Gaceta del Senado

Propone desarrollar las bases y los principios del sistema procesal acusatorio y oral que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como desarrollar los derechos, principios y garantías de los inculpados y de las víctimas u ofendidos.

Establece las medidas y mecanismos que aseguren a toda persona el acceso a la justicia, para resolver sus conflictos de carácter penal y que los daños causados por el delito sean reparados.

Señala los medios que permitan acreditar los elementos del delito de que se trate, así como acreditar si el procesado es culpable o no del mismo y, por ende, si se afirman o no los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o de una medida de seguridad.

Establece los criterios que deberá observar el juzgador para la determinación, individualización, modificación y duración de la pena, de acuerdo con las reglas generales previstas en el Código Penal Federal; así como las atribuciones que corresponden a las autoridades competentes y de los distintos actores que intervienen en el proceso penal.

Prevé mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, así como los supuestos y condiciones de su aplicación, permitiendo con ello que la procuración y la impartición de justicia penal sea expedita e imparcial y se realice dentro de los plazos y términos fijados por la Constitución.

Plantea que el Código como parte fundamental de la legislación del sistema de justicia penal, sea de orden público, de interés social y de observancia general y obligatoria.

La iniciativa busca lograr el equilibrio entre garantismo y eficientismo, y entre los derechos de los victimarios y de las víctimas. Obliga al Ministerio Público a conducirse bajo el principio de legalidad y establece los supuestos y las condiciones para la aplicación de criterios de oportunidad.

Fundamentan la iniciativa en la necesidad de superar la dispersión de criterios legislativos; de que el sistema procesal penal se sustente en criterios político-criminales propios del Estado democrático de derecho y satisfaga las expectativas de la sociedad; y de que el sistema procesal penal acusatorio responda a las realidades nacionales.

Define como víctima al sujeto sobre el que recae la conducta típica del inculpado, sea o no titular del bien jurídico, y ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

Considera ofendidos indirectos a los familiares de la víctima, así como a cualquier otra persona que tenga o haya tenido relación o convivencia con la misma, si han sufrido o se encuentran en situación de riesgo de sufrir algún daño por motivo de la comisión de algún delito.

Incluye como derechos de las víctimas y ofendidos el acceso a la justicia, trato digno, procuración de justicia, asesoría jurídica, información de sus derechos constitucionales y de las etapas del proceso, reparación del daño, medidas cautelares, e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público Federal en la investigación de los delitos.

Determina como inculpado a la persona a quien se le imputa la comisión de un delito, ya sea como autor o como partícipe del mismo, con derecho a ser informado desde su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan, del nombre del denunciante o querellante; y de los derechos que le asisten y que le otorgan la Constitución, los tratados y convenios internacionales.

Dispone la nulidad de las actuaciones cuando se hayan realizado sin observancia de alguna de las formalidades esenciales de la ley e impliquen violación de derechos y garantías de los participantes, salvo que el defecto haya sido saneado; se trate de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales; o la ley expresamente determine la nulidad.

El Código considera en los 28 tipos de delitos graves los realizados por la delincuencia organizada; el homicidio doloso, simple o calificado; secuestro; extorsión agravada; desaparición forzada de personas; tortura; violación; asalto en carretera o caminos; robo calificado cometido con violencia; robo de vehículos o de autopartes; robo de hidrocarburos o de sus derivados; fraudes cometidos por fraccionadores; terrorismo y genocidio.

Mantiene la figura de arraigo domiciliario hasta por un máximo de cuarenta días; permite el cateo previa autorización de un juez y limita la diligencia a especificar lugar, personas a ubicar o aprender y objetos a asegurar, así como a realizarse durante el día excepto casos de urgencia.

Dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe; asimismo, tendrá por objeto proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

En caso de condena o no, el juez deberá pronunciarse sobre la reparación del daño que se haya hecho valer en el proceso. Si no se puede establecer con certeza el monto del daño causado por el delito, el juez podrá establecerlo en abstracto. Cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, la sentencia que declare la culpabilidad de los procesados también declarará obligatoriamente la reparación del daño contra la propia organización delictiva y cada uno de sus miembros.

