Gaceta del Senado

Propone que en la educación impartida por el Estado se potencie el uso de los instrumentos de las nuevas tecnologías de la información y el acceso a Internet con fines educativos.

Propone reformas constitucionales a fin de reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital, con sentido crítico que respete la libertad de pensamiento y de contenidos, y contribuya a la construcción de una sociedad más democrática sustentada en la participación ciudadana; a consagrar los derechos universales de personas, comunidades o pueblos a la comunicación, así como acceder, publicar o difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación; así como garantizar la libertad de imprenta y de los medios de comunicación, con respeto a los derechos humanos.

Se establece en la Constitución que no constituye delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra los servidores públicos por actos desempeñados en el ejercicio de sus cargos. Por otra parte se señala que los poderes públicos garantizarán el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Mandata el establecimiento de un sistema de medios de comunicación en el que participen los sectores público, privado y social-comunitario. Por otra parte se establece constitucionalmente que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y que la asignación de bandas deberá sustentarse en la participación equitativa entre los mismos sectores, indicando que en el caso del sector social-comunitario, el Estado fomentará el desarrollo de la infraestructura necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Por otra parte se crea un organismo autónomo que incorpore la participación ciudadana, encargado de la administración de las concesiones, la defensa de los derechos a la comunicación y de las audiencias, así como la vigilancia y fiscalización de los recursos asignados para comunicación social a las autoridades públicas.

Propone reformar los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, para establecer como delito el consumo ilícito de ejemplares de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos, a fin de desincentivar la demanda de dichos objetos y combatir su mercado.

Asimismo propone pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de especies de flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas.

Propone una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando dichas conductas se realicen o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Propone establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán cobrar en todos sus planes y tarifas por el tiempo real y efectivo de la comunicación, utilizando como única unidad de medida el segundo.

El autor afirma que con esta medida se obligara a las compañías de teléfono celular a que cobren únicamente por lo que consumen los usuarios, planteando que todos los planes que ofrecen el servicio de telefonía celular tendrán que estar sujetos al cobro por el tiempo real de consumo, utilizando como unidad de medida el segundo, sin que haya posibilidad de redondeo en las llamadas.

Propone actualizar y armonizar el marco jurídico nacional, en lo relativo a la jurisdicción militar con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La iniciativa elimina como delitos contra la disciplina militar, aquellos que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo; así también como aquellos en los que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I, del artículo 57.

La reforma suprime la disposición actual que establece que cuando en los casos de la Fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar, por una nueva disposición acorde con el actual marco constitucional y con lo demandado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que de los delitos vinculados a civiles cometidos por personal militar, conocerá siempre la justicia ordinaria; sin perjuicio de las prevenciones administrativas que resulten, de conformidad con el Código de Justicia Militar.

En congruencia con el párrafo anterior, la iniciativa deroga la actual disposición que señala que los delitos del orden común que exijan querella, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (c) y (e) de la fracción II.

Finalmente, la iniciativa propone que sea derogado el actual artículo 58 del mismo Código de Justicia Militar, el cual dispone actualmente que cuando en virtud de lo mandado en el artículo 57, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicaran el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si este fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el Distrito y Territorios Federales.

Propone que los contratos de franquicia y esquemas de comercialización, establezcan como obligación y parte integral de los servicios de las estaciones con venta directa al público o de autoconsumo, el relacionado con el suministro gratuito de aire y agua; así como el servicio sanitario de baños limpios sin costo para el consumidor y sus acompañantes.

Señala que en los establecimientos de los proveedores de bienes y servicios que cuenten con servicio sanitario de baños a clientes, su prestación deberá ser gratuita en el caso de que dicho servicio no constituya el giro principal.

Propone ampliar y reconocer de manera clara los derechos de los repatriados y para ello propone reformar el segundo y tercer párrafos del artículo 84 de la Ley General de Población, estableciendo que la Secretaría de Gobernación vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten sus derechos relacionados con acceder a comunicación telefónica; recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica; ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir; no ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México; que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente; que se cuente con espacios separados para niñas, niños o adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada; que en las instalaciones se evite el hacinamiento; y recibir un trato digno y humano.

