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Gaceta del Senado


Martes 26 de febrero de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-94

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Auditoría Superior de la Federación

Oficio con el que remite el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011

SE REMITIÓ COPIA EN DISCO COMPACTO A LOS SEÑORES SENADORES PARA CONOCIMIENTO Y A LA BIBLIOTECA DEL SENADO.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficios con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Adiciona los artículos 4, fracción II, con los incisos j) y k); y 12, con una fracción XI, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir en los objetivos de la ley el promover el acceso al financiamiento y la participación de MIPYMES conformadas por mujeres; así como la vinculación de microempresarias con los centros de comercialización de productos.

Adiciona a las atribuciones de la Secretaría de Economía, el acordar con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios la celebración de convenios para incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Minutas

Oficios con el que remite:
Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones del Poder Judicial contribuir a alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a los principios de no discriminación y de igualdad, así como de aquellos que garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que el Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

Iniciativas

De los Senadores Jesús Casillas Romero e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona una fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone complementar el catálogo de atribuciones de la autoridad educativa de los tres órdenes de gobierno contenidos en el artículo 14 de la Ley General de Educación, para incluir en la fracción X del artículo 7, la educación para la prevención de accidentes.

Asimismo, plantea la adición de la fracción XIII al artículo 14 para establecer como atribución de las autoridades educativas el desarrollar e implementar de manera coordinada con las autoridades competentes, instrumentos y programas de educación para la salud, la prevención de accidentes, así como para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo.

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, la que contiene proyecto de decreto por el que expide la Ley de la Juventud y se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, e impulsar su desarrollo integral, mediante: la promoción y difusión de los derechos de los jóvenes; la distribución de competencias de la Administración Pública Federal y el establecimiento de las bases de coordinación con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; el establecimiento de los principios para la formulación de la Política de Juventud; la creación del Sistema de Juventud, con la finalidad de fortalecer la política nacional en la materia; el establecimiento de las bases que orientarán la implementación de programas y acciones creados para el desarrollo integral de los jóvenes, y el establecimiento de los programas y acciones básicos que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes.

Señala que los jóvenes gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los establecidos en esta Ley, y en los demás ordenamientos jurídicos vigentes.

La Ley establece de manera enunciativa y no limitativa los derechos de la juventud que deberán estar garantizados por las instituciones gubernamentales, siendo los siguientes: Económicos, sociales, culturales y ambientales; y Civiles y políticos.

El Ejecutivo Federal, por conducto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el apoyo del IMJUVE, establecerá mecanismos específicos para dar seguimiento y evaluar los efectos de los recursos destinados a la atención de los jóvenes, así como a las acciones que garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo integral.

Las instituciones gubernamentales responsables de programas y acciones dirigidas en beneficio de la juventud, generarán la información estadística de seguimiento y evaluación, a fin de contar con la información que permita conocer el impacto de la política de juventud en el ámbito de su competencia.

El Sistema de Juventud es el conjunto de instituciones gubernamentales de la Federación, organizadas y coordinadas, con la finalidad de cumplir los objetivos de la política de juventud, y las disposiciones establecidas en la presente Ley. Conforme a los principios y las bases establecidas, las instituciones gubernamentales que integran el Sistema de Juventud, en el ámbito de su competencia y en los términos del presente ordenamiento, deberán coordinarse para: integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos; proponer políticas integrales con visión transversal, sistemáticas, continuas y evaluables, así como estrategias, programas y acciones, en materia de juventud; ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias, programas y acciones dirigidas a los jóvenes, así como la aplicación presupuestal, a través de los mecanismos previstos por los ordenamientos de la materia vigentes; diseñar y proponer a las instituciones gubernamentales programas especializados para el desarrollo de los jóvenes discapacitados, indígenas, migrantes y demás grupos de jóvenes vulnerables; dar seguimiento y evaluar el Programa Nacional de Juventud, y demás instrumentos programáticos en la materia, previstos en la Ley de Planeación; conformar, de ser necesario, comisiones especiales para atender asuntos específicos de relevancia en materia de juventud, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la política de juventud; formular y ejecutar estrategias, programas y acciones conjuntas en materia de juventud, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos, de forma coordinada y respetando el ámbito de competencia de las instituciones; entre otras.