Finalmente, la iniciativa propone 557 artículos y ocho transitorios para abrogar el Código Federal de Procedimientos Penales publicado el 30 de agosto de 1934, que contiene actualmente 576 artículos.

Faculta al Congreso de la Unión para fijar las bases que regulen las operaciones de financiamiento que constituyan deuda pública que realicen las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones y los montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir.

Señala que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezca la ley secundaria federal sin rebasar los límites máximos de endeudamiento acumulado que en ella se establezcan, así como por las bases que establezcan las legislaturas en las leyes estatales de deuda y por los conceptos y hasta por los montos que las legislaturas locales fijen anualmente en los respectivos presupuestos.

Propone que los dos Consejeros de la Judicatura Federal nombrados por el Senado de la República, se hará por mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los miembros presentes, dentro del término de 30 días posteriores a la presentación formal que se haga ante el Pleno o la Comisión Permanente; de no alcanzar esta votación ninguno de los propuestos; se enviará una nueva, en cuyo caso no podrá ser incluido ninguno de los contenidos en la primera, debiendo ser votada por la mayoría simple dentro del mismo término referido.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las bases y modalidades para la concurrencia, coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado, con el objetivo de establecer los mecanismos para el adecuado ejercicio del derecho, de toda persona, a la cultura física y el deporte.

Señala que en la Planeación Nacional, se deberá incorporar la política de activación física, la cultura física y deporte que se formule de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. La planeación del deporte tendrá por objeto promover y orientar el desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte. El Ejecutivo Federal a través de la CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte.

Se crea el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, como el órgano de dirección que determina y evalúa la política Nacional en materia de activación física, cultura física y deporte; compuesto por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Asimismo, se determina que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, será el conductor de la política nacional en estas materias y contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal.

Señala que cada Entidad Federativa, Distrito Federal y Municipios podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y fomente el desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.

La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Federaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública.

El Comité Olímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico Internacional en México.

Este Comité es el organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos.


El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los deportes y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las Federaciones Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico Internacional. Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública.

La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyo objeto es mediar o fungir como árbitros en las controversias que pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y directivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas.

Adiciona una nueva fracción II, reforma y adiciona la fracción III del artículo 34 de la Ley de Planeación, para establecer las bases para superar las desigualdades en las regiones, a partir de la instrumentación de un sistema de planeación regional y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales e interestatales que ayude a identificar las problemáticas y su solución.

La iniciativa propone que el Ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades el diseño de mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes en el impulso del desarrollo nacional y conjuntar recursos fiscales para financiar proyectos que detonen el desarrollo regional sustentable, territorialmente ordenado, económicamente competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente responsable y financieramente viable.

Asimismo acordar los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción, que permitan aumentar el impacto social de los recursos fiscales y que promueva los diferentes aspectos del desarrollo social a partir de un sistema de planeación para el desarrollo regional.

Reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional para establecer que las Constituciones de los Estados definirán las bases de elección de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, quienes podrán ser reelectos hasta por un periodo consecutivo.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto fijar las bases para regular las operaciones de financiamiento que constituyan deuda pública que realicen las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones, y los montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir.

Señala que las operaciones de empréstito realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo. La desviación de los recursos procedentes de empréstitos, serán responsabilidad del titular de la entidad contrayente y se le sancionará de conformidad con las leyes que le resulten aplicables.

Los empréstitos que contraigan las entidades federativas y los municipios no podrán ser contratados con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Establece que el Estado sólo podrá contraer Deuda Pública cuando tenga estados financieros dictaminados del último ejercicio fiscal elaborado conforme a las Normas de Información Financiera, por un contador público registrado ante las autoridades fiscales. El estado financiero dictaminado sea de un ejercicio reciente, y no cuente con antigüedad mayor a doce meses al momento de contraer la deuda de que se trate, y que el mismo se haya publicado en periódicos de circulación nacional y estatal.
Estos estados financieros deberán acompañarse de documento que contenga la explicación de las bases o reglas contables utilizadas para el Registro de las operaciones de ingresos y egresos, las diferencias relevantes entre esas bases y las Normas de Información Financiera.

