 235; se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor para especificar las infracciones en materia de comercio y establecer que las sanciones sean aplicables por un juez de distrito.

Reforma el artículo 210 para facultar al Instituto Nacional del Derecho de Autor para que en las investigaciones de presuntas infracciones administrativas realice visitas de inspección y pueda requerir informes y datos; y adiciona un párrafo al artículo 213 para establecer que en el ejercicio de acciones no será condición agotar ningún procedimiento previo.

Para conciliar a las partes se reforma el artículo 218 para advertir que de no asistir a una junta de avenencia se le impondrá multa de 100 a 150 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Finalmente se reforma el artículo 235 para facultar a los tribunales federales en infracciones en materia de comercio, podrán emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera.

Acuerdos

Oficio por el que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar el siguiente asunto:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012.

QUEDÓ DE ENTERADO.
EL ASUNTO YA FUE DECLARADO CONCLUIDO POR EL SENADO.

El proyecto proponía incluir el término “Ordenamiento Turístico del Territorio”, a fin de que la política turística se lleve a cabo bajo criterios ecológicos y de sustentabilidad, de manera compatible y de conformidad con los usos y reservas determinados por el ordenamiento ecológico del territorio; asimismo, facultar a los gobierno de las entidades federativas para que formulen, expidan y ejecuten Programas de Ordenamiento Turístico Regional, que abarquen la totalidad o parte del territorio de la entidad federativa.

La Cámara de Diputados coincide con la Colegisladora en el sentido de desechar la propuesta en virtud de considerar relevante conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa del Congreso.

Acuerdos

Oficio por el que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar el siguiente asunto:
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012.

QUEDÓ DE ENTERADO.
EL ASUNTO YA FUE DECLARADO CONCLUIDO POR EL SENADO.

El proyecto proponía que los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas adultas mayores cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

La Cámara de Diputados coincide con la Colegisladora en el sentido de desechar la propuesta en virtud de considerar relevante conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa del Congreso.

Acuerdos

Oficio por el que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar el siguiente asunto:
Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012.

QUEDÓ DE ENTERADO.
EL ASUNTO YA FUE DECLARADO CONCLUIDO POR EL SENADO.

El proyecto proponía facultar al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para que impulse una imagen del país que promueva los atractivos patrimoniales, naturales, culturales y cualquier otro con valor turístico de nuestro país, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La Cámara de Diputados coincide con la colegisladora en desechar el proyecto y en los razonamientos de conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo. Asimismo estimó que de realizar una reforma como la propuesta en la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán los preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Acuerdos

Oficio por el que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar el siguiente asunto:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 24 de abril de 2012.

QUEDÓ DE ENTERADO.
EL ASUNTO YA FUE DECLARADO CONCLUIDO POR EL SENADO.

El proyecto proponía que la Secretaría de Turismo coordinara con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal las acciones cuando la actividad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en peligro de serlo, por contingencias por las que se decrete un estado de salubridad general.

La Cámara de Diputados concuerda con la colegisladora en desechar el proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo y en los razonamientos emitidos, en cuanto a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, por considerar que la coordinación ya se encuentra regulada en los artículos 4y 9 de la Ley en comento, en el título segundo “De la concurrencia y coordinación de autoridades”.

Acuerdos

Oficio por el que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar el siguiente asunto:
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 30 de noviembre de 2010.

QUEDÓ DE ENTERADO.
EL ASUNTO YA FUE DECLARADO CONCLUIDO POR EL SENADO.

El proyecto proponía actualizar la legislación en materia pesquera y acuícola a fin no sólo de precisar la definición de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca sino, también, de distinguir las facultades y atribuciones de ésta de las de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la materia.

La Cámara de Diputados coincide con la Colegisladora en el sentido de desechar la propuesta en virtud de que la propuesta ya se encuentra en el sistema jurídico mexicano.

Acuerdos

Oficio por el que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar el siguiente asunto:
Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i. de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 2 de diciembre de 2010.

QUEDÓ DE ENTERADO.
EL ASUNTO YA FUE DECLARADO CONCLUIDO POR EL SENADO.

El proyecto proponía actualizar la legislación en materia pesquera y acuícola con el fin de que los recursos para fomento de la pesca y la acuacultura incluyan los costos de los cursos de capacitación que establece la autoridad marítima a los pescadores ribereños.