El Sistema estará integrado por la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular lo presidirá; el Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo titular fungirá como Secretario Técnico del Sistema; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud; la Cámara de Senadores, a través de la Comisión de Juventud y Deporte; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Universidad Nacional Autónoma de México.


Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformar el párrafo primero del artículo 40 Bis, y el primer párrafo del artículo 51; se adicionan una fracción XI que recorre la actual al artículo 6; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 40 Bis, y un nuevo artículo 47 Bis, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de establecer mecanismos que permitan incrementar la inversión en la materia y fortalecer la innovación.

La iniciativa establece que El Consejo General tendrá entre sus facultades el definir anualmente los proyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los que el país pueda participar.

Define que las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento tendrán entre sus objetivos la difusión de prácticas y métodos que orienten al sector productivo nacional sobre la forma en que se lleva a cabo la innovación. Por otra parte, establece que en cada una de las entidades federativas del país habrá, cuando menos, un Centro Público de Investigación. Estos centros impulsarán la generación de conocimientos e innovación de conformidad con las metas estratégicas que defina el Consejo General.

Finalmente se establece que los Centros Públicos de Investigación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, cadenas productivas y redes regionales de innovación en las cuales se procurará aprovechar e impulsar las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o regiones en que se asienten y se buscará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichos centros, así como de los investigadores formados en ellos.

De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformas legales con el objetivo de lograr la armonización del marco regulatorio que incide en el desarrollo forestal sustentable. Con las reformas se establece que son atribuciones de la Federación en coordinación con las entidades federativas, realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, así como determinar de manera conjunta los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas y municipios.

Se establece la atribución de la Federación para que en coordinación con las entidades federativas, se lleve a cabo la zonificación forestal del país y diseñar el Registro Forestal Nacional.

Por otra parte se señala que la Federación, diseñara de manera conjunta con las entidades federativas pertinentes, las regulaciones jurídicas para la reforestación en zonas de conservación y restauración, así como vigilar su cumplimiento.

Las reformas que se proponen establecen que la Federación en coordinación con las entidades federativas, establecerá las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales.

Finalmente, con la iniciativa, se propone que la Federación en coordinación con las entidades federativas, así como con las dependencias y entidades federales competentes, diseñe, desarrolle, aplique y propicie, los instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal.


De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los actuales, al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone establecer que en el desempeño de sus funciones, los comisionados del IFAI observarán un ejercicio ético en sus labores y no podrán participar en decisiones en las que pudiera existir conflicto de intereses o bien, no podrán aprovechar sus posiciones de manera encubierta para tratar temas de interés personal en el desempeño que les encomienda la ley.

Para el pleno respeto en las reglas de convivencia que deben prevalecer tanto en la estructura orgánica del IFAI como en su relación con la sociedad, los Comisionados estarán obligados a observar en todo momento los principios de respeto, objetividad, imparcialidad y probidad para corresponder a la confianza en la ciudadanía.

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone adecuar el marco normativo que define el concepto de deuda pública de la Federación y las entidades federativas, a fin de contar con mejores indicadores de la posición fiscal y de la certificación y calidad de los datos de endeudamiento de los tres niveles de gobierno en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y de entrega-recepción.

Plantea incorporar todos los pasivos contingentes como deuda pública: avales, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), pasivos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público-privados y proyectos de prestación de servicios, pensiones.

Asimismo promueve la modernización del sistema de registro de deuda en los tres niveles de gobierno a través del Sistema Nacional de Deuda, la generación de indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad, y el sistema de monitoreo cuando alguna entidad pública adquiera un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago y el procedimiento de solicitudes de ampliación de endeudamiento de las entidades federativas que hayan superado los límites prudenciales de endeudamiento en función de su capacidad de pago.

Para ello reforma el artículo 1, 10, 11, 23, 24, 25 y 27; adiciona las fracciones VIII, IX y X del artículo 4; un segundo párrafo al artículo 9; un segundo párrafo al 11; se adiciona un tercer párrafo al artículo 20; un párrafo tercero del artículo 30; y deroga segundo párrafo del artículo 18; todos de la Ley General de Deuda Pública.