Finalmente la reforma establece que para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

La iniciativa deroga la disposición del numeral 2 del artículo 219 que señala que quedan exceptuadas de integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad, la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, propone reformar el numeral 1 del artículo 220, a efecto de establecer que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas completas de candidatos de un mismo género, en segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Con las reformas que se proponen, las autoras puntualizan que se evitaran futuras interpretaciones del contenido de los artículos 218, 219 y 220 del COFIPE y a fin de evitar procedimientos de litigio previos a cada contienda electoral, en lo referido a la aplicación de la cuota de género. Y se integra a la norma específica los enunciados que reflejen la resolución del tribunal con motivo del registro de candidatas y candidatos y las características que deben cumplir las fórmulas en términos del principio de la igualdad de género en los procesos democráticos.

Propone limitar el periodo que transcurre a partir de la suscripción del Poder Ejecutivo de cualquier tratado del que el Estado mexicano sea parte. Estableciendo que de la celebración que haga el Ejecutivo deberá someterlos a la aprobación del Senado en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la firma del mismo, a fin de que el Senado de la República ejerza plenamente las facultades constitucionales y legales que tiene conferidas en la materia con una participación activa; que los beneficios que pueden obtener los gobernados los acuerdos y los tratados internacionales no se vean entorpecidos por una falta de regulación precisas; y que exista plena certeza para los Estados parte de la etapa en la que se encuentran los instrumentos suscritos por los representantes de cada país.

Propone insertar como objetivos prioritarios del Banco de México el promover, en coordinación con el Ejecutivo Federal, el crecimiento económico sostenido del país.

Propone precisar con claridad que la norma suprema es la Carta Magna, junto con las disposiciones previstas en tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en todo aquello que la complemente, dejando en un segundo plano al resto de los tratados internacionales y seguidos por las leyes emanadas del Congreso de la Unión.

Propone reformar y adicionar los artículos 23, 24 fracciones XIX, XX, XXI recorriéndose la actual XIX para quedar como fracción XXII, 26 y el artículo 31 fracción I y párrafo tercero, fracción II en su párrafo segundo, fracción V párrafo segundo y tercero de la Ley Federal de Competencia Económica, con la finalidad de transformar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, para constituirse en un órgano de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de la Ley.

Por otra parte se propone su integración con cinco comisionados, nombrados por el Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado de la República, por mayoría calificada. Y en los recesos del Congreso por la Comisión Permanente con la misma votación.

Propone insertar como objetivos prioritarios o funciones del Banco de México el promover, en coordinación con el Ejecutivo Federal, el crecimiento económico sostenido del país.

Propone reformas a diversos ordenamientos a fin de desarrollar un esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de gobierno. Para ello, las reformas a la Ley General de Deuda Pública, definen por deuda pública, a las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos y otros, integrantes de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como las obligaciones que tengan como propósito operaciones de canje, refinanciamiento o reestructuración y en su caso emisión de bonos de deuda.

Se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la facultad para llevar el registro de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios, debiendo el Ejecutivo Federal expedir el Reglamento que establezca los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público; paraestatales; fideicomisos; organismos autónomos; y otros, integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, garantizadas con recursos federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento.

Se establece la facultad el Congreso de la Unión, para autorizar los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal, los Estados y municipios, sus entidades del sector público, empresas y fideicomisos con participación pública y organismos autónomos. El Ejecutivo Federal, los de las entidades federativas y los Ayuntamientos informarán al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos. No obstante dicha obligación ante la autoridad federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios informarán igualmente a sus órganos legislativos correspondientes, al rendir la cuenta pública.

Se mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para integrar en el proyecto de Ley de Ingresos que envía al Congreso de la Unión para su aprobación la propuesta de los montos de endeudamiento de las entidades federativas y municipios que hagan los ejecutivos de las entidades. Se puntualiza que los límites de endeudamiento aprobados por el Congreso nunca podrán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios.

Se señala que para determinar la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios se deberá de observar que la deuda no exceda de la cuarta parte del monto total destinado a inversión productiva asignada en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Se establecen seis consideraciones a las que se sujetará la deuda de las entidades federativas y municipios, incluyendo sus organismos descentralizados, entidades, empresas públicas y organismos autónomos, consideraciones denominadas: De las inversiones públicas productivas; Limitación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); Restricción de endeudamiento en periodos electorales; Transparencia de la deuda pública; Reestructuración de deuda; y, Limitación del gasto corriente.