La Cámara de Diputados coincide con la colegisladora en desechar el proyecto y en que, de aprobarse esta propuesta en sus términos, estaría contraviniendo el carácter general de la ley, que busca dar atención a las necesidades del sector pesquero acuícola en su conjunto, no únicamente a una parte de un sector.

Iniciativas

De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone que en la educación impartida por el Estado se potencie el uso de los instrumentos de las nuevas tecnologías de la información y el acceso a Internet con fines educativos.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone reformas constitucionales a fin de reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital, con sentido crítico que respete la libertad de pensamiento y de contenidos, y contribuya a la construcción de una sociedad más democrática sustentada en la participación ciudadana; a consagrar los derechos universales de personas, comunidades o pueblos a la comunicación, así como acceder, publicar o difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación; así como garantizar la libertad de imprenta y de los medios de comunicación, con respeto a los derechos humanos.

Se establece en la Constitución que no constituye delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra los servidores públicos por actos desempeñados en el ejercicio de sus cargos. Por otra parte se señala que los poderes públicos garantizarán el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Mandata el establecimiento de un sistema de medios de comunicación en el que participen los sectores público, privado y social-comunitario. Por otra parte se establece constitucionalmente que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y que la asignación de bandas deberá sustentarse en la participación equitativa entre los mismos sectores, indicando que en el caso del sector social-comunitario, el Estado fomentará el desarrollo de la infraestructura necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Por otra parte se crea un organismo autónomo que incorpore la participación ciudadana, encargado de la administración de las concesiones, la defensa de los derechos a la comunicación y de las audiencias, así como la vigilancia y fiscalización de los recursos asignados para comunicación social a las autoridades públicas.



Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, para establecer como delito el consumo ilícito de ejemplares de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos, a fin de desincentivar la demanda de dichos objetos y combatir su mercado.

Asimismo propone pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de especies de flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas.

Propone una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando dichas conductas se realicen o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán cobrar en todos sus planes y tarifas por el tiempo real y efectivo de la comunicación, utilizando como única unidad de medida el segundo.

El autor afirma que con esta medida se obligara a las compañías de teléfono celular a que cobren únicamente por lo que consumen los usuarios, planteando que todos los planes que ofrecen el servicio de telefonía celular tendrán que estar sujetos al cobro por el tiempo real de consumo, utilizando como unidad de medida el segundo, sin que haya posibilidad de redondeo en las llamadas.


Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se deroga el párrafo infine del artículo 57, se reforma la fracción II y se derogan los incisos a) y e) del mismo artículo y se deroga el artículo 58, todos del Código de Justicia Militar.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone actualizar y armonizar el marco jurídico nacional, en lo relativo a la jurisdicción militar con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La iniciativa elimina como delitos contra la disciplina militar, aquellos que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo; así también como aquellos en los que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I, del artículo 57.

La reforma suprime la disposición actual que establece que cuando en los casos de la Fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar, por una nueva disposición acorde con el actual marco constitucional y con lo demandado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que de los delitos vinculados a civiles cometidos por personal militar, conocerá siempre la justicia ordinaria; sin perjuicio de las prevenciones administrativas que resulten, de conformidad con el Código de Justicia Militar.

En congruencia con el párrafo anterior, la iniciativa deroga la actual disposición que señala que los delitos del orden común que exijan querella, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (c) y (e) de la fracción II.

Finalmente, la iniciativa propone que sea derogado el actual artículo 58 del mismo Código de Justicia Militar, el cual dispone actualmente que cuando en virtud de lo mandado en el artículo 57, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicaran el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si este fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el Distrito y Territorios Federales.


De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y se adiciona un artículo 10 Bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone que los contratos de franquicia y esquemas de comercialización, establezcan como obligación y parte integral de los servicios de las estaciones con venta directa al público o de autoconsumo, el relacionado con el suministro gratuito de aire y agua; así como el servicio sanitario de baños limpios sin costo para el consumidor y sus acompañantes.

Señala que en los establecimientos de los proveedores de bienes y servicios que cuenten con servicio sanitario de baños a clientes, su prestación deberá ser gratuita en el caso de que dicho servicio no constituya el giro principal.