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN, DE REFORMA DEL ESTADO, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone adicionar un apartado para quedar como apartado B, recorriéndose el texto actual para quedar como C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el Estado contará con un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social que será un organismo constitucional autónomo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria.

Corresponderá a este Instituto normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la Política Social Nacional y de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y evaluación tienen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.

El Instituto integrará y elaborará la información y estadística relativa al Desarrollo Social; propondrá criterios y formulaciones para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales para el Desarrollo Social; impulsará a las autoridades a que promuevan cambios y modificaciones tanto legislativas y reglamentarias, como en las prácticas institucionales en favor de los derechos sociales de los mexicanos; formulará acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de desarrollo social. Se integrará con un Consejo General, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, un Centro de Documentación e Información, y las Secretarías que designe el Pleno, encargadas de las actividades administrativas, operativas y de sustanciación de los procedimientos.

El Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto, estará integrado por siete consejeros, incluyendo al Presidente, que serán ciudadanos que gocen de reconocido prestigio y experiencia profesional en materia de desarrollo social, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y que no estén desempeñando ningún cargo o comisión como servidor público al momento de su postulación. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.

Los consejeros durarán cuatro años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Sólo podrán ser reelectos tres de ellos para un segundo periodo. El Presidente del Instituto, que lo será también del Consejo General, será designado por mayoría de los integrantes del Pleno. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de dos años.

El Secretario Ejecutivo será nombrado por la mayoría de los miembros del Consejo a propuesta del Presidente. Podrá ser removido a propuesta de éste o de la mitad más uno de los consejeros. Los consejeros y el Presidente, podrán ser removidos o, en su caso, sujetos a responsabilidad, solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de evaluación de la política social en los términos de este apartado.



Tanto los consejeros como el Presidente, sólo podrán ser removidos o sujetos a responsabilidad por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, también se hacen las reformas correspondientes en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política.

Finalmente, dado que actualmente se encuentra en funciones el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, se establece el régimen transitorio que permita implementar las modificaciones planteadas en esta iniciativa, por una parte, transfiriendo los recursos del CONEVAL al Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social y, por otra parte, para hacer la transición del Comité Directivo del CONEVAL al Consejo General del Instituto.




Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito, para toda la niñez mexicana y cumplir con su derecho de identidad, otorgándole gratuitamente el acta de nacimiento dentro de los 12 meses después del nacimiento.

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Adiciona y reforma los artículos 4 y 6 constitucionales para reconocer el derecho de todos los mexicanos al acceso a las tecnologías de la información y disponer que el Estado garantizará el uso social del dichas tecnologías, así como de los servicios de radiodifusión, promoviendo el acceso libre, equitativo e igualitario.

Para ello introduce adición al artículo 4 constitucional para que establecer que toda persona tiene derecho al acceso libre a las tecnologías de la información, así como a los servicios radiodifundidos, y el Estado promoverá que el acceso y difusión de información sea bajo principios de universalidad, diversidad, oportunidad, pluralidad, calidad, convergencia y aprovechamiento tecnológico y competencia.

Modifica y adiciona el artículo 6 para determinar que el derecho a la información no podrá restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias del espectro radioeléctrico o cualquier dispositivo usado para la difusión de información, así como para garantizar el uso social de las tecnologías de la información.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71; 109, párrafos segundo y tercero; 139; 140, fracción III; 141, fracción VI; 142; 143; 144; 145 y 146 de la Ley Agraria, porque impactaría para acreditar los derechos de quien posee la calidad de ejidatario, hombre o mujer, en la práctica administrativa del ejido o comunidad, o bien para elegir al profesionista que incursione en aquellos cargos de la Administración Pública Federal, adscritos al sector agropecuario.

Las comisiones argumentan que el artículo 12 de la Ley Agraria establece que son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales y no consideran necesario las reformas de la iniciante, por lo que sugieren a través de un punto de acuerdo exhortar a las instituciones agrarias para concientizar a los sujetos agrarios, respecto a la igualdad de género entre el varón y la mujer.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone un catálogo de disposiciones que regularán a los proveedores de bienes y servicios que recurran a la cobranza extrajudicial con la consecuente sanción en caso de incumplimiento.