Propone que el Senado conozca y supervise el proceso de contratación de la deuda pública, del gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, con excepción de la contratación de financiamientos externos para las entidades referidas en las fracciones III a VI del artículo 1 de esta ley. Y propone que sea también el Senado quien conozca y supervise los casos en los que la Federación entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando dichos recursos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas de cualquier índole.

Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se establece que en el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos, organismos autónomos, y otras entidades integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios garantizadas con recursos federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento.

La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los ayuntamientos de los municipios y los órganos político administrativos del Distrito Federal, deberán incluir en su información financiera gubernamental lo relativo a la deuda pública que contraigan con el objeto de que esta se incluya en los informes periódicos y en la cuenta pública.

La reforma que se propone a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece para los servidores públicos la obligación de cumplir las disposiciones aplicables en materia de deuda pública así como destinar los recursos obtenidos mediante este instrumento a los fines para los cuales se contrató, estableciendo sanciones para aquellos servidores públicos que den un manejo indebido a la deuda pública.

Finalmente, la reforma propuesta a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece como causal de juicio político para los gobernadores de los Estados y los Diputados de las legislaturas locales el manejo indebido de la deuda pública.

Propone que en la constitución y en las actividades de todos los sindicatos del orden nacional se incorporen los principios de transparencia, rendición de cuentas, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical, considerando: transparencia como máxima publicidad, acceso y conocimiento de todas sus actividades en beneficio de sus integrantes, rendición de cuentas respecto del origen, manejo y destino de los recursos y bienes de manera periódica, así como cuando se solicite; y democracia como una forma permanente de funcionamiento y organización, así como para la elección de su directiva a través del voto libre, secreto, directo o indirecto y de todos aquellos actos que impliquen la creación, modificación, extinción o cualquier afectación jurídica de sus derechos.

Propone que al crearse plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, del cien por ciento de las plazas creadas, mínimo el 2% será destinado a ocuparse por personas con alguna discapacidad, a quienes se les garantizará la igualdad de oportunidades y la equidad. Instruyendo a los titulares de las dependencias a realizar las acciones para la adaptación, rehabilitación o mejora de los centros de trabajo a fin de proporcionar la accesibilidad necesaria a los trabajadores con discapacidad.

Con la reforma al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante adición de una fracción XVII, se otorga como atribución del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad la de supervisar que los tres órdenes de gobierno cumplan con contratar progresivamente a personas con discapacidad en todas las entidades y dependencias del sector público, partiendo de un porcentaje mínimo del 2 por ciento.

Propone la inclusión de los principios de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en la legislación aplicable a los trabajadores al servicio del Estado; pero también para que estos sean replanteados dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Propone que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, que éste se realice a través de un Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

Pretende que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Señala que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requieran.

Finalmente, establece una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, y muestras médicas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

Propone reformar el inciso a) de la fracción octava del artículo 43; la fracción segunda del artículo 72; se adicionan: los artículos 71 Bis; 72 Bis y 80 Bis; y derogar la fracción segunda del artículo 38 y el artículo 69, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, a fin de incluir los principios de rendición de cuentas.

Deroga la disposición actual que señala que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad.

Se establece mediante reforma que el desempeño de comisiones sindicales, invariablemente serán sin goce de sueldo ni prestaciones.

Deroga el artículo 69 actual que establece que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados.







Con la adición de diversos artículos se establece que en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical; se establece la obligación a los sindicatos para que en su solicitud de registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, remitan, entre otros documentos, los estatutos del sindicato, los cuales deberán contener el procedimiento para la elección de su directiva número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio democrático y que deberá ser mediante votación indirecta y secreta o votación directa y secreta. Estos estatutos deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Establece la obligación a la directiva de los sindicatos de rendir a la asamblea cada seis meses, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical.

Señala expresamente que el Congreso de la Unión a ejercer su facultad de expedir leyes del trabajo no contravengan las bases que previene el artículo 123 constitucional. Asimismo, propone que los sindicatos sean entidades autónomas y de interés público.