De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks, Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel Demédicis Hidalgo, Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Alejandro Tello Cristerna, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone ampliar y reconocer de manera clara los derechos de los repatriados y para ello propone reformar el segundo y tercer párrafos del artículo 84 de la Ley General de Población, estableciendo que la Secretaría de Gobernación vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten sus derechos relacionados con acceder a comunicación telefónica; recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica; ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir; no ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México; que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente; que se cuente con espacios separados para niñas, niños o adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada; que en las instalaciones se evite el hacinamiento; y recibir un trato digno y humano.

Finalmente la reforma establece que para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.




De las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y reforma el numeral 1 del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

La iniciativa deroga la disposición del numeral 2 del artículo 219 que señala que quedan exceptuadas de integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad, la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, propone reformar el numeral 1 del artículo 220, a efecto de establecer que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas completas de candidatos de un mismo género, en segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Con las reformas que se proponen, las autoras puntualizan que se evitaran futuras interpretaciones del contenido de los artículos 218, 219 y 220 del COFIPE y a fin de evitar procedimientos de litigio previos a cada contienda electoral, en lo referido a la aplicación de la cuota de género. Y se integra a la norma específica los enunciados que reflejen la resolución del tribunal con motivo del registro de candidatas y candidatos y las características que deben cumplir las fórmulas en términos del principio de la igualdad de género en los procesos democráticos.

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone limitar el periodo que transcurre a partir de la suscripción del Poder Ejecutivo de cualquier tratado del que el Estado mexicano sea parte. Estableciendo que de la celebración que haga el Ejecutivo deberá someterlos a la aprobación del Senado en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la firma del mismo, a fin de que el Senado de la República ejerza plenamente las facultades constitucionales y legales que tiene conferidas en la materia con una participación activa; que los beneficios que pueden obtener los gobernados los acuerdos y los tratados internacionales no se vean entorpecidos por una falta de regulación precisas; y que exista plena certeza para los Estados parte de la etapa en la que se encuentran los instrumentos suscritos por los representantes de cada país.

De los Senadores Raúl Cervantes Andrade y Emilio Gamboa Patrón a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone precisar con claridad que la norma suprema es la Carta Magna, junto con las disposiciones previstas en tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en todo aquello que la complemente, dejando en un segundo plano al resto de los tratados internacionales y seguidos por las leyes emanadas del Congreso de la Unión.



Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar y adicionar los artículos 23, 24 fracciones XIX, XX, XXI recorriéndose la actual XIX para quedar como fracción XXII, 26 y el artículo 31 fracción I y párrafo tercero, fracción II en su párrafo segundo, fracción V párrafo segundo y tercero de la Ley Federal de Competencia Económica, con la finalidad de transformar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, para constituirse en un órgano de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de la Ley.

Por otra parte se propone su integración con cinco comisionados, nombrados por el Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado de la República, por mayoría calificada. Y en los recesos del Congreso por la Comisión Permanente con la misma votación.


De los Senadores Carlos Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Propone reformas a diversos ordenamientos a fin de desarrollar un esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de gobierno. Para ello, las reformas a la Ley General de Deuda Pública, definen por deuda pública, a las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos y otros, integrantes de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como las obligaciones que tengan como propósito operaciones de canje, refinanciamiento o reestructuración y en su caso emisión de bonos de deuda.

Se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la facultad para llevar el registro de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios, debiendo el Ejecutivo Federal expedir el Reglamento que establezca los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público; paraestatales; fideicomisos; organismos autónomos; y otros, integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, garantizadas con recursos federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento.

Se establece la facultad el Congreso de la Unión, para autorizar los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal, los Estados y municipios, sus entidades del sector público, empresas y fideicomisos con participación pública y organismos autónomos. El Ejecutivo Federal, los de las entidades federativas y los Ayuntamientos informarán al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos. No obstante dicha obligación ante la autoridad federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios informarán igualmente a sus órganos legislativos correspondientes, al rendir la cuenta pública.

Se mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para integrar en el proyecto de Ley de Ingresos que envía al Congreso de la Unión para su aprobación la propuesta de los montos de endeudamiento de las entidades federativas y municipios que hagan los ejecutivos de las entidades. Se puntualiza que los límites de endeudamiento aprobados por el Congreso nunca podrán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios.