Las dictaminadoras consideran oportuno las modificaciones presentadas por la Secretaría de Economía a la Ley Federal de Protección al Consumidor y realizan adecuaciones con el objeto de dar certeza jurídica y claridad al sentido de la reforma.

Obliga al momento de realizar la cobranza que la persona se identifique proporcionando nombre completo y empresa en la que labora o la que representa.

Asimismo prohíbe: utilizar documentos que aparenten ser escritos judiciales, enviar comunicaciones a terceros con excepción de deudores solidarios o avales; realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 23:00 y las 7:00 horas; hacer uso de lenguaje obsceno o de palabras altisonantes, acosar o amenazar al establecer comunicación con el deudor, sus familiares o compañeros de trabajo; utilizar cartelones, anuncios o cualquier medio impreso, en los que se haga referencia al adeudo; comunicarse con menores de edad y adultos mayores, a menos que este último se trate del consumidor.

Las dictaminadoras establecen que las modificaciones propuestas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros con la imposición de sanciones a las “entidades financieras” con una multa de dos mil a cinco mil días de salario, y a las “entidades comerciales” con multa de 200 a dos mil días de salario, cuando incumplan con las disposiciones referentes a la cobranza extrajudicial, atienden la esencia los objetivos planteados por el legislador promovente al “sancionar” a aquellas personas que se dedican cobranza extrajudicial e incumplan con el marco legal.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Reforma la fracción III del artículo 111; y adiciona una fracción III Bis al artículo 118 y una fracción I Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud, para incluir en los objetivos de la promoción de la salud el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático.

Faculta a la Secretaría de Salud para determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático; y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren el cambio climático.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras estiman viable aprobar en sus términos la propuesta contenida en la Minuta, a efecto de reformar la fracción VI del artículo 163 de la Ley General de Salud, para incluir la promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de accidentes.

Asimismo consideran que todas las acciones que se realizan durante la administración de primeros auxilios, no requieren del conocimiento profesional de la medicina, toda vez que lo único que se procura es salvaguardar al lesionado.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, previo análisis resuelven no aprobar la iniciativa, por considerarla improcedente, en virtud de que el artículo 5 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles dispone que los premios serán otorgados por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al respecto el autor de la iniciativa no realiza ninguna propuesta de reforma. Por lo anterior se instruye archivarse el asunto como concluido.

La iniciativa con proyecto de decreto propone reformar los artículos 6 y b72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como adicionar el artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Premio Nacional de la Juventud, incorporando a las categorías actuales la de Mérito a la libertad de expresión, sea entregado por la Cámara de Senadores, en estricto apego a los principios y fundamentos del Premio Nacional de la Juventud, como un reconocimiento a los jóvenes que por su labor inspiran a sus contemporáneos.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Los integrantes de las comisiones unidas, previo análisis de su contenido, resuelven que la propuesta contenida en la iniciativa es innecesaria, en virtud de que existe un proyecto de decreto de reformas constitucionales en la colegisladora, que otorgan autonomía plena al Instituto Federal de Acceso a la Información, y con ellas se hará efectivo el cumplimiento del ejercicio del derecho a la información. En consecuencia proponen el desechamiento de la iniciativa toda vez que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma señalada, el Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación a lo dispuesto por la Constitución.

La iniciativa tiene como propósito establecer disposiciones normativas que garanticen la veracidad de la información que entregan las entidades de la Administración Pública Federal.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

INTERVINIERON LAS SENADORAS:
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, PRI.
BLANCA ALCALÁ RUIZ, PRI.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adicionar una nueva fracción al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor para que el derecho patrimonial de autor sea limitado cuando se trata de la publicación de obras artísticas y literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial, lo que limita el universo de obras y siempre que se cumpla con la disposición general del artículo, que es la no afectación de la explotación normal de la obra de que se trate.





De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, PRI.
ARMANDO RÍOS PITER, PRD.
VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, PAN.
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, PAN.
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, PVEM.
RAÚL GRACIA GUZMÁN, PAN.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, PAN.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que la convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación deberá contener el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse.




De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRD.
MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, PT.
LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, PVEM.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, PAN.
MÓNICA ARRIOLA GORDILLO.
OMAR FAYAD MENESES, PRI.
FUE APROBADO. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.