Señala que en la contratación de un empréstito garantizado con algún fondo específico de Participaciones, deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Asimismo, en la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

En la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Propone establecer en la Ley de Coordinación Fiscal que se regulará los montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir las entidades federativas, lo anterior, según el autor, para poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están incurriendo los Estados y Municipios, amenazando seriamente su viabilidad fiscal.

Propone reglamentar en el Senado el proceso legislativo de la iniciativa preferente, a fin de establecer criterios para computar el plazo para emitir y aprobar el dictamen. Para ello, plantea reformas y adiciones a los artículos 2, 127, 179, 182, 183, 204 y 214 del Reglamento del Senado de la República.

Propone computar el plazo constitucional de 30 días para emitir dictamen de la iniciativa preferente, a partir del primer día en que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen ordene el turno a la comisión, o comisiones. En caso de que no esté instalada la comisión o comisiones que deban conocer de la iniciativa, deberán instalarse como máximo en la segunda sesión ordinaria.

Si la comisión o comisiones no hubiesen formulado o aprobado el dictamen en el plazo establecido, la iniciativa preferente o la minuta respectiva, será sometida, en sus términos y sin mayor trámite, a discusión y votación en el Pleno de la Cámara correspondiente, en la sesión siguiente. En caso de ser rechazada en la Cámara de origen no podrá volverse a presentar en las sesiones del año.

Para dar celeridad a la emisión del dictamen las comisiones podrán sesionar en Conferencia. También podrán incluirse aquellas iniciativas que sobre la misma materia hayan sido presentadas en la Cámara. El dictamen de iniciativa preferente deberá hacerse del conocimiento con un mínimo de 24 horas previo a su discusión y votación.

Propone reformar los artículos 2, 3, 4, 6, 28, 73 y 76 de la Constitución para fortalecer la rectoría del Estado en telecomunicaciones; evitar la concentración monopólica de las frecuencias; establecer la obligación del Estado para otorgar las facilidades y condiciones materiales que salvaguarden las redes de medios no comerciales; y garantizar la existencia de los medios públicos, comunitarios y culturales.

Propone garantizar el acceso equitativo y universal a las tecnologías de la información y comunicación, mediante políticas públicas; así como crear un órgano público y autónomo en materia de telecomunicaciones que regule el espacio radioeléctrico y dictamine sobre la procedencia de las concesiones y los permisos para operar estaciones de radio y televisión.

Plantea garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.

Reforma la fracción VI del artículo 2 constitucional, apartado B, para establecer la obligación de la Federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, así como garantizar las condiciones técnicas y materiales para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

Modifica el artículo 3 para establecer que la educación que imparta el Estado garantizará un acceso equitativo, libre y universal a los contenidos y tecnologías de la información para promover el conocimiento científico y cultural. Para ello generará políticas públicas de acceso a las tecnologías de la información que garanticen el dominio público del conocimiento y la protección de la diversidad cultural, así como el apoyo de la investigación científica y tecnológica y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.

Propone la adición de un párrafo al artículo 4, a efecto de que el Estado garantice el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de comunicación de interés social y sin fines de lucro.

Reforma el artículo 6 para determinar el derecho de toda persona a buscar y difundir información e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Sujeta su ejercicio a responsabilidades para asegurar el respeto a los derechos, la reputación, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud.

Determina que el Estado garantizará el derecho a la información y prohíbe su restricción por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, el otorgamiento de concesiones y permisos de frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información. También establece el derecho de réplica.

Reforma el artículo 28 para proponer la creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y Contenidos Audiovisuales, como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos integrantes serán designados por el Senado. El Consejo tendrá a su cargo de manera integral y directa el otorgamiento de concesiones y permisos para la utilización de sistemas de telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la difusión de programas y producción de los mismos.

Reforma el inciso IX del artículo 73 para otorgar al Congreso la facultad de expedir leyes que tengan por objeto regular el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. Y plantea la adición de un inciso X en el artículo 76 para otorgar al Senado la designación de los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.