Se señala que para determinar la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios se deberá de observar que la deuda no exceda de la cuarta parte del monto total destinado a inversión productiva asignada en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Se establecen seis consideraciones a las que se sujetará la deuda de las entidades federativas y municipios, incluyendo sus organismos descentralizados, entidades, empresas públicas y organismos autónomos, consideraciones denominadas: De las inversiones públicas productivas; Limitación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); Restricción de endeudamiento en periodos electorales; Transparencia de la deuda pública; Reestructuración de deuda; y, Limitación del gasto corriente.

Propone que el Senado conozca y supervise el proceso de contratación de la deuda pública, del gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, con excepción de la contratación de financiamientos externos para las entidades referidas en las fracciones III a VI del artículo 1 de esta ley. Y propone que sea también el Senado quien conozca y supervise los casos en los que la Federación entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando dichos recursos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas de cualquier índole.

Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se establece que en el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos, organismos autónomos, y otras entidades integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios garantizadas con recursos federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento.

La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los ayuntamientos de los municipios y los órganos político administrativos del Distrito Federal, deberán incluir en su información financiera gubernamental lo relativo a la deuda pública que contraigan con el objeto de que esta se incluya en los informes periódicos y en la cuenta pública.

La reforma que se propone a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece para los servidores públicos la obligación de cumplir las disposiciones aplicables en materia de deuda pública así como destinar los recursos obtenidos mediante este instrumento a los fines para los cuales se contrató, estableciendo sanciones para aquellos servidores públicos que den un manejo indebido a la deuda pública.

Finalmente, la reforma propuesta a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece como causal de juicio político para los gobernadores de los Estados y los Diputados de las legislaturas locales el manejo indebido de la deuda pública.


De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XVI, Apartado A, así como la fracción X del Apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone que en la constitución y en las actividades de todos los sindicatos del orden nacional se incorporen los principios de transparencia, rendición de cuentas, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical, considerando: transparencia como máxima publicidad, acceso y conocimiento de todas sus actividades en beneficio de sus integrantes, rendición de cuentas respecto del origen, manejo y destino de los recursos y bienes de manera periódica, así como cuando se solicite; y democracia como una forma permanente de funcionamiento y organización, así como para la elección de su directiva a través del voto libre, secreto, directo o indirecto y de todos aquellos actos que impliquen la creación, modificación, extinción o cualquier afectación jurídica de sus derechos.

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que al crearse plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, del cien por ciento de las plazas creadas, mínimo el 2% será destinado a ocuparse por personas con alguna discapacidad, a quienes se les garantizará la igualdad de oportunidades y la equidad. Instruyendo a los titulares de las dependencias a realizar las acciones para la adaptación, rehabilitación o mejora de los centros de trabajo a fin de proporcionar la accesibilidad necesaria a los trabajadores con discapacidad.

Con la reforma al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante adición de una fracción XVII, se otorga como atribución del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad la de supervisar que los tres órdenes de gobierno cumplan con contratar progresivamente a personas con discapacidad en todas las entidades y dependencias del sector público, partiendo de un porcentaje mínimo del 2 por ciento.


De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone la inclusión de los principios de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en la legislación aplicable a los trabajadores al servicio del Estado; pero también para que estos sean replanteados dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, que éste se realice a través de un Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

Pretende que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Señala que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requieran.

Finalmente, establece una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, y muestras médicas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.


Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone reformar el inciso a) de la fracción octava del artículo 43; la fracción segunda del artículo 72; se adicionan: los artículos 71 Bis; 72 Bis y 80 Bis; y derogar la fracción segunda del artículo 38 y el artículo 69, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, a fin de incluir los principios de rendición de cuentas.

Deroga la disposición actual que señala que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad.

Se establece mediante reforma que el desempeño de comisiones sindicales, invariablemente serán sin goce de sueldo ni prestaciones.

Deroga el artículo 69 actual que establece que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados.







Con la adición de diversos artículos se establece que en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical; se establece la obligación a los sindicatos para que en su solicitud de registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, remitan, entre otros documentos, los estatutos del sindicato, los cuales deberán contener el procedimiento para la elección de su directiva número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio democrático y que deberá ser mediante votación indirecta y secreta o votación directa y secreta. Estos estatutos deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Establece la obligación a la directiva de los sindicatos de rendir a la asamblea cada seis meses, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical.


