+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado


Jueves 15 de noviembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-53

Buscar en esta Gaceta
Presione Control+F


Buscar en Base de Datos de: Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones


Gaceta en formato descargable

FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Mesa Directiva

Comunicaciones

Se recibió de la Mesa Directiva, propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Iniciativas

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador Pablo Escudero Morales, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Propone reformas a nueve artículos constitucionales, teniendo como principal objeto, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano de carácter estrictamente técnico y profesional. Asimismo las reformas plantean una transformación integral del sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México.

Las reformas plantean facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones; y facultarlo para expedir leyes en materia de combate a la corrupción, así como sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Se establece a la Comisión Nacional Anticorrupción como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en su funcionamiento, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos. Se instituye que la Comisión deberá desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.

En la iniciativa se establece que se integrará por cuatro comisionados y un comisionado presidente, designados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por dos terceras partes presentes dentro de los siguientes treinta días naturales. Si no hubiere objeción dentro de dicho plazo, quedará ratificada la designación. En caso de objeción, el Ejecutivo Federal hará una nueva designación. Si ésta también fuera objetada dentro del mismo plazo antes señalado, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona. Cuando el Senado no se encuentre reunido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podrá objetar el nombramiento de los comisionados, siguiendo el procedimiento señalado. Se propone que el Presidente de la Comisión desempeñe ese cargo por un periodo de cuatro años, improrrogables.

Por otra parte, se establece la obligación de que los Estados y el Distrito Federal establezcan comisiones anticorrupción, quienes serán competentes para la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción, en los términos que la misma establezca.

Se propone que la ley penal federal deberá establecer los delitos de corrupción y sus respectivas penas, que incluirán en su caso el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de los mismos.

La iniciativa establece la posibilidad de recurrir en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Anticorrupción. La Ley deberá determinar el procedimiento para la aplicación de las sanciones, las cuales pueden consistir en amonestaciones públicas, amonestaciones privadas, multas personales (no con cargo al erario público), suspensión, destitución, dar vista al Congreso de la Unión para Juicio Político y realizar recomendaciones de inhabilitación al Congreso Estatal según corresponda.

Las reformas constitucionales que se plantean, facultan a la Comisión Nacional Anticorrupción para que pueda interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos establecidos en el artículo 105 de la Constitución Política. Y con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, se establecen las bases para que la Comisión coordine sus acciones con la entidad superior de fiscalización.

Se plantea la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública, como un órgano de carácter interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República; este Consejo será presidido por el Ejecutivo Federal e integrará a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La Ley determinará sus atribuciones, funcionamiento e integración.

En artículos transitorios, se establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento veinte días contados a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para expedir la Ley Federal Anticorrupción, las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás reformas a la legislación secundaria.

Asimismo se establecen los periodos para los cuales serán electos por única vez los comisionados: Dos nombramientos por un periodo de tres años, renovables por única ocasión por un periodo de siete años adicionales; Dos nombramientos por un periodo de cinco años no renovables; y un nombramiento por un periodo de siete años. El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los comisionados, así como el nombramiento del Comisionado que presidirá la Comisión por los primeros cuatro años. También se señala que los nombramientos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación de la Ley Federal Anticorrupción en el Diario Oficial de la Federación.





Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Establece que se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por SAGARPA, mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio Exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares.

Define al “Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación”, como las instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por SAGARPA, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación.



Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone la reforma del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a fin de reconocer la igualdad del hombre y la mujer antes los mismos casos y circunstancias ante la ley. Lo anterior por considerar que el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, infringe preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., toda vez que introduce una distinción o discriminación, por razón de género que lo priva injustificadamente de un beneficio y le impone una carga desigual, al establecer mayores requisitos al viudo para obtener la pensión de viudez.


De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario el Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y adiciona un artículo 47 bis 1 y un artículo 47 bis 2 a la Ley de Coordinación Fiscal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Propone crear el fondo de aportaciones para el seguro de desempleo, cuyo monto se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del registro común del total de personas desempleadas. Establece que accederán al seguro de desempleo involuntario las personas que se encuentren en inactividad laboral durante seis o más meses, para obtener dicho beneficio equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente, que será entregado mensualmente al beneficiario hasta por un periodo de seis meses, el que será personal e intransferible.

Si durante la ministración del seguro de desempleo involuntario el beneficiario obtuviere un empleo, deberá de comunicarlo de inmediato al Servicio Nacional de Empleo.


Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone la modificación del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que se otorgue un plazo mayor al juzgador para que emita las órdenes de aprehensión por delito grave, equivalente a las setenta y dos horas.



De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que modifica la fracción XVII del artículo 3° de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone modificar la fracción XVII del artículo 3° de la Ley General de Salud, relativo a la discapacidad, para eliminarse el empleo de las palabras “invalidez” e “inválido” del lenguaje legislativo y sustituir por discapacidad.

Afirma la autora que el empleo de los vocablos adecuados para definir a un sector de la población resulta sumamente relevante, más aún en el ámbito legislativo, pues la utilización de términos inadecuados puede implicar una afectación a la dignidad de la persona, toda vez que las palabras utilizadas por el legislador son susceptibles de un uso descriptivo y de un uso emotivo y como éste último no es neutro sino que plantea una valoración o una desvaloración.



De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone atribuir a la Secretaría de Salud la emisión normativa precisa y específica que obligue a los establecimientos donde se vendan y/o consuman alimentos y bebidas no alcohólicas, a implementar dentro de los menús, la información nutricional y el contenido de calorías de cada uno de los alimentos que proporcionan para venta y/o consumo.

De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformas a los artículos 3, 4, 9, 37, 65 y 66; y se adicionan la fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI bis al artículo 13, todos de la Ley General de Educación, a fin de atender las disposiciones transitorias del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012.

Las reformas que se plantean en la iniciativa posibilitaran un andamiaje normativo para la mejor operación de la Educación Media Superior, en un marco de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno; por otra parte, se posibilita el fortalecimiento institucional y para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa. Se incorpora a la Ley las referencias indispensables sobre la creación de un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa; además de establecer, en el marco del federalismo educativo, las atribuciones que de manera exclusiva corresponderán a la Federación y las que de manera concurrente tendrán las autoridades educativas federal y locales.

Las reformas establecen que el tipo medio-superior se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.







Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
GABRIELA CUEVAS, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN;
DOLORES PADIERNA LUNA DEL PRD;
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA DEL PAN;
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA DEL PRI;
JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ DEL PVEM;
TEÓFILO TORRES CORZO DEL PRI.
FUE APROBADO POR 101 VOTOS EN PRO.
SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Contenido del dictamen: Se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú.

Las Comisiones Unidas que suscriben, señalan que el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, constituye un logro diplomático de gran relevancia para México, representando una oportunidad de crecimiento para las exportaciones mexicanas, así como una oportunidad de estrechar la cooperación y los lazos comerciales con los países integrantes del Tratado, en beneficio de nuestras economías y de los ciudadanos de las naciones participantes en el Tratado, por lo que su suscripción por parte del ejecutivo federal se encuentra plenamente justificado.