De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Señala expresamente que el Congreso de la Unión a ejercer su facultad de expedir leyes del trabajo no contravengan las bases que previene el artículo 123 constitucional. Asimismo, propone que los sindicatos sean entidades autónomas y de interés público.


Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone reformar los incisos a), b) y c), y adicionar un inciso d) a la fracción II, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para ampliar los sujetos de asistencia social preferente e incluir a las madres solteras, las víctimas de abandono o violencia de género y de abuso sexual, que requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Las comisiones dictaminadoras consideran que debe aprobarse la iniciativa en sus términos.

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se modifica la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone reformar a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de establecer como obligación para los órganos públicos y autoridades federales, el fomento, a través de la publicidad gubernamental, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones, y que el diseño, formulación y aplicación de campañas de concientización sea de manera permanente.

Las comisiones dictaminadoras coinciden en que los ordenamientos jurídicos establezcan la congruencia con relación al respeto entre el hombre y la mujer, a través de campañas institucionales, equilibradas y permanentes.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La reforma tiene como objetivo otorgar mayor transparencia al ejercicio de los recursos públicos y a la evolución de la pobreza y marginación en México, por lo que establece la obligación para que el titular del Poder Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Diputados la propuesta de declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, desagregada a nivel de comunidades en zonas rurales y manzanas en las urbanas.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

La minuta tiene como objetivo incluir el “Grado de Accesibilidad” dentro de los lineamientos y criterios que debe establecer el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza establecidos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Con este elemento adicional a la medición multidimensional de la pobreza se consideraría el acceso físico a las comunidades y localidades para caracterizar de mejor manera las dificultades que enfrenta gran parte de la población vulnerable en el país, particularmente, como herramienta que determine el aislamiento geográfico y que por ende mantenga al margen beneficios económicos, de competitividad y de desarrollo humano.

Las comisiones consideran pertinente modificar la redacción “Grado de Accesabilidad” por “Grado de accesibilidad a carretera pavimentada”, en virtud de que el primer término queda ambiguo o susceptible de desviar el espíritu de la reforma.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone como materia de salubridad general la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad; incluye como objetivo del sistema nacional de salud el colaborar al bienestar social de las personas con discapacidad mediante servicios de asistencia social; y establece atención médica de rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad.

Dispone que las dependencias del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas promuevan y apoyen la constitución de grupos, asociaciones e instituciones que participen en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad. A la Secretaría de Salud y a las entidades federativas les ordena captar, producir y procesar información de estadísticas de discapacidad.

Modifica la denominación del Título Noveno “Asistencia Social, Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad” y considera como actividades de asistencia social la atención en establecimientos especializados de personas con discapacidad, así como su asistencia jurídica y orientación social.

Define como discapacidad la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, presenta una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, por considerar que establecer como sujetos de asistencia social a niñas y adolescentes que resulten embarazadas por medio de una violación, resulta imprecisa pues limita el alcance y atención de las menores de edad embarazadas a sólo aquellas que además viven esa condición como consecuencia de una violación.

Reconocen que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales para proteger a los menores de edad de todo tipo de violencia, entre ellas, la violencia sexual y sus consecuencias y el interés de los legisladores en los temas relativos a niñas, niños y adolescentes.


De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, porque la Minuta ha quedado sin materia, en virtud a que la Ley que pretendía reformar ya fue abrogada.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por considerar la redacción general y carente de precisión para establecer como una medida compensatoria o positiva a favor de niñas y niños, que los órganos públicos y autoridades federales realizaran acciones que disminuyan y en su caso erradiquen las causas que originan sus condiciones de vulnerabilidad social.

Además de que la propuesta descrita no coincide con el establecimiento de acciones compensatorias, las cuales son específicas.

De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 21 y se adicionaba un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera resuelven improcedente la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, presentada el 13 de junio de 2012 por el entonces Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República dar por concluido su proceso legislativo.

La iniciativa proponía crear el Registro Público de Bienes Patrimoniales, así como que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) establecieran un sistema electrónico de registro de los bienes a su cargo, el cual deberá ser actualizado anualmente.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
JESÚS CASILLAS ROMERO, PRI.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, PVEM.
LA PROPUESTA DEL SEN. DEMÉDICIS NO SE ACEPTÓ.
EL DICTAMEN FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone un catálogo de disposiciones que regularán a los proveedores de bienes y servicios que recurran a la cobranza extrajudicial con la consecuente sanción en caso de incumplimiento.

Las dictaminadoras consideran oportuno las modificaciones presentadas por la Secretaría de Economía a la Ley Federal de Protección al Consumidor y realizan adecuaciones con el objeto de dar certeza jurídica y claridad al sentido de la reforma.

Obliga al momento de realizar la cobranza que la persona se identifique proporcionando nombre completo y empresa en la que labora o la que representa.

Asimismo prohíbe: utilizar documentos que aparenten ser escritos judiciales, enviar comunicaciones a terceros con excepción de deudores solidarios o avales; realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 23:00 y las 7:00 horas; hacer uso de lenguaje obsceno o de palabras altisonantes, acosar o amenazar al establecer comunicación con el deudor, sus familiares o compañeros de trabajo; utilizar cartelones, anuncios o cualquier medio impreso, en los que se haga referencia al adeudo; comunicarse con menores de edad y adultos mayores, a menos que este último se trate del consumidor.

Las dictaminadoras establecen que las modificaciones propuestas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros con la imposición de sanciones a las “entidades financieras” con una multa de dos mil a cinco mil días de salario, y a las “entidades comerciales” con multa de 200 a dos mil días de salario, cuando incumplan con las disposiciones referentes a la cobranza extrajudicial, atienden la esencia los objetivos planteados por el legislador promovente al “sancionar” a aquellas personas que se dedican cobranza extrajudicial e incumplan con el marco legal.





De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud.

INTERVINO LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Las comisiones dictaminadoras estiman viable aprobar en sus términos la propuesta contenida en la Minuta, a efecto de reformar la fracción VI del artículo 163 de la Ley General de Salud, para incluir la promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de accidentes.

Asimismo consideran que todas las acciones que se realizan durante la administración de primeros auxilios, no requieren del conocimiento profesional de la medicina, toda vez que lo único que se procura es salvaguardar al lesionado.





En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria.

FUE APROBADO.
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71; 109, párrafos segundo y tercero; 139; 140, fracción III; 141, fracción VI; 142; 143; 144; 145 y 146 de la Ley Agraria, porque impactaría para acreditar los derechos de quien posee la calidad de ejidatario, hombre o mujer, en la práctica administrativa del ejido o comunidad, o bien para elegir al profesionista que incursione en aquellos cargos de la Administración Pública Federal, adscritos al sector agropecuario.

Las comisiones argumentan que el artículo 12 de la Ley Agraria establece que son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales y no consideran necesario las reformas de la iniciante, por lo que sugieren a través de un punto de acuerdo exhortar a las instituciones agrarias para concientizar a los sujetos agrarios, respecto a la igualdad de género entre el varón y la mujer.


En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

FUE APROBADO.
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, previo análisis resuelven no aprobar la iniciativa, por considerarla improcedente, en virtud de que el artículo 5 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles dispone que los premios serán otorgados por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al respecto el autor de la iniciativa no realiza ninguna propuesta de reforma. Por lo anterior se instruye archivarse el asunto como concluido.

La iniciativa con proyecto de decreto propone reformar los artículos 6 y b72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como adicionar el artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Premio Nacional de la Juventud, incorporando a las categorías actuales la de Mérito a la libertad de expresión, sea entregado por la Cámara de Senadores, en estricto apego a los principios y fundamentos del Premio Nacional de la Juventud, como un reconocimiento a los jóvenes que por su labor inspiran a sus contemporáneos.


En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

FUE APROBADO.
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)

Los integrantes de las comisiones unidas, previo análisis de su contenido, resuelven que la propuesta contenida en la iniciativa es innecesaria, en virtud de que existe un proyecto de decreto de reformas constitucionales en la colegisladora, que otorgan autonomía plena al Instituto Federal de Acceso a la Información, y con ellas se hará efectivo el cumplimiento del ejercicio del derecho a la información. En consecuencia proponen el desechamiento de la iniciativa toda vez que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma señalada, el Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación a lo dispuesto por la Constitución.

La iniciativa tiene como propósito establecer disposiciones normativas que garanticen la veracidad de la información que entregan las entidades de la Administración Pública